DECRETOS
Decreto Nº 160
- Fecha de publicación
- 5 de marzo de 2026
- Fecha de la norma
- 2 de febrero de 2026
- Referencia documental
- Boletín Nº 32.549 · páginas 21–23
Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza
Decreto N°: 160
MENDOZA, 02 DE FEBRERO DE 2026
Visto el expediente EX-2024-08979180--GDEMZA-CCC en tramitación conjunta con expediente
EX-2023-07613206—GDEMZA-HSCARAVELLI#MSDSYD, en el cual la Lic. ANDREA ANALIA AGUILERA,
interpone Recurso Jerárquico en contra de la Resolución Nº 1931/24 del Ministerio de Salud y Deportes; y
CONSIDERANDO:
Que el recurso es formalmente admisible en razón de haber sido interpuesto en legal tiempo y forma
según lo establecido en el Art. 179 de la Ley de Procedimiento Administrativo;
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
Que en su libelo recursivo la agente plantea recurso jerárquico en contra de la Resolución Nº 1931/24
mediante la cual se rechazó el recurso de revocatoria interpuesto en contra de la Resolución Nº 2362/23
del mismo ente emisor, afirmando que la misma “omite resolver el pago de las diferencias salariales en
forma retroactiva desde que se formuló el reclamo administrativo para el pase a mayor dedicación…”;
Que la Resolución recurrida dispuso en el Artículo 5: “Incorporar desde el 1 de setiembre y hasta el 31 de
Diciembre de 2023, en el Adicional por Mayor Dedicación Profesional, que establecen los Arts. 12 y 23 del
Convenio Colectivo de Trabajo Sector Salud, homologado por Decreto N° 1630/07, ratificado por Ley N°
7759, Arts. 7, 70, 105 inc. a) y 107(…);
Que sobre ello, la agente cuestiona la omisión en la consignación del “pago de las diferencias salariales
en forma retroactiva desde que se formuló el reclamo administrativo”;
Que el otorgamiento del Adicional por Mayor Dedicación Profesional regulado por el Art. 12 de la Ley Nº
7759, puede ser revocado (o disminuido) por razones de oportunidad, por encuadrarse dentro las
excepciones a la irrevocabilidad del acto administrativo, en los términos del Art 97 inc. 2 de la Ley Nº 9003;
Que es recién con el acto administrativo que surge el derecho al cobro del Adicional por Mayor Dedicación
Profesional, por imperio del principio de legalidad que impregna el obrar de la Administración. En este
sentido, tal como se ha afirmado, “no debe olvidarse que tanto en materia de contratos públicos, como en
los demás ámbitos en que se desarrolla su actividad, la Administración y las entidades y empresas
estatales se hallan sujetas al principio de legalidad, cuya virtualidad propia es la de desplazar la plena
vigencia de la regla de la autonomía de la voluntad de las partes, en la medida en que somete la
celebración del contrato a las formalidades preestablecidas para cada caso, y el objeto del acuerdo de
partes a contenidos impuestos normativamente, de los cuales las personas públicas no se hallan
habilitadas para disponer sin expresa autorización legal”;
Que de ello se desprende que todo el marco de legalidad dado por el legislador, en su extensión y alcance
particular no puede ser avasallado por la autonomía de la voluntad ejercida y volcada en los acuerdos
paritarios. Estos últimos son integrantes de un marco normativo aplicable, pero, sin lugar a duda no
pueden posicionarse en una jerarquía superior a las normas de orden público dictadas sobre la materia;
Que como corolario de este razonamiento se desprende el carácter excepcional de las disposiciones
contenidas en el acuerdo paritario, lo que impide su aplicación retroactiva o extensiva a agentes no
incluidos en el listado, atento a lo dispuesto por el Art. 82 de la Ley Nº 8729, el Art. 6 del Decreto Nº 944/04
y c.c.;
Que asimismo se entiende que no corresponde el pago de diferencias salariales en tanto a que el tiempo
durante el cual la agente permaneció vinculada con la Administración a través de Acuerdos de Servicios
Personales para Prestaciones Indispensables recibió la correspondiente contraprestación por la tarea
cumplida, régimen al cual se sometió voluntariamente y sin reparos, siendo la misma razón que
fundamenta el rechazo del reclamo del pago de los aportes jubilatorios atento a que su inclusión en el
régimen de monotributo absorbió la carga de aportes al sistema jubilatorio;
Que con relación al objeto, los requisitos de la Ley Nº 9003 son: que no esté prohibido por el orden
normativo, o en discordancia con la situación de hecho reglada por las normas, no pudiendo ser impreciso
u oscuro, ser absurdo o imposible de hecho. De incurrir en tales circunstancias el acto podrá ser
considerado viciado y en consecuencia susceptible de nulidad o anulabilidad según corresponda;
Que en el caso de marras, la Resolución impugnada en ningún modo, viola la normativa constitucional y
legal implicada;
Que el acto administrativo se encuentra legalmente fundado en los hechos y derechos aplicables, sin
incurrir en violación de la normativa y principios contenidos en la Constitución Nacional, Tratados
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
Internacionales, Constitución Provincial, Legislación y Jurisprudencia correspondientes;
Que analizados los fundamentos del acto administrativo recurrido, no encuentra falta de razonabilidad ni
arbitrariedad en su dictado, como tampoco vicio en el objeto ni falta de motivación como cita la recurrente,
ya que no se ha apartado de los hechos acreditados en autos, ni se funda en pruebas inexistentes,
habiendo sido dictado en base a lo establecido en la normativa vigente en la materia;
Que es decir que, en la resolución recurrida, se ha realizado una correcta valoración de la prueba
incorporada, basta con analizar los considerandos de la misma, siendo también correcto el encuadre
jurídico efectuado, estando así la resolución recurrida, suficientemente motivada conforme a lo dispuesto
en el Art. 45° de la Ley Nº 9003;
Que de las constancias de autos, surge que tampoco se ha configurado en el caso de marras el vicio de la
voluntad citado por la recurrente, habiéndose respetado en todo momento el derecho de defensa;
Que la Resolución recurrida se ha fundamentado correctamente en el derecho aplicable, no existiendo
ninguna interpretación de la normativa citada que haya violado los derechos de la recurrente ni los
principios de derecho aplicables como afirma genéricamente;
Que no se vislumbra ilegitimidad alguna en el acto administrativo recurrido;
Que en la pieza analizada, surge una total correlación entre las circunstancias de hecho y el derecho
aplicable al caso;
Que el acto atacado no se encuentra viciado, sino que, por el contrario, se trata de un acto administrativo
regular que reúne todos los requisitos impuestos por la legislación vigente. Atento a que no se encuentra
vicio de ilegitimidad alguno en el acto emitido;
Por ello, en razón de lo dictaminado por la Dirección General de Asuntos Jurídicos en orden 12 y por
Asesoría de Gobierno en orden 17 del expediente EX-2024-08979180--GDEMZA-CCC,
EL
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:
Artículo 1º- Acéptese formalmente y rechácese sustancialmente el Recurso Jerárquico interpuesto por la
Lic. ANDREA ANALIA AGUILERA, DNI Nº 26.557.717, CUIL Nº 27-26557717-8, en contra de la
Resolución Nº 1931/24 del Ministerio de Salud y Deportes, por los motivos expuestos en el presente
decreto.
Artículo 2º- Notifíquese, comuníquese, publíquese, dése al Registro Oficial y archívese.
LIC. ALFREDO V. CORNEJO
LIC. RODOLFO MONTERO
S/Cargo
05/03/2026 (1 Pub.)
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, INFANCIAS Y DIRECCIÓN GENERAL DE ESCUELAS (D.G.E.)
