DECRETOS
Decreto Nº 205
MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA
- Fecha de publicación
- 27 de febrero de 2026
- Fecha de la norma
- 4 de febrero de 2026
- Referencia documental
- Boletín Nº 32.545 · páginas 6–8
Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza
Decreto N°: 205
MENDOZA, 04 DE FEBRERO DE 2026
Visto el Expediente Electrónico N° EX-2025-06011343-GDEMZA-CCC, y sus tramitaciones conjuntas
Nros. EX-2020-3911747- -GDEMZA-IGS#MSEG, EX-2020-4814484- -GDEMZA-DGSERP#MSEG,
EX-2021-123100-
-GDEMZA-IGS#MSEG,
EX-2021-132427-
-GDEMZA-DGSERP#MSEG,
EX-2021-1566340-
-GDEMZA-DGSERP#MSEG,
EX-2022-1577946-
-GDEMZA-DGSERP#MSEG,
EX-2022-6130516-
-GDEMZA-MESAENTGENERAL#MSEG,
EX-2022-9440662-
-GDEMZA-
DGSERP#MSEG,
EX-2023-3933924-
-GDEMZA-CCC,
EX-2023-9355408-
-GDEMZA-CCC,
EX-2024-643705-
-GDEMZA-CCC,
EX-2024-4641037-
-GDEMZA-MESAENTGENERAL#MSEG,
EX-2024-5246625- -GDEMZA-CCC, EX-2024-9919976- -GDEMZA-DGSERP#MSEG, EX-2025-2838841-
-GDEMZA-CCC; y
CONSIDERANDO:
Que en las citadas actuaciones, el Sr. Pablo Federico Mercado, interpone Recurso Jerárquico contra la
Resolución N° 2896-SyJ/25, de fecha 08 de julio del año 2025, emitida por la Ministra de Seguridad y
Justicia en el marco de las actuaciones administrativas N° EX-2024-05246625- -GDEMZA-CCC;
Que por Resolución N° 2896-SyJ/25, el Ministerio de Seguridad y Justicia resolvió no hacer lugar a lo
solicitado por el Suboficial Subayudante S.C.P.A. Pablo Federico Mercado, en relación al pago de salarios
caídos, compensación de deudas por salarios caídos, y usufructo de licencias no gozadas;
Que en orden 19, la Dirección de Asesoría Letrada del Ministerio de Seguridad y Justicia, efectúa un
análisis formal del recurso presentado y dictamina: “…La Resolución recurrida, fue notificada en fecha 14
de julio del 2025, según surge de orden 34 del expediente vinculado N° EX-2025- 02838841-
-GDEMZACCC. El Recurso fue presentado en fecha 05 de agosto de 2025, según constancias de orden
02 y 03 de la presente pieza administrativa. (…) en consecuencia, el recurso resulta interpuesto en tiempo y
forma, por lo que corresponde su admisión formal….”;
Que, asimismo, la Dirección de Asesoría Letrada del Ministerio de Seguridad y Justicia, realiza un análisis
sustancial del recurso en trato y dictamina: “…el acto mediante el cual se impuso la sanción de cesantía, ha
sido un acto regular, con presunción de legitimidad, revistiendo carácter de ejecutividad y ejecutoriedad, y
no fue declarado nulo. Por otro lado, se sostiene que la Resolución N° 0016-S y la Resolución N°
1708-SyJ, confirmaron la existencia de las infracciones imputadas al administrado y su correcto encuadre,
morigerando solamente la sanción de cesantía impuesta. No ha existido contraprestación de servicios por
parte del agente en el periodo indicado, que habilite el pago de las remuneraciones reclamadas, ni existe
dentro del ordenamiento jurídico que rige al personal penitenciario (régimen especial), norma legal que
permita su liquidación, descartándose también, por lo tanto, el efecto retroactivo de los pagos solicitados.
(…) entiende esta asesoría, que corresponde rechazar el recurso incoado desde lo SUSTANCIAL, no
existiendo obligación por parte de la Administración en torno al Pago de Salarios que dejó de percibir el
reclamante, toda vez que los descuentos efectuados en sus haberes, fueron consecuencia, como ya se
adelantó, de su ausencia real a prestar su débito laboral, lo que claramente sabía y conocía que impactaría
en diversos ítems de su sueldo, más allá de que oportunamente la misma Administración, dejara sin efecto
la sanción de cesantía, y le aplicara al administrado, la sanción de 50 días de suspensión; lo cierto es que
no corresponde, a entender de esta instancia, una recomposición de haberes más intereses, si no existió
contraprestación efectiva de trabajo….”;
Que el recurrente se agravia al considerar que la propia administración cita jurisprudencia que determina
que debe repararse el daño material ocasionado al trabajador, aunque su naturaleza no sea técnicamente
la de “salarios caídos”, la reparación adecuada debe encontrarse en una indemnización, cuya causa
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
reside en el obrar ilegítimo en el que ha incurrido la Administración. Sostiene que respecto al período
comprendido entre el 22 de agosto del 2022 al 10 de enero del 2023, existe ilegitimidad del obrar
administrativo, en cuanto el Sr. Mercado se ha visto privado del derecho a trabajar, y de percibir los
salarios correspondientes, ya que como consecuencia de la sanción de cesantía, se halló imposibilitado de
prestar servicios durante dicho período. Que la sanción de cesantía luego fue dejada sin efecto por la
propia Administración, de allí ha quedado evidenciado el obrar ilegítimo de la Administración, al imponer al
actor, una sanción “excesiva e irrazonable” a la luz de los antecedentes que debieron ser oportunamente
evaluados y debidamente considerados, previo a sancionarlo con una cesantía, lo que ha provocado en el
actor, un perjuicio injustamente inferido. Considera que la Administración debe responder por las
consecuencias dañosas que su obrar ilegítimo ha causado durante dicho período. Sostiene que, luego de
la revocación de la cesantía en el mes de Enero del 2023, si no ha existido contraprestación de servicios,
no es por causales atribuibles al Sr. Mercado, sino a la propia Administración, al no realizar los actos
pertinentes derivados de los efectos jurídicos que conlleva la revocación en sede administrativa de una
sanción expulsiva. Que la negligencia de la administración en realizar en tiempo y forma los actos útiles y
pertinentes para asegurar su reingreso laboral, no pueden perjudicar al trabajador, ya que es obligación del
empleador, asignarle tareas; si el trabajador no comenzó a prestar funciones en forma concomitante con la
revocación de la cesantía no ha sido por causas atribuibles al mismo, sino por la inoperancia del propio
empleador;
Que en orden 24, Asesoría de Gobierno efectúa un análisis jurídico del recurso interpuesto y dictamina:
“…Asesoría de Gobierno comparte el dictamen del servicio jurídico que luce en orden 19, en cuanto
acertadamente concluye que el recurso jerárquico resulta sustancialmente inadmisible. Habiendo sido
sancionado el administrado con 50 días de suspensión, no corresponde el pago de los haberes cuyas
prestaciones no han sido efectivamente realizadas. Tampoco existe norma expresa que habilite el pago de
los salarios no percibidos, criterio que ha sido ampliamente reiterado por nuestro máximo Tribunal, al
resolver: “…Sostiene este Tribunal, que no corresponde el pago de las tareas que no han sido
efectivamente desempeñadas por lo que, en principio, no es viable el pago de salarios caídos, salvo que
exista norma expresa que así lo establezca. Así ocurre con el régimen general del empleo público (Arts.
51, 52 y 53 Decreto Ley N° 560/73), más no es aplicable en regímenes especiales, por lo que esta Sala ha
denegado su procedencia cuando se trata de estatutos particulares que no contienen normas expresas…:”
(…) En definitiva, existió la instrucción de sumario administrativo por abandono de servicio, seguido en
contra del administrado, donde se aplicó finalmente la sanción de 50 días de suspensión. No ha existido
contraprestación de servicio, y finalmente no existe norma expresa en el ordenamiento jurídico especial del
personal penitenciario, que permita la liquidación de los haberes no percibidos. Las resoluciones
precedentes se encuentran debidamente fundadas y motivadas, tanto en los hechos como en el derecho,
por lo que no se acredita la existencia de vicios o irregularidades que hagan procedente el recurso ahora
analizado. En virtud de ello, corresponde la admisión formal y el rechazo sustancial del recurso
jerárquico….”;
Por ello, y compartiendo lo dictaminado por la Dirección de Asesoría Letrada del Ministerio de Seguridad y
Justicia en orden 19 y por Asesoría de Gobierno en orden 24,
EL
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:
Artículo 1° - Admítase desde el aspecto formal y rechácese desde el aspecto sustancial, el Recurso
Jerárquico interpuesto por el Sr. Pablo Federico Mercado, D.N.I. N° 22.423.603, en contra de la
Resolución N° 2896-SyJ de fecha 08 de julio del año 2025, emitida por la Ministra de Seguridad y Justicia,
por las razones de hecho y de derecho expuestas en los considerandos precedentes.
Artículo 2° - Se hace constar que, de acuerdo con lo establecido por el Art. 150 de la Ley N° 9003, el
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
Decreto que resuelve el presente, agota la instancia administrativa, por lo que el interesado cuenta para su
impugnación, con la Acción Procesal Administrativa prevista en la Ley N° 3918, la que puede ser deducida
dentro de los treinta días corridos desde la notificación del mismo.
Artículo 3º - Comuníquese, publíquese, dese al Registro Oficial y archívese.
LIC. ALFREDO V. CORNEJO
MGTR. MARÍA MERCEDES RUS
S/Cargo
27/02/2026 (1 Pub.)
