DECRETOS

Decreto Nº 203

Fecha de publicación
26 de febrero de 2026
Fecha de la norma
4 de febrero de 2026
Referencia documental
Boletín Nº 32.544 · páginas 11–13
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Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza

Decreto N°: 203 MENDOZA, 04 DE FEBRERO DE 2026 Visto el Expediente Electrónico N° EX-2025-04206143-GDEMZA-CCC y sus tramitaciones conjuntas Nros. EX-2025-05074381- -GDEMZA-CCC y EX-2024-09829475- -GDEMZA-CCC; y CONSIDERANDO: Que en las citadas actuaciones, la Comisario Inspector –Personal Policial de Apoyo- María Gabriela Azuaga Quadri, interpone recurso de alzada en contra de la Resolución Nº 1081-SyJ/25, dictada por el Ministerio de Seguridad y Justicia en fecha 14 de marzo de 2025, mediante la cual se admitió desde el aspecto formal y rechazó desde el aspecto sustancial, el recurso de revocatoria interpuesto por la Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial recurrente en contra de la Resolución Nº 4341-SyJ/24, de fecha 20 de noviembre de 2024, que a su vez declaró la Resolución Nº 1159-S, de fecha 13 de mayo de 2021 (reconocimiento del derecho del adicional por título de Licenciada en Sistemas y Computación), lesiva a los intereses públicos por razones de ilegitimidad, por estar fundada en una norma que fuera dictada con exceso de la facultad reglamentaria; Que en orden 48, Asesoría de Gobierno efectúa un análisis formal del recurso en trato y dictamina: “…Por el principio de informalismo en favor de la administrada, corresponder dar al presente, el trámite de formal recuso jerárquico, de acuerdo con lo previsto en el Art. 179 de la Ley N° 9.003. No obstante ello, analizado el aspecto formal del remedio en trato, resulta que el mismo es improcedente. La resolución de lesividad cuya revocación se pretende, no es un acto administrativo a la luz del Art. 28 de la Ley N° 9.003, en cuanto no tiene la virtualidad de producir efectos jurídicos en forma directa. Se trata sólo de la declaración administrativa previa al inicio de la acción de lesividad prevista en el Art. 3 de la Ley N° 3918, es decir un presupuesto procesal para instar la acción jurisdiccional. En ese sentido, se ha expedido nuestro Máximo Tribunal en los autos Nº 13-04018315-3, caratulados: “P. DE M. C/ F. S. M. Y OTROS S/ACCION DE LESIVIDAD” al sostener: "En este contrapunto que nos regresa al instituto de la declaración administrativa de lesividad y sus efectos jurídicos, coincidimos con Hutchinson, en cuanto señala que la misma constituye un presupuesto procesal, pues es la que habilita a iniciar el proceso, así como en que el acto que declara la lesividad, no revoca el acto administrativo anterior, por lo tanto, no produce ningún efecto sobre la situación jurídica existente, pues solo expresa una decisión por la cual un órgano administrativo declara lesivo a los intereses públicos, un acto anterior dictado por el mismo órgano u otro inferior del mismo ente (Hutchinson, Tomás; Derecho Procesal Administrativo; T° III; pág. 639 y sgtes.). Como sostiene dicho autor, si la declaración administrativa de lesividad reúne los requisitos señalados, produce sus efectos normales, que son bien limitados, consecuencia de su naturaleza jurídica. Al ser un presupuesto procesal, no tiene más valor que el de autorizar la admisión y tramitación del proceso. El trámite administrativo que finaliza con la declaración de Lesividad es el que determina que debe peticionarse la invalidez del acto, pero es el órgano jurisdiccional competente el que tendrá que declarar si, efectivamente, existe ilegitimidad y lesión." Por lo expuesto el recurso intentado resulta formalmente improcedente, conforme lo previsto con el Art. 174 de la Ley 9.003….”; Por ello, compartiendo lo dictaminado por Asesoría de Gobierno en orden 48, EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DECRETA: Artículo 1° - Rechácese desde el aspecto formal, conforme lo previsto con el Art. 174 de la Ley 9.003, el Recurso Jerárquico interpuesto por la Comisario Inspector –Personal Policial de Apoyo- María Gabriela Azuaga Quadri, D.N.I. N° 17.640.254, en contra de la Resolución N° 1081-SyJ/25, emitida por el Ministerio de Seguridad y Justicia, por las razones de hecho y de derecho expuestas en los considerandos precedentes. Artículo 2° - De acuerdo con lo establecido por el Art. 150 de la Ley N° 9003, se hace constar que siendo formalmente improcedente el remedio en trato, el Decreto que resuelve el presente, no resuelta cuestionable mediante la acción procesal administrativa prevista en la Ley N° 3918, en virtud de lo dispuesto por el Art. 5 del mismo ordenamiento jurídico. Artículo 3º - Comuníquese, publíquese, dese al Registro Oficial y archívese. LIC. ALFREDO V. CORNEJO MGTR. MARÍA MERCEDES RUS Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial S/Cargo 26/02/2026 (1 Pub.)