DECRETOS
Decreto Nº 203
- Fecha de publicación
- 26 de febrero de 2026
- Fecha de la norma
- 4 de febrero de 2026
- Referencia documental
- Boletín Nº 32.544 · páginas 11–13
Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza
Decreto N°: 203
MENDOZA, 04 DE FEBRERO DE 2026
Visto el Expediente Electrónico N° EX-2025-04206143-GDEMZA-CCC y sus tramitaciones conjuntas Nros.
EX-2025-05074381- -GDEMZA-CCC y EX-2024-09829475- -GDEMZA-CCC; y
CONSIDERANDO:
Que en las citadas actuaciones, la Comisario Inspector –Personal Policial de Apoyo- María Gabriela
Azuaga Quadri, interpone recurso de alzada en contra de la Resolución Nº 1081-SyJ/25, dictada por el
Ministerio de Seguridad y Justicia en fecha 14 de marzo de 2025, mediante la cual se admitió desde el
aspecto formal y rechazó desde el aspecto sustancial, el recurso de revocatoria interpuesto por la
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
recurrente en contra de la Resolución Nº 4341-SyJ/24, de fecha 20 de noviembre de 2024, que a su vez
declaró la Resolución Nº 1159-S, de fecha 13 de mayo de 2021 (reconocimiento del derecho del adicional
por título de Licenciada en Sistemas y Computación), lesiva a los intereses públicos por razones de
ilegitimidad, por estar fundada en una norma que fuera dictada con exceso de la facultad reglamentaria;
Que en orden 48, Asesoría de Gobierno efectúa un análisis formal del recurso en trato y dictamina: “…Por
el principio de informalismo en favor de la administrada, corresponder dar al presente, el trámite de formal
recuso jerárquico, de acuerdo con lo previsto en el Art. 179 de la Ley N° 9.003. No obstante ello, analizado
el aspecto formal del remedio en trato, resulta que el mismo es improcedente. La resolución de lesividad
cuya revocación se pretende, no es un acto administrativo a la luz del Art. 28 de la Ley N° 9.003, en
cuanto no tiene la virtualidad de producir efectos jurídicos en forma directa. Se trata sólo de la declaración
administrativa previa al inicio de la acción de lesividad prevista en el Art. 3 de la Ley N° 3918, es decir un
presupuesto procesal para instar la acción jurisdiccional. En ese sentido, se ha expedido nuestro Máximo
Tribunal en los autos Nº 13-04018315-3, caratulados: “P. DE M. C/ F. S. M. Y OTROS S/ACCION DE
LESIVIDAD” al sostener: "En este contrapunto que nos regresa al instituto de la declaración administrativa
de lesividad y sus efectos jurídicos, coincidimos con Hutchinson, en cuanto señala que la misma constituye
un presupuesto procesal, pues es la que habilita a iniciar el proceso, así como en que el acto que declara
la lesividad, no revoca el acto administrativo anterior, por lo tanto, no produce ningún efecto sobre la
situación jurídica existente, pues solo expresa una decisión por la cual un órgano administrativo declara
lesivo a los intereses públicos, un acto anterior dictado por el mismo órgano u otro inferior del mismo ente
(Hutchinson, Tomás; Derecho Procesal Administrativo; T° III; pág. 639 y sgtes.). Como sostiene dicho
autor, si la declaración administrativa de lesividad reúne los requisitos señalados, produce sus efectos
normales, que son bien limitados, consecuencia de su naturaleza jurídica. Al ser un presupuesto procesal,
no tiene más valor que el de autorizar la admisión y tramitación del proceso.
El trámite administrativo que finaliza con la declaración de Lesividad es el que determina que debe
peticionarse la invalidez del acto, pero es el órgano jurisdiccional competente el que tendrá que declarar si,
efectivamente, existe ilegitimidad y lesión." Por lo expuesto el recurso intentado resulta formalmente
improcedente, conforme lo previsto con el Art. 174 de la Ley 9.003….”;
Por ello, compartiendo lo dictaminado por Asesoría de Gobierno en orden 48,
EL
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:
Artículo 1° - Rechácese desde el aspecto formal, conforme lo previsto con el Art. 174 de la Ley 9.003, el
Recurso Jerárquico interpuesto por la Comisario Inspector –Personal Policial de Apoyo- María Gabriela
Azuaga Quadri, D.N.I. N° 17.640.254, en contra de la Resolución N° 1081-SyJ/25, emitida por el
Ministerio de Seguridad y Justicia, por las razones de hecho y de derecho expuestas en los considerandos
precedentes.
Artículo 2° - De acuerdo con lo establecido por el Art. 150 de la Ley N° 9003, se hace constar que siendo
formalmente improcedente el remedio en trato, el Decreto que resuelve el presente, no resuelta
cuestionable mediante la acción procesal administrativa prevista en la Ley N° 3918, en virtud de lo
dispuesto por el Art. 5 del mismo ordenamiento jurídico.
Artículo 3º - Comuníquese, publíquese, dese al Registro Oficial y archívese.
LIC. ALFREDO V. CORNEJO
MGTR. MARÍA MERCEDES RUS
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
S/Cargo
26/02/2026 (1 Pub.)
