DECRETOS
Decreto Nº 73
- Fecha de publicación
- 19 de febrero de 2026
- Fecha de la norma
- 19 de enero de 2026
- Referencia documental
- Boletín Nº 32.539 · páginas 24–27
Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza
Decreto N°: 73
MENDOZA, 19 DE ENERO DE 2026
Visto el Expediente Electrónico N° EX-2024-07407052- -GDEMZA-MESAENTGENERAL#MSEG y sus
tramitaciones
conjuntas
EX-2023-04893647-
-GDEMZA-CCC,
EX-2023-02995213-
-GDEMZA-
MESAENTGENERAL#MSEG, EX-2022-00025879- -GDEMZA-IGS#MSEG, EX-2024-07033062- -GDEMZA-
MESAENTGENERAL#MSEG y EX-2025-00516797- -GDEMZA-CCC; y
CONSIDERANDO:
Que en las citadas actuaciones se tramita el Recurso Jerárquico interpuesto por la Auxiliar P.P. NIEVAS
HERRERA, FRANCA ELIZABETH, contra la Resolución N° 3274-SyJ de fecha 16 de septiembre de 2024;
Que mediante Resolución N° 247-PM de fecha 31 de mayo de 2023, adjunta en orden 12 del Expte. Nro.
EX-2023-02995213- -GDEMZA-MESAENTGENERAL#MSEG, la Junta de Disciplina resolvió admitir en lo
formal y rechazar en lo sustancial el Recurso de Apelación incoado por la recurrente, confirmando la
sanción de treinta y seis (36) días de suspensión laboral, por infracción al Régimen Disciplinario Policial;
Que mediante Resolución N° 3274-SyJ de fecha 16 de septiembre de 2024, adjunta en orden 39 del
Nro. EX-2023-02995213- -GDEMZA-MESAENTGENERAL#MSEG, el Ministerio de Seguridad y Justicia
aceptó desde el aspecto formal y rechazó desde el aspecto sustancial el Recurso Jerárquico interpuesto
por la Auxiliar P.P. NIEVAS HERRERA, FRANCA ELIZABETH, contra la Resolución N° 247-PM/2023;
Que en orden 27 Dirección de Asesoría Letrada del Ministerio de Seguridad y Justicia efectúa un análisis
jurídico del recurso presentado y dictamina: “…habiendo sido notificada la Resolución atacada en fecha
20/09/24 y siendo interpuesto el presente recurso en fecha 04/10/24, se advierte que conforme los plazos
establecidos por el Art. 179 de la Ley N° 9003, el cual reza: “Artículo 179º - El recurso jerárquico procede
contra actos definitivos o asimilables, y debe deducirse dentro de los quince (15) días desde que la
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
decisión recurrida fue notificada al interesado…”, ha sido presentado en tiempo y forma, por lo que
corresponde su admisión formal… Que, desde el PUNTO DE VISTA SUSTANCIAL esta Asesoría entiende
que la recurrente esgrime nuevamente los mismos argumentos vertidos en las instancias recursivas
previas, sin aportar elementos que permitan variar la plataforma fáctica y jurídica analizada. Se comparte lo
resuelto en la resolución atacada, en el sentido que la administrada introduce cuestionamientos sin asidero
legal… En relación a lo alegado respecto del sobreseimiento presentado, esta Asesoría Letrada se ha
pronunciado en reiteradas oportunidades sobre la independencia de la vía penal y administrativa:
El artículo 141 de la Ley N° 6722 dispone: “La substanciación de los sumarios administrativos y la
aplicación de las sanciones pertinentes en el orden administrativo, serán independientes del proceso penal
iniciado por el mismo hecho; y el sobreseimiento o absolución en sede judicial no impedirá la aplicación de
la sanción que correspondiere mediante procedimiento sumarial”. La substanciación de los sumarios
administrativos por hechos que puedan configurar delitos y la imposición de las sanciones pertinentes en el
orden administrativo, son independientes de la causa criminal (Dictámenes Nros. 170:419 y 171:377). La
diferencia sustancial entre las responsabilidades disciplinarias, patrimoniales y penales radica en la
posibilidad de que la eventual investigación y sanción es independiente en cada una de ellas, aun cuando
se trate de un mismo hecho. (Ivanega, “De nuevo sobre la responsabilidad). La Sala I de la Cámara
Nacional Federal Contencioso Administrativo Federal ha sostenido que “(...) la diferenciación sustancial de
la responsabilidad disciplinaria y la responsabilidad patrimonial con la penal es la que posibilita su eventual
investigación y sanción independientemente en relaciona un mismo hecho, sin violar el principio
constitucional non bis in ídem. Ello es así porque cada una se refiere a aspectos distintos y
complementarios del régimen de la responsabilidad pública, pudiendo configurarse –en forma simultánea o
independiente- sanciones disciplinarias –sobre la carrera administrativa del agente, por su incumplimiento
laboral-, sanciones patrimoniales –con obligación de resarcimiento, por el daño económico producido al
organismo-, ambas de carácter contractual y, en su caso, sanciones penales –por la comisión de un
delito”. (Expte N° 27343/1995 “Gendarmería Nacional c/ Montes Jorge Felix S/ Proceso de
Conocimiento”, CNACAF, Sala I, 28 de agosto de 2.001). La trasgresión de un deber de la función o
empleo tiene efectos unívocos; puede constituir en la violación de una norma meramente disciplinaria; sin
otras consecuencias, o puede causar un daño patrimonial a la administración pública o puede configurar
un delito de derecho penal. La multiplicidad de efectos que surjan de un mismo hecho, determina las
distintas clases de responsabilidades, que no son excluyentes entre sí, y con ello tres clases de sanciones:
la disciplinaria o administrativa, la civil o patrimonial y la pecuniaria (Derecho Administrativo, Villegas
Basavilbaso, tomo III). La CSJN ha decidido: La circunstancia de haberse sobreseído en sede penal a los
actores no constituye obstáculo para la determinación de su responsabilidad disciplinaria, ya que el
pronunciamiento administrativo es independiente del judicial en razón de las distintas finalidades
perseguidas y los bienes jurídicos tutelados en cada uno de ellos, así como también son diferentes los
principios que se aplican en uno y otro sector y fundamentalmente diversos los valores en juego. (Fallos,
305:102,13/2/83, Consid. 6º).
CONCLUSIÓN: Que, en virtud de lo expuesto y al reiterarse los mismos argumentos que ya han sido
considerados en las instancias recursivas previas, esta Asesoría Letrada entiende que corresponde admitir
formal y rechazar sustancialmente el recurso presentado. Tratándose de un recurso jerárquico dirigido al
Sr. Gobernador de la Provincia de Mendoza (autoridad competente para la suscripción de la norma legal
pertinente) corresponde remitir las presentes actuaciones a Asesoría de Gobierno para su conocimiento…”;
Que en orden 36, desde el aspecto formal, Asesoría de Gobierno dictamina: “…habiendo sido notificado el
acto impugnado en fecha 20/09/2024 (v. órdenes 176 y 177 EX-2022-00025879- -GDEMZA-IGS#MSEG) e
interpuesto el presente recurso el día 04/10/2024, esta Asesoría entiende que debe admitirse formalmente
el reclamo…”;
Que, asimismo, en orden 36, Asesoría de Gobierno efectúa un análisis sustancial y dictamina:
“…Adelantamos desde ya que a nuestro criterio no resulta procedente el recurso incoado. En cuanto a la
proclamada incompatibilidad entre el Sobreseimiento ordenado en sede penal y el decisorio administrativo
impugnado, es preciso recordar que el sumario administrativo no tiene por objeto verificar la eventual
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
autoría de un delito, sino la posible infracción al régimen disciplinario respectivo (en el caso, el previsto por
Ley N° 6722). Y el procedimiento predispuesto a tal efecto es independiente de las actuaciones judiciales
labradas para determinar si la conducta observada constituye asimismo el ilícito de “LESIONES LEVES
DOBLEMENTE AGRAVADAS POR LA CALIDAD DEL SUJETO ACTIVO Y LA CALIDAD DEL SUJETO
PASIVO PREVISTAS Y SANCIONADAS EN EL ART. 92 EN FUNCIÓN DE LOS ARTS. 89 y 80 INCS. 8 y
9 CP" por el cual la Auxiliar Nievas fue imputada en el expediente Nro. P-163353/21 de la UFI
Correccional: 1. Resulta oportuno señalar que posteriormente la recurrente fue sobreseída en sede penal
por el beneficio de la duda (Art. 353 Inc. 5º CPP), conforme consta en la notificación acompañada por la
recurrente en el orden 2 del EX-2023-04893647- -GDEMZA-CCC. En tal sentido, la independencia de la
responsabilidad administrativa con las de otra naturaleza es reconocida por uniforme jurisprudencia de la
SCJM, en reiterados fallos de los cuales nos permitimos citar: “…las investigaciones administrativas y
judiciales pueden y suelen tomar caminos independientes, sin perjuicio de su misma interrelación. Las
finalidades son distintas y los propósitos también, ya que lo disciplinario sólo tiene que ver con la
continuidad del empleo público y no significa la pérdida de la libertad. También es más amplio el principio
de responsabilidad frente a lo funcional y a las obligaciones éticas que demanda el cargo o la función.
Este principio requiere una percepción más amplia en cuanto a juzgar el cumplimiento o no de los deberes
asignados” (LS312-FS219). Tal independencia tiene, en el caso del régimen policial, consagración
legislativa expresa en el Art. 141 de la Ley N° 6722: "La substanciación de los sumarios administrativos y
la aplicación de las sanciones pertinentes en el orden administrativo, serán independientes del proceso
penal iniciado por el mismo hecho; y el sobreseimiento o absolución en sede judicial no impedirá la
aplicación de la sanción que correspondiere mediante procedimiento sumarial". Con respecto al
cuestionamiento de la valoración probatoria efectuada, particularmente de la prueba testimonial, tal agravio
evidentemente implica una discrepancia con la valoración probatoria y los hechos tenidos por ciertos como
fundamento de la sanción. Pero esta mera discrepancia no determina que la resolución recurrida se
encuentre viciada por falencias o carencias en orden a la derivación jurídica lógica de las conclusiones a
las que arriba partiendo de las pruebas colectadas. En sintonía con lo establecido por el Art. 131 de la Ley
N° 6722, la valoración probatoria corresponde efectuarla siguiendo las directrices del Art. 206 del Código
Procesal Penal (Ley N° 6730 y Modif.): “las pruebas obtenidas durante el proceso serán valoradas con
arreglo a la sana crítica”, excluyéndose así la íntima convicción del juzgador y el sistema de prueba legal o
tasada como métodos de apreciación. Señala la doctrina que “la sana crítica racional se caracteriza,
entonces, por la posibilidad de que el magistrado logre sus conclusiones sobre los hechos de la causa,
valorando la eficacia conviccional de la prueba (de los datos que ontológicamente lo sean, por cierto) con
total libertad, pero respetando al hacerlo los principios de la recta razón, vale decir, las normas de la lógica
(constituidas por las leyes fundamentales de la coherencia y la derivación, y por los principios lógicos de
identidad, de no contradicción, del tercero excluido y de razón suficiente), los principios incontrastables de
las ciencias…, y de la experiencia común…”.
1 CAFFERATA NORES, José I. y TARDITTI, Aída; “Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba
Comentado”, primera reimpresión, editorial Mediterránea, 2003, Tomo I pág. 494. En base a dichos
principios, la resolución adoptada resulta coherente, en tanto es congruente, no contradictoria e inequívoca
en sus deducciones y conclusiones, las que se derivan de las pruebas incorporadas en forma concordante,
verdadera y suficiente, en tanto los elementos de cargo resultan aptos para producir razonablemente un
convencimiento cierto de la existencia material del hecho investigado y la autoría de la agente sancionada.
En tal orden de ideas, en el marco de las actuaciones disciplinarias Nro. EX-2022-00025879- -GDEMZA-
IGS#MSEG, los hechos denunciados por la Auxiliar P.P. Córdoba fueron confirmados por el informe de
Comisaría 62º dando cuenta de que Córdoba fue asistida por el Doctor Cuaranta Sergio, perito en
necropsias y lesiones del Cuerpo Médico Forense… La lesión corresponde a la dinámica referida”.
Por último, tampoco resulta procedente la pretensión de exención de aplicación del régimen disciplinario
previsto en la Ley N° 6722 para los agentes policiales, en función de la certificación médica de la afección
de estrés post-traumático acompañada. En síntesis, a criterio de esta Asesoría de Gobierno el recurso
interpuesto debe ser rechazado sustancialmente, confirmándose en consecuencia el acto recurrido…”.
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
Por ello, atento a lo dictaminado por la Dirección de Asesoría Letrada del Ministerio de Seguridad y Justicia
en orden 27 y por Asesoría de Gobierno en orden 36,
EL
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:
Artículo 1º - Admítase desde el aspecto formal y rechácese desde el aspecto sustancial, el Recurso
Jerárquico interpuesto por la Auxiliar P.P. NIEVAS HERRERA, FRANCA ELIZABETH, D.N.I. N°
28.733.919, contra la Resolución N° 3274-SyJ de fecha 16 de septiembre de 2024, por los motivos
expuestos en los considerandos precedentes.
Artículo 2° - El acto administrativo que resuelve el presente Recurso Jerárquico, deberá ser notificado a la
recurrente conforme a los recaudos previstos por el Art. 150 de la Ley N° 9003, y particularmente en
relación a las vías de impugnación del mismo, deberá informarse que resulta pertinente la acción procesal
administrativa, a interponerse en el plazo de treinta (30) días corridos desde el día siguiente al de la
notificación de la decisión administrativa (Art. 20 de la Ley N° 3918).
Artículo 3º - Comuníquese, publíquese, dese al Registro Oficial y archívese.
LIC. ALFREDO V. CORNEJO
MGTR. MARÍA MERCEDES RUS
S/Cargo
19/02/2026 (1 Pub.)
