DECRETOS
Decreto Nº 197
- Fecha de publicación
- 18 de febrero de 2026
- Fecha de la norma
- 3 de febrero de 2026
- Referencia documental
- Boletín Nº 32.538 · páginas 16–19
Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza
Decreto N°: 197
MENDOZA, 03 DE FEBRERO DE 2026
Visto el expediente EX-2025-07370945-GDEMZA-CCC y su antecedente EX-2025-05876099-GDEMZA-
CCC, en el primero de los cuales la señora Elodia Valeriana Millán, en nombre y representación de
MILLÁN S.A., interpone Recurso Jerárquico en contra de la Resolución Nº 176 emitida por el Ministerio de
Producción en fecha 29 de agosto de 2025; y
CONSIDERANDO:
Que los requisitos de procedencia del Recurso Jerárquico han sido debidamente observados, toda vez que
fue interpuesto en legal tiempo y forma a tenor de lo dispuesto por los Artículos 179/182 de la Ley de
Procedimiento Administrativo, por lo que el mismo debe ser admitido formalmente;
Que los antecedentes del Recurso de que se trata obran en los expedientes EX-2024-03172325-GDEMZA-
DFYC#MEIYE y EX-2025-05876099-GDEMZA-CCC, donde se constata el acta de infracción n°
0001334-DFCyTA, que indica que los precios exhibidos en la góndola a la vista al público de la mercadería
que en ella se indica no son concordantes con los cobrados en la caja, todo ello violatorio del Artículo 11
del Decreto Nº 274/19 de Lealtad Comercial;
Que en orden 20 del expediente antecedente EX-2025-05876099-GDEMZA-CCC luce la Resolución Nº
176-MP-2025, por la cual se rechaza en lo sustancial el Recurso de Revocatoria interpuesto por la
administrada;
Que del análisis sustancial del Recurso Jerárquico surge que la recurrente insiste en idénticos argumentos
que los vertidos en la oportunidad de interponer el Recurso Jerárquico por ante el Ministro de Producción;
Que afirma la administrada que la denegatoria formulada por el Ministro de Producción resulta arbitraria y
vacua de contenido. Reitera que el acta de infracción que resulta base del recurso en tratamiento es
inoponible, porque es confeccionada sobre la reiteración de una resolución que jamás demuestra el “quid
de la cuestión” que aquí se manifiesta: “que la diferencia entre el precio de góndola y el precio de la caja,
responde a un mismo producto”;
Que en relación a lo anterior, indica la recurrente que no existe un fundamento que determine que en las
actuaciones esté determinada en forma clara y precisa la triple identidad que debe darse entre los códigos
de barra de la góndola, del producto que se pasó por la caja y del ticket emitido;
Que las defensas esgrimidas por la empresa en las instancias anteriores consistieron en afirmar la nulidad
del acta por “vicio de la voluntad en la emisión del acto – falta de forma: ausencia de fundamentación o
motivación” indicando que los fundamentos esgrimidos en el resolutivo en crisis son inconsistentes,
arbitrarios y carentes de fundamentos, afirmando asimismo que el inspector actuante ha perseguido otros
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fines sin valorar razonablemente las circunstancias de hecho y el derecho aplicable;
Que en tal punto indica que los fundamentos dados en el resolutivo en crisis son inconsistentes, arbitrarios
y carentes de fundamentos, que no impugnan la defensa principal tanto del descargo como de los recursos
anteriormente deducidos y que tan solo hace una mera referencia y rechaza de plano lo expuesto;
Que la recurrente sostiene en el Recurso incoado que “este es un rechazo voluntarista que se emite con
fundamentos vacuos de contenido, lo que lo torna nulo de nulidad absoluta por falta de motivación al
momento de emitir el acto administrativo en cuestión”;
Que la Resolución Nº 176-MP-2025 atacada se encuentra debidamente fundada, sumado a que Millán
S.A. no ha aportado en esta instancia argumentos de entidad y consideración que autoricen a apartarse de
lo resuelto por el Ministro de Producción;
Que es dable recordar que el espíritu perseguido por el Decreto Nº 274/19 y concordantes, tiene que ver
con la protección del consumidor en su sentido más amplio, lo cual implica asegurar que el consumidor
disponga de información acerca de las condiciones de los bienes y servicios que le son ofrecidos antes de
efectuar su opción de compra y que ella se corresponda con lo realmente suministrado. Por otro lado,
busca que todos los proveedores de bienes y servicios cumplan con las normas de comercialización
vigentes, de forma tal de garantizar reglas claras en las transacciones que se hacen efectivas en el
mercado; hecho que no se ve reflejado en las actuaciones debido a que en la constatación realizada por la
Dirección de Fiscalización, Control y Tecnología Agroindustrial se refleja una diferencia en determinada
mercadería entre el precio de góndola y el precio de caja, provocando de esta manera un claro engaño y
posterior perjuicio al consumidor;
Que en este sentido se ha dicho que “...se advierte que la publicidad cuestionada puede inducir a error,
engaño o confusión a los potenciales consumidores, sin que sirva como excusa el hecho que no haya
existido dolo por parte de la sumariada puesto que infracciones como la examinada revisten el carácter de
formales, para cuya sanción sólo se requiere la simple constatación, sin que se adviertan – en el caso –
razones que justificarían un apartamiento de aquel principio (Trib. C Nac. Penal Econ., sala B, Fecha
03/08/2000)”;
Que, por otro lado, de las constancias de las actuaciones compulsadas como antecedente surge la
existencia de la infracción imputada a la firma sancionada. Asimismo y con relación a esto, cabe señalar
que las actas labradas por funcionarios de la Dirección de Fiscalización, Control y Tecnología
Agroindustrial constituyen documentos públicos (conf. Art. 289 y cc C.C.C.N.) y que es necesario tener en
cuenta que las actuaciones administrativas llevan ínsita la presunción iuris tantum de su legitimidad y
autenticidad. (CNCiv., Sala B. 13-12-54, JA. 1955-II-456). Ello no implica la inversión de la carga de la
prueba ya que, en virtud de las constancias del acta, la infracción se encontraba probada y quien alegue lo
contrario deberá cargar con la prueba de tales asertos, no contrariando principios constitucionales; hecho
que no se refleja en las actuaciones, toda vez que el recurrente no ha aportado prueba en contrario
alguna;
Que no siendo objetable el acta sólo corresponde analizar si existió o no infracción a las leyes que
protegen al consumidor, razón por la cual, al tratarse de infracciones formales sólo es requisito acreditar la
verificación de tales hechos, circunstancia ocurrida en autos, haciendo nacer por sí la responsabilidad del
infractor;
Que, a su vez, debe tenerse presente que se han verificado las infracciones a la presente ley y normas
reglamentarias, así como se observa que la sustanciación de las actuaciones se ajusta al procedimiento
legalmente establecido;
Que de la compulsa efectuada, no se advierten vicio de la voluntad ni falta de motivación suficiente en el
acto impugnado, todo lo contrario;
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
Que también indica la recurrente que a su criterio la sanción es exorbitante y desproporcionada, dando sus
fundamentos. Tema que ha sido tratado en los antecedentes. Sobre el particular, el Artículo 57 del DNU Nº
274/2019 dispone: “Las personas humanas o jurídicas que no cumplan con las disposiciones de este
Decreto y su reglamentación, serán pasibles de las siguientes sanciones: …b) Multa por un monto
equivalente a entre UNO (1) y DIEZ MILLONES (10.000.000) de Unidades Móviles. A los efectos del
presente Decreto, defínase a la “Unidad Móvil” como unidad de cuenta. El valor inicial de la unidad móvil
es el establecido en la Ley N° 27.442 y será actualizado automáticamente cada UN (1) año utilizando la
variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADÍSTICA Y CENSOS (INDEC) o el indicador de inflación oficial que lo reemplace en el futuro. La
actualización se realizará al último día hábil de cada año, entrando en vigencia desde el momento de su
publicación por la Autoridad Nacional de la Competencia de dicha Ley en su página web…”;
Que la Resolución N° 48, de fecha 23 de enero de 2024, por medio de la cual la Secretaría de Comercio
Interior (“SCI”) actualizó el valor de la unidad móvil establecida en la Ley N° 27.442 de Defensa de la
Competencia (“LDC”) en AR$ 506,19. En consecuencia, la sanción de multa prevista en el inciso b) del
Artículo 57 del Régimen de Lealtad Comercial, que se establece entre 1 y 10.000.000 de Unidades
Móviles, puede ir desde AR$ 506,19 hasta AR$ 5.061.900.000, por lo que la multa aplicada a MILLÁN
S.A., por la suma de PESOS TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CON 00/100 ($ 375.000,00) se
encuentra incluso por debajo del mínimo legal aplicable. Concluyendo de esta forma que el argumento de
la recurrente no encuentra razón suficiente que lo avale en tal sentido;
Que la Resolución Nº 176-MP-2025 ha detallado en sus considerandos en forma clara y precisa el derecho
aplicable, detallando los antecedentes, dando tratamiento a las argumentaciones de la empresa e
indicando asimismo que la firma no se expide en relación al supuesto fáctico;
Que no se observan vicios en los términos de la Ley N° 9003 que permitan aconsejar la acogida favorable
del Recurso Jerárquico;
Que por todo lo anterior, la Resolución cuestionada se encuentra debidamente fundamentada y motivada,
sumado a que Millán S.A. no ha aportado en esta instancia argumentos de entidad y consideración que
autoricen a apartarse de lo resuelto por el Ministro de Producción;
Por lo expuesto, conforme lo establecido en los Artículos 179 y 180 de la Ley Nº 9003 y teniendo en cuenta
lo dictaminado por la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Producción y por Asesoría de
Gobierno,
EL
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:
Artículo 1º - Acéptese en lo formal y rechácese en lo sustancial, por los motivos expuestos en los
considerandos de este decreto, el Recurso Jerárquico interpuesto por la señora Elodia Valeriana Millán,
en nombre y representación de MILLÁN S.A., contra la Resolución Nº 176 emitida por el Ministerio de
Producción en fecha 29 de agosto de 2025, por lo que la misma queda confirmada en todos sus términos.
Artículo 2º - Comuníquese, publíquese, dése al Registro Oficial y archívese.
LIC. ALFREDO V. CORNEJO
LIC. RODOLFO VARGAS
S/Cargo
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
18/02/2026 (1 Pub.)
MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES
