DECRETOS
Decreto Nº 93
- Fecha de publicación
- 6 de febrero de 2026
- Fecha de la norma
- 23 de enero de 2026
- Referencia documental
- Boletín Nº 32.532 · páginas 5–10
Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza
Decreto N°: 93
MENDOZA, 23 DE ENERO DE 2026
VISTO el EX-2025-04618994-GDEMZA-CCC, en el cual obra el Recurso de Alzada, interpuesto por los
Doctores RICARDO ROBERTO ESPINASSE y GERMAN LUCIANO ESPINASSE, en nombre y
representación de los agentes del Instituto Provincial de la Vivienda, CATALDO, MARIELA ALEJANDRA,
D.N.I. Nº 24.566.026, LEMOS, RUBÉN SERGIO, D.N.I. Nº 16.555.512, SARAVIA, MARÍA ELIANA, D.N.I.
Nº 22.693.372, RECHE, MARIA GABRIELA, D.N.I. Nº 25.766.052, NEGLIA, GABRIELA, D.N.I. Nº
24.625.809, BUGARIN, MARIANELA IVANA, C.U.I.T. Nº 25.533.861, CUELLAR, GRACIELA DEOLINDA,
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
D.N.I. Nº 25.180.551, al haberse producido la denegación tácita y/o silencio de la administración; y
CONSIDERANDO:
Que el Recurso de que se trata rola en el orden 2 y en el mismo se solicita la revocación por ilegitimidad
de dicha decisión, haciendo lugar a los reclamos incoados y ordenando al Instituto Provincial de la
Vivienda (en adelante IPV) que reconozca la antigüedad real de cada agente desde la fecha en que
ingresó al Instituto, con el primer contrato y hasta la fecha de efectivización, conforme el Decreto y/o
Resolución del IPV que lo designó en Planta Permanente y de allí en adelante hasta el presente.
Asimismo, con las consecuencias jurídicas que ello implica, se deberá aplicar el adicional sobre el Básico,
así como los demás Adicionales y Suplementos que correspondan al cargo ejercido, incluyendo aguinaldo
y vacaciones.
Que, además, en dicho recurso se expresa que deberá abonarse el retroactivo de las diferencias de
antigüedad que correspondan a cada actor, una vez reconocida la misma, contado desde dos años
anteriores a la presentación del Reclamo Administrativo y hasta la fecha del efectivo pago, todo ello con
más intereses, conforme lo ha resuelto la Suprema Corte de Justicia Provincial.
Que, en cuanto a los requisitos formales de procedencia del recurso articulado, los mismos han sido
cumplimentados, toda vez que ha sido interpuesto en legal tiempo y forma, a tenor de lo dispuesto por los
Artículos 162 y 183 y siguientes de la Ley de Procedimiento Administrativo de Mendoza Nº 9003. En
consecuencia, la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Subsecretaría de Infraestructura y Desarrollo
Territorial del Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, en su dictamen del orden 28
entiende que, corresponde admitir el recurso en examen desde el punto de vista formal respecto de todos
los agentes mencionados, con excepción de la Sra. Cuellar Graciela Deolinda, D.N.I. N° 25.180.551, quien
no impetró reclamo administrativo previo ante el ente descentralizado (IPV) y fue incorporada recién en el
escrito de interposición del Recurso de Alzada.
Que en el orden 12 se ha producido la vinculación con el EX-2024-02497015-GDEMZA-IPV, donde se
visualiza el reclamo originario de los agentes CATALDO, MARIELA ALEJANDRA; LEMOS, RUBÉN
SERGIO; SARAVIA, MARÍA ELIANA; RECHE, MARIA GABRIELA; NEGLIA, GABRIELA; BUGARIN,
MARIANELA IVANA.
Que la agente Cuellar Graciela Deolinda, D.N.I. N° 25.180.551, no ha habilitado la vía administrativa
procedimental para la interposición del Recurso de Alzada, conforme lo previsto en los Artículos 184 y 185
de la Ley Provincial Nº 9003, toda vez que no formuló reclamo previo ante el ente descentralizado (IPV).
En consecuencia, corresponde rechazar el recurso en cuanto a su persona por inadmisibilidad formal –sin
adentrarse en esta oportunidad a considerar el aspecto sustancial del mismo- y disponer la remisión de las
presentes actuaciones al Instituto Provincial de la Vivienda, a fin de que se expida previamente sobre el
particular.
Que en los órdenes 16/22 se han incorporado los antecedentes y situación de revista de los reclamantes.
Que mediante Artículo 162 de la Ley 9003 se establece que, frente al silencio de la administración, cuando
ésta no dicta las providencias de trámite, incidentales o definitivas en los plazos establecidos
precedentemente o que resulten aplicables en cada caso, permite al afectado o bien solicitar el pronto
despacho o bien optar por el avance del procedimiento por vía jerárquica, esta última es la opción que
tomaron los reclamantes.
Que el Artículo 185 de la Ley Nº 9003 establece: “Cuando hubieren vencido los plazos para tramitar o
resolver los recursos pertinentes y no hubiese recaído pronunciamiento de la autoridad superior de la
entidad descentralizada, el interesado podrá recurrir directamente al Poder Ejecutivo o autoridad de tutela
con competencia constitucional, para que se avoque al conocimiento y decisión del recurso, convertido al
efecto en alzada….”
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
Que el reclamo impetrado en el ente descentralizado es de fecha 09/04/2024 (ver en EX-2024-02497015-
-GDEMZA-IPV), en tanto que el Recurso de Alzada por silencio es de fecha 17/06/2025 (ver órdenes 2/3
de éstos autos), por lo que el recurso es formalmente admisible.
Que, los agentes ingresaron a:
APELLIDO Y
NOMBRE
DOCUMENTO
INGRESO A
CONTRATO DE
LOCACION
INGRESO A PLANTA
PERMANENTE
BUGARIN,
MARIANELA IVANA
25.533.861
01/03/2001
01/12/2006
CATALDO,
MARIANELA
ALEJANDRA
24.566.026
01/03/2004
01/07/2008
CUELLAR,GRACIELA
DEOLINDA
25.180.551
01/02/2003
01/12/2006
LEMOS,RUBÉN
SERGIO
16.555.512
01/02/1999
01/04/2006
NEGLIA, GABRIELA
24.925.809
01/07/2004
01/11/2008
RECHE, MARIA
GABRIELA
25.766.052
20/05/2003
01/11/2006
SARAVIA,MARÍA
ELIANA
22.693.372
01/02/2007 AL
31/12/2008
01/02/2009 AL
31/10/2011
01/11/2011
Que ingresando en el análisis sustancial del recurso, corresponde señalar que el Artículo 38 bis del
Estatuto Escalafón 560/73 establece la prescripción bienal de los créditos derivados de la relación de
empleo público; no obstante, conforme la doctrina sentada por la Suprema Corte de Justicia de Mendoza
en el Plenario “Britos, Ricardo Daniel y otro c/ Gobierno de la Provincia de Mendoza”, y según lo
dictaminado por la Dirección de Asuntos Jurídicos (orden 45) la cuestión de la prescripción resulta
abstracta, puesto que el reconocimiento del adicional por antigüedad solo procede desde la fecha del
reclamo administrativo y no por períodos anteriores.
Que, entrando en el fondo del tratamiento ha de tenerse presente, que en virtud del plenario de la Corte
Suprema de Justicia de la Provincia, del día 12 de setiembre de 2025, en la causa BRITOS RICARDO C/
GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE MENDOZA P/ACCIÓN PROCESAL ADMINISTRATIVA,
CUIJ13-05022405-2 y la entrada en vigencia de la Ley Provincial Nº 9665 (BO 6/10/25), la cuestión de la
antigüedad de ex contratados ha quedado zanjada.
Que en el presente expediente Asesoría de Gobierno en el orden 50, remitiendo y recordando los criterios
a tener en cuenta en armonía con lo dictaminado por la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Subsecretaria
de Infraestructura y Desarrollo Territorial en el orden 45.
Que, en dicho Plenario se ha considerado en el voto preopinante del Dr. Garay Cueli, que “… lo central es
determinar qué calidades exige la noción de “servicios” prevista en la norma jurídica, para que puedan
ser computados a los fines del adicional remuneratorio. Que una primera pauta la da la propia
Constitución de Mendoza cuando, al regular sobre las incompatibilidades en el empleo, habla de
“funciones públicas rentadas”, asimilándolas con la noción de empleo público (art. 13).
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
Que, desde esta óptica, la noción de empleo exorbita la propia de un cargo de la planta permanente, ya
que el concepto de “funciones que se presten para el Estado” no implica necesariamente que deba vestir
el ropaje estatutario.
Que, haciendo aplicación de esa norma constitucional, se ha entendido que las locaciones de servicios
que vinculan a una persona con la Administración Pública deben incluirse entre dichas funciones rentadas
(vid Dictamen de Asesoría de Gobierno n° 868, del 2 de setiembre de 1989, en La Rev. del Foro de Cuyo,
t. 50, p. 300; y César A. Moso Giannini: “Notas sobre la regulación del empleo público en la Constitución
de la Provincia de Mendoza”, en “Estudios de Derecho Administrativo - VII”, AA.VV., I.E.D.A., Mendoza,
2002, pp. 143/226, especialmente p. 161). Que (en línea con lo sostenido por el Dr. Gómez en “Perelman,
Raquel Adriana”), más allá de la naturaleza jurídica de la relación que haya unido al agente con la
Administración -en sus distintos órdenes- si se está en presencia de servicios personales vinculados con el
desempeño de funciones públicas previstas en los estatutos o escalafones del empleo público provincial (o
municipal) y la prestación se desarrolla durante un periodo superior a los tres meses continuos, los mismos
pueden ser tenidos en cuenta a los fines del cálculo del adicional por antigüedad, sin que para ello sea
óbice el hecho de que la relación hubiere estado formalizada como una locación de servicios.
Que no corresponde expedirse sobre el carácter del vínculo, es decir, sobre si hubo o no un típico contrato
de empleo público, sino sólo cualificar la anterior relación que se mantuvo con la Administración pública al
sólo efecto de determinar si puede ser considerada a los fines del pago de un adicional remuneratorio”.….
“le asiste el derecho al reconocimiento de tales servicios prestados, para el cómputo del adicional por
antigüedad, sin más restricción que la cabal acreditación de que se sucedieron de manera ininterrumpida,
por un lapso superior a tres meses y que los mismos no sean simultáneos, en los términos de la normativa
glosada...”.
Que ha de considerarse que ya no puede sostenerse una discriminación respecto si los mentados
servicios o labores fueron prestados en un cargo de planta permanente, no permanente o temporaria,
puesto que tal como expresa el fallo, dicha “inteligencia no surge de la ley ni cabe que sea realizada por el
intérprete en respeto a los tratados internacionales que vedan efectuar discriminaciones que atenten
contra el derecho a una remuneración justa y al principio de igual salario por igual tarea (cfr. causa “De La
Roza Bustos, Elcira Georgina”).
Que en el mismo plenario el voto del Dr. Adaro, que también conformara la mayoría concluyó su voto de la
siguiente manera “…Por lo tanto, acreditado el carácter administrativo de los servicios prestados, conforme
puede verse de la documentación acompañada y cuya naturaleza no ha sido desconocida, sirven como
antigüedad en el empleo para todos los efectos, tanto para determinar una indemnización, como para
acreditar la experiencia previa en la función e idoneidad a los efectos de un concurso de ascenso y
también, del mismo modo, al objeto del cálculo de la remuneración…”.
Que, por lo tanto, corresponde el reconocimiento de dicho rubro conforme al Dictamen Nº 659, del pasado
24 de octubre del corriente de Asesoría de Gobierno que indica que, la liquidación de las correspondientes
diferencias salariales del adicional por antigüedad, con ajuste a la doctrina de dicho precedente Britos,
procede hasta los sueldos devengados en el mes de septiembre. No así los devengados en octubre y
siguientes remuneraciones, los que deben liquidarse y pagarse con ajuste a la sobreviniente aclaración
legislativa, dada con la modificación del art. 53 de la Ley 5126, por la vigente Ley 9665 (BO 6/10/2025). Y
que conforme a “Britos”, tomando como base de cálculo la autorizada por esa norma vigente al momento
de dictarse el fallo desde la fecha de su reclamo.
Que dicho órgano de asesoramiento expresa: “…De lo que se sigue que la fecha de corte para reconocer el
cambio pretendido en la base de cómputo del adicional mientras los actuales agentes prestaron servicios
bajo formas jurídicas contractuales diversas al régimen de empleo público, como se verifica en este caso,
es la de interposición de los reclamos cuya denegatoria tácita viene en alzada, tal como lo precisa el
dictamen previo del servicio jurídico permanente de esa Subsecretaría de Infraestructura y Desarrollo
Territorial…”.
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
Que concluye dicho órgano de asesoramiento, expresando que no puede ser otra la conclusión a la que
cabe arribar en la resolución de este reclamo, dado que no puede darse ultraactividad (conf. artículo 7
CCYC) a una norma ya derogada, cuando la vigente Ley Nº 9665 se aparta de la interpretación que le
diera el fallo Britos, dejando sin sustento normativo su reclamo de cómputo de servicios prestados por
contratos de locaciones conclusos. Por lo que la reclamada antigüedad, no puede reconocerse para pagar
un adicional por períodos devengados y pagaderos bajo la vigencia de una ley que la excluye
expresamente.
Que, con respecto al rubro de las licencias ordinarias, Asesoría de Gobierno en EX-
2025-07188512--GDEMZA-CCC en dictamen de fecha 24/10/205 considera “…Respecto de las licencias
ordinarias, el período en el que estuvo con contrato de locación, corresponde que sea considerado a
efectos del cómputo de las licencias ordinarias futuras a los fines de la aplicación del art. 37 de la
Ley 5811…”, por lo tanto, siendo dicho máximo órgano de asesoramiento, corresponde reconocerse dicho
rubro.
Que, en cuanto al rubro de los aportes previsionales pretendidos, Asesoría de Gobierno ha expresado
“…dicho fallo no se expide sobre este tema, pero corresponde que sea desestimado dicho aspecto dado
que la Suprema Corte local ha señalado, en otro precedente, que: "De hecho, fue la propia interesada
quien se acogió voluntariamente a dicho régimen. Por lo tanto, a contraluz de la pretensión de la actora,
corresponde que dichos aportes sean efectuados por ella misma. Esta es la solución que impone la Ley
Nacional N° 24.241 (Sistema lntegrado de Jubilaciones y Pensiones), sin perjuicio de lo previsto en la Ley
Provincial N° 7.361." (Cfr., entre otras, sentencia del 4/2/2020 - SCJM - Causa 13-03820822-9 “Danitz,
Verónica c/Gobierno Prov. de Mendoza p/ APA”)”.
Por lo expuesto, teniendo en cuenta lo dispuesto por los Artículos Nº 150, 162, 182, 183, 184 y 185 de la
Ley Nº 9003, Ley Nº 9665 y lo dictaminado por la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Subsecretaría de
Infraestructura y Desarrollo Territorial del Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial y lo
dictaminado por Asesoría de Gobierno.
EL
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:
Artículo 1º - Rechácese formalmente, el Recurso de Alzada interpuesto por los Doctores RICARDO
ROBERTO ESPINASSE y GERMAN LUCIANO ESPINASSE, en nombre y representación de la señora
CUELLAR, GRACIELA DEOLINDA, D.N.I. Nº 25.180.551, por ausencia de reclamo administrativo previo.
En consecuencia, remítanse al Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) a fin de que se expida sobre el
particular.
Artículo 2º - Acéptese formalmente y parcialmente en lo sustancial, en los rubros y por los motivos
expuestos en los considerandos de este decreto, el Recurso de Alzada obrante en el orden 2 del
EX-2025-04618994-GDEMZA-CCC, interpuesto por los Doctores RICARDO ROBERTO ESPINASSE y
GERMAN LUCIANO ESPINASSE, en nombre y representación de los agentes del Instituto Provincial
de la Vivienda, CATALDO, MARIELA ALEJANDRA, D.N.I. Nº 24.566.026, LEMOS, RUBÉN SERGIO,
D.N.I. Nº 16.555.512, SARAVIA, MARÍA ELIANA, D.N.I. Nº 22.693.372, RECHE, MARIA GABRIELA, D.N.I.
Nº 25.766.052, NEGLIA, GABRIELA, D.N.I. Nº 24.625.809, BUGARIN, MARIANELA IVANA, D.N.I. Nº
25.533.861, contra la denegación tácita y/o silencio de la Administración respecto del reclamo
administrativo presentado en el EX-2024-02497015-GDEMZA-IPV,en fecha 09 de Abril de 2024.
Artículo 3° - Tenga presente el Instituto Provincial de la Vivienda liquidar los rubros admitidos conforme a
los considerandos del presente, al Plenario “BRITOS RICARDO C/GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE
MENDOZA P/ACCIÓN PROCESAL ADMINISTRATIVA, CUIJ 13-05022405-2, a la Ley Provincial N.º 9665
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
(BO 6/10/25) y a dictámenes de Asesoría de Gobierno.
Artículo 4° - Tenga presente el Instituto Provincial de la Vivienda la vigencia del Decreto N.º 817/2025.
Artículo 5° - Notifíquese la presente norma legal a los recurrentes, conforme lo dispuesto por el Artículo
150 de la Ley N° 9003, el presente Recurso de Alzada agota la instancia administrativa y habilita la vía
judicial contra el legitimado pasivo, mediante la acción procesal administrativa de la Ley 3.918, cuyo plazo
de caducidad es de treinta (30) días corridos.
Artículo 6º - Comuníquese, publíquese, dése al Registro Oficial y archívese.
LIC. ALFREDO V. CORNEJO
ABG. NATALIO L. MEMA RODRIGUEZ
S/Cargo
06/02/2026 (1 Pub.)
