DECRETOS

Decreto Nº 59

Fecha de publicación
30 de enero de 2026
Fecha de la norma
16 de enero de 2026
Referencia documental
Boletín Nº 32.527 · páginas 31–33
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Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza

Decreto N°: 59 MENDOZA, 16 DE ENERO DE 2026 Visto el Expediente Electrónico N° EX-2019-02332089- -GDEMZA-IGS#MSEG y sus tramitaciones conjuntas Nros. EX-2024- -08532438-DGSERP#MSEG, EX-2024- -08553742-DGSERP#MSEG y EX-2025- -04864303-DGSERP#MSEG; y CONSIDERANDO: Que en las citadas actuaciones se tramitó, en sede de la Inspección General de Seguridad, Sumario Administrativo (Resolución N° 112/20) al Agente S.C.S. Pablo Miguel Sosa Ozan, por infracción a lo dispuesto en la Ley N° 7493, en su Art. 8, incs. a) y l), toda vez que omitió poner en conocimiento del Servicio Penitenciario Provincial, la existencia de un proceso penal seguido en su contra, que culminó con la Sentencia Nº 990 del Tribunal Penal Colegiado Nº 2, dictada en autos P-709.446/19, por la cual se lo condenó a la pena de dos años de prisión en suspenso, y cinco años de inhabilitación especial para conducir vehículos automotores, como autor penalmente responsable del delito de homicidio culposo agravado -Art. 84º, segundo párrafo del Código Penal; Que en orden 171 el agente solicitó la Suspensión del Sumario a Prueba, de conformidad a la regulación del instituto prevista en el Código Procesal Penal de Mendoza, de aplicación supletoria, según establece el artículo 232 de la Ley Nº 7493. En dicha oportunidad, propuso el recurrente, que la suspensión del procedimiento sumarial se disponga por el término de seis (6) meses, y ofreció la donación de PESOS CIEN MIL CON 00/100 ($100.000,00) a la Fundación Notti; Que en orden 180, obra Resolución N° 56/25, de fecha 22/01/2025, a través de la cual, el Directorio de la Inspección General de Seguridad resolvió suspender el sumario administrativo a prueba por el lapso de un (1) año, tiempo durante el cual, el AGENTE S.C.S. OZAN SOSA, PABLO MIGUEL, D.N.I. N° 33.171.268, deberá abstenerse de cometer faltas que den origen a sumario administrativo, así como efectuar una donación por la suma de pesos ciento cincuenta mil ($150.000), a la Fundación del Hospital Humberto Notti; Que en orden 209 obra Resolución N° 786/25, mediante la cual, el Directorio de la Inspección General de Seguridad admitió en lo formal y rechazó en lo sustancial, el Recurso de Revocatoria articulado por el sumariado en contra de la Resolución N° 56/25; Que en orden 211, obra Recurso de Alzada interpuesto por el Agente S.C.S. Pablo Miguel Sosa Ozan en contra de la Resolución N° 786/25, de fecha 19 de junio del año 2025; Que en orden 222, Asesoría de Gobierno realiza un análisis formal del recurso en trato y dictamina: “…Desde el punto de vista formal, cabe considerar que el recurso fue presentado mediante correo electrónico del día 23-7-2025 (orden 211), y a criterio de esta Asesoría, corresponde admitirlo formalmente como presentado dentro del término previsto por el Art. 184º de la Ley Nº 9003, toda vez que no consta la fecha de notificación del acto impugnado….”; Que el recurrente se agravia al considerar que la aplicación del instituto en cuestión (suspensión del sumario a prueba), requiere que la autoridad expida resolución fundada sobre el ofrecimiento realizado por el endilgado. Invoca al respecto, que el Art. 30 del Código Procesal Penal de la Provincia de Mendoza prescribe: “…El magistrado decidirá sobre la razonabilidad del ofrecimiento en resolución fundada…”, siendo que en el caso, el Directorio se limitó a disponer reglas de conducta diferentes a las propuestas por la defensa, sin fundamentar las razones pertinentes. Concluye que ello le causa un perjuicio significativo, vulnerando las reglas del debido proceso y el derecho de defensa; Que asimismo, Asesoría de Gobierno efectúa un análisis sustancial del recurso presentado y dictamina: Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial “…más allá de que ciertamente es el Directorio de la IGS quien tiene la atribución de fijar el plazo de prueba y las reglas de conducta impuestas, las que podrán ser suplantadas por las propuestas por el imputado sólo cuando la autoridad las estime razonables (Art. 31 CPP), no menos cierto es que el Art. 30 de la ley ritual penal (expresamente citado por la Res. 56/2025) impone que la resolución respecto a la razonabilidad del ofrecimiento reparatorio del imputado, sea fundada: “…Al presentar la solicitud, el imputado deberá ofrecer hacerse cargo de la reparación del daño en la medida de lo posible, sin que ello implique confesión ni reconocimiento de la responsabilidad civil correspondiente. El magistrado decidirá sobre la razonabilidad del ofrecimiento en resolución fundada…”. En el caso, la IGS dispuso como plazo de la suspensión, el de un (1) año, no obstante, la defensa de Ozan, había propuesto seis (6) meses. Lo cual es absolutamente válido y legítimo, sin necesidad de fundamentar la divergencia (Art. 31 Cód. Proc. Penal -Ley 6730 y modif.-). Pero no sucede lo mismo con respecto al ofrecimiento reparatorio: por imperio del Art. 30 del mismo cuerpo legal, el descentralizado debe fundamentar la razón por la cual los $100.000 ofrecidos por Ozan no fueron aceptados, y en su lugar se fijó la suma de $150.000. Y ello no implica que la motivación deba ser compleja ni extensa: de hecho en el caso la gravedad de la infracción disciplinaria investigada, justifica de por sí la razonabilidad del monto de la donación requerida por la IGS. Pero lo que no cabe, en atención a lo prescripto por el precitado Art. 30 de la ley de rito penal, es no dar razón alguna que fundamente la insuficiencia del ofrecimiento de Ozan para acceder al beneficio que solicitó. En síntesis, a criterio de esta Asesoría de Gobierno, corresponde aceptar sustancialmente el presente recurso de Alzada, y revocar la Resolución 786/2025 dictada por el Directorio de la Inspección General de Seguridad, entidad a la cual deberán remitirse las actuaciones a fin de que dicte una nueva norma ajustada a derecho….”; Por ello y compartiendo lo dictaminado por Asesoría de Gobierno en orden 222, EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DECRETA: Artículo 1º - Admítase en lo formal y en lo sustancial, el Recurso de Alzada interpuesto por el Agente S.C.S. OZAN SOSA, PABLO MIGUEL, D.N.I. N° 33.171.268, en contra de la Resolución N° 786/2025, de fecha 19/06/25, dictada por el Directorio de la Inspección General de Seguridad, conforme lo expuesto en los considerandos precedentes. Artículo 2º - Revóquese la Resolución Nº 786/2025, dictada por el Directorio de la Inspección General de Seguridad. Artículo 3º - Remítanse las presentes actuaciones, a la Inspección General de Seguridad, a los fines de dictar un nuevo acto administrativo ajustado a derecho. Artículo 4º - Notifíquese al interesado que, una vez dictado el acto administrativo que resuelva el presente Recurso de Alzada, conforme a los recaudos previstos por el Art. 150 de la Ley N° 9003, y particularmente en relación a las vías de impugnación del mismo, resulta pertinente la acción procesal administrativa, a interponerse en el plazo de treinta (30) días corridos desde el día siguiente al de la notificación de la decisión administrativa (Art. 20 de la Ley N° 3918). Artículo 5º - Comuníquese, publíquese, dese al Registro Oficial y archívese. LIC. ALFREDO V. CORNEJO MGTR. MARÍA MERCEDES RUS S/Cargo Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial 30/01/2026 (1 Pub.) MINISTERIO HACIENDA Y FINANZAS