DECRETOS

Decreto Nº 3101

Fecha de publicación
9 de enero de 2026
Fecha de la norma
30 de diciembre de 2025
Referencia documental
Boletín Nº 32.512 · páginas 11–13
Ver boletín original

Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza

Decreto N°: 3101 MENDOZA, 30 DE DICIEMBRE DE 2025 Visto el Expediente Electrónico N° EX-2025-05807244- -GDEMZA-CCC; Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial CONSIDERANDO: Que en las citadas actuaciones, el ex Oficial Principal – Personal Policial - ANDRADA ALDALLA, JORGE RAÚL, interpone Recurso Jerárquico en contra de la Resolución Nº 2793-SyJ/25, de fecha 07 de julio de 2025 y dictada en el expediente administrativo N° EX-2025-02119549--GDEMZA-CCC, mediante la cual, la Ministra de Seguridad y Justicia, resolvió admitir desde el aspecto formal y rechazar desde el aspecto sustancial, el Recurso de Revocatoria interpuesto por el recurrente en contra de la Resolución Nº 791-SyJ/25; Que en el marco del expediente administrativo N° EX-2024-03028165- -GDEMZA-CCC, el Ministerio de Seguridad y Justicia emitió la Resolución N° 791-SyJ/25, de fecha 26 de febrero de 2025, por la cual se rechazó sustancialmente, la Acción de Nulidad formulada por Andrada Aldalla en contra de la Resolución N° 986-S/22, que a su vez aplicó al administrado (Sumario EX-2020-04196780- -GDEMZA-IGS#MSEG), la sanción expulsiva de Cesantía, por la comisión de la falta prevista en el Art. 100 inc. 3), en función con los Arts. 8 primera parte y 43 inc. 3) de la Ley N° 6722 y sus modificatorias; Que en orden 14, Asesoría de Gobierno efectúa un análisis formal del recurso presentado y dictamina: “…la resolución impugnada, fue notificada en fecha 9/7/2025 (v. orden 18 EX-2025-02119549), y el recurso, presentado el día 28/7/2025 (según la fecha de creación del ticket de orden 3), por lo que a criterio de esta Asesoría de Gobierno, se impone admitirlo formalmente, por haberse interpuesto dentro del término previsto por el Art. 179 de la Ley N° 9003….”; Que el recurrente se agravia al considerar que la notificación de apertura del sumario en su domicilio, no suple ni justifica, la omisión de notificación regular y conforme al ordenamiento vigente de los actos posteriores del procedimiento. Señala que los Arts. 125 y 127 de la Ley N° 9003, disponen que las personas que comparezcan ante la Administración, deben constituir domicilio en su primera presentación, el cual se considerará vigente hasta tanto se designe otro distinto. Sostiene, que luego de la notificación de la apertura del sumario, la Inspección General de Seguridad le notificó la citación a declaración indagatoria, mediante la vía de edictos, alegando desconocer su domicilio. Reitera que la I.G.S. tenía pleno conocimiento de su domicilio real, oportunamente constituido ante la Policía de Mendoza, y que se mantuvo vigente sin modificaciones. Solicita se deje sin efecto la Resolución N° 2793-SyJ/25 y se retrotraiga el proceso a la etapa de declaración indagatoria, para poder ejercer sus derechos procesales y defensivos reconocidos en el Artículo 18 de la Constitución Nacional; Qué asismo, Asesoría de Gobierno efectúa un análisis sustancial del recurso en trato y dictamina: “…tal como plantea el recurrente, está demostrado que su domicilio era conocido por la autoridad competente. En consecuencia, en dicho domicilio debió notificársele la citación a indagatoria, no pudiendo ello suplirse por la referencia meramente tangencial a la orden de instrucción de sumario, contenida en la notificación de la Res. 2843-S. En tal orden de ideas, no podemos obviar el reciente Dictamen N° 593/25 (23/9/2025), emitido por esta Asesoría de Gobierno en el marco de las actuaciones EX-2024-03379985- GDEMZA- IGS#MSEG, en razón de la divergencia de posturas de la IGS y la Junta de Disciplina, en cuanto a la validez de las notificaciones para comparecer a indagatoria. Expresamos en dicha oportunidad: “… consideramos esencial tener presente la particular naturaleza del procedimiento administrativo en cuestión, y la instancia procedimental transitada al tiempo de la incidencia en análisis. Se trata de un sumario disciplinario, dentro del cual tienen absoluta vigencia las garantías de los artículos 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, tal como lo ha sostenido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la causa "Baena Ricardo y otros c. Panamá" (2001). El Art. 8.2.b CADH, establece entre las garantías mínimas a respetarse durante el proceso, el de la comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada. Esta garantía está expresamente consagrada por el Art. 119 de la Ley 6722 -Régimen Disciplinario aplicable al caso- que regula este hito dentro del sumario que es la indagatoria, momento esencial en el cual el imputado toma conocimiento de la acusación formulada en su contra, lo cual resulta indispensable a fin de posibilitarle el cabal ejercicio de su derecho de defensa. En consecuencia deben agotarse las posibles vías de notificación personal y fehaciente de la citación a indagatoria. Concretamente en el caso e instancia actual, no se dan las condiciones exigidas por el Art. Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial 152 de la Ley N° 9003 para habilitar la notificación por edictos: el sumariado está perfectamente individualizado -no es persona incierta- y su domicilio es conocido por la Administración…”. Citamos asimismo, en dicho dictamen, lo resuelto por nuestra SCJ en Autos 13-043611660, "MORGANI, RODOLFO ALBERTO C/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE MENDOZA (MINISTERIO DE SALUD) Y HOSPITAL ANTONIO J. SCARAVELLI P/ ACCIÓN PROCESAL ADMINISTRATIVA” (sentencia del 21/12/2023). (…) En síntesis, a criterio de esta Asesoría de Gobierno, el recurso interpuesto debe ser aceptado sustancialmente, y en consecuencia retrotaerse el procedimiento disciplinario a la instancia de citación a indagatoria, la cual deberá ser notificada al domicilio del sumariado….”; Por ello y atento a lo dictaminado por Asesoría de Gobierno en orden 14; LA VICEGOBERNADORA DE LA PROVINCIA EN EJERCICIO DEL PODER EJECUTIVO DECRETA: Artículo 1º - Admítase formal y sustancialmente, el Recurso Jerárquico interpuesto por el ex Oficial Principal – Personal Policial - ANDRADA ALDALLA, JORGE RAÚL D.N.I. N° 28.152.717, en contra de la Resolución Nº 2793-SyJ, dictada por el Ministerio de Seguridad y Justicia, por los motivos expuestos en los considerandos precedentes. Artículo 2° - Déjese sin efecto la Resolución N° 986-S/2022, que aplicó al ex Oficial Principal – Personal Policial - ANDRADA ALDALLA, JORGE RAÚL D.N.I. N° 28.152.717, la sanción expulsiva de Cesantía. Artículo 3° - Retrotráigase el procedimiento disciplinario a la instancia de citación a indagatoria, la cual deberá ser notificada al domicilio del sumariado. Artículo 4° - Notifíquese al recurrente, que el acto administrativo que resuelve este recurso, agota la vía administrativa, y cuenta para su impugnación, con la Acción Procesal Administrativa prevista en el Art. 20 de la Ley N° 3918, la que podrá ser interpuesta en el plazo de treinta (30) días corridos a contar desde la notificación del Decreto que resuelve el planteo formulado. Artículo 5º - Comuníquese, publíquese, dese al Registro Oficial y archívese. DRA. HEBE CASADO MGTR. MARÍA MERCEDES RUS S/Cargo 09/01/2026 (1 Pub.) MINISTERIO HACIENDA Y FINANZAS