DECRETOS

Decreto Nº 2457

MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES

Fecha de publicación
5 de enero de 2026
Fecha de la norma
11 de noviembre de 2025
Referencia documental
Boletín Nº 32.508 · páginas 13–16
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Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza

Decreto N°: 2457 MENDOZA, 11 DE NOVIEMBRE DE 2025 Visto el expediente EX-2025-02949213--GDEMZA-CCC y su asociado EX-2021-05326207—GDEMZA- SDIYM#MSDSYD en el cual diversos agentes con funciones en la Subdirección de Infraestructura y Mantenimiento, interponen Recurso Jerárquico en contra de la Resolución Nº 1633/23 del ex Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes, actual Ministerio de Salud y Deportes; y CONSIDERANDO: Que mediante la mencionada Resolución se rechazó el reclamo, de diversos agentes con funciones en la Subdirección de Infraestructura y Mantenimiento, referente al pago del Adicional Estímulo, regulado en el Decreto Nº 1057/21 y la Resolución Nº 2298/21; Que la notificación de la Resolución Nº 1633/23 no cumplió con lo dispuesto en el Art. 150 de la Ley Nº 9003, que determina que en la notificación expresamente deben mencionarse con precisión los recursos administrativos que el administrado puede interponer contra el acto administrativo que se notifica y el plazo para interponerlos; Que el último párrafo del Artículo citado establece que la omisión de dichas indicaciones o su realización errónea no perjudicarán al administrado notificado ni permitirá darle por decaído su derecho, lo cual implica que no comienzan a correr los plazos para interponer los recursos administrativos ni, en su caso, para la interposición de la acción procesal administrativa; Que por lo expuesto, en atención a lo dispuesto por los Arts. 1 y 150 de la Ley Nº 9003, el recurso procede Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial formalmente; Que los agentes Carolina Belén Delgado, DNI Nº 35.512.647, Érica Cabeza, DNI Nº 28.598.250, Gabriela Patti Yori, DNI Nº 32.354.607, Luis Romero Narvaez, DNI Nº 23.932.064, Marcos Germán José Guevara Rengel, DNI Nº 25.520.119, Leonardo Francisco Paoletti Bocanegra, DNI Nº 24.705.688 y Ricardo Martín Flores Asin, DNI Nº 23.184.926, solicitan se les reconozca el pago del adicional estímulo, regulado en el Decreto Nº 1057/21, el cual estableció un bono de $ 28.000, pagaderos en cuatro cuotas, entre los meses de Agosto, Septiembre, Octubre y Noviembre, del 2021 para el personal de la salud y que brinda atención en forma efectiva, abocado al manejo de casos relacionados con la pandemia de COVID-19. Los recurrentes manifiestan haber llevado a cabo labores de mantenimiento que requerían su presencia en los efectores, solicitando en consecuencia ser considerados para su inclusión; Que sostienen los recurrentes que existió un trato discriminatorio ya que realizaron tareas presenciales que los expusieron al virus del Covid-19, explicando que fueron declarados personal esencial, mediante disposiciones emitidas por funcionarios del Estado Provincial, durante el periodo de aislamiento preventivo y obligatorio que decretó el Estado Nacional; Que manifiestan los recurrentes una serie de vicios, que no son más que transcripciones de normativa, en la mayoría de los planteos, pero sin explicar cómo se adaptan al caso en concreto, transcribiendo el Art. 52 de la Ley Nº 9003; Que los recurrentes hacen referencia a que existe una violación del plazo razonable, vinculándolo con el principio de buena administración, pero lo cierto es que la normativa procedimental les daba a los recurrentes las herramientas jurídicas necesarias para resolver estas cuestiones, como ser la figura del pronto despacho y la denegatoria tácita que sirven para tratar cualquiera de estas cuestiones, y como se podrá observar los mismos no hicieron en ningún momento uso de ninguna de ellas; Que manifiestan también los recurrentes que la resolución atacada viola el principio de igualdad ante la ley receptado por el Art. 16 de la Constitución Nacional, ya que explican que se encontraban en una situación idéntica a los trabajadores a los que se les concedió el beneficio y que su exclusión es una interpretación restrictiva y formalista de la normativa; Que el riesgo al que pueden haber estado sometidos los recurrentes no ha sido un riesgo creado o aumentado por el Estado Provincial, sino que se trató de una situación de fuerza mayor ajena al Estado Provincial y se trató de un riesgo que tuvimos todos los seres humanos en su conjunto; Que no sólo los recurrentes, sino todo el personal del entonces Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes, fue declarado por Ley de Emergencia, personal indispensable, y esto es lógico porque se trataba del personal que tenía un rol fundamental, tratándose de una pandemia; Que el Decreto Nº 1057/21 es dictado por el Gobierno, en la emergencia y dentro de sus prerrogativas y deberes, es así que el mismo en su parte pertinente establecía: “… A los fines de la percepción del beneficio establecido en el Artículo 1º, se entenderá comprendido en el mismo al personal de la salud y que brinda atención en forma efectiva, abocado al manejo de casos relacionados con la pandemia de Covid-19, en los efectores de salud asistenciales del Sistema de Público Provincial, incluyendo personal asistencial dependiente de la Obra Social de Empleados Públicos (O.S.E.P), del Laboratorio de Salud Pública, del Servicio de Emergencia Coordinado (S.E.C.), del Departamento Provincial de Inmunización, de las Residencias dependientes de la Dirección de Atención Adultos Mayores, y de la Dirección General de Protección (D.G.P), de Hogares para personas con discapacidad, dependientes de la Dirección de Atención a la Persona con Discapacidad; que tengan relación de dependencia con el Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes, o estén contratados bajo el régimen de locación de servicios, prestaciones asistenciales, becas provinciales y sistema de residencia y que hayan prestado efectivamente servicios durante el mes de junio, julio, agosto y septiembre de 2021. Artículo 3º - El Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes confeccionará el listado de beneficiarios del Reconocimiento Extraordinario y será Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial responsable de su liquidación…”; Que es claro el mencionado Decreto al establecer que: “el bono es para el personal de la salud que brinda atención en forma efectiva, abocado al manejo de casos relacionados con la pandemia”; Que se trataba del personal que debía tratar a los enfermos, no al personal que hacía mantenimiento de la infraestructura y por eso se aclara que debían estar abocados a casos relacionados con el Covid-19, Que el personal de mantenimiento siempre debe, porque esa es su función, prestar servicios para refaccionar, arreglar o mantener los Hospitales, Centros de Salud, etc., esto lo deben hacer con o sin pandemia, es su función, sí es cierto que hay un mayor riesgo, pero no sólo lo tenían ellos, sino muchos empleados, de distintos Ministerios; Que en consecuencia, no hay violación del principio de igualdad, ya que el caso del personal que debía hacer mantenimiento de distintos tipos no es igual que el de las personas que debían abocarse a los casos de Covid-19; Que este bono no formó parte del salario del trabajador, en efecto, es no remunerativo, formó parte de la política sanitaria y de salud que implementó el gobierno, en uso de sus legítimas facultades, dadas en la Constitución Nacional y Constitución Provincial, durante la emergencia; Que tampoco existe un tema de interpretación de la norma, como han pretendido decir los recurrentes, explicando que se hacía una interpretación restrictiva del decreto, ya que es el mismo decreto el que tiene carácter restrictivo, porque establece que se creaba el bono para el personal de la salud que brinda atención en forma efectiva, abocado al manejo de casos relacionados con la pandemia de COVID-19; Que así ha dicho nuestra Suprema Corte de Justicia: “El principio de igualdad consagrado en el Art. 16° de la Constitución Nacional, debe entenderse en igualdad de circunstancias, así como que no posee carácter absoluto, siendo la razonabilidad la pauta para ponderar la medida de la igualdad por lo que el legislador puede crear categorías, grupos o clasificaciones que irroguen trato diferente entre los habitantes a condición de que el criterio empleado para discriminar no sea injusto y sea razonable; en consecuencia las únicas desigualdades inconstitucionales son las arbitrarias por injustas o irrazonables y por tales han de estimarse las persecutorias, las hostiles, las que deparan indebidos favores o privilegios, de allí que el principio de igualdad supone también el reconocimiento de diferencias”; Por ello, en razón de lo dictaminado por la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud y Deportes en orden y por Asesoría de Gobierno en orden del expediente EX-2025-02949213--GDEMZA-CCC, LA VICEGOBERNADORA DE LA PROVINCIA EN EJERCICIO DEL PODER EJECUTIVO DECRETA: Artículo 1º- Acéptese formalmente y rechácese sustancialmente el Recurso Jerárquico interpuesto por los agentes CAROLINA BELÉN DELGADO, DNI Nº 35.512.647, ÉRICA CABEZA, DNI Nº 28.598.250, GABRIELA PATTI YORI, DNI Nº 32.354.607, LUIS ROMERO NARVAEZ, DNI Nº 23.932.064, MARCOS GERMÁN JOSÉ GUEVARA RENGEL, DNI Nº 25.520.119, LEONARDO FRANCISCO PAOLETTI BOCANEGRA, DNI Nº 24.705.688 y RICARDO MARTÍN FLORES ASIN, DNI Nº 23.184.926, en contra de la Resolución Nº 1633/23 del ex Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes, actual Ministerio de Salud y Deportes, en virtud de lo expuesto en los considerandos del presente decreto. Artículo 2º- Notifíquese, comuníquese, publíquese, dése al Registro Oficial y archívese. Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial DRA. HEBE CASADO LIC. RODOLFO MONTERO S/Cargo 05/01/2026 (1 Pub.)