DECRETOS

Decreto Nº 2581

Fecha de publicación
10 de diciembre de 2025
Fecha de la norma
25 de noviembre de 2025
Referencia documental
Boletín Nº 32.492 · páginas 7–9
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Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza

Decreto N°: 2581 MENDOZA, 25 DE NOVIEMBRE DE 2025 Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial Visto el Expediente Electrónico N° EX-2025-03970565- -GDEMZA-CCC; y CONSIDERANDO: Que en las citadas actuaciones se tramita Recurso de Alzada interpuesto por el ex Auxiliar P.P. CUELLO NADAL, FRANCO NICOLAS, contra la Resolución N° 1799-SyJ de fecha 29 de abril de 2025, mediante la cual el Ministerio de Seguridad y Justicia admitió desde el aspecto formal y rechazó desde el aspecto sustancial, el Recurso de Revocatoria incoado por el recurrente contra la Resolución N° 15-SyJ/2025, que dispuso la baja obligatoria del administrado de conformidad al Art. 58 Inc. 7) de la Ley N°6722 y modificatorias, al encontrarse en situación de revista pasiva por más de dos años, encontrándose bajo proceso judicial y privado de libertad; Que en orden 20 Asesoría de Gobierno dictamina: “…Por el principio de informalismo en favor del administrado, corresponde dar al presente el trámite de formal recurso jerárquico, de acuerdo con lo establecido en el Art. 179 de la Ley N° 9003…”; Que el presentante esgrime que mediante Resolución N° 811/2022, de fecha 07 de diciembre del año 2022, del Directorio de la Inspección General de Seguridad se resolvió instruir formal sumario administrativo al administrado de autos, produciéndose un conflicto normativo al emitir la resolución de baja obligatoria sin considerar que aún está sujeto a un sumario administrativo vigente y en proceso, dispuesto por resolución de la Inspección General de Seguridad, entiende que el artículo 58 inc. 7 de la Ley 6722, objeto de la Resolución N° 15 SYJ, debió interpretarse bajo el amparo normativo de lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 9003, en virtud de que no puede disponerse la baja obligatoria si se encuentra vigente la aplicación de un procedimiento sumarial establecido por la Resolución N° 811/22 de la Inspección General de Seguridad y reglamentado por el artículo 114 de la Ley 6722, asimismo, entiende que la aplicación del art. 58 inc. 7 de la ley 6722, debe ceder ante la existencia del procedimiento sumarial ordenado por la Resolución N° 811/22, ya que su posible expulsión, sea por cesantía o exoneración, será el resultado del procedimiento sumarial que regula la Ley N° 6722 y al cual se encuentra sujeto el administrado recurrente, a su criterio existen dos institutos legales que se confrontan: uno que sujeta al administrado a un procedimiento sumarial, en el cual el mismo tiene el derecho a un debido proceso legal, y en el cual hasta que no exista una resolución en contrario, sobre el mismo pesa el principio de inocencia, siendo la baja obligatoria aplicada sólo si se lo sanciona con la exoneración o cesantía, conforme lo dispone el art. 58 inc. 2 de la Ley N° 6722, y otro que dispone que por el mero transcurso de un tiempo determinado – art. 58 inc. 7 de la Ley 6722, dos años en pasiva y privado de libertad- corresponde la baja obligatoria -sin considerar que esa privación de la libertad, está dispuesta por la existencia de un proceso penal que actualmente se encuentra sin sentencia judicial firme. Expresa el administrado que el Ministerio de Seguridad posee una confusión o un desconocimiento respecto a la conclusión del sumario administrativo, ya que el mismo no finaliza con una resolución absolutoria o condenatoria, sino por la aplicación de un sobreseimiento o sanción administrativa. Que en el caso concreto que nos ocupa, se encuentra dependiendo de un proceso penal aún no concluido. Por ello alega a su favor el principio de inocencia; Que, asimismo en orden 20, Asesoría de Gobierno efectúa el análisis sustancial y dictamina: “…En el aspecto sustancial el recurso no puede prosperar, por las razones que se exponen a continuación. En el caso traído a revisión de esta Asesoría de Gobierno, se ha configurado el supuesto previsto en el ordenamiento jurídico a fin de disponer la baja del funcionario policial. Se trata de un hecho objetivo y que resulta imperativo para la administración, ya que el Art. 58 de la Ley N° 6722, dispone expresamente: “Corresponderá la baja del personal policial en los casos de: …Inc. 7) Cuando cumpliere dos (2) años en la situación pasiva prevista en el inciso 2) del artículo 68, sin perjuicio de los derechos previsionales que le correspondieren”. La existencia del sumario administrativo instruido en contra del mismo funcionario, no obstaba a que se dispusiera la baja por aplicación de aquella norma legal, ya que además la misma deja a salvo los derechos previsionales que le pudiera corresponder. Las resoluciones dictadas con anterioridad se encuentran debidamente fundadas y motivadas, ajustándose a las previsiones del orden normativo. Por ello, no se advierte en el dictado de los actos administrativos cuestionados por esta vía, vicios o Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial irregularidades que hagan procedente el remedio deducido, por lo que corresponde la admisión formal y el rechazo sustancial del recurso jerárquico impetrado. En virtud de lo expuesto corresponde admitir en lo formal y rechazar en lo sustancial el recurso jerárquico intentado…”; Por ello y atento a lo dictaminado por Asesoría de Gobierno en orden 20, EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DECRETA: Artículo 1º - Admítase desde el aspecto formal y rechácese desde el aspecto sustancial, el Recurso Jerárquico interpuesto por el ex Auxiliar P.P. CUELLO NADAL, FRANCO NICOLAS, D.N.I. N° 37.271.284, contra la Resolución N° 1799-SyJ de fecha 29 de abril de 2025, por los motivos expuestos en los considerandos precedentes. Artículo 2° - A fin de dar cumplimiento con lo dispuesto por el Art. 150 de la Ley N° 9003, hágase saber al recurrente que cuenta para su impugnación, con la acción procesal administrativa prevista en la Ley N° 3918, en el plazo de treinta (30) días corridos, a contar desde la notificación del presente decreto. Artículo 3º - Comuníquese, publíquese, dese al Registro Oficial y archívese. LIC. ALFREDO V. CORNEJO MGTR. MARÍA MERCEDES RUS S/Cargo 10/12/2025 (1 Pub.)