DECRETOS
Decreto Nº 2288
MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES
- Fecha de publicación
- 2 de diciembre de 2025
- Fecha de la norma
- 23 de octubre de 2025
- Referencia documental
- Boletín Nº 32.487 · páginas 14–16
Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza
Decreto N°: 2288
MENDOZA, 23 DE OCTUBRE DE 2025
Visto el expediente EX-2024-01011150--GDEMZA-CCC en tramitación conjunta con expediente
EX-2023-06891768--GDEMZA-SEGE#MSDSYD en el cual la Lic. VALERIA GIANINA IZQUIERDO,
interpone Recurso Jerárquico en contra de la Resolución Nº 3442/23 del ex Ministerio de Salud, Desarrollo
Social y Deportes, actual Ministerio de Salud y Deportes; y
CONSIDERANDO:
Que del cotejo de la notificación de la resolución recurrida (22/01/2024) y de la fecha de interposición del
recurso (09/02/2024) se advierte que el mismo es formalmente admisible en razón de haber sido
interpuesto en legal tiempo y forma según lo establecido en el Art. 179 de la Ley de Procedimiento
Administrativo;
Que la Resolución recurrida dispuso, en el Art. 3, que cuestiona la recurrente, “Incorporar desde la fecha
de su dictado y hasta el 31 de diciembre de 2023, en el Adicional por Mayor Dedicación Profesional, que
establecen los Arts. 12 y 23 del Convenio Colectivo de Trabajo de los Profesionales de la Salud,
homologado por Decreto N° 1630/07, ratificado por la Ley N° 7759, Arts. 7, 70, 105 inc. a) y 107, a los
profesionales que se mencionan, en el porcentaje que en cada caso se consigna, para cumplir la carga
horaria correspondiente en las dependencias que se detallan (…);
Que sobre ello, la agente cuestiona la omisión en la consignación del “pago de las diferencias salariales
en forma retroactiva desde que se formuló el reclamo administrativo”;
Que del cotejo del expediente original, no surge que haya existido reclamo alguno efectuado por la
profesional recurrente;
Que las actuaciones principales se originaron a instancia de la Administración, en el marco del
cumplimiento de lo acordado en Acta Acuerdo Comisión Negociadora, Ley N° 7759, Régimen Salarial 27
de fecha 18 de julio de 2023, homologada mediante Decreto Nº 1602/23 publicado con fecha 18 de agosto
de 2023, ratificado por Ley Nº 9480, en relación a la incorporación de la agente al Adicional por Mayor
Dedicación Profesional, culminando con el dictado del acto administrativo hoy cuestionado;
Que el otorgamiento del Adicional por Mayor Dedicación Profesional regulado por el Art. 12 de la Ley Nº
7759, puede ser revocado (o disminuido) por razones de oportunidad, por encuadrarse dentro las
excepciones a la irrevocabilidad del acto administrativo, en los términos del Art. 97 inc. 2 de la Ley Nº
9003;
Que en efecto, la posibilidad de la recurrente de ser incluida en el adicional surgió de su inserción en el
listado plasmado en el acta paritaria y no tiene relación con la situación jurídica de la agente previa a la
misma. No existía un derecho de la agente de percibir el adicional por no reunir los requisitos que
expresamente establece el Art. 12 de la Ley Nº 7759. En definitiva, no operó un “pase” (como refiere la
recurrente) ni tampoco ninguna “transformación”, sino que, a raíz de la inclusión de la recurrente en el
listado referido, se la incorporó al adicional mediante resolución (única forma que ello podría operar) en
cumplimiento de las obligaciones asumidas por la Administración en la negociación paritaria;
Que es recién con el acto administrativo que surge el derecho al cobro del Adicional por Mayor Dedicación
Profesional, por imperio del principio de legalidad que impregna el obrar de la Administración. En este
sentido, tal como se ha afirmado, “no debe olvidarse que tanto en materia de contratos públicos, como en
los demás ámbitos en que se desarrolla su actividad, la Administración y las entidades y empresas
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
estatales se hallan sujetas al principio de legalidad, cuya virtualidad propia es la de desplazar la plena
vigencia de la regla de la autonomía de la voluntad de las partes, en la medida en que somete la
celebración del contrato a las formalidades preestablecidas para cada caso y el objeto del acuerdo de
partes a contenidos impuestos normativamente, de los cuales las personas públicas no se hallan
habilitadas para disponer sin expresa autorización legal”;
Que de ello se desprende que todo el marco de legalidad dado por el legislador, en su extensión y alcance
particular no puede ser avasallado por la autonomía de la voluntad ejercida y volcada en los acuerdos
paritarios. Estos últimos son integrantes de un marco normativo aplicable, pero, sin lugar a dudas no
pueden posicionarse en una jerarquía superior a las normas de orden público dictadas sobre la materia;
Que como corolario de este razonamiento se desprende el carácter excepcional de las disposiciones
contenidas en el Acuerdo Paritario, lo que impide su aplicación retroactiva o extensiva a agentes no
incluidos en el listado, atento a lo dispuesto por el Art. 82 de la Ley Nº 8729, el Art. 6 del Decreto Nº 944/04
y c.c.;
Que asimismo se entiende que no corresponde el pago de diferencias salariales en tanto a que el tiempo
durante el cual la agente permaneció vinculada con la Administración a través de Acuerdos de Servicios
Personales para Prestaciones Indispensables recibió la correspondiente contraprestación por la tarea
cumplida, régimen al cual se sometió voluntariamente y sin reparos, siendo la misma razón que
fundamenta el rechazo del reclamo del pago de los aportes jubilatorios atento a que su inclusión en el
régimen de monotributo absorbió la carga de aportes al sistema jubilatorio;
Que dicho acto administrativo se encuentra legalmente fundado en los hechos y derechos aplicables, sin
incurrir en violación de la normativa y principios contenidos en la Constitución Nacional, Tratados
Internacionales, Constitución Provincial, Legislación y Jurisprudencia correspondientes;
Que analizados los fundamentos del acto administrativo recurrido, no encuentra falta de razonabilidad ni
arbitrariedad en su dictado, como tampoco vicio en el objeto ni falta de motivación como cita la recurrente,
ya que no se ha apartado de los hechos acreditados en autos, ni se funda en pruebas inexistentes,
habiendo sido dictada en base a lo establecido en la normativa vigente en la materia;
Que es decir que, en la resolución recurrida, se ha realizado una correcta valoración de la prueba
incorporada, basta con analizar los considerandos de la misma, siendo también correcto el encuadre
jurídico efectuado, estando así la resolución recurrida, suficientemente motivada conforme a lo dispuesto
en el Art. 45 de la Ley Nº 9003;
Que de las constancias de autos, surge que tampoco se ha configurado en el caso de marras el vicio de la
voluntad citado por el recurrente, habiéndose respetado en todo momento el derecho de defensa;
Que la Resolución recurrida se ha fundamentado correctamente en el derecho aplicable, no existiendo
ninguna interpretación de la normativa citada que haya violado los derechos de la recurrente ni los
principios de Derecho aplicables como afirma genéricamente;
Que en la pieza analizada, surge una total correlación entre las circunstancias de hecho y el derecho
aplicable al caso;
Que el acto atacado no se encuentra viciado, sino que, por el contrario, se trata de un acto administrativo
regular que reúne todos los requisitos impuestos por la legislación vigente. Atento a que no se encuentra
vicio de ilegitimidad alguno en el acto emitido;
Por ello, en razón de lo dictaminado por la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud
y
Deportes
en
orden
y
por
Asesoría
de
Gobierno
en
orden
del
expediente
EX-2024-01011150--GDEMZA-CCC,
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
EL
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:
Artículo 1º- Acéptese formalmente y rechácese sustancialmente el Recurso Jerárquico interpuesto por la
Lic. VALERIA GIANINA IZQUIERDO, DNI Nº 30.571.402, CUIL Nº 27-30571402-5, en contra de la
Resolución Nº 3442/23 del ex Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes, en virtud de lo expuesto
en los considerandos del presente decreto.
Artículo 2º- Notifíquese, comuníquese, publíquese, dése al Registro Oficial y archívese.
LIC. ALFREDO V. CORNEJO
LIC. RODOLFO MONTERO
S/Cargo
02/12/2025 (1 Pub.)
