DECRETOS

Decreto Nº 2288

MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES

Fecha de publicación
2 de diciembre de 2025
Fecha de la norma
23 de octubre de 2025
Referencia documental
Boletín Nº 32.487 · páginas 14–16
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Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza

Decreto N°: 2288 MENDOZA, 23 DE OCTUBRE DE 2025 Visto el expediente EX-2024-01011150--GDEMZA-CCC en tramitación conjunta con expediente EX-2023-06891768--GDEMZA-SEGE#MSDSYD en el cual la Lic. VALERIA GIANINA IZQUIERDO, interpone Recurso Jerárquico en contra de la Resolución Nº 3442/23 del ex Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes, actual Ministerio de Salud y Deportes; y CONSIDERANDO: Que del cotejo de la notificación de la resolución recurrida (22/01/2024) y de la fecha de interposición del recurso (09/02/2024) se advierte que el mismo es formalmente admisible en razón de haber sido interpuesto en legal tiempo y forma según lo establecido en el Art. 179 de la Ley de Procedimiento Administrativo; Que la Resolución recurrida dispuso, en el Art. 3, que cuestiona la recurrente, “Incorporar desde la fecha de su dictado y hasta el 31 de diciembre de 2023, en el Adicional por Mayor Dedicación Profesional, que establecen los Arts. 12 y 23 del Convenio Colectivo de Trabajo de los Profesionales de la Salud, homologado por Decreto N° 1630/07, ratificado por la Ley N° 7759, Arts. 7, 70, 105 inc. a) y 107, a los profesionales que se mencionan, en el porcentaje que en cada caso se consigna, para cumplir la carga horaria correspondiente en las dependencias que se detallan (…); Que sobre ello, la agente cuestiona la omisión en la consignación del “pago de las diferencias salariales en forma retroactiva desde que se formuló el reclamo administrativo”; Que del cotejo del expediente original, no surge que haya existido reclamo alguno efectuado por la profesional recurrente; Que las actuaciones principales se originaron a instancia de la Administración, en el marco del cumplimiento de lo acordado en Acta Acuerdo Comisión Negociadora, Ley N° 7759, Régimen Salarial 27 de fecha 18 de julio de 2023, homologada mediante Decreto Nº 1602/23 publicado con fecha 18 de agosto de 2023, ratificado por Ley Nº 9480, en relación a la incorporación de la agente al Adicional por Mayor Dedicación Profesional, culminando con el dictado del acto administrativo hoy cuestionado; Que el otorgamiento del Adicional por Mayor Dedicación Profesional regulado por el Art. 12 de la Ley Nº 7759, puede ser revocado (o disminuido) por razones de oportunidad, por encuadrarse dentro las excepciones a la irrevocabilidad del acto administrativo, en los términos del Art. 97 inc. 2 de la Ley Nº 9003; Que en efecto, la posibilidad de la recurrente de ser incluida en el adicional surgió de su inserción en el listado plasmado en el acta paritaria y no tiene relación con la situación jurídica de la agente previa a la misma. No existía un derecho de la agente de percibir el adicional por no reunir los requisitos que expresamente establece el Art. 12 de la Ley Nº 7759. En definitiva, no operó un “pase” (como refiere la recurrente) ni tampoco ninguna “transformación”, sino que, a raíz de la inclusión de la recurrente en el listado referido, se la incorporó al adicional mediante resolución (única forma que ello podría operar) en cumplimiento de las obligaciones asumidas por la Administración en la negociación paritaria; Que es recién con el acto administrativo que surge el derecho al cobro del Adicional por Mayor Dedicación Profesional, por imperio del principio de legalidad que impregna el obrar de la Administración. En este sentido, tal como se ha afirmado, “no debe olvidarse que tanto en materia de contratos públicos, como en los demás ámbitos en que se desarrolla su actividad, la Administración y las entidades y empresas Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial estatales se hallan sujetas al principio de legalidad, cuya virtualidad propia es la de desplazar la plena vigencia de la regla de la autonomía de la voluntad de las partes, en la medida en que somete la celebración del contrato a las formalidades preestablecidas para cada caso y el objeto del acuerdo de partes a contenidos impuestos normativamente, de los cuales las personas públicas no se hallan habilitadas para disponer sin expresa autorización legal”; Que de ello se desprende que todo el marco de legalidad dado por el legislador, en su extensión y alcance particular no puede ser avasallado por la autonomía de la voluntad ejercida y volcada en los acuerdos paritarios. Estos últimos son integrantes de un marco normativo aplicable, pero, sin lugar a dudas no pueden posicionarse en una jerarquía superior a las normas de orden público dictadas sobre la materia; Que como corolario de este razonamiento se desprende el carácter excepcional de las disposiciones contenidas en el Acuerdo Paritario, lo que impide su aplicación retroactiva o extensiva a agentes no incluidos en el listado, atento a lo dispuesto por el Art. 82 de la Ley Nº 8729, el Art. 6 del Decreto Nº 944/04 y c.c.; Que asimismo se entiende que no corresponde el pago de diferencias salariales en tanto a que el tiempo durante el cual la agente permaneció vinculada con la Administración a través de Acuerdos de Servicios Personales para Prestaciones Indispensables recibió la correspondiente contraprestación por la tarea cumplida, régimen al cual se sometió voluntariamente y sin reparos, siendo la misma razón que fundamenta el rechazo del reclamo del pago de los aportes jubilatorios atento a que su inclusión en el régimen de monotributo absorbió la carga de aportes al sistema jubilatorio; Que dicho acto administrativo se encuentra legalmente fundado en los hechos y derechos aplicables, sin incurrir en violación de la normativa y principios contenidos en la Constitución Nacional, Tratados Internacionales, Constitución Provincial, Legislación y Jurisprudencia correspondientes; Que analizados los fundamentos del acto administrativo recurrido, no encuentra falta de razonabilidad ni arbitrariedad en su dictado, como tampoco vicio en el objeto ni falta de motivación como cita la recurrente, ya que no se ha apartado de los hechos acreditados en autos, ni se funda en pruebas inexistentes, habiendo sido dictada en base a lo establecido en la normativa vigente en la materia; Que es decir que, en la resolución recurrida, se ha realizado una correcta valoración de la prueba incorporada, basta con analizar los considerandos de la misma, siendo también correcto el encuadre jurídico efectuado, estando así la resolución recurrida, suficientemente motivada conforme a lo dispuesto en el Art. 45 de la Ley Nº 9003; Que de las constancias de autos, surge que tampoco se ha configurado en el caso de marras el vicio de la voluntad citado por el recurrente, habiéndose respetado en todo momento el derecho de defensa; Que la Resolución recurrida se ha fundamentado correctamente en el derecho aplicable, no existiendo ninguna interpretación de la normativa citada que haya violado los derechos de la recurrente ni los principios de Derecho aplicables como afirma genéricamente; Que en la pieza analizada, surge una total correlación entre las circunstancias de hecho y el derecho aplicable al caso; Que el acto atacado no se encuentra viciado, sino que, por el contrario, se trata de un acto administrativo regular que reúne todos los requisitos impuestos por la legislación vigente. Atento a que no se encuentra vicio de ilegitimidad alguno en el acto emitido; Por ello, en razón de lo dictaminado por la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud y Deportes en orden y por Asesoría de Gobierno en orden del expediente EX-2024-01011150--GDEMZA-CCC, Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DECRETA: Artículo 1º- Acéptese formalmente y rechácese sustancialmente el Recurso Jerárquico interpuesto por la Lic. VALERIA GIANINA IZQUIERDO, DNI Nº 30.571.402, CUIL Nº 27-30571402-5, en contra de la Resolución Nº 3442/23 del ex Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes, en virtud de lo expuesto en los considerandos del presente decreto. Artículo 2º- Notifíquese, comuníquese, publíquese, dése al Registro Oficial y archívese. LIC. ALFREDO V. CORNEJO LIC. RODOLFO MONTERO S/Cargo 02/12/2025 (1 Pub.)