DECRETOS
Decreto Nº 2226
MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA
- Fecha de publicación
- 19 de noviembre de 2025
- Fecha de la norma
- 13 de octubre de 2025
- Referencia documental
- Boletín Nº 32.480 · páginas 6–8
Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza
Decreto N°: 2226
MENDOZA, 13 DE OCTUBRE DE 2025
Visto el Expediente Electrónico N° EX-2024-06106525- -GDEMZA-CCC, sus tramitaciones conjuntas Nros.
EX-2022-00625203-
-GDEMZA-MESAENTGENERAL#MSEG,
EX-2023-09094896-
-GDEMZA-
DGSERP#MSEG; y
CONSIDERANDO:
Que en las citadas actuaciones el ex Agente S.C.S. TORRES OCAMPO, GERARDO FABIAN, interpone
Recurso Jerárquico contra la Resolución N° 2400-SyJ/2024 del Ministerio de Seguridad y Justicia, que
aceptó desde lo formal y rechazó desde lo sustancial el Recurso de Revocatoria contra la Resolución N°
137-S-22 del entonces Ministerio de Seguridad, que le aplicó la sanción de Cesantía por la comisión de la
falta prevista en el Art. 8° incisos a), b), e) y l) y Art. 35 en función con el Art. 232 de la Ley N° 7493, y
consecuentemente por aplicación del Art. 5 inc. f) del Anexo de la Ley Nº 9103;
Que en orden 41 Asesoría de Gobierno efectúa un análisis formal del recurso, dictamina: “…esta Asesoría
entiende que habiendo sido notificado el acto cuestionado en fecha 29/07/24 (v. orden 30
EX-2023-09094896- -GDEMZA-DGSERP#MSEG), el recurso presentado el día 21 de agosto de 2024
(según la fecha de creación del ticket de orden 03, resulta interpuesto fuera del término de quince (15) días
establecido por Art. 179 de la Ley N° 9003. Los plazos establecidos para interponer recursos
administrativos, son perentorios, por lo que una vez vencidos los mismos, decae el derecho a presentarlos.
No obstante, vencidos los mismos, el acto en cuestión puede igualmente ser materia de revisión por
denuncia de ilegitimidad, con los efectos y en las condiciones de la misma"; mientras que el Art. 173 punto
II de la LPA establece: "Denuncia de ilegitimidad: Vencidos los plazos establecidos para interponer
recursos
administrativos,
los
interpuestos
extemporáneamente
serán
declarados
formalmente
inadmisibles. Ello no obstará a que el órgano competente para su resolución deba calificar al recurso tardío
como denuncia de ilegitimidad, siendo su deber tramitarla y resolverla, a menos que la denuncia sea
improcedente en los términos del párrafo siguiente. Son impedimentos al progreso de la denuncia de
ilegitimidad: a) Motivos de seguridad jurídica en el mantenimiento de la situación o relación jurídicas
devenidas firmes, cuando su revisión pueda perjudicar la confianza legítima de terceros o los intereses
públicos gestionados por la administración; b) Encontrarse excedidas razonables pautas temporales, que
permitan presumir el abandono voluntario del derecho invocado por el denunciante. La desestimación de la
denuncia, tanto formal como sustancial, deberá fundarse circunstanciadamente.
En tal caso, la declaración en cuanto al fondo de la denuncia de ilegitimidad no es impugnable mediante
los recursos que se regulan en esta Ley". En el presente caso, el recurso Jerárquico debe declararse
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
formalmente inadmisible, por haber concretado Torres su reclamo después del vencimiento del plazo
predispuesto a tal efecto. No obstante ello, entendemos procede darle trato al fondo del planteo como
denuncia de ilegitimidad, por verificarse las condiciones legales de este instituto. Pero resulta oportuno
señalar que la decisión que en definitiva se adopte es irrevisable en sede judicial, conforme la pauta
sentada por la Corte Federal: "la decisión administrativa que desestima en cuanto al fondo un recurso
extemporáneo, tramitado en el caso como denuncia de ilegitimidad, no es susceptible de ser impugnada
en sede judicial porque, al haber dejado vencer el interesado el término para deducir los recursos
administrativos, ha quedado clausurada la vía recursiva, y, por ende, la posibilidad de agotar la vía
administrativa, requisito insoslayable para la habilitación de la instancia judicial" (CSJN, Expte. G. 1530.
XXXII, 4/2/1999 "Recurso de hecho deducido por Haydée María Gorordo Allaria de Kralj en la causa
Gorordo Allaria de Kralj, Haydée María c/ Estado Nacional (Ministerio de Cultura y Educación)".”;
Que el recurrente se agravia al considerar que: “…solo ratifico y reitero los fundamentos que no fueron
analizados en la resolución recurrida y que son abiertamente contrarios a la norma legal aplicable. En tal
sentido, los fundamentos del recurso interpuesto respecto a la PRESCRIPCION DEL SUMARIO surgen del
Recurso de Reconsideración interpuesto y son ratificados por la siguiente jurisprudencia aplicable a esta
situación…”, fallo CUIJ: 13-03592476-5 “ZUCHETTI, CLAUDIO GABRIEL C/ GOBIERNO DE LA
PROVINCIA DE MENDOZA (MINISTERIO DE TRABAJO, JUSTICIA Y GOBIERNO) P/ ACCIÓN
PROCESAL ADMINISTRATIVA”;
Que, asimismo, Asesoría de Gobierno efectúa un análisis sustancial del recurso, dictamina: “…Mediante
Resolución N° 29/16 de fecha 11/2/16 (fs. 54 y vta.) la Inspección General de Seguridad dispuso la
instrucción de formal sumario administrativo. (…) 3) En fecha 4/11/2016 (fs. 73 y vta.) se produce la
declaración indagatoria en la que se imputa al recurrente “prima facie” el incumplimiento de los deberes
establecidos por el Art. 8 incisos a), b), e) y l) de la Ley 7493. 4) A fs. 146/162 obra sentencia Nº 6904
dictada en fecha 8 de noviembre de 2016 por la Tercera Cámara del Crimen en autos P-65.040/15 y su
acumulado P-65.145/15, condenando a Torres Ocampo a la pena de dos años de prisión de ejecución
condicional, por resultar penalmente responsable del delito de Coacciones (Art. 149 bis, segundo párrafo
del Cód. Penal) en la causa P-65.040/15, y del delito de Amenazas simples (art. 149 bis, primer párrafo,
primer supuesto del Cód. Penal) en la causa P-65.145/15. 5) Que a fs. 123/124 y vuelta obra Resolución
153/2021 del Directorio de la Inspección General de Seguridad de fecha 25/2/2021, mediante la cual
resuelve declarar la nulidad de la notificación para alegar y retrotraer el proceso a la etapa anterior, a fin de
comunicar correctamente al sumariado la posibilidad de ejercer tal prerrogativa procedimental.
6) Finalmente, en fecha 28 de Enero de 2022 y mediante Resolución Nº 137-S (Artículo 1°) se dispuso
aplicar la sanción de Cesantía al Agente S.C.S. TORRES OCAMPO, GERARDO FABIAN, por la comisión
de la falta prevista en el artículo 8° incisos a), b), e) y l) y art. 35 en función con el art. 232 de la Ley N°
7493 y consecuentemente por aplicación del art. 5 inc. f) del Anexo de la Ley Nº 9103. Ahora bien, aún
cuando entre la fecha del hecho investigado y la aplicación de la sanción transcurrió un considerable lapso
temporal, advertimos que la nulidad declarada de oficio por la IGS en fecha 25/2/21 tuvo en miras
salvaguardar el debido proceso y permitir el ejercicio del derecho de defensa de Torres Ocampo, por haber
sido defectuosa la anterior notificación para alegar. Pero más allá de ello, y en lo que consideramos
dirimente para la resolución del recurso, el artículo 11 de la Ley 7493 dispone que: “El estado penitenciario
se pierde por: …b) condena impuesta por sentencia firme a pena privativa de libertad por delito doloso o
inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas”. Dicha norma, complementada con lo establecido por
el artículo 26 de la misma ley respecto a que al servicio penitenciario provincial “no podrán ingresar: …2)
quienes hubieran sido condenados por delitos dolosos”, determina que Torres Ocampo ha perdido su
cargo por imperio de la condena dictada por la Tercera Cámara del Crimen, con independencia de la
Cesantía dispuesta en el sumario. Lo cual implica que esta sanción no agravia al recurrente, en tanto y en
cuanto la eventual acogida del presente recurso no le reportará beneficio alguno. En tal orden de ideas,
considerando que los diversos regímenes disciplinarios reciben la proyección de las garantías y principios
del derecho procesal penal -en el caso del régimen penitenciario, por expresa prescripción del Art. 232 de
la Ley N° 7493, es dable recordar que no existe “recurso sólo en interés de la ley” (Art. 449 Cód. Procesal
Penal). La existencia de gravamen es un presupuesto general material de la interposición de recursos, lo
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
cual no es sino una aplicación a la instancia procedimental transitada del principio general que condiciona
la procedencia de cualquier planteo de invalidez a la existencia de un perjuicio efectivo, práctico y
concreto. Es decir, sólo cuando sea susceptible de beneficiar procesalmente –“interés procesal”- a la parte
que lo insta. En síntesis, a criterio de esta Asesoría de Gobierno el recurso Jerárquico interpuesto debe ser
rechazado formalmente. Y canalizado el reclamo como denuncia de ilegitimidad a fin de resolver sobre el
fondo del planteo, debe desestimarse sustancialmente, confirmándose en consecuencia el acto
recurrido…”;
Por ello y compartiendo lo dictaminado por Asesoría de Gobierno en orden 41;
EL
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:
Artículo 1º - Admítase desde el aspecto formal y rechácese la denuncia de ilegitimidad interpuesta por el ex
Agente S.C.S. TORRES OCAMPO, GERARDO FABIAN, D.N.I. N° 33.417.404, contra la Resolución N°
2400-SyJ/2024 emitida por el Ministerio de Seguridad y Justicia, por los motivos expuestos en los
considerandos precedentes.
Artículo 2º - A fin de dar cumplimiento con lo dispuesto por el Art. 150 de la Ley N° 9003, hágase saber al
administrado que conforme a los recaudos previstos por el Art. 150 de la Ley 9003 dicho acto
administrativo no es impugnable en sede judicial. El eventual disenso con tal aserto podría plantearlo
mediante acción procesal administrativa, a interponerse en el plazo de treinta (30) días corridos desde el
día siguiente al de la notificación de la decisión administrativa (Art. 20 de la Ley N° 3918).
Artículo 3º - Comuníquese, publíquese, dese al Registro Oficial y archívese.
LIC. ALFREDO V. CORNEJO
MGTR. MARIA MERCEDES RUS
S/Cargo
19/11/2025 (1 Pub.)
