DECRETOS

Decreto Nº 1843

Fecha de publicación
31 de octubre de 2025
Fecha de la norma
28 de agosto de 2025
Referencia documental
Boletín Nº 32.467 · páginas 17–21
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Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza

Decreto N°: 1843 MENDOZA, 28 DE AGOSTO DE 2025 Visto el expediente N° EX-2025-05310567-GDEMZA-CCC, en el cual el Doctor Sergio Barochovich, en nombre y representación de SAUDA S.R.L, CUIT Nº 30-69954382-5, interpone Recurso Jerárquico en contra de la Resolución Nº 142 de fecha 03 de junio de 2025 emitida por la Dirección de Fiscalización, Control y Tecnología Agroindustrial; y CONSIDERANDO: Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial Que los requisitos formales de procedencia del Recurso interpuesto han sido debidamente observados, toda vez que ha sido interpuesto en legal tiempo y forma, todo ello a tenor de lo dispuesto por el Artículo 179 de la L.P.A Nº 9003 y de conformidad a las constancias de órdenes 37 y 38 del expediente asociado EX-2024-01192391-GDEMZA-DFYC#MEIYE; Que el recurrente está legitimado para ser parte en el presente procedimiento en virtud de las constancias del expediente y de lo dispuesto en los Artículos 117 segundo párrafo, 119 y 120 de la Ley Nº 9003 que determina que serán parte interesada en el procedimiento administrativo cualquier persona física o jurídica, pública o privada, que invoque un interés jurídicamente protegido debiendo los representantes acreditar personería desde la primera intervención que hagan a nombre de sus mandantes; Que en relación al recurso interpuesto cabe señalar que, en términos generales, en los escritos se reiteran argumentos originalmente sostenidos y que han sido tratados y rebatidos en dictamen de orden 13 y 27 emitidos en EX-2024-3250616-GDEMZA-DFYC#MEIYE fundando el correspondiente acto administrativo, es decir, la Resolución N° 324/24-DFYCTA y la Resolución N° 142/2025-DFYCTA; Que el recurrente aduce que se ha incurrido en rigorismo formal al considerar las circunstancias fácticas en las que se desarrolló la conducta que debe ser evaluada en concreto, teniendo en cuenta la volatilidad de las variables económicas ajenas al accionar del administrado; Que debe tenerse presente que se trata de una infracción formal, prevista en la normativa vigente aplicable al presente caso. Así las cosas, se ha entendido que la infracción comprobada por Acta N° 1336 constituye una violación de la disposición del Artículo 11 del Decreto N° 274/19 y por ello corresponde la aplicación de la sanción prevista al efecto en el Artículo 57 inciso b) del mismo instrumento legal, resultando ello en una adecuada motivación conforme las previsiones del Artículo 45 incisos a), b) y d) segundo párrafo de la Ley N°9003; Que comprobadas las condiciones previstas en la norma, se configura la infracción y corresponde la aplicación de la sanción. El Decreto N° 274/19 regula aspectos vinculados con el correcto funcionamiento de los mercados teniendo como finalidad una mayor protección de los consumidores y usuarios, por lo que no requiere un daño concreto al consumidor sino que basta la posibilidad de que exista el daño. En las actuaciones se constata mediante Acta N° 1336 la publicidad engañosa, al publicar un precio en góndola y cobrar otro en caja, hecho que conforma la infracción prevista en el Artículo 11 de la norma citada; Que a mayor abundamiento, cabe destacar que si el presentante considera que lo consignado en el Acta de Infracción es erróneo, deberá recurrir a la correspondiente vía judicial y mediante la pertinente querella de falsedad. Ello por cuanto el Artículo 296 CCCN se refiere al tema de Valor Probatorio del instrumento público en general. El artículo en cuestión, reza expresamente: “El instrumento público hace plena fe: a) en cuanto a que se ha realizado el acto, la fecha, el lugar y los hechos que el oficial público enuncia como cumplidos por él o ante él hasta que sea declarado falso en juicio civil o criminal; b) en cuanto al contenido de las declaraciones sobre convenciones, disposiciones, pagos, reconocimientos y enunciaciones de hechos directamente relacionados con el objeto principal del acto instrumentado, hasta que se produzca prueba en contrario”; Que en el mencionado inciso a) aparecen los hechos que el oficial público enuncia como cumplidos por él mismo o pasados en su presencia. Es dable considerar que respecto de estas afirmaciones el documento aportará una prueba extraordinaria; Que es un oficial público dotado de fe pública. “… El funcionario, cuando se trata de actividades o hechos que él mismo cumple, dirá “intimo”, “apercibo”, “notifico”, “leo”, según lo que se le haya solicitado como actividad a cumplir. En estos casos, por tratarse de hechos que él mismo ha realizado, en ejercicio de su atribución fedataria, los mismos estarán refrendados o reforzados con el máximo valor probatorio. Solo pueden caer tales comprobaciones mediante el procedimiento expreso que la doctrina denomina “redargución de falsedad”; Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial Que en el viejo código de Vélez, se aludía a este procedimiento impugnativo con la palabra “argución” (Artículo 993 del código derogado); pero, lamentablemente, el CCCN no utiliza esta técnica expresión. Aun a pesar de la ausencia de la palabra, es merced a este trámite judicial que puede llegarse a la declaración de falsedad de la que habla la norma; Que en cuanto a los actos pasados en presencia del oficial público, que son los primeros a los que alude el inciso, están dotados de idéntico valor probatorio y son todos los sucesos de interés jurídico que el oficial percibe directamente por sus sentidos (“de visu et auditu suis sensibus”). (Ventura, Gabriel B. “El valor probatorio de los instrumentos públicos en el Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación); Que conforme a las explicaciones vertidas precedentemente, es claro que los hechos que los inspectores dejan sentados en las actas como pasados ante su presencia no pueden ser desconocidos por el recurrente en la vía administrativa debiendo recurrir a la correspondiente vía judicial y mediante la pertinente querella de falsedad; Que hasta que no se produzca la declaración de falsedad del instrumento público cuestionado, el mismo hace plena fe de los hechos que en él se enuncian y cuya veracidad pretende el recurrente desconocer en sede administrativa; Que el recurrente aduce entre sus argumentaciones la falta de motivación y fundamentación del acto administrativo, citando como fundamento la normativa prevista en la Ley de Procedimiento Administrativo N° 9003; Que aduce textualmente: “En definitiva, de las constancias del acta labrada y de falta de valoración las pruebas aportadas por mi mandante en forma suficiente, e imputarle la infracción por el mero hecho de no contar con precios en la góndola dentro del descalabro vivido en el día de la inspección por razones ajenas al administrado, surge de manera evidente que el acto administrativo se encuentra aparentemente fundado sólo en apreciaciones, dogmáticas e infundadas, y en consecuencia carece de causa y motivación, por lo que resulta nula de nulidad absoluta e insalvable, además de sostener que es arbitraria”. Hace referencia al “descalabro” vivido el día de la inspección, “razones ajenas al administrado” y que el “acto administrativo se encuentra aparentemente fundado en apreciaciones dogmáticas e infundadas”; Que los actos administrativos emitidos en las actuaciones administrativas se encuentran motivados, lo que puede corroborarse con la simple lectura de las Resoluciones de orden 16 y 30 del EX-2024-03250616-GDEMZA-DFYC#MEIYE (Resoluciones Nros. 334/24 y 142/25, respectivamente); Que aun cuando el mismo no se encontrara motivado (situación que no se da en el presente caso), reconocida doctrina entiende que “... la motivación debe ser concomitante al acto, pero por excepción puede admitirse motivación previa, si ella surge de informes y dictámenes que sean expresamente invocados o comunicados...” (Dromi Roberto, Derecho Administrativo. Pág. 270 Ed. Ciudad Argentina); Que así, Tomás Hutchinson explica que “...la motivación es suficiente si obran en informes o antecedentes que permitan conocerla...” (Hutchinson Tomás, Ley Nacional de Procedimiento Administrativo. Ley 19.549. Anotada, Comentada y Concordada con Normas Provinciales, Bs. As. 1985, pág. 323). Ello es así porque los expedientes administrativos deben ser considerados en su totalidad y no en forma aislada, ya que se trata de un mismo procedimiento; Que los aspectos citados han sido debidamente tratados en las etapas previas y pertinentes por el servicio jurídico interviniente de la repartición de origen y forman parte de la MOTIVACION de los actos administrativos emitidos (tanto al aplicar la sanción correspondiente como al rechazar el recurso de revocatoria previamente deducido), siendo relevante recordar que en estos supuestos la misma (motivación) es obligatoria en el caso concreto y resulta suficiente (Artículos 38, 39 y 45 incisos a), b) y d) segunda parte de la Ley N°9003); Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial Que es por ello que carecen de sustento las afirmaciones relativas a la presunta inexistencia o insuficiencia de motivación de las decisiones administrativas recurridas, en tanto todas ellas han fundado en derecho el accionar estatal, describiendo las circunstancias fácticas detectadas en forma precisa y aplicando el derecho que se ha considerado pertinente; Que de la sola compulsa de las actuaciones se puede comprobar que la imputación efectuada es autosuficiente, completa y determina con claridad el hecho infractor, aspecto que ha sido tratado en el dictamen legal y que la norma ratifica en todos sus términos; Que otro de los argumentos esgrimidos por el presentante se relaciona a que el monto de la multa es exorbitante, lo que no ha podido ser verificado en estas actuaciones; Que, sin perjuicio de ello, debe recordarse que la imposición de la misma es efectuada por la autoridad administrativa en el marco de los Artículos 38 y 39 de la Ley N° 9003 y es una facultad de ejercicio discrecional (lo que induce a la necesidad de debida motivación, Artículo 45 inciso d) última parte de la Ley N° 9003) en tanto se efectivice entre los límites mínimos y máximos establecidos legalmente, debiendo en consecuencia ser razonablemente merituada sin que ello conduzca necesariamente a la materialización de una disminución como se solicita ni que asista derecho a tal proceder por parte del recurrente; Que téngase presente así mismo, que la empresa sancionada es reincidente conforme constancias de las presentes actuaciones; Que, por su parte, la Sala II, sentenció que “las infracciones pertenecen, a un régimen de policía administrativa de modo tal que la constatación de su comisión genera la consiguiente responsabilidad y sanción al infractor, salvo que éste invoque y demuestre la existencia de alguna circunstancia exculpatoria válida (esta Sala in re “Groisman” del 13/07/82). Y la aplicación de las consiguientes sanciones constituye, en definitiva, el ejercicio del poder propio de la Administración cuya razonabilidad cae bajo el control del Poder Judicial para evitar que la discrecionalidad se convierta en arbitrariedad (ídem “Alleno, Luis María c/Prefectura Naval Argentina s/Apel. Disposición N° 36/90 del 04/08/92, entre otros; “Cargill SA c/IASCAV –Resolución N° 69/96, autos N°18.884/96” CNac. Cont. Administrativa Federal, Sala II); Que en relación a la solicitud de reducción de la multa impuesta, téngase presente que el Artículo 83 de la LPA dispone que: “La interposición de recursos administrativos no suspende la ejecución del acto impugnado; pero la autoridad que lo dictó o la que debe resolver el recurso puede disponer, de oficio o a requerimiento y en ambos casos mediante resolución fundada, la suspensión, en cualquiera de los siguientes casos: a) cuando con la ejecución se cause un daño de difícil o imposible reparación al recurrente o un daño proporcionalmente mayor que los perjuicios que la suspensión acarrearía a la entidad estatal. b) cuando se alegare fundadamente un vicio grave en el acto impugnado. c) por razones de interés público.” Esto fue solicitado por el recurrente en etapas previas y rechazado oportunamente. A ello, debe agregarse que la empresa es reincidente, como se mencionara ut supra; Que por lo expuesto y en conformidad con lo dictaminado por la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Producción y por Asesoría de Gobierno, EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DECRETA: Artículo 1º - Acéptese desde el punto de vista formal y rechácese sustancialmente, por las razones expuestas en los considerandos de este decreto, el Recurso Jerárquico interpuesto por el Doctor Sergio Barochovich, en nombre y representación de SAUDA S.R.L, CUIT Nº 30-69954382-5, contra de la Resolución Nº 142 emitida por la Dirección de Fiscalización,Control y Tecnología Agroindustrial en fecha Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial 03 de junio de 2025, por lo que la misma queda firme en todos sus términos. Artículo 2º - Comuníquese, publíquese, notifíquese, dése al Registro Oficial y archívese. LIC. ALFREDO V. CORNEJO LIC. RODOLFO VARGAS S/Cargo 31/10/2025 (1 Pub.)