DECRETOS

Decreto Nº 1751

Fecha de publicación
16 de octubre de 2025
Fecha de la norma
18 de agosto de 2025
Referencia documental
Boletín Nº 32.456 · páginas 14–18
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Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza

Decreto N°: 1751 MENDOZA, 18 DE AGOSTO DE 2025 Visto el Expediente Nº EX-2023-07329431--GDEMZA-CCC; y CONSIDERANDO: Que de los antecedentes obrantes en el Expediente EX-2020-05980667--GDEMZA-DAYD#MGTYJ caratulado “SUBSECRETARÍA DE TRABAJO Y EMPLEO. ASUNTO RESERVADO” constan como principales actuaciones: Que en el Orden 02 obra informe de la Subsecretaría de Trabajo y Empleo, de fecha 11/12/2020, sobre irregularidades en la asistencia del agente Juan Carrizo donde se pone en conocimiento: a).- Se le otorga al recurrente licencia anual desde el 28/09/2020 hasta el 18/10/2020; al no reintegrarse luego de una semana, se le llama por teléfono y allí informa que se encuentra con COVID, b).- El día 29/10/2020 el Sr. Carrizo envía por correo electrónico captura de pantalla de fecha 21/10/2020, de un certificado médico donde consta la existencia de síntomas compatibles con COVID, recomendando aislamiento por diez días a partir del 23/10/2020, quedando pendiente resultado de PCR y alta definitiva. El 09/11/2020 al no haber respuesta del PCR ni del alta, se comunican telefónicamente con el quejoso donde Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial se recibe como respuesta un audio de OSEP que indica que el alta la puede dar un médico de la Subsecretaría, a lo cual se le responde que debe ser su médico personal o de una mutual, c).- El 01/12/2020 el recurrente se comunica telefónicamente para informar que le dieron el alta epidemiológica en OSEP a partir del 26/11/2020; se le pidió presentar toda documentación en la Subsecretaría; y si hay un nuevo certificado médico debe presentarse ante la Junta médica a fin de ratificar o rectificar el mismo. Por último se señala que el agente sigue ausente; Que en el Orden 09 obra Acta de la Subsecretaría de Trabajo, de fecha 06/01/2021, por la cual se deja constancia de la presentación que hace el recurrente en forma extemporánea de tres certificados médicos sobre inasistencia desde el 19/10/2020 hasta la fecha. En el Orden 10 obra constancia de presentación de certificados médicos; Que en el Orden 13 el Sr. Subsecretario de Trabajo indica que, atento a lo dictaminado por la Junta Médica, se le debe descontar cinco días y el adicional de presentismo al Sr. Carrizo; Que en el Orden 16 obra Resolución N° 3328, de la Subsecretaría de Trabajo, por la cual se ordena la instrucción o inicio de sumario administrativo del Sr. Carrizo, conforme lo disponen los Artículos 16, 1° parte, 17 y concordantes de la Ley N° 9103; Que se produce las medidas de prueba pertinentes durante el sumario y el debido ejercicio de la defensa, en el Orden 60 obra dictamen legal; Que en el Orden 67 obra dictamen de la Junta de Disciplina, de fecha 28/07/2023 el cual concluye que en la instrucción fueron debidamente resguardadas las garantías del debido proceso y derecho de defensa del agente Carrizo por lo que según el criterio de la Junta de Disciplina el presente procedimiento no adolece ningún vicio de forma. Respecto a la conclusiones arribadas por la Instrucción, entiende que estas se hayan debidamente fundadas en derecho y que los argumentos de la defensa no desvirtúan las faltas en que el agente incurrió, las cuales encuadran en lo dispuesto por el Artículo 13, incisos a, d, y w del Decreto N° 560/73; compartiendo el criterio de la instrucción sugiriendo la aplicación de sanción de suspensión por el plazo de treinta (30) días, conforme lo dispuesto por el Artículo 4, inciso b), e inciso c) anexo de la Ley N° 9103; Que en Orden 71 obra Resolución N° 188, de fecha 18/09/2023, por el cual el Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia, clausura el sumario administrativo, resolviendo aplicar la sanción de suspensión por el plazo de treinta días al Sr. Juan Carrizo. En el Orden 74 obra notificación al quejoso de la citada resolución en fecha 21/09/2023, cumpliendo lo dispuesto por el Artículo 150 de la Ley N° 9003; Que el recurrente interpone recurso jerárquico contra la Resolución N° 188 emanada del entonces Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia. En el caso de autos el acto administrativo impugnado es dictado por el Sr. Ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial; Que el recurso jerárquico según lo dispuesto por el Artículo 179 se debe interponer ante un órgano superior en la línea jerárquica de la entidad de que se trate, por lo que el presente remedio legal se debe admitir al ser impetrado por ante el Sr. Gobernador de la Provincia; Que respecto al plazo de interposición, cabe señalar que en el Orden 74 obra notificación al quejoso de la resolución atacada en fecha 21/09/2023, y el recurso fue interpuesto el 26/09/2023, por lo que este último debe ser admitido; Que el recurrente propicia el rechazo del acto administrativo asegurando que la conclusión del sumario carece de los pasos de la lógica deductiva que debe seguir adelante cualquier proceso racional, que implica afirmar una premisa. Agrega que la investigación debe apuntar a probar que el agente es responsable por los hechos imputados, es decir que efectivamente obró como dice la administración; si la Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial Administración pretende aplicarle una sanción, debe extremar los recaudos probatorios necesarios para poder establecer la existencia de los hechos; no existe ninguna prueba que acredite la existencia del hecho; Que al fundar la pretensión el recurrente sostiene arbitrariedad por exceder el objetivo jurídico de las sanciones administrativas, toda vez que el fin de las mismas es la de lograr la ejecución y el cumplimiento de un contrato administrativo de empleo. Reitera que no existe incumplimiento; Que el quejoso entiende que existe ilegalidad constitucional de la medida adoptada por violar los principios constitucionales del principio de inocencia, y el in dubio pro reo; ello ya que no hay elementos para la sanción; Que por los mismos motivos alegados afirma la existencia de falta de motivación por parte de la administración, que no sólo sanciona sin pruebas, sino que lo hace con un rigorismo que afecta sus derechos fundamentales, tal como la propiedad y derechos alimentarios; Que suscita el reproche del quejoso al señalar que el sumariante “exige” al agente, probar su inocencia, cuando en realidad esto es imposible, ya que las negativas no pueden ser objeto de prueba; Que son aplicables al caso de marras las siguientes disposiciones: Que el Art. 13 del Dec. Ley N° 560/73 dispone: “Sin perjuicio de los deberes que particularmente impongan las leyes, decretos y resoluciones especiales, el personal está obligado a: a) La prestación personal del servicio, con eficiencia, capacidad y diligencia, en el lugar, condiciones de tiempo y forma, que determinen las disposiciones reglamentarias correspondientes; b) Observar, en el servicio y fuera de él, una conducta decorosa y digna de la consideración y de la confianza que su estado oficial exige; (…).”; Que el Art. 45 Ley N° 5811 establece: “El agente, salvo casos de fuerza mayor, deberá dar aviso de la enfermedad o accidente y del lugar en que se encuentra, en el transcurso del primer día y en el horario de labor al que deja de asistir. Mientras no lo haga perderá la remuneración correspondiente a los días en que no preste el servicio, previos al aviso, salvo que la existencia de la enfermedad o accidente, teniendo en cuenta su carácter de gravedad, resulte luego inequívocamente acreditada”; Que el Art. 10 del Decreto 727/93 dice: “El otorgamiento de la licencia se encuentra condicionado a la presentación de certificación médica. La autoridad concedente podrá comprobar la existencia de la enfermedad y posibilidades de recuperación con su servicio médico o profesional médico que determine. En caso de disidencia se estará al dictamen de la Junta Médica de la Subsecretaría de Trabajo y Seguridad Social.”; Que la Ley N° 8696, aplicable al personal de la Subsecretaría de Trabajo y Empleo, estatuye: Art. 7: “Sin perjuicio de los deberes que impongan en forma específica las leyes, decretos y los actos administrativos de alcance general, el personal está obligado a: a) Prestar el servicio personalmente, encuadrando su cumplimiento en principios de eficiencia, eficacia e idoneidad laboral en las condiciones y modalidades que resultan del presente Convenio y en las que pudiera determinar la SSTSS, en ejercicio de sus facultades. b) Observar en el servicio y fuera de él una actitud ética acorde con su calidad de servidor público, debiendo asimismo asumir una conducta decorosa y leal y un comportamiento digno de la consideración, responsabilidad y confianza que su condición de empleado público exige. En virtud de ello, deberá ajustar su comportamiento a lo preceptuado en el Código de Ética que la SSTSS haya aprobado para su personal, como así también a toda norma que en materia de ética pública rija en el ámbito del Estado Provincial.(…), e) Obedecer toda orden legal emanada de una autoridad con atribuciones y competencia para darla, que reúna las formalidades del caso y tenga por objeto la realización de actos de servicio compatibles con las funciones del trabajador.(…), o) Cumplir íntegramente y en forma regular el horario de labor establecido.(…).”; Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial Que cabe señalar que el embate del recurso jerárquico bajo estudio resulta del todo inconducente para conmover el sentido de la solución arribada en la Resolución en crítica, habida cuenta que más allá de las divergencias de criterio que pudiesen existir entre el órgano decisor y el quejoso, el acto administrativo se encuentra debidamente fundado fáctica y jurídicamente; Que la línea de razonamiento que guía la crítica del impugnante se desentiende de la estructura esencial sobre la que se basa la decisión adoptada. El quejoso afirma que no existe ninguna prueba que acredite la existencia del hecho, lo cual –más allá de que no especifica porqué razón considera la prueba como inexistente- es a todas luces falaz ya que de la documentación y demás probanzas existentes se constata la existencia de la falta cometida, la cual funda la sanción impuesta; Que no constituye una verdadera expresión de agravios el escrito que sólo contiene simples afirmaciones dogmáticas, con alegaciones genéricas sobre las pruebas. A ello hay que agregar que expresar disconformidad no comporta una crítica razonada, si no se consigna expresamente cuales son los fundamentos de los agravios que se irrogan y en qué se basa para alegar la arbitrariedad denunciada. El quejoso no invoca ni acredita la existencia de vicios, errores o arbitrariedades concretas en los actos administrativos dictados por la autoridad durante el sumario; Que el libelo recursivo del Sr. Carrizo no asentó porqué motivo los elementos probatorios producidos no eran conducentes para llegar a acreditar la falta y consiguiente sanción; Que la disconformidad con los criterios de la autoridad administrativa que dicta el acto, las remisiones o generalidades, las teorizaciones, o la afirmación de que el sumario carece de los pasos de la lógica deductiva que debe seguir adelante cualquier proceso racional sin especificar en el caso concreto a qué se debe tal conclusión, no son idóneas para sostener el recurso, si no contiene expresa alegación al caso de marras. De la lectura del escrito surge que no constituye un análisis crítico de los fundamentos del acto administrativo impugnado; Que con el fin de dar primacía al principio de la verdad material y garantizar el ejercicio de derecho de defensa del quejoso, corresponde afirmar que del análisis efectuado de las actuaciones y antecedentes del caso de marras surge que la tramitación y sustanciación del sumario administrativo ha respetado el debido proceso legal, el derecho de defensa, cumpliendo en un todo con la normativa aplicable. El administrado ha tenido oportunidad de ofrecer prueba y presentar alegato por lo que resulta improcedente todo planteo de arbitrariedad. Por lo expuesto no existe violación el principio de inocencia argüido; Que del sumario administrativo se advierte el incumplimiento a su deberes y obligaciones como agente, el abandono de sus funciones y negligencia manifiesta en su proceder contrario a los deberes establecidos en la legislación aplicable, al haber incurrido en inasistencias injustificadas como así también en no haber cumplido con la presentación oportuna de las prescripciones médicas que le habían sido requeridas fehacientemente en reiteradas oportunidades por los responsables de personal. Que el incumplimiento del quejoso se encuentra reafirmado por el dictamen de la Junta Médica Provincial; Que se agrava aún más su inconducta, por tener a su alcance, los medios idóneos para notificar y/o remitir los certificados médicos que acompañó fuera de término, a sabiendas de las necesidades del servicio; Que conforme las constancias adjuntas al sumario, debe ser valorado en un contexto conductual el sistemático desapego al deber de prestar el servicio personal y diligentemente en el lugar y condiciones de tiempo y forma que determinan las disposiciones reglamentarias correspondientes; Que por otra parte la doctrina afirma: “(…) la organización de la Administración y su unidad no es un fin en sí, sino sólo un medio que permite la consecución de su objetivo, que es la obtención del bien común. De allí que el supuesto poder disciplinario para mantener su cohesión no es un objetivo que pertenezca a la Administración, sino que la trasciende e interesa a todos los individuos, que han forjado o consentido jurídicamente tal organización para la obtención de un fin externo a ella, sabiendo que el camino más Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial adecuado para ello pasa a través de los tales orden, jerarquía y unidad.” (GARCÍA PULLÉS, Fernando, “Derecho Administrativo sancionador y algunas notas del régimen disciplinario del empleo público”, JA 2003-IV-pág. 1259); Que en orden 19 Asesoría de Gobierno comparte los fundamentos y conclusión de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo territorial de orden 14; Por ello, EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DECRETA: Artículo 1°- Acéptese en lo formal y rechácese en lo sustancial el recurso jerárquico interpuesto por JUAN RAMON CARRIZO D.N.I. 18.292.154, contra la Resolución Nº 188/2023 emanada del ex Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia, actual Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, de conformidad con las consideraciones jurídicas vertidas en los considerandos del presente decreto. Artículo 2°- Comuníquese, publíquese, dese al Registro Oficial y archívese. LIC. ALFREDO V. CORNEJO ABG. NATALIO L. MEMA RODRIGUEZ S/Cargo 16/10/2025 (1 Pub.)