DECRETOS
Decreto Nº 1751
- Fecha de publicación
- 16 de octubre de 2025
- Fecha de la norma
- 18 de agosto de 2025
- Referencia documental
- Boletín Nº 32.456 · páginas 14–18
Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza
Decreto N°: 1751
MENDOZA, 18 DE AGOSTO DE 2025
Visto el Expediente Nº EX-2023-07329431--GDEMZA-CCC; y
CONSIDERANDO:
Que de los antecedentes obrantes en el Expediente EX-2020-05980667--GDEMZA-DAYD#MGTYJ
caratulado “SUBSECRETARÍA DE TRABAJO Y EMPLEO. ASUNTO RESERVADO” constan como
principales actuaciones:
Que en el Orden 02 obra informe de la Subsecretaría de Trabajo y Empleo, de fecha 11/12/2020, sobre
irregularidades en la asistencia del agente Juan Carrizo donde se pone en conocimiento:
a).- Se le otorga al recurrente licencia anual desde el 28/09/2020 hasta el 18/10/2020; al no reintegrarse
luego de una semana, se le llama por teléfono y allí informa que se encuentra con COVID,
b).- El día 29/10/2020 el Sr. Carrizo envía por correo electrónico captura de pantalla de fecha 21/10/2020,
de un certificado médico donde consta la existencia de síntomas compatibles con COVID, recomendando
aislamiento por diez días a partir del 23/10/2020, quedando pendiente resultado de PCR y alta definitiva. El
09/11/2020 al no haber respuesta del PCR ni del alta, se comunican telefónicamente con el quejoso donde
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se recibe como respuesta un audio de OSEP que indica que el alta la puede dar un médico de la
Subsecretaría, a lo cual se le responde que debe ser su médico personal o de una mutual,
c).- El 01/12/2020 el recurrente se comunica telefónicamente para informar que le dieron el alta
epidemiológica en OSEP a partir del 26/11/2020; se le pidió presentar toda documentación en la
Subsecretaría; y si hay un nuevo certificado médico debe presentarse ante la Junta médica a fin de ratificar
o rectificar el mismo. Por último se señala que el agente sigue ausente;
Que en el Orden 09 obra Acta de la Subsecretaría de Trabajo, de fecha 06/01/2021, por la cual se deja
constancia de la presentación que hace el recurrente en forma extemporánea de tres certificados médicos
sobre inasistencia desde el 19/10/2020 hasta la fecha. En el Orden 10 obra constancia de presentación de
certificados médicos;
Que en el Orden 13 el Sr. Subsecretario de Trabajo indica que, atento a lo dictaminado por la Junta
Médica, se le debe descontar cinco días y el adicional de presentismo al Sr. Carrizo;
Que en el Orden 16 obra Resolución N° 3328, de la Subsecretaría de Trabajo, por la cual se ordena la
instrucción o inicio de sumario administrativo del Sr. Carrizo, conforme lo disponen los Artículos 16, 1°
parte, 17 y concordantes de la Ley N° 9103;
Que se produce las medidas de prueba pertinentes durante el sumario y el debido ejercicio de la defensa,
en el Orden 60 obra dictamen legal;
Que en el Orden 67 obra dictamen de la Junta de Disciplina, de fecha 28/07/2023 el cual concluye que en
la instrucción fueron debidamente resguardadas las garantías del debido proceso y derecho de defensa del
agente Carrizo por lo que según el criterio de la Junta de Disciplina el presente procedimiento no adolece
ningún vicio de forma. Respecto a la conclusiones arribadas por la Instrucción, entiende que estas se
hayan debidamente fundadas en derecho y que los argumentos de la defensa no desvirtúan las faltas en
que el agente incurrió, las cuales encuadran en lo dispuesto por el Artículo 13, incisos a, d, y w del Decreto
N° 560/73; compartiendo el criterio de la instrucción sugiriendo la aplicación de sanción de suspensión por
el plazo de treinta (30) días, conforme lo dispuesto por el Artículo 4, inciso b), e inciso c) anexo de la Ley
N° 9103;
Que en Orden 71 obra Resolución N° 188, de fecha 18/09/2023, por el cual el Ministerio de Gobierno,
Trabajo y Justicia, clausura el sumario administrativo, resolviendo aplicar la sanción de suspensión por el
plazo de treinta días al Sr. Juan Carrizo. En el Orden 74 obra notificación al quejoso de la citada resolución
en fecha 21/09/2023, cumpliendo lo dispuesto por el Artículo 150 de la Ley N° 9003;
Que el recurrente interpone recurso jerárquico contra la Resolución N° 188 emanada del entonces
Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia. En el caso de autos el acto administrativo impugnado es dictado
por el Sr. Ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial;
Que el recurso jerárquico según lo dispuesto por el Artículo 179 se debe interponer ante un órgano
superior en la línea jerárquica de la entidad de que se trate, por lo que el presente remedio legal se debe
admitir al ser impetrado por ante el Sr. Gobernador de la Provincia;
Que respecto al plazo de interposición, cabe señalar que en el Orden 74 obra notificación al quejoso de la
resolución atacada en fecha 21/09/2023, y el recurso fue interpuesto el 26/09/2023, por lo que este último
debe ser admitido;
Que el recurrente propicia el rechazo del acto administrativo asegurando que la conclusión del sumario
carece de los pasos de la lógica deductiva que debe seguir adelante cualquier proceso racional, que
implica afirmar una premisa. Agrega que la investigación debe apuntar a probar que el agente es
responsable por los hechos imputados, es decir que efectivamente obró como dice la administración; si la
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Administración pretende aplicarle una sanción, debe extremar los recaudos probatorios necesarios para
poder establecer la existencia de los hechos; no existe ninguna prueba que acredite la existencia del
hecho;
Que al fundar la pretensión el recurrente sostiene arbitrariedad por exceder el objetivo jurídico de las
sanciones administrativas, toda vez que el fin de las mismas es la de lograr la ejecución y el cumplimiento
de un contrato administrativo de empleo. Reitera que no existe incumplimiento;
Que el quejoso entiende que existe ilegalidad constitucional de la medida adoptada por violar los principios
constitucionales del principio de inocencia, y el in dubio pro reo; ello ya que no hay elementos para la
sanción;
Que por los mismos motivos alegados afirma la existencia de falta de motivación por parte de la
administración, que no sólo sanciona sin pruebas, sino que lo hace con un rigorismo que afecta sus
derechos fundamentales, tal como la propiedad y derechos alimentarios;
Que suscita el reproche del quejoso al señalar que el sumariante “exige” al agente, probar su inocencia,
cuando en realidad esto es imposible, ya que las negativas no pueden ser objeto de prueba;
Que son aplicables al caso de marras las siguientes disposiciones:
Que el Art. 13 del Dec. Ley N° 560/73 dispone: “Sin perjuicio de los deberes que particularmente
impongan las leyes, decretos y resoluciones especiales, el personal está obligado a: a) La prestación
personal del servicio, con eficiencia, capacidad y diligencia, en el lugar, condiciones de tiempo y forma,
que determinen las disposiciones reglamentarias correspondientes; b) Observar, en el servicio y fuera de
él, una conducta decorosa y digna de la consideración y de la confianza que su estado oficial exige; (…).”;
Que el Art. 45 Ley N° 5811 establece: “El agente, salvo casos de fuerza mayor, deberá dar aviso de la
enfermedad o accidente y del lugar en que se encuentra, en el transcurso del primer día y en el horario de
labor al que deja de asistir. Mientras no lo haga perderá la remuneración correspondiente a los días en que
no preste el servicio, previos al aviso, salvo que la existencia de la enfermedad o accidente, teniendo en
cuenta su carácter de gravedad, resulte luego inequívocamente acreditada”;
Que el Art. 10 del Decreto 727/93 dice: “El otorgamiento de la licencia se encuentra condicionado a la
presentación de certificación médica. La autoridad concedente podrá comprobar la existencia de la
enfermedad y posibilidades de recuperación con su servicio médico o profesional médico que determine.
En caso de disidencia se estará al dictamen de la Junta Médica de la Subsecretaría de Trabajo y
Seguridad Social.”;
Que la Ley N° 8696, aplicable al personal de la Subsecretaría de Trabajo y Empleo, estatuye: Art. 7: “Sin
perjuicio de los deberes que impongan en forma específica las leyes, decretos y los actos administrativos
de alcance general, el personal está obligado a: a) Prestar el servicio personalmente, encuadrando su
cumplimiento en principios de eficiencia, eficacia e idoneidad laboral en las condiciones y modalidades que
resultan del presente Convenio y en las que pudiera determinar la SSTSS, en ejercicio de sus facultades.
b) Observar en el servicio y fuera de él una actitud ética acorde con su calidad de servidor público,
debiendo asimismo asumir una conducta decorosa y leal y un comportamiento digno de la consideración,
responsabilidad y confianza que su condición de empleado público exige. En virtud de ello, deberá ajustar
su comportamiento a lo preceptuado en el Código de Ética que la SSTSS haya aprobado para su personal,
como así también a toda norma que en materia de ética pública rija en el ámbito del Estado Provincial.(…),
e) Obedecer toda orden legal emanada de una autoridad con atribuciones y competencia para darla, que
reúna las formalidades del caso y tenga por objeto la realización de actos de servicio compatibles con las
funciones del trabajador.(…), o) Cumplir íntegramente y en forma regular el horario de labor
establecido.(…).”;
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Que cabe señalar que el embate del recurso jerárquico bajo estudio resulta del todo inconducente para
conmover el sentido de la solución arribada en la Resolución en crítica, habida cuenta que más allá de las
divergencias de criterio que pudiesen existir entre el órgano decisor y el quejoso, el acto administrativo se
encuentra debidamente fundado fáctica y jurídicamente;
Que la línea de razonamiento que guía la crítica del impugnante se desentiende de la estructura esencial
sobre la que se basa la decisión adoptada. El quejoso afirma que no existe ninguna prueba que acredite la
existencia del hecho, lo cual –más allá de que no especifica porqué razón considera la prueba como
inexistente- es a todas luces falaz ya que de la documentación y demás probanzas existentes se constata
la existencia de la falta cometida, la cual funda la sanción impuesta;
Que no constituye una verdadera expresión de agravios el escrito que sólo contiene simples afirmaciones
dogmáticas, con alegaciones genéricas sobre las pruebas. A ello hay que agregar que expresar
disconformidad no comporta una crítica razonada, si no se consigna expresamente cuales son los
fundamentos de los agravios que se irrogan y en qué se basa para alegar la arbitrariedad denunciada. El
quejoso no invoca ni acredita la existencia de vicios, errores o arbitrariedades concretas en los actos
administrativos dictados por la autoridad durante el sumario;
Que el libelo recursivo del Sr. Carrizo no asentó porqué motivo los elementos probatorios producidos no
eran conducentes para llegar a acreditar la falta y consiguiente sanción;
Que la disconformidad con los criterios de la autoridad administrativa que dicta el acto, las remisiones o
generalidades, las teorizaciones, o la afirmación de que el sumario carece de los pasos de la lógica
deductiva que debe seguir adelante cualquier proceso racional sin especificar en el caso concreto a qué se
debe tal conclusión, no son idóneas para sostener el recurso, si no contiene expresa alegación al caso de
marras. De la lectura del escrito surge que no constituye un análisis crítico de los fundamentos del acto
administrativo impugnado;
Que con el fin de dar primacía al principio de la verdad material y garantizar el ejercicio de derecho de
defensa del quejoso, corresponde afirmar que del análisis efectuado de las actuaciones y antecedentes del
caso de marras surge que la tramitación y sustanciación del sumario administrativo ha respetado el debido
proceso legal, el derecho de defensa, cumpliendo en un todo con la normativa aplicable. El administrado
ha tenido oportunidad de ofrecer prueba y presentar alegato por lo que resulta improcedente todo planteo
de arbitrariedad. Por lo expuesto no existe violación el principio de inocencia argüido;
Que del sumario administrativo se advierte el incumplimiento a su deberes y obligaciones como agente, el
abandono de sus funciones y negligencia manifiesta en su proceder contrario a los deberes establecidos
en la legislación aplicable, al haber incurrido en inasistencias injustificadas como así también en no haber
cumplido con la presentación oportuna de las prescripciones médicas que le habían sido requeridas
fehacientemente en reiteradas oportunidades por los responsables de personal. Que el incumplimiento del
quejoso se encuentra reafirmado por el dictamen de la Junta Médica Provincial;
Que se agrava aún más su inconducta, por tener a su alcance, los medios idóneos para notificar y/o remitir
los certificados médicos que acompañó fuera de término, a sabiendas de las necesidades del servicio;
Que conforme las constancias adjuntas al sumario, debe ser valorado en un contexto conductual el
sistemático desapego al deber de prestar el servicio personal y diligentemente en el lugar y condiciones de
tiempo y forma que determinan las disposiciones reglamentarias correspondientes;
Que por otra parte la doctrina afirma: “(…) la organización de la Administración y su unidad no es un fin en
sí, sino sólo un medio que permite la consecución de su objetivo, que es la obtención del bien común. De
allí que el supuesto poder disciplinario para mantener su cohesión no es un objetivo que pertenezca a la
Administración, sino que la trasciende e interesa a todos los individuos, que han forjado o consentido
jurídicamente tal organización para la obtención de un fin externo a ella, sabiendo que el camino más
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adecuado para ello pasa a través de los tales orden, jerarquía y unidad.” (GARCÍA PULLÉS, Fernando,
“Derecho Administrativo sancionador y algunas notas del régimen disciplinario del empleo público”, JA
2003-IV-pág. 1259);
Que en orden 19 Asesoría de Gobierno comparte los fundamentos y conclusión de la Dirección de Asuntos
Jurídicos del Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo territorial de orden 14;
Por ello,
EL
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:
Artículo 1°- Acéptese en lo formal y rechácese en lo sustancial el recurso jerárquico interpuesto por JUAN
RAMON CARRIZO D.N.I. 18.292.154, contra la Resolución Nº 188/2023 emanada del ex Ministerio de
Gobierno, Trabajo y Justicia, actual Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, de
conformidad con las consideraciones jurídicas vertidas en los considerandos del presente decreto.
Artículo 2°- Comuníquese, publíquese, dese al Registro Oficial y archívese.
LIC. ALFREDO V. CORNEJO
ABG. NATALIO L. MEMA RODRIGUEZ
S/Cargo
16/10/2025 (1 Pub.)
