DECRETOS

Decreto Nº 1737

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN

Fecha de publicación
3 de octubre de 2025
Fecha de la norma
12 de agosto de 2025
Referencia documental
Boletín Nº 32.448 · páginas 15–19
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Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza

Decreto N°: 1737 MENDOZA, 12 DE AGOSTO DE 2025 Visto el expediente N° EX-2025-03981723-GDEMZA-CCC, en el cual la señora Elodia Millán, en nombre y representación de MILLÁN S.A., CUIT Nº 33-50385092-9, interpone Recurso Jerárquico contra la Resolución Nº 99/25 emitida por el Ministerio de Producción en fecha 14 de mayo de 2025; y CONSIDERANDO: Que por la resolución recurrida se rechazó el Recurso Jerárquico interpuesto por la firma arriba mencionada, contra la Resolución N° 88/25 dictada por la Dirección de Fiscalización, Control y Tecnología Agroindustrial de fecha 18 de marzo de 2025, notificada el 15 de abril de 2025 en EX-2024-02656323-GDEMZA-DFYC#MEIYE; Que los requisitos formales de procedencia del presente recurso han sido debidamente observados, toda vez que ha sido impetrado en legal tiempo y forma, a tenor de lo dispuesto por el Artículo 179 de la L.P.A., razón por la cual resulta admisible desde el aspecto formal; Que a orden 02 del expediente antecedente EX-2024-02656323-GDEMZA-DFYC#MEIYE se observa el acta de infracción identificada como ACTA 721/24 MILLAN S.A. y se incorpora el ticket de caja que acredita la diferencia en perjuicio del consumidor en dos (2) productos comprados; Que a orden 05 obra el descargo interpuesto por la recurrente, a orden 12 el dictamen legal de la repartición de origen y a orden 22 luce la Resolución N° 320/24 que aplica la sanción de multa por infracción al Artículo 11 del Decreto Nacional Nº 274/19; Que a orden 28 rola Recurso de Revocatoria contra la Resolución N° 320/24; Que a orden 31 interviene el Área Legal de la Dirección de Fiscalización, Control y Tecnología Agroindustrial efectuando el análisis jurídico pertinente; Que a orden 34 se incorpora la Resolución N° 88/25 mediante la cual se rechaza en lo sustancial el Recurso de Revocatoria incoado por la firma, con notificación cursada a la misma e incorporada a orden 36; Que a orden 03 del EX-2025-03264330-GDEMZA-CCC se incorpora el Recurso Jerárquico impetrado por Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial la firma recurrente contra la Resolución N° 88/25; Que a orden 14 intervino la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Producción aconsejando rechazar en lo sustancial el recurso incoado y a orden 24 rola la Resolución Nº 99-MP-25 mediante la cual se rechaza el recurso interpuesto, con notificación de dicho acto administrativo a orden 25; Que a orden 02 de la pieza administrativa EX-2025-03981723-GDEMZA-CCC se adjunta el Recurso Jerárquico contra la Resolución Nº 99/25; Que del análisis sustancial del recurso ahora interpuesto surge que la recurrente insiste en idénticos argumentos que los vertidos en la oportunidad de interponer el Recurso Jerárquico anterior; Que las defensas esgrimidas por la empresa en las instancias anteriores consistieron en afirmar la nulidad del acta por “vicio de voluntad de quien emitió el presente acto administrativo” sin valorar razonablemente las circunstancias de hecho y el derecho aplicable. Dice también que plantea la nulidad de la resolución, aludiendo a que en el presente caso no se ha considerado que la Dirección en un antecedente (Acta 47295) tuvo en cuenta la existencia del perfil de góndola para determinar la existencia de la infracción y por ello considera que la resolución recurrida es nula, estableciendo también que las sanciones nacieron de la sola voluntad de quien emitió la resolución ya que no se tuvo en consideración la necesidad de que exista lo que denomina “triple identidad” producto, código de barras y ticket de caja, pero la recurrente nada dice respecto a la circunstancia constatada por el inspector ni aportó prueba en contrario, ni redarguyó de falsedad el acta de inspección; Que la administrada esgrime que la resolución emitida es vacua de contenido y arbitraria; Que en tal punto indica que los fundamentos dados en el resolutivo en crisis son inconsistentes, arbitrarios y carentes de fundamentos; que no impugnan la defensa principal tanto del descargo como del Recurso de Revocatoria anteriormente deducidos; Que expresa la recurrente que el recurso presentado demostraba en forma exhaustiva la distorsión, tergiversación, arbitrariedad e ilegalidad del inspector actuante, así como que existe una ilegalidad manifiesta al no motivar ni fundamentar su rechazo con el tratamiento puntual de cada una de sus impugnaciones; Que sostiene que este es un rechazo voluntarista que se emite con fundamentos vacuos de contenido, lo que lo torna nulo de nulidad absoluta por falta de motivación al momento de emitir el acto; Que reitera que la resolución dictada no logra desvirtuar el planteo nulificatorio del acta de infracción oportunamente opuesto, que se funda en argumentos arbitrarios e ilegítimos, así como que la multa impuesta resulta exorbitante e irracional, siendo la misma desproporcionada con la presunta infracción imputada; Que, al respecto, la Resolución Nº 99-MP-2025 atacada se encuentra debidamente fundada, sumado a que Millán S.A. no ha aportado en esta instancia argumentos de entidad y consideración que autoricen a apartarse de lo resuelto por el Ministro de Producción; Que no se advierte vicio de la voluntad ni falta de motivación suficiente en el acto impugnado, todo lo contrario; Que respecto al acta de infracción, es un instrumento público realizado por un funcionario público en ejercicio del poder de policía y que además adjunta elementos de prueba suficientes para constatar la falta, conforme a lo dispuesto por el Artículo y cc del C.C.C.N., por lo que la alegación de la recurrente no es el medio idóneo para atacar el instrumento público. Es menester recordar al sumariado que la sola constatación de la infracción por parte del inspector, constituye un medio que otorga plena fe pública a los Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial efectos de la aplicación de la ley, no observándose que el acta sea nula y para fulminarla con los efectos propios de la nulidad solicitada debe haber certeza o vicio tal que no permita otra conclusión; Que la Resolución Nº 99-MP-2025 ha expresado en sus considerandos en forma clara el derecho aplicable, detallando los antecedentes, dando tratamiento a las argumentaciones de la empresa indicando que la firma no se expide en relación al supuesto fáctico; Que en otro punto, la impugnante expresa que a su criterio la sanción es exorbitante y desproporcionada, dando sus fundamentos; Que el monto de la multa de PESOS TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL ($375.000) impuesta por la Resolución Nº 320/24 se condice con los antecedentes y constancias del expediente, en base a lo preceptuado por el Artículo 57 Inciso b del Decreto N° 274/19 y lo relativo a la graduación de sanciones del Artículo 58 del mencionado cuerpo legal; Que, por tanto, el argumento de la recurrente no encuentra razón suficiente que lo avale en tal sentido; Que la infracción ha sido constatada por los inspectores firmantes del acta en presencia de personal responsable de la sucursal constatando al incongruencia entre el precio exhibido en góndola y el cobrado en caja en perjuicio o desmedro del consumidor, (acta n° 721/24) y tal situación fue tratada en las instancias anteriores, por lo que la queja no encuentra andamiaje fáctico ni jurídico que la avale y, en consecuencia, debería mantenerse la decisión de los órganos inferiores; Que en el acta y planilla se detalla el producto, la cantidad, la marca, el precio existente en góndola y el precio cobrado en caja. Se adjunta, así mismo, el ticket emitido por la propia caja registradora del supermercado, siendo todos elementos coincidentes; Que la información necesaria para determinar la conducta de la empresa ya está contenida en la planilla y el ticket que son coincidentes. Este último resulta ser un elemento objetivo pues es emitido por la caja del mismo supermercado; Que de las constancias de las actuaciones compulsadas como antecedente, surge la existencia de la infracción imputada a la firma sancionada la cual no ha sido destruida por prueba en contrario por parte de la recurrente; Que, a modo de antecedente, la derogada Ley N° 22.802 por disposición del Artículo 72 del actual Decreto Nº 274/19, establecía que “La verificación de las infracciones a la presente ley y normas reglamentarias y la sustanciación de las causas que ellas se originen se ajustarán al procedimiento que seguidamente se establece: a) Si se tratare de la comprobación de una infracción el funcionario actuante procederá a labrar un acta donde hará constar concretamente el hecho verificado y la disposición infringida (…); y d) Las constancias del acta labrada conforme a lo previsto en el inciso a) del presente artículo, así como las determinaciones técnicas a que hace referencia en el inciso b) constituirán prueba suficiente de los hechos así comprobados, salvo en los casos en que resulten desvirtuadas por otras pruebas”; Que el Artículo 11 del Decreto Nº 274/19, indica: “Queda prohibida la realización de cualquier clase de presentación, de publicidad o propaganda que mediante inexactitudes u ocultamientos pueda inducir a error, engaño o confusión respecto de las características o propiedades, naturaleza, origen, calidad, pureza, mezcla, cantidad, uso, precio, condiciones de comercialización o técnicas de producción de bienes muebles, inmuebles o servicios”; Que una de las analogías del deber de información y de la publicidad radica precisamente en que ambas tienen como fin trasmitir conocimiento que ha de ser útil para el adquirente (Orti Vallejo, en Bercovitz Rodríguez Cano-Salas Hernández, Comentarios a la ley general para defensa de los consumidores y usuarios, p. 409); Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial Que hay comprobación fehaciente de que la sancionada infringió la normativa citada y dichas infracciones son del tipo formal, por lo que quedan tipificadas con la simple conducta objetiva contraria a los preceptos legales; Que el Decreto de Lealtad Comercial parte del supuesto de que los proveedores de bienes y servicios, debido a su organización empresarial y a su experiencia en el mercado, suelen adquirir y utilizar de mejor manera que los consumidores la información relevante sobre los diversos factores involucrados en los procesos productivos y de comercialización. El propósito de la ley es el de evitar que los consumidores, mediante falta de informaciones, poco claras y/o engañosas, o inexactitudes, sean inducidos a error o falsedad en la adquisición de productos, mercaderías o en la contratación de servicios protegiéndose, de este modo, el derecho de aquellos a una información adecuada, completa y veraz, con relación al consumo; Que estas normas se orientan a proteger a los consumidores de la asimetría informativa en la que suelen encontrarse dentro del mercado. La Constitución Nacional incorporó dentro de los llamados derechos de tercera generación la protección de usuarios y consumidores. Esta protección establecida en el Artículo 42 tiene tres propósitos: la protección del consumidor, las garantías a los competidores–productores y oferentes de bienes y servicios y la transparencia del mercado. Y de ella se deriva el derecho a una información adecuada y veraz que resguarda tanto los derechos patrimoniales como los personales de los ciudadanos; Que por todo lo cual la resolución cuestionada se encuentra debidamente fundamentada, plasmando en sus considerandos los motivos de la admisión formal y el rechazo sustancial del recurso presentado contra la Resolución N° 99/25; Que no se observan en la norma vicios en los términos de la Ley N° 9003 de Procedimiento Administrativo que permitan aconsejar la acogida favorable del recurso en tratamiento, encontrándose plenamente probada la transgresión al Artículo 11 del Decreto N° 274/19, haciéndose pasible la sumariada de la sanción de multa prevista por la normativa en cuestión y tomando en consideración que el recurso incoado en esta instancia en lo absoluto aporta elementos de convicción suficiente que logren torcer la voluntad del juzgador; Por lo expuesto y en conformidad con lo dictaminado por la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Producción y por Asesoría de Gobierno, EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DECRETA: Artículo 1º - Acéptese en lo formal y rechácese en lo sustancial, por los motivos expuestos en los considerandos de este decreto, el Recurso Jerárquico interpuesto por la señora Elodia Millán, en nombre y representación de MILLÁN S.A., CUIT Nº 33-50385092-9, contra la Resolución Nº 99/25 emitida por el Ministerio de Producción en fecha 14 de mayo de 2025, por lo que la misma queda confirmada en todos sus términos. Artículo 2º - Comuníquese, notifíquese, publíquese, dese al Registro Oficial y archívese. LIC. ALFREDO V. CORNEJO LIC. RODOLFO VARGAS S/Cargo Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial 03/10/2025 (1 Pub.)