DECRETOS

Decreto Nº 1739

Fecha de publicación
9 de septiembre de 2025
Fecha de la norma
14 de agosto de 2025
Referencia documental
Boletín Nº 32.430 · páginas 9–12
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Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza

Decreto N°: 1739 MENDOZA, 14 DE AGOSTO DE 2025 Visto el expediente EX-2024-00253133--GDEMZA-CCC y su asociado EX-2022-07495833--GDEMZA- SSDS#MSDSYD en el cual la Lic. MARIELA GEORGINA OLIVOS MORALES, interpone Recurso Jerárquico en contra de la Resolución Nº 3549/23 del ex Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes, actual Ministerio de Salud y Deportes; y Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial CONSIDERANDO: Que mediante la mencionada Resolución se rechazó el reclamo referente al cambio de Régimen Salarial; Que el recurso es formalmente admisible en razón de haber sido interpuesto en legal tiempo y forma según lo establecido en el Art. 179 de la Ley de Procedimiento Administrativo; Que en el expediente asociado la interesada reclama su ingreso al escalafón correspondiente al Régimen 27 de los Profesionales de la Salud, regulado por la Ley Nº 7759 que comprende a aquellos profesionales universitarios con Ley de Carrera que realicen actividades vinculadas con la salud humana y que presten servicios remunerados en el ámbito de la Administración Pública Provincial, Organismos Centralizados; Descentralizados y Autárquicos, con excepción de los que pertenezcan a las fuerzas de seguridad y Cuerpo Médico Forense. En principio el Convenio Colectivo de Trabajo determinó que el personal comprendido en el régimen serían los profesionales con ley de carrera que a continuación se enumeran: Médicos, Odontólogos, Bioquímicos, Obstetras, Dietistas/Nutricionistas, Farmacéuticos, Kinesiólogos, Fisioterapeutas, Psicopedagogos, Psicólogos, Fonoaudiólogos, Trabajadores Sociales y Veterinarios, acompañando título de Licenciada en Enfermería, Certificado analítico de egreso y matrícula definitiva otorgada con fecha 6 de abril de 2022; Que en orden 15 obra certificación de funciones emitida por el Hospital “Luis C. Lagomaggiore” mediante la cual se informa que la Lic. Olivos Morales no cumple efectivamente funciones en calidad de Licenciada en Enfermería; Que la Ley Nº 7799, estableció el régimen de carrera para los Licenciados en Enfermería, con título habilitante expedido por Universidades Nacionales, aprobado por la CONEAU, que prestasen funciones remuneradas en la Administración Pública Provincial, Municipal, Hospitales Descentralizados, Obra Social de Empleados Públicos, Escuela de Enfermería, dependientes del Ministerio de Salud, u otro que en el futuro puedan crearse (Art. 1), estableciendo un régimen de transición para efectuar los ajustes a partir de las disposiciones del Art. 56 y su reglamentación mediante Decreto Nº 1712/09; Que con la sanción de la Ley Nº 8798, ratificatoria de diversos decretos que homologaron los Acuerdos Paritarios, se dispuso dar “cumplimiento del acta acuerdo del año 2014 respecto del traspaso al Régimen 27 de los profesionales Licenciados en Enfermería”, disponiendo la inserción de los Licenciados en Enfermería en el régimen legal establecido por el Convenio Colectivo de los Profesionales de la Salud, ratificado por Ley Nº 7759 incluyéndolos expresamente en el ámbito de su aplicación establecido en el Artículo 2 del mencionado Convenio; Que en definitiva, la situación de los Licenciados en Enfermería matriculados al 31/12/2014 quedó resuelta, habiéndose realizado las modificaciones escalafonarias correspondientes para aquellos agentes que se encontraban en condiciones de acceder al nuevo escalafón; Que en tanto que, para los agentes que obtuvieron su matrícula con posterioridad, la situación ha sido abordada por sucesivas paritarias celebradas entre el Poder Ejecutivo y las entidades sindicales del sector, celebrando acuerdos homologados por Decreto y ratificadas por Ley mediante los cuales se fijaron cronogramas de reescalafonamiento paulatino, diagramado conforme a las efectivas necesidades del servicio y las pautas presupuestarias vigentes. Se llega así a la sanción de la Ley Nº 9302, ratificatoria del Decreto Nº 1807/21, que homologa las Actas Acuerdo suscriptas en el ámbito de la Subsecretaría de Trabajo y Empleo por los representantes del Poder Ejecutivo y diversas entidades sindicales (A.T.E., U.P.C.N., A.P.O.C., Asociación de Funcionarios Judiciales de Mendoza, A.M.PRO.S. y A.PE.L). En Acta Complementaria se acordó “ajustar la situación de los agentes comprendidos en el Estatuto y escalafón de agentes de la Administración Pública Provincial y Obra Social de Empleados Públicos, que posean matrícula habilitante como Licenciados en Enfermería a diciembre de 2020, que se encuentren en el Régimen Salarial 15, que estén cumpliendo funciones relativas a la incumbencia de su título y que continúen en la actualidad, procediéndose al cambio al Régimen Salarial de los profesionales de la salud Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial (CCT Ley Nº 7759) (Régimen Salarial 27)”. Agrega el Acta que, para cumplir ese fin, los ajustes deberían ser realizados en el término de cuatro años, en forma proporcional cada año y siguiendo el criterio de mayor antigüedad; Que se estableció una fecha de corte, relacionada a la fecha de matriculación, como criterio orientador para organizar temporalmente el ajuste de la situación de los agentes con derecho a ser reescalafonados por cumplir con los requerimientos establecidos legalmente. En este punto resulta ineludible detenerse para advertir cuales son los requisitos imprescindibles para tener en cuenta a la hora de determinar la procedencia del cambio y que han quedado perfectamente delimitados en las normas aplicables antes referidas y en el Acta citada; Que esta última hace hincapié en el efectivo cumplimiento en la actualidad de funciones relativas a la incumbencia de su título, ya que, de esta disquisición fundamental, resultará la delimitación de la línea divisoria entre la procedencia o el rechazo del reclamo; Que por otra parte, la Ley Nº 7799 determina el régimen de carrera propio de los Licenciados en Enfermería, el que mantiene su vigencia. De manera que, en lo atinente a sus derechos y obligaciones, régimen de trabajo, de ingreso, de concursos y en materia disciplinaria, es ésta la normativa aplicable, sin perjuicio del régimen salarial que se determine; Que por último, dentro de este “panorama normativo”, no se puede evitar abrevar siempre en las pautas presupuestarias del gasto sancionadas anualmente y su correspondiente reglamentación, además de aquellas concernientes a la restricción del gasto público; Que el análisis de la cuestión deviene necesaria, con basamento constitucional, en cuanto a que, tal como lo ha afirmado reiteradamente nuestra Suprema Corte, “en el régimen del empleo público provincial el derecho a estar correctamente encasillado se relaciona con el derecho que tiene todo trabajador a igual remuneración por igual tarea (Art. 14 bis y 16 de la Constitución Nacional; y Arts. 7, 30 y 32 de la Constitución Provincial), puesto que todo agente debe ser remunerado conforme a su ubicación en el respectivo escalafón o régimen que corresponda al carácter de su empleo, de modo que a igual situación de revista y de modalidades de la prestación de servicios, el personal gozará de idénticas remuneraciones cualquiera sea el organismo en que actúe (Art. 20, Decreto Ley Nº 560/73)”. Sin entrar en el examen sobre la validez del título incorporado y demás requisitos administrativos, cuestión que ha sido objeto de análisis por los organismos técnicos con competencia en la materia, no debe perderse de vista que resulta ineludible, (y sin apartarnos de los términos expresados por el Tribunal cimero) que el agente se encuentre cumpliendo funciones relativas a la incumbencia de su título de Licenciado en Enfermería, las cuales difieren de las específicas de los enfermeros, evidenciando, consecuentemente, que existe la necesidad para el Estado de contar con el servicio en cuestión; Que en este sentido, cobra cabal relevancia el informe técnico de orden 15, mediante el cual, la autoridad competente, certifica que la reclamante no cumple funciones como Licenciada en Enfermería; Que analizados los fundamentos del acto administrativo recurrido, no se encuentra falta de razonabilidad ni arbitrariedad en su dictado, como tampoco vicio en el objeto ni falta de motivación, ya que no se ha apartado de los hechos acreditados en autos, ni se funda en pruebas inexistentes, habiendo sido dictada en base a lo establecido en la normativa vigente en la materia. Es decir que, en la resolución recurrida, se ha realizado una correcta valoración de la prueba incorporada, basta con analizar los considerandos de la misma, siendo también correcto el encuadre jurídico efectuado, siendo así la resolución recurrida, suficientemente motivada conforme a lo dispuesto en el Art. 45° de la Ley Nº 9003; Que de las constancias de autos, surge que tampoco se ha configurado en el caso de marras el vicio de la voluntad, habiéndose respetado en todo momento el Derecho de Defensa; Que la Resolución recurrida se ha fundamentado correctamente en el derecho aplicable, no existiendo Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial ninguna interpretación de la normativa citada que haya violado los derechos de la recurrente ni los principios de Derecho aplicables como afirma genéricamente; Que el planteo debe ser rechazado, debido a que no se vislumbra ilegitimidad alguna en el acto administrativo recurrido; Que en la pieza analizada, surge una total correlación entre las circunstancias de hecho y el derecho aplicable al caso; Que el acto atacado no se encuentra viciado, sino que, por el contrario, se trata de un acto administrativo regular que reúne todos los requisitos impuestos por la legislación vigente; Por ello, en razón de lo dictaminado por la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud y Deportes en orden y por Asesoría de Gobierno en orden del expediente EX-2024-00253153--GDEMZA-CCC, LA VICEGOBERNADORA DE LA PROVINCIA EN EJERCICIO DEL PODER EJECUTIVO DECRETA: Artículo 1º- Acéptese formalmente y rechácese sustancialmente el Recurso Jerárquico interpuesto por la Lic. MARIELA GEORGINA OLIVOS MORALES, DNI Nº 24.461.104, CUIL Nº 23-24461104-4, en contra de la Resolución Nº 3549/23 del ex Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes, actual Ministerio de Salud y Deportes, por los motivos expuestos en los considerandos del presente decreto. Artículo 2º- Notifíquese, comuníquese, publíquese, dése al Registro Oficial y archívese. DRA. HEBE CASADO LIC. RODOLFO MONTERO S/Cargo 09/09/2025 (1 Pub.) MINISTERIO DE ENERGÍA Y AMBIENTE