DECRETOS
Decreto Nº 1791
- Fecha de publicación
- 4 de septiembre de 2025
- Fecha de la norma
- 22 de agosto de 2025
- Referencia documental
- Boletín Nº 32.427 · páginas 5–13
Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza
Decreto N°: 1791
MENDOZA, 22 DE AGOSTO DE 2025
Visto el Expediente Nº EX-2023-07236438--GDEMZA-CCC; y
CONSIDERANDO:
Que la cuestión suscitada tiene su origen en la petición efectuada por Sr. Guillermo Juan Vila, abogado,
por ante la Caja Forense, en la que se requiere sean imputados a su cuenta individual los aportes
devengados en un proceso sucesorio en el que la Caja autorizó el pago de dichos aportes en cuotas, a
través de un acto administrativo dictado durante la vigencia de un convenio de distribución de honorarios
profesionales que preveía una asignación distinta a la aquí pretendida;
Que a fs. 02/04 del Expediente Nº 8-VN-2000 “VILA ALBERTO LUIS Y OTS S/CONVENIO
DISTRIBUCIÓN DE APORTES", originarios de la Caja, obra el “ACUERDO COMPLEMENTARIO DE LOS
CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PROCURACIÓN”, de fecha
29/02/2000, suscripto por varios abogados, entre ellos Alberto Luis Vila, Guillermo Juan Vila, y Eduardo
Vila, quienes se identifican en el Convenio como “Dres. Vila”. En el citado acuerdo se conviene un
régimen de distribución de aportes por los profesionales firmantes, a saber: “El total de aportes que
correspondan a los profesionales de la actora según lo establecido en el inc. b del art. 39 de la ley 5059, se
imputarán: 95% (noventa y cinco por ciento) por partes iguales entre los Dres. Alberto Luis Vila, mat. 1995,
Guillermo Juan Vila, mat. 3559, y Eduardo Marcelo Vila, mat. 3753. (31,66% a cada uno); 5% (cinco por
ciento) por parte iguales entre “los Abogados” (0,55% para cada uno).”;
Que la Caja, en fecha 19/05/2000, conforme constancias de fs. 06 del Expediente citado, toma nota del
convenio de distribución porcentual de aportes celebrado por los profesionales que suscribieron el mismo,
a los fines y efectos del Artículo 39 1 de la Ley Nº 5059, con el objeto de hacer la respectiva acreditación
en las cuentas individuales;
Que con posterioridad, a través de la presentación de sendas notas dirigidas a la Caja, los Dres. Vila, junto
con otros abogados incluidos en el Convenio de marras, comunican: en fecha 14/08/2000 las exclusiones
de algunos abogados del convenio; en fecha 23/04/2002 modificaciones en la forma de distribución de los
aportes manteniéndose el 96% a favor del Dr. Alberto Luis Vila, disponiéndose el 1% a favor de Guillermo
Juan Vila, el 1% a Eduardo Marcelo Vila, y 2% a favor de María Rosa Cerdán, Andrea Disparte, María Inés
Fernandez, en partes iguales (0,66 para cada una); en fecha 06/11/2006 se modifican nuevamente la
distribución manteniéndose el 96% a favor del Dr. Alberto Luis Vila, el 2% a favor de Guillermo Juan Vila,
el 2% a favor de María Cerdán (0,67%), Disparte (0,67%), Cartellone (0,66%); en fecha 21/05/2010 se
modifican nuevamente la distribución siendo el 94% a favor del Dr. Alberto Luis Vila, el 2% para Guillermo
Juan Vila, el 2% Disparte, el 1% Cerdán, el 0,33% Ibarrat, el 0,33% Linares y 0,33% Azcarate;
Que en fecha 06/07/2021 el Dr. Guillermo Juan Vila, en su carácter de abogado, único socio junto con su
hija Pilar Vila, del Estudio Vila Abogados, se presenta a fin de comunicar que se ha dejado sin efecto
desde hace varios años el acuerdo de distribución de aportes denominado “CONVENIO ESTUDIO VILA”;
en el cual el Dr. Alberto Luis Vila, jubilado desde el año 2017, era quien tenía el porcentaje de mayoría;
también formaba parte del Convenio la Dra. Ana Clara Ibarrat, quien no aporta por ser secretaria relatora
de la Suprema Corte, así como el resto de los integrantes. Por tal motivo solicita que dicho convenio sea
anulado definitivamente;
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
Que en fecha 27/12/2021 el Sr. Gerente de la Caja Forense ordena dejar sin efecto el convenio de
honorarios de marras;
Que en fecha 02/02/2022 se realiza la baja del Convenio conforme lo ordenado por Gerencia (fs. 24
expediente Caja Forense);
Que la Oficina de Aportes en Juicio de la Caja, informa que el convenio de marras fue dado de baja
conforme lo solicitado; y que no obstante se aplica en las cuotas que están ingresando mediante planes de
pago de aportes en juicio Nº 89.479 caratulado “GENCO ARMANDO HUMBERTO P/SUCESIÓN”;
Que por tal motivo, en fecha 28/04/2022, la oficina de Sistemas informa que el aporte incluido en el plan de
pago es adeudado con anterioridad a la fecha de baja del convenio, por lo cual el sistema aplica el citado
convenio sobre cada una de las cuotas;
Que en fecha 08/05/2023 se presenta Guillermo Juan Vila abogado informando que el convenio de
distribución de aportes que existía fue dejado sin efecto, por lo que solicita que el 33% de los aportes
realizados en cuotas por la sucesión del Sr. Genco sean aplicados a su cuenta de aportes;
Que la Caja Forense, emite resolución en Acta Nº 1266, de fecha 01/09/2023, por la cual se resuelve no
hacer lugar a la distribución de aportes solicitada. En contra de la precedente resolución se alza el quejoso
interponiendo recurso de alzada;
Que adentrándose en el análisis formal del presente recurso, es necesario puntualizar que, ante las
decisiones definitivas de ciertas entidades públicas no estatales que causen estado dentro de las mismas,
procede el recurso de alzada ya que, pese a no estar sujetas al poder jerárquico del Poder Ejecutivo están
sometidas al control de éste último en relación a ciertos actos administrativos que efectúa;
Que la doctrina afirma en tal sentido: "Según Gordillo, con especial referencia al acto administrativo, "Sin
perjuicio de admitir que en principio la función administrativa es realizada por órganos estatales, y que en
consecuencia para que exista acto administrativo debe tratarse de actividad realizada por tal tipo de
órgano, creemos que ello no puede erigirse en norma absoluta y general. Por el contrario, existen en el
Estado moderno numerosas entidades que han sido creadas por el legislador para ejercer cierto tipo de
funciones administrativas, a las cuales se les confiere legalmente un cierto poder público para actuar, en
nombre del Estado y con su potestad: en tales casos pareciera contradecirse a la realidad si se les negara
a esos actos el carácter de administrativos". Así pueden considerarse administrativos los actos (…) de las
corporaciones profesionales -de abogados, contadores, ingenieros, etcétera- que concretan el ejercicio de
potestades públicas conferidas legalmente, ejercidas con carácter de "imperio" por tales entidades, etc.";
Que el fundamento jurídico del control de legitimidad del Poder Ejecutivo respecto a sujetos de derecho
público no estatales es de carácter constitucional;
Que efectivamente, el otorgamiento por ley a tales entidades del ejercicio de potestades públicas,
fundamenta claramente el control de legitimidad sobre sus actos administrativos; procediendo dicho
contralor únicamente sobre materia regida por el derecho público local, pudiendo el Poder Ejecutivo
efectuar solo una revocación por ilegitimidad -no se encuentra facultado a modificar o sustituir lo resuelto-,
ello conforme lo prescripto por los Artículos 184 y 185 de la Ley Nº 9003. La falta de control equivaldría
convertir al ente en independiente y permitir que quienes lo manejan lo hagan más como cosa propia que
como cosa pública;
Que la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Abogados y Procuradores de Mendoza, conforme lo
establecido por el Artículo 1 de la Ley Nº 5059, es una entidad autárquica, con personería jurídica e
individualidad financiera, independiente de la Administración Pública, con capacidad para actuar pública y
privadamente, por lo que, conforme lo expresado precedentemente, tanto la doctrina como la
jurisprudencia admiten la procedencia del recurso de alzada contra las decisiones definitivas de dicho ente;
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
Que al analizar el remedio legal intentado en fecha 22/09/2023, por ante el Señor Gobernador de la
Provincia; cabe señalar que la Resolución recurrida, emitida por el Directorio 4, fue notificada al quejoso en
fecha 07/09/2023, por lo que corresponde afirmar que ha sido interpuesto en tiempo y forma, de
conformidad con lo prescripto por el Artículo 184 y concordantes de la citada Ley, de aplicación en virtud
de lo dispuesto por el Artículo 1 del citado cuerpo legal;
Que en consecuencia, se entiende que el Recurso de Alzada debe ser formalmente admitida;
Que en cuanto al análisis desde el aspecto sustancial la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de
Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial lleva a cabo la Exposición de Agravios y su análisis;
Que en cuanto a la Exposición de Agravios y su análisis señala:
Que el recurrente propicia el rechazo del acto administrativo invocando que la Caja no motiva la resolución
recurrida, ya que remite a actuaciones del expediente que no se aplican al caso y al dictamen legal que
analiza la ilicitud de los convenios de distribución de aportes que se firman en los estudios jurídicos sin
referirse concretamente a su petición sobre la imputación del aporte correspondiente a la sucesión del
Señor Genco;
Que afirma que el acuerdo quedó sin efecto desde hace tiempo, imputándose en un 100% los aportes de
juicio a su nombre, salvo los de la sucesión del Sr. Genco. Agrega que en el año 2021 la Caja ordenó
expresamente la no aplicación de convenio alguno para la imputación de sus aportes;
Que al fundar su pretensión sostiene que la Caja Forense viola su derecho de propiedad al privarlo de su
aporte, siendo imputado al Dr. Daniel Vila, jubilado con cuenta bloqueada;
Que suscita el reproche el recurrente señalando que la resolución impugnada resulta arbitraria e
irrazonable desde que se le han reconocido los aportes en el resto de los expedientes en los que ha
intervenido, excepto en la sucesión del Sr. Genco;
Que aduce existencia de desviación de poder, ya que la discrecionalidad con la que actuó Caja Forense se
traduce en un abuso de autoridad que violenta derechos y garantías constitucionales, siendo manifiesta su
intención recaudatoria; vulnerando además lo dispuesto por los Artículos 38 y 39 de la Ley Nº 5059;
Que se reserva su derecho de recurrir por la vía judicial, y solicita la suspensión del acto administrativo en
los términos del Artículo 83, incisos a) y b) de la Ley de Procedimiento Administrativo;
Que corresponde ingresar en el abordaje de los argumentos en los cuales el recurrente sustenta el embate
en contra de la Resolución impugnada;
En primer lugar, carece de asidero la afirmación de falta de motivación de la resolución impugnada ya que
la misma no se limita a simples afirmaciones teóricas y alegaciones genéricas. De la lectura del acto
administrativo se desprende que éste último se basa en informes puntuales del caso, en el dictamen de
Asesoría Letrada y en precedentes resueltos por la Caja referentes a la ilegalidad de convenios de
distribución de aportes apartados de lo dispuesto por la Ley Nº 5059; todo lo cual abonan la decisión a la
que se arriba;
En segundo lugar, a fin de examinar los restantes agravios, preliminarmente es necesario desentrañar la
naturaleza jurídica de los aportes a la Caja Forense, para luego analizar el Convenio de distribución de
aportes y en concreto los aportes del sucesorio pretendidos;
Que los aportes y contribuciones a favor de la Caja Forense revisten naturaleza tributaria por cuanto,
aunque tales cotizaciones se efectúen a favor de un ente no estatal, ello es en el ejercicio de la potestad
tributaria otorgada por la legislación al sancionarse la Ley Nº 5.059, revistando la Caja personería jurídica
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
de derecho público no estatal con autonomía económica y financiera, lo que se ve confirmado al
establecerse con rango legal sus recursos -aportes, contribuciones y otros recursos financieros de la
entidad-;
Que la doctrina señala en tal sentido: "Dentro de la doctrina nacional se advierte una marcada coincidencia
en atribuir, casi unánimemente, naturaleza tributaria a las contribuciones patronales y aportes personales a
la seguridad social. En el sentido indicado en el párrafo precedente se puede computar la calificada
opinión del maestro Carlos M. Giuliani Fonrouge, para quien las contribuciones de seguridad social
constituyen el grupo más importante de la llamada parafiscalidad, no sólo en razón de su magnitud
financiera sino por sus implicancias económico sociales (…)" ("Fornasari, Norberto F. v. Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires y otros", Tribunal Superior de la Ciudad Autónoma de Buenos AiresTrib. Sup.
Ciudad Bs. As., 18/04/2007, TR LALEY 70037446);
Que ciertamente, existiendo concordancia a nivel doctrinario al definir los distintos tipos de tributos -y
distinguiendo los impuestos, tasas y contribuciones-, cabe conceptualizar a los aportes previsionales
–como el de Caja Forense-, como contribuciones parafiscales, definidas como: “(…) exacciones recabadas
por ciertos entes públicos para asegurar su financiamiento autónomo, (…) así bajo la denominación de
"parafiscales" han aparecido contribuciones destinadas a la previsión social, (…) colegios profesionales,
etc., o sea, a entidades de tipo social o de regulación económica." Se caracterizan en que no se incluye su
producto en los presupuestos estatales; no son recaudadas por los organismos fiscales específicos del
Estado; no ingresan en las tesorerías estatales sino directamente en los entes recaudadores y
administradores de los fondos;
Que establecida la naturaleza jurídica del aporte previsional de la Caja, cabe estipular la legislación
aplicable a este tipo de contribuciones en cuanto al plazo de prescripción y su exigibilidad;
Que el Artículo 39 de la Ley Nº 5059 establece: “A los efectos de la imputación de los aportes establecidos
en el Art. 16, incs. b) 9, e) y Art. 17, inc. g) en las cuentas individuales de los afiliados, el aporte será
efectuado en una boleta de depósito, en la que se hará constar entre otras circunstancias que establezcan
la reglamentación, el tribunal, carátula del expediente, monto del juicio, monto y fecha del aporte, y nombre
de los profesionales intervinientes, número de matrícula, y en el carácter en que lo hacen, como así si se
trata de juicios contenciosos o no contenciosos, y si el aporte se realiza por la actora o la demandada. El
aporte total se imputará de la siguiente manera:
a) En los juicios contenciosos, la mitad corresponderá a los profesionales de la parte actora, en proporción
del 65 % para los patrocinantes y el 35 % para los mandatarios, salvo que por convenio, en la misma
boleta --o por separado-- se establezca otro porcentaje que no podrá exceder del 50 % para el mandatario.
(…) En lo que refiere a la otra mitad, corresponderá a los patrocinantes y mandatarios de la parte
demandada, y en las mismas condiciones, salvo la limitación y caducidad de derechos que se prevé en el
inc. b) para tales supuestos.
En ambos casos, tanto parte actora como demandada, estas imputaciones serán susceptibles de
modificaciones en el caso de reemplazo de profesionales y conforme se establece más adelante:
b) En los juicios no contenciosos y que no exista contraparte, así como en las actuaciones administrativas
el total del aporte se imputará a patrocinantes y mandatarios de la actora. Igual criterio se aplicará para los
supuestos contemplados en los incs. c), d) y f) del Art. 16, como así en todos aquellos casos en que sólo
se prevé el pago de un aporte mínimo conforme las reglas del Art. 16, inc. b). En los juicios contenciosos,
existiere o no contraparte, se presume que si dentro de los 6 meses de efectuado el aporte la contraparte
no denuncia su calidad de tal o ésta no hace uso de tal derecho a los fines previstos en el inc. a) del
presente Artículo, el 100 % de los aportes corresponderá al profesional o a los profesionales de la parte
actora.
En el caso de que intervengan más de un patrocinante o mandatario, el aporte que corresponda a un
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
carácter y otro, se dividirá entre ellos por partes iguales. En el caso, de que intervenga un profesional
abogado como mandatario y sin patrocinante, le será imputado el total del aporte correspondiente.
Si se actuare sólo con profesional patrocinante, a éste le corresponderá la totalidad del aporte.
Si un profesional procurador, sin título de abogado, por disposiciones legales, actuare sin patrocinio
letrado, caso de justicia de apremio, a dicho profesional también le corresponderá la totalidad del aporte.
A los efectos previstos en este inciso, los profesionales de la parte demandada deberán denunciar a la
Caja, su participación en el juicio respectivo dentro del término de 6 meses a que se alude anteriormente,
para lo cual deberán acompañar una certificación de tal circunstancia que otorgará el Juzgado en que
radica la causa, con el objeto de que se les impute la mitad del aporte en la forma en que se deja
establecido.
A los fines de la imputación de los aportes, se consideran como profesionales de la parte actora, quienes
suscriben el escrito de iniciación de la demanda o tramitación administrativa y demás supuestos
contemplados en el art. 16; consecuentemente, se considerarán como profesionales de la parte
demandada a quienes suscriban la contestación de la demanda.
En el caso de los profesionales que fueren reemplazados por otros en el curso del proceso, los aportes
serán imputados en la misma proporción que tengan en los honorarios según las respectivas resoluciones,
quedando a cargo de los interesados formular la petición y producir la prueba pertinente, de lo cual la Caja
tomará nota para el ejercicio que corresponda.
Siempre que no se encontrare el profesional de la parte demandada en el supuesto previsto de la pérdida
de sus aportes en juicio por la no denuncia en tiempo oportuno a que se alude en los párrafos precedentes
y por el contrario, hubiere hecho uso de tal derecho de tiempo y forma, se imputará a la cuenta individual
de los profesionales de dicha parte demandada, el 50 % del aporte como efectuado en la oportunidad de
su efectivo ingreso, con independencia de la fecha de denuncia.
Una vez hecha ésta, se determinará conforme el aporte medio correspondiente al ejercicio en que se hizo
el ingreso, el valor en puntos que represente el aporte individualizado junto con los puntos
correspondientes a la cuenta del afiliado.
Referente a lo expresado en el párrafo anterior, siempre la denuncia deberá efectuarse dentro del plazo de
seis meses del ingreso del aporte, caso contrario, tal denuncia, no será tomada en consideración por la
Caja y el 100 % de los aportes en juicio contencioso exista o no contraparte, se imputará a la cuenta de los
profesionales de la parte actora;
c) El Directorio determinará el procedimiento a seguir -reglamentando el presente Artículo- a los efectos de
la imputación de los aportes en juicios contenciosos según los distintos supuestos que se prevén.”;
Que el Artículo 39 es una disposición legal de carácter tributaria que regula la imputación de los aportes
por actuaciones judiciales en las cuentas individuales de los afiliados, y la forma en que puede pactarse
una distribución de aportes distinta a la dispuesta, determinando límites precisos en cuanto a los sujetos y
el porcentaje en que puede acordarse dicha distribución;
Que en el caso de marras, a través de un convenio de distribución, tres profesionales se reservan el 95%
de todos los aportes oblados en boletas que registraran una determinada leyenda, en tanto el 5% restante
se debía distribuir entre los nueve (9) profesionales restantes. Tales porcentajes se modificaron
posteriormente en un 96% y 4% respectivamente, para ser distribuidos ulteriormente en un 94% para un
solo profesional;
Que de esta manera se establece una distribución de aportes que conculca lo dispuesto por la ley,
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
constituyendo jurídicamente un atropello al principio de legalidad y reserva de ley, al principio de igualdad,
entre otros principios, por lo que corresponde calificarlo de ilícito, coincidiendo con lo señalado por el Dr.
Pithod, asesor letrado de la Caja, en su dictamen. No debe soslayarse que todo abogado tiene derecho a
una correcta imputación de los aportes en juicio de los procesos en los que intervienen;
Que en efecto, la regulación de aportes dispuesta por el Artículo 39, dada su naturaleza tributaria, se
encuentra alcanzada por el principio de reserva de ley, el cual postula que no debe existir tributo sin ley, es
decir, solo la ley puede establecer la obligación tributaria y, por tanto, solo la ley debe definir cuáles son los
supuestos y los elementos de la relación tributaria. Es por ello que, definido el tributo por la ley, solo ella
puede establecer la justa medida 10 en que el Estado -o ente público no estatal por delegación- está
facultado a exigir a los aportantes;
Que en efecto, los profesionales no pueden por su sola voluntad y con prescindencia de la legislación,
distribuir los aportes en transgresión a esas normas que, estructuradas sobre bases solidarias, garantizan
los derechos de la seguridad social;
Que conforme lo dispuesto por el Artículo 38 de la Ley Nº 5059, el monto de las jubilaciones ordinarias
estará integrado en parte por un adicional proveniente de la distribución del excedente que arroje el
balance anual de la Caja y del que participan todos los beneficiarios y afiliados en condiciones de jubilarse,
conforme un sistema de cuenta individual de cada uno de los afiliados, en la cual se registren los aportes
que se ingresen en concepto del Art. 16, inc. a), ap. 2. e incs. b), c), d), e) y f), motivado por su gestión
profesional de acuerdo a lo que se establece en el Art. 39;
Que la Caja Forense no debe admitir estos acuerdos de distribución, ello bajo la lupa del deber impuesto
por el inciso j), del Artículo 10 de la Ley Nº 5059;
Que entre los deberes del órgano ejecutivo de la Caja, conforme lo dispuesto por el citado Artículo 10, se
encuentra la necesaria adecuación a la Ley de Procedimientos Administrativos de la provincia, tanto en lo
referente a entender y resolver todo lo relativo al otorgamiento de beneficios, cómputo de servicios, como
así todas las cuestiones o asuntos que por cualquier naturaleza se susciten entre los afiliados y
beneficiarios de la Caja para con ésta, igualmente, entenderá en tal carácter en las cuestiones o asuntos
que se planteen por parte de los terceros a cuyo cargo resulta el pago de los aportes en juicio, siéndoles
por ende aplicables lo dispuesto por el Artículo 1 de la Ley Nº 9003, destacándose el principio de
juridicidad: “(…) La conducta del sujeto en función administrativa debe conformarse al ordenamiento
jurídico, comprensivo de la Ley, los principios que informan al Derecho y sus demás fuentes.”;
Que de ello se colige, que los aportes se deben imputar a los profesionales que efectivamente intervienen
en el juicio, y según su efectiva intervención; y en proporción a la responsabilidad arrogada, ya sea como
patrocinantes o representantes;
Que en tal sentido, en los Fundamentos de la Ley Nº 5059 se establece: “Sobre el particular, debe tenerse
presente, que la Caja cumple funciones previsionales delegadas por el Estado a través de ley, de ahí que
la Caja desarrolle una actividad de eminente contenido social y que los preceptos que rijan su accionar
permitan el mejor y más adecuado cumplimiento de los fines de su creación. (…) Por último, y en lo que
refiere a la parte previsional y otorgamiento de beneficios, interpretamos que deben ser adecuados,
haciendo de la previsión social una realidad tangible que supere las contingencias singulares que cada
caso pueda presentar.”;
Que por lo expuesto, ante la ilicitud del convenio de distribución no resultan atendibles el resto de los
agravios del quejoso;
Que no obstante lo expuesto, y con el estricto fin de preservar la garantía de defensa del recurrente, se
procede a realizar algunas consideraciones en relación a los restantes agravios:
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
Que de lo expuesto se desprende que la boleta de deuda reclamada ha prescripto;
Que, a) Si el convenio de distribución hipotéticamente se hubiere celebrado respetando los limites
dispuestos por el Artículo 39 de la Ley Nº 5059, igualmente hubiera correspondido el rechazo del recurso
incoado por el recurrente, dado que el aporte en juicio generado por la sucesión en autos Nº 89.479
caratulado “GENCO ARMANDO HUMBERTO P/SUCESIÓN” es devengado con anterioridad a la fecha de
baja del convenio, durante la vigencia del mismo; ello sin perjuicio de que se haya autorizado su pago en
cuotas.
Que efectivamente, conforme el informe del área de “Sistemas” de la Caja en fecha 28/04/2022: “Atento a
lo solicitado cumplo en informarle que el aporte incluido en el plan de pago es adeudado con anterioridad a
la fecha de baja del Convenio. Por lo cual el sistema aplica el mismo sobre cada una de las cuotas.”;
Que del listado de aportes en juicio del Dr. Guillermo Vila –fs. 26 a 29, Expediente Nº 8-VN-2000 “VILA
ALBERTO LUIS Y OTS S/CONVENIO DISTRIBUCIÓN DE APORTES" de la Caja- surge que el aporte en
cuestión comenzó a imputarse desde el 01/07/2021, es decir, durante la vigencia del convenio; recordando
que se efectúan varios pagos por haberse acordado un plan de pagos;
Que en efecto, lo expresado es conforme con lo establecido por el Artículo 17 de la Ley Nº 5059;
Que ciertamente, a fs. 532 del Expediente Nº 13- 00710346-2((012008-89479)) G, A H S/ SUCESIÓN
*10710447* se proveyó: “Mendoza, 23 de Abril de 2021.VISTOS Y CONSIDERANDO: Los presentes
autos arriba intitulados y la solicitud de aprobación de las Operaciones de Inventario y Avalúo peticionada
conforme al escrito MEED acompañado bajo ID FHPIB72012 (…). RESUELVO: I.- APROBAR en cuanto por
derecho corresponda las Operaciones de Inventario y Avalúo presentadas según ID. RAVLH291517 y
agregadas a fs. 513 de autos, con la salvedad formulada por los herederos del causante respecto de la
participación del mismo en la firma Genco Automóviles S.A. y al carácter de las acciones conforme surge
del punto I de la presentación de fs. 519 (ID. HSCDL10238).” Por ende cabe afirmar que el auto de
aprobación de inventario y avalúo de la sucesión del Sr. Genco es de fecha 04/05/2021, es decir, anterior a
la fecha de baja del convenio de distribución;
Que, b) No se puede vulnerar el derecho de propiedad argüido por el recurrente debido a que no se ejerce
tal derecho sobre los aportes de marras;
Que, c) Por último, no obstante lo expuesto, considero que frente a la clara ilicitud del convenio de
distribución celebrado en violación a los límites establecidos por el Artículo 39, y a las disposiciones del
Artículo 38 y concordantes, corresponde su nulidad, siendo en consecuencia nulas las actuaciones
efectuadas en cumplimiento del mismo. Se debe advertir que la declaración de nulidad no vulnera derecho
de propiedad alguno, ya que no existe tal derecho sobre los aportes en juicio;
Que por otra parte, no corresponde la suspensión de la ejecución de la decisión administrativa atento a no
encontrarse el caso de marras en ninguno de los tres supuestos excepcionales en que se puede disponer
la suspensión, establecidos por el Artículo 83 de la Ley Nº 9003; siendo característico de los recursos
administrativos, conforme lo señala Gordillo, que por sí solos no tienen en ningún caso la virtualidad de
suspender “ipso iure” la ejecución del acto impugnado;
En relación a la nulidad en materia administrativa, analizando lo dispuesto por el Artículo 50 de la Ley Nº
9003, el Dr. Dalmiro Garay afirma; "En el Artículo 50 se establece que la calificación del vicio debe
determinarse por la gravedad e importancia que reviste la antijuridicidad en el caso concreto, es decir, que
no se determina tanto en razón del elemento que está afectado sino de la gravedad de la infracción al
ordenamiento jurídico."(Dalmiro Garay Cueli, Ismael Farrando, Jorge H, Sarmiento García, Alejandro F.
Jofré, Javier Urrutigoity, Mauricio Martínez Rivas Ruzo, José Luis Correa, Ernesto N. Bustelo. (2023). Ley
de Procedimiento Administrativo de la Provincia de Mendoza. (1). ASC Libros Jurídicos);
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
Que la seguridad jurídica debe ser salvaguarda en el caso de marras "En efecto, la facultad de la
administración de revocar sus actos ilegítimos encuentra suficiente justificativo en la necesidad de
restablecer sin dilaciones el imperio de la juridicidad comprometido por la existencia de un acto afectado
de nulidad, toda vez que el hecho de no hacer uso de su potestad revocatoria, acarrearía la subsistencia
en el mundo jurídico de un acto viciado de nulidad. Debe tenerse presente que el dictado de todo acto
ilegítimo que posee un vicio grave afecta seriamente un valor esencial de todo Estado de derecho: la
seguridad jurídica. Explicaba Comadira que -tal como enseñara Vélez Sarsfield, en enseñanza válida para
todo el Derecho-, el valor fundamental que inspira el régimen jurídico de las nulidades absolutas es el
interés público." (Dalmiro Garay Cueli, Ismael Farrando, Sarmiento García, Javier Urrutigoity, Mauricio
Martínez y ots (2023). Ley de Procedimiento Administrativo de la Provincia de Mendoza. (1). ASC Libros
Jurídicos);
Que analizado en detenimiento el acto administrativo en crisis, las actuaciones obrantes y el recurso del
quejoso, se coincide en principio con los argumentos expuestos en la Resolución y la solución a la que
arriba;
Que Asesoría de Gobierno comparte los fundamentos y conclusión del dictamen del orden 11, con una
salvedad;
Que sin que sea conducente revocar por razones de ilegitimidad el acto impugnado resulta suficiente
devolverle las actuaciones a la Caja Forense para que dicte una resolución correctiva de su motivación,
que es lo único de la decisión cuestionada que se muestra ilegítimo, (Art. 185 LPA): Debiera dejarse sin
efecto la distribución de los aportes correspondientes a la sucesión Genco, para conformarla a las
disposiciones de orden público de la Ley 5059, conforme las consideraciones de los concordantes
dictámenes del servicio jurídico de esa Caja (fs. 72/76 del expediente de origen Matrícula 1996. Nota
8-VN-2000, incorporado al orden 9) y del Ministerio de Gobierno (al orden 11);
Que en efecto, no siendo contrario a derecho lo resuelto en dicha acta, al rechazar el reclamo del
recurrente, solo debe enmendarse la parte final de su fundamentación, que no pudo considerar lícita, sino
violatoria de la Ley Nº 5059, la distribución efectuada conforme un convenio dejado -a posteriori- sin efecto
por las partes, pero que genéticamente resulta nulo, como bien demuestran los citados dictámenes previos
en autos;
Que consectariamente, la Caja Forense debiera proceder a retrotraer la distribución mal practicada de los
aportes en cuestión, para ajustarla a derecho, en atención a los efectos retroactivos del acto nulo (Art.
75-e), Ley 9003) y el imperativo legal de volver atrás esa distribución, incorrectamente practicada, en tanto
no debió hacerse en seguimiento de un convenio ilegal, por lo que debe ajustarla a los criterios legales de
distribución (arg. de los Arts. 390, 391, 396 y cc. del CCCN);
Por ello y de conformidad con lo dictaminado por la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de
Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial y por Asesoría de Gobierno;
EL
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:
Artículo 1°- Admítase en lo formal y rechácese en lo sustancial el recurso de alzada impetrado por el Sr.
VILA, Guillermo Juan D.N.I. N° 12.931.075, contra lo resuelto en Acta Nº 1266, de fecha 01/09/2023,
emanada del Honorable Directorio de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Abogados y Procuradores de
Mendoza, originaria del Expediente Nº 8-VN-2000 “VILA ALBERTO LUIS Y OTS S/CONVENIO
DISTRIBUCIÓN DE APORTES", de conformidad con las consideraciones de hecho y de derecho vertidas
en los considerandos del presente decreto.
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
Artículo 2°- Remítase las actuaciones a la Caja Forense a fin de enmendar la fundamentación del Acta Nº
1266 en cuanto a la nulidad del Convenio de distribución de los aportes, el cual no puede considerarse
lícito, al violar normas de orden público.
Artículo 3°- Notifíquese, comuníquese, publíquese, dese al Registro Oficial y archívese.
LIC. ALFREDO V. CORNEJO
ABG. NATALIO L. MEMA RODRIGUEZ
S/Cargo
04/09/2025 (1 Pub.)
