DECRETOS

Decreto Nº 1791

Fecha de publicación
4 de septiembre de 2025
Fecha de la norma
22 de agosto de 2025
Referencia documental
Boletín Nº 32.427 · páginas 5–13
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Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza

Decreto N°: 1791 MENDOZA, 22 DE AGOSTO DE 2025 Visto el Expediente Nº EX-2023-07236438--GDEMZA-CCC; y CONSIDERANDO: Que la cuestión suscitada tiene su origen en la petición efectuada por Sr. Guillermo Juan Vila, abogado, por ante la Caja Forense, en la que se requiere sean imputados a su cuenta individual los aportes devengados en un proceso sucesorio en el que la Caja autorizó el pago de dichos aportes en cuotas, a través de un acto administrativo dictado durante la vigencia de un convenio de distribución de honorarios profesionales que preveía una asignación distinta a la aquí pretendida; Que a fs. 02/04 del Expediente Nº 8-VN-2000 “VILA ALBERTO LUIS Y OTS S/CONVENIO DISTRIBUCIÓN DE APORTES", originarios de la Caja, obra el “ACUERDO COMPLEMENTARIO DE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PROCURACIÓN”, de fecha 29/02/2000, suscripto por varios abogados, entre ellos Alberto Luis Vila, Guillermo Juan Vila, y Eduardo Vila, quienes se identifican en el Convenio como “Dres. Vila”. En el citado acuerdo se conviene un régimen de distribución de aportes por los profesionales firmantes, a saber: “El total de aportes que correspondan a los profesionales de la actora según lo establecido en el inc. b del art. 39 de la ley 5059, se imputarán: 95% (noventa y cinco por ciento) por partes iguales entre los Dres. Alberto Luis Vila, mat. 1995, Guillermo Juan Vila, mat. 3559, y Eduardo Marcelo Vila, mat. 3753. (31,66% a cada uno); 5% (cinco por ciento) por parte iguales entre “los Abogados” (0,55% para cada uno).”; Que la Caja, en fecha 19/05/2000, conforme constancias de fs. 06 del Expediente citado, toma nota del convenio de distribución porcentual de aportes celebrado por los profesionales que suscribieron el mismo, a los fines y efectos del Artículo 39 1 de la Ley Nº 5059, con el objeto de hacer la respectiva acreditación en las cuentas individuales; Que con posterioridad, a través de la presentación de sendas notas dirigidas a la Caja, los Dres. Vila, junto con otros abogados incluidos en el Convenio de marras, comunican: en fecha 14/08/2000 las exclusiones de algunos abogados del convenio; en fecha 23/04/2002 modificaciones en la forma de distribución de los aportes manteniéndose el 96% a favor del Dr. Alberto Luis Vila, disponiéndose el 1% a favor de Guillermo Juan Vila, el 1% a Eduardo Marcelo Vila, y 2% a favor de María Rosa Cerdán, Andrea Disparte, María Inés Fernandez, en partes iguales (0,66 para cada una); en fecha 06/11/2006 se modifican nuevamente la distribución manteniéndose el 96% a favor del Dr. Alberto Luis Vila, el 2% a favor de Guillermo Juan Vila, el 2% a favor de María Cerdán (0,67%), Disparte (0,67%), Cartellone (0,66%); en fecha 21/05/2010 se modifican nuevamente la distribución siendo el 94% a favor del Dr. Alberto Luis Vila, el 2% para Guillermo Juan Vila, el 2% Disparte, el 1% Cerdán, el 0,33% Ibarrat, el 0,33% Linares y 0,33% Azcarate; Que en fecha 06/07/2021 el Dr. Guillermo Juan Vila, en su carácter de abogado, único socio junto con su hija Pilar Vila, del Estudio Vila Abogados, se presenta a fin de comunicar que se ha dejado sin efecto desde hace varios años el acuerdo de distribución de aportes denominado “CONVENIO ESTUDIO VILA”; en el cual el Dr. Alberto Luis Vila, jubilado desde el año 2017, era quien tenía el porcentaje de mayoría; también formaba parte del Convenio la Dra. Ana Clara Ibarrat, quien no aporta por ser secretaria relatora de la Suprema Corte, así como el resto de los integrantes. Por tal motivo solicita que dicho convenio sea anulado definitivamente; Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial Que en fecha 27/12/2021 el Sr. Gerente de la Caja Forense ordena dejar sin efecto el convenio de honorarios de marras; Que en fecha 02/02/2022 se realiza la baja del Convenio conforme lo ordenado por Gerencia (fs. 24 expediente Caja Forense); Que la Oficina de Aportes en Juicio de la Caja, informa que el convenio de marras fue dado de baja conforme lo solicitado; y que no obstante se aplica en las cuotas que están ingresando mediante planes de pago de aportes en juicio Nº 89.479 caratulado “GENCO ARMANDO HUMBERTO P/SUCESIÓN”; Que por tal motivo, en fecha 28/04/2022, la oficina de Sistemas informa que el aporte incluido en el plan de pago es adeudado con anterioridad a la fecha de baja del convenio, por lo cual el sistema aplica el citado convenio sobre cada una de las cuotas; Que en fecha 08/05/2023 se presenta Guillermo Juan Vila abogado informando que el convenio de distribución de aportes que existía fue dejado sin efecto, por lo que solicita que el 33% de los aportes realizados en cuotas por la sucesión del Sr. Genco sean aplicados a su cuenta de aportes; Que la Caja Forense, emite resolución en Acta Nº 1266, de fecha 01/09/2023, por la cual se resuelve no hacer lugar a la distribución de aportes solicitada. En contra de la precedente resolución se alza el quejoso interponiendo recurso de alzada; Que adentrándose en el análisis formal del presente recurso, es necesario puntualizar que, ante las decisiones definitivas de ciertas entidades públicas no estatales que causen estado dentro de las mismas, procede el recurso de alzada ya que, pese a no estar sujetas al poder jerárquico del Poder Ejecutivo están sometidas al control de éste último en relación a ciertos actos administrativos que efectúa; Que la doctrina afirma en tal sentido: "Según Gordillo, con especial referencia al acto administrativo, "Sin perjuicio de admitir que en principio la función administrativa es realizada por órganos estatales, y que en consecuencia para que exista acto administrativo debe tratarse de actividad realizada por tal tipo de órgano, creemos que ello no puede erigirse en norma absoluta y general. Por el contrario, existen en el Estado moderno numerosas entidades que han sido creadas por el legislador para ejercer cierto tipo de funciones administrativas, a las cuales se les confiere legalmente un cierto poder público para actuar, en nombre del Estado y con su potestad: en tales casos pareciera contradecirse a la realidad si se les negara a esos actos el carácter de administrativos". Así pueden considerarse administrativos los actos (…) de las corporaciones profesionales -de abogados, contadores, ingenieros, etcétera- que concretan el ejercicio de potestades públicas conferidas legalmente, ejercidas con carácter de "imperio" por tales entidades, etc."; Que el fundamento jurídico del control de legitimidad del Poder Ejecutivo respecto a sujetos de derecho público no estatales es de carácter constitucional; Que efectivamente, el otorgamiento por ley a tales entidades del ejercicio de potestades públicas, fundamenta claramente el control de legitimidad sobre sus actos administrativos; procediendo dicho contralor únicamente sobre materia regida por el derecho público local, pudiendo el Poder Ejecutivo efectuar solo una revocación por ilegitimidad -no se encuentra facultado a modificar o sustituir lo resuelto-, ello conforme lo prescripto por los Artículos 184 y 185 de la Ley Nº 9003. La falta de control equivaldría convertir al ente en independiente y permitir que quienes lo manejan lo hagan más como cosa propia que como cosa pública; Que la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Abogados y Procuradores de Mendoza, conforme lo establecido por el Artículo 1 de la Ley Nº 5059, es una entidad autárquica, con personería jurídica e individualidad financiera, independiente de la Administración Pública, con capacidad para actuar pública y privadamente, por lo que, conforme lo expresado precedentemente, tanto la doctrina como la jurisprudencia admiten la procedencia del recurso de alzada contra las decisiones definitivas de dicho ente; Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial Que al analizar el remedio legal intentado en fecha 22/09/2023, por ante el Señor Gobernador de la Provincia; cabe señalar que la Resolución recurrida, emitida por el Directorio 4, fue notificada al quejoso en fecha 07/09/2023, por lo que corresponde afirmar que ha sido interpuesto en tiempo y forma, de conformidad con lo prescripto por el Artículo 184 y concordantes de la citada Ley, de aplicación en virtud de lo dispuesto por el Artículo 1 del citado cuerpo legal; Que en consecuencia, se entiende que el Recurso de Alzada debe ser formalmente admitida; Que en cuanto al análisis desde el aspecto sustancial la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial lleva a cabo la Exposición de Agravios y su análisis; Que en cuanto a la Exposición de Agravios y su análisis señala: Que el recurrente propicia el rechazo del acto administrativo invocando que la Caja no motiva la resolución recurrida, ya que remite a actuaciones del expediente que no se aplican al caso y al dictamen legal que analiza la ilicitud de los convenios de distribución de aportes que se firman en los estudios jurídicos sin referirse concretamente a su petición sobre la imputación del aporte correspondiente a la sucesión del Señor Genco; Que afirma que el acuerdo quedó sin efecto desde hace tiempo, imputándose en un 100% los aportes de juicio a su nombre, salvo los de la sucesión del Sr. Genco. Agrega que en el año 2021 la Caja ordenó expresamente la no aplicación de convenio alguno para la imputación de sus aportes; Que al fundar su pretensión sostiene que la Caja Forense viola su derecho de propiedad al privarlo de su aporte, siendo imputado al Dr. Daniel Vila, jubilado con cuenta bloqueada; Que suscita el reproche el recurrente señalando que la resolución impugnada resulta arbitraria e irrazonable desde que se le han reconocido los aportes en el resto de los expedientes en los que ha intervenido, excepto en la sucesión del Sr. Genco; Que aduce existencia de desviación de poder, ya que la discrecionalidad con la que actuó Caja Forense se traduce en un abuso de autoridad que violenta derechos y garantías constitucionales, siendo manifiesta su intención recaudatoria; vulnerando además lo dispuesto por los Artículos 38 y 39 de la Ley Nº 5059; Que se reserva su derecho de recurrir por la vía judicial, y solicita la suspensión del acto administrativo en los términos del Artículo 83, incisos a) y b) de la Ley de Procedimiento Administrativo; Que corresponde ingresar en el abordaje de los argumentos en los cuales el recurrente sustenta el embate en contra de la Resolución impugnada; En primer lugar, carece de asidero la afirmación de falta de motivación de la resolución impugnada ya que la misma no se limita a simples afirmaciones teóricas y alegaciones genéricas. De la lectura del acto administrativo se desprende que éste último se basa en informes puntuales del caso, en el dictamen de Asesoría Letrada y en precedentes resueltos por la Caja referentes a la ilegalidad de convenios de distribución de aportes apartados de lo dispuesto por la Ley Nº 5059; todo lo cual abonan la decisión a la que se arriba; En segundo lugar, a fin de examinar los restantes agravios, preliminarmente es necesario desentrañar la naturaleza jurídica de los aportes a la Caja Forense, para luego analizar el Convenio de distribución de aportes y en concreto los aportes del sucesorio pretendidos; Que los aportes y contribuciones a favor de la Caja Forense revisten naturaleza tributaria por cuanto, aunque tales cotizaciones se efectúen a favor de un ente no estatal, ello es en el ejercicio de la potestad tributaria otorgada por la legislación al sancionarse la Ley Nº 5.059, revistando la Caja personería jurídica Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial de derecho público no estatal con autonomía económica y financiera, lo que se ve confirmado al establecerse con rango legal sus recursos -aportes, contribuciones y otros recursos financieros de la entidad-; Que la doctrina señala en tal sentido: "Dentro de la doctrina nacional se advierte una marcada coincidencia en atribuir, casi unánimemente, naturaleza tributaria a las contribuciones patronales y aportes personales a la seguridad social. En el sentido indicado en el párrafo precedente se puede computar la calificada opinión del maestro Carlos M. Giuliani Fonrouge, para quien las contribuciones de seguridad social constituyen el grupo más importante de la llamada parafiscalidad, no sólo en razón de su magnitud financiera sino por sus implicancias económico sociales (…)" ("Fornasari, Norberto F. v. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y otros", Tribunal Superior de la Ciudad Autónoma de Buenos AiresTrib. Sup. Ciudad Bs. As., 18/04/2007, TR LALEY 70037446); Que ciertamente, existiendo concordancia a nivel doctrinario al definir los distintos tipos de tributos -y distinguiendo los impuestos, tasas y contribuciones-, cabe conceptualizar a los aportes previsionales –como el de Caja Forense-, como contribuciones parafiscales, definidas como: “(…) exacciones recabadas por ciertos entes públicos para asegurar su financiamiento autónomo, (…) así bajo la denominación de "parafiscales" han aparecido contribuciones destinadas a la previsión social, (…) colegios profesionales, etc., o sea, a entidades de tipo social o de regulación económica." Se caracterizan en que no se incluye su producto en los presupuestos estatales; no son recaudadas por los organismos fiscales específicos del Estado; no ingresan en las tesorerías estatales sino directamente en los entes recaudadores y administradores de los fondos; Que establecida la naturaleza jurídica del aporte previsional de la Caja, cabe estipular la legislación aplicable a este tipo de contribuciones en cuanto al plazo de prescripción y su exigibilidad; Que el Artículo 39 de la Ley Nº 5059 establece: “A los efectos de la imputación de los aportes establecidos en el Art. 16, incs. b) 9, e) y Art. 17, inc. g) en las cuentas individuales de los afiliados, el aporte será efectuado en una boleta de depósito, en la que se hará constar entre otras circunstancias que establezcan la reglamentación, el tribunal, carátula del expediente, monto del juicio, monto y fecha del aporte, y nombre de los profesionales intervinientes, número de matrícula, y en el carácter en que lo hacen, como así si se trata de juicios contenciosos o no contenciosos, y si el aporte se realiza por la actora o la demandada. El aporte total se imputará de la siguiente manera: a) En los juicios contenciosos, la mitad corresponderá a los profesionales de la parte actora, en proporción del 65 % para los patrocinantes y el 35 % para los mandatarios, salvo que por convenio, en la misma boleta --o por separado-- se establezca otro porcentaje que no podrá exceder del 50 % para el mandatario. (…) En lo que refiere a la otra mitad, corresponderá a los patrocinantes y mandatarios de la parte demandada, y en las mismas condiciones, salvo la limitación y caducidad de derechos que se prevé en el inc. b) para tales supuestos. En ambos casos, tanto parte actora como demandada, estas imputaciones serán susceptibles de modificaciones en el caso de reemplazo de profesionales y conforme se establece más adelante: b) En los juicios no contenciosos y que no exista contraparte, así como en las actuaciones administrativas el total del aporte se imputará a patrocinantes y mandatarios de la actora. Igual criterio se aplicará para los supuestos contemplados en los incs. c), d) y f) del Art. 16, como así en todos aquellos casos en que sólo se prevé el pago de un aporte mínimo conforme las reglas del Art. 16, inc. b). En los juicios contenciosos, existiere o no contraparte, se presume que si dentro de los 6 meses de efectuado el aporte la contraparte no denuncia su calidad de tal o ésta no hace uso de tal derecho a los fines previstos en el inc. a) del presente Artículo, el 100 % de los aportes corresponderá al profesional o a los profesionales de la parte actora. En el caso de que intervengan más de un patrocinante o mandatario, el aporte que corresponda a un Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial carácter y otro, se dividirá entre ellos por partes iguales. En el caso, de que intervenga un profesional abogado como mandatario y sin patrocinante, le será imputado el total del aporte correspondiente. Si se actuare sólo con profesional patrocinante, a éste le corresponderá la totalidad del aporte. Si un profesional procurador, sin título de abogado, por disposiciones legales, actuare sin patrocinio letrado, caso de justicia de apremio, a dicho profesional también le corresponderá la totalidad del aporte. A los efectos previstos en este inciso, los profesionales de la parte demandada deberán denunciar a la Caja, su participación en el juicio respectivo dentro del término de 6 meses a que se alude anteriormente, para lo cual deberán acompañar una certificación de tal circunstancia que otorgará el Juzgado en que radica la causa, con el objeto de que se les impute la mitad del aporte en la forma en que se deja establecido. A los fines de la imputación de los aportes, se consideran como profesionales de la parte actora, quienes suscriben el escrito de iniciación de la demanda o tramitación administrativa y demás supuestos contemplados en el art. 16; consecuentemente, se considerarán como profesionales de la parte demandada a quienes suscriban la contestación de la demanda. En el caso de los profesionales que fueren reemplazados por otros en el curso del proceso, los aportes serán imputados en la misma proporción que tengan en los honorarios según las respectivas resoluciones, quedando a cargo de los interesados formular la petición y producir la prueba pertinente, de lo cual la Caja tomará nota para el ejercicio que corresponda. Siempre que no se encontrare el profesional de la parte demandada en el supuesto previsto de la pérdida de sus aportes en juicio por la no denuncia en tiempo oportuno a que se alude en los párrafos precedentes y por el contrario, hubiere hecho uso de tal derecho de tiempo y forma, se imputará a la cuenta individual de los profesionales de dicha parte demandada, el 50 % del aporte como efectuado en la oportunidad de su efectivo ingreso, con independencia de la fecha de denuncia. Una vez hecha ésta, se determinará conforme el aporte medio correspondiente al ejercicio en que se hizo el ingreso, el valor en puntos que represente el aporte individualizado junto con los puntos correspondientes a la cuenta del afiliado. Referente a lo expresado en el párrafo anterior, siempre la denuncia deberá efectuarse dentro del plazo de seis meses del ingreso del aporte, caso contrario, tal denuncia, no será tomada en consideración por la Caja y el 100 % de los aportes en juicio contencioso exista o no contraparte, se imputará a la cuenta de los profesionales de la parte actora; c) El Directorio determinará el procedimiento a seguir -reglamentando el presente Artículo- a los efectos de la imputación de los aportes en juicios contenciosos según los distintos supuestos que se prevén.”; Que el Artículo 39 es una disposición legal de carácter tributaria que regula la imputación de los aportes por actuaciones judiciales en las cuentas individuales de los afiliados, y la forma en que puede pactarse una distribución de aportes distinta a la dispuesta, determinando límites precisos en cuanto a los sujetos y el porcentaje en que puede acordarse dicha distribución; Que en el caso de marras, a través de un convenio de distribución, tres profesionales se reservan el 95% de todos los aportes oblados en boletas que registraran una determinada leyenda, en tanto el 5% restante se debía distribuir entre los nueve (9) profesionales restantes. Tales porcentajes se modificaron posteriormente en un 96% y 4% respectivamente, para ser distribuidos ulteriormente en un 94% para un solo profesional; Que de esta manera se establece una distribución de aportes que conculca lo dispuesto por la ley, Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial constituyendo jurídicamente un atropello al principio de legalidad y reserva de ley, al principio de igualdad, entre otros principios, por lo que corresponde calificarlo de ilícito, coincidiendo con lo señalado por el Dr. Pithod, asesor letrado de la Caja, en su dictamen. No debe soslayarse que todo abogado tiene derecho a una correcta imputación de los aportes en juicio de los procesos en los que intervienen; Que en efecto, la regulación de aportes dispuesta por el Artículo 39, dada su naturaleza tributaria, se encuentra alcanzada por el principio de reserva de ley, el cual postula que no debe existir tributo sin ley, es decir, solo la ley puede establecer la obligación tributaria y, por tanto, solo la ley debe definir cuáles son los supuestos y los elementos de la relación tributaria. Es por ello que, definido el tributo por la ley, solo ella puede establecer la justa medida 10 en que el Estado -o ente público no estatal por delegación- está facultado a exigir a los aportantes; Que en efecto, los profesionales no pueden por su sola voluntad y con prescindencia de la legislación, distribuir los aportes en transgresión a esas normas que, estructuradas sobre bases solidarias, garantizan los derechos de la seguridad social; Que conforme lo dispuesto por el Artículo 38 de la Ley Nº 5059, el monto de las jubilaciones ordinarias estará integrado en parte por un adicional proveniente de la distribución del excedente que arroje el balance anual de la Caja y del que participan todos los beneficiarios y afiliados en condiciones de jubilarse, conforme un sistema de cuenta individual de cada uno de los afiliados, en la cual se registren los aportes que se ingresen en concepto del Art. 16, inc. a), ap. 2. e incs. b), c), d), e) y f), motivado por su gestión profesional de acuerdo a lo que se establece en el Art. 39; Que la Caja Forense no debe admitir estos acuerdos de distribución, ello bajo la lupa del deber impuesto por el inciso j), del Artículo 10 de la Ley Nº 5059; Que entre los deberes del órgano ejecutivo de la Caja, conforme lo dispuesto por el citado Artículo 10, se encuentra la necesaria adecuación a la Ley de Procedimientos Administrativos de la provincia, tanto en lo referente a entender y resolver todo lo relativo al otorgamiento de beneficios, cómputo de servicios, como así todas las cuestiones o asuntos que por cualquier naturaleza se susciten entre los afiliados y beneficiarios de la Caja para con ésta, igualmente, entenderá en tal carácter en las cuestiones o asuntos que se planteen por parte de los terceros a cuyo cargo resulta el pago de los aportes en juicio, siéndoles por ende aplicables lo dispuesto por el Artículo 1 de la Ley Nº 9003, destacándose el principio de juridicidad: “(…) La conducta del sujeto en función administrativa debe conformarse al ordenamiento jurídico, comprensivo de la Ley, los principios que informan al Derecho y sus demás fuentes.”; Que de ello se colige, que los aportes se deben imputar a los profesionales que efectivamente intervienen en el juicio, y según su efectiva intervención; y en proporción a la responsabilidad arrogada, ya sea como patrocinantes o representantes; Que en tal sentido, en los Fundamentos de la Ley Nº 5059 se establece: “Sobre el particular, debe tenerse presente, que la Caja cumple funciones previsionales delegadas por el Estado a través de ley, de ahí que la Caja desarrolle una actividad de eminente contenido social y que los preceptos que rijan su accionar permitan el mejor y más adecuado cumplimiento de los fines de su creación. (…) Por último, y en lo que refiere a la parte previsional y otorgamiento de beneficios, interpretamos que deben ser adecuados, haciendo de la previsión social una realidad tangible que supere las contingencias singulares que cada caso pueda presentar.”; Que por lo expuesto, ante la ilicitud del convenio de distribución no resultan atendibles el resto de los agravios del quejoso; Que no obstante lo expuesto, y con el estricto fin de preservar la garantía de defensa del recurrente, se procede a realizar algunas consideraciones en relación a los restantes agravios: Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial Que de lo expuesto se desprende que la boleta de deuda reclamada ha prescripto; Que, a) Si el convenio de distribución hipotéticamente se hubiere celebrado respetando los limites dispuestos por el Artículo 39 de la Ley Nº 5059, igualmente hubiera correspondido el rechazo del recurso incoado por el recurrente, dado que el aporte en juicio generado por la sucesión en autos Nº 89.479 caratulado “GENCO ARMANDO HUMBERTO P/SUCESIÓN” es devengado con anterioridad a la fecha de baja del convenio, durante la vigencia del mismo; ello sin perjuicio de que se haya autorizado su pago en cuotas. Que efectivamente, conforme el informe del área de “Sistemas” de la Caja en fecha 28/04/2022: “Atento a lo solicitado cumplo en informarle que el aporte incluido en el plan de pago es adeudado con anterioridad a la fecha de baja del Convenio. Por lo cual el sistema aplica el mismo sobre cada una de las cuotas.”; Que del listado de aportes en juicio del Dr. Guillermo Vila –fs. 26 a 29, Expediente Nº 8-VN-2000 “VILA ALBERTO LUIS Y OTS S/CONVENIO DISTRIBUCIÓN DE APORTES" de la Caja- surge que el aporte en cuestión comenzó a imputarse desde el 01/07/2021, es decir, durante la vigencia del convenio; recordando que se efectúan varios pagos por haberse acordado un plan de pagos; Que en efecto, lo expresado es conforme con lo establecido por el Artículo 17 de la Ley Nº 5059; Que ciertamente, a fs. 532 del Expediente Nº 13- 00710346-2((012008-89479)) G, A H S/ SUCESIÓN *10710447* se proveyó: “Mendoza, 23 de Abril de 2021.VISTOS Y CONSIDERANDO: Los presentes autos arriba intitulados y la solicitud de aprobación de las Operaciones de Inventario y Avalúo peticionada conforme al escrito MEED acompañado bajo ID FHPIB72012 (…). RESUELVO: I.- APROBAR en cuanto por derecho corresponda las Operaciones de Inventario y Avalúo presentadas según ID. RAVLH291517 y agregadas a fs. 513 de autos, con la salvedad formulada por los herederos del causante respecto de la participación del mismo en la firma Genco Automóviles S.A. y al carácter de las acciones conforme surge del punto I de la presentación de fs. 519 (ID. HSCDL10238).” Por ende cabe afirmar que el auto de aprobación de inventario y avalúo de la sucesión del Sr. Genco es de fecha 04/05/2021, es decir, anterior a la fecha de baja del convenio de distribución; Que, b) No se puede vulnerar el derecho de propiedad argüido por el recurrente debido a que no se ejerce tal derecho sobre los aportes de marras; Que, c) Por último, no obstante lo expuesto, considero que frente a la clara ilicitud del convenio de distribución celebrado en violación a los límites establecidos por el Artículo 39, y a las disposiciones del Artículo 38 y concordantes, corresponde su nulidad, siendo en consecuencia nulas las actuaciones efectuadas en cumplimiento del mismo. Se debe advertir que la declaración de nulidad no vulnera derecho de propiedad alguno, ya que no existe tal derecho sobre los aportes en juicio; Que por otra parte, no corresponde la suspensión de la ejecución de la decisión administrativa atento a no encontrarse el caso de marras en ninguno de los tres supuestos excepcionales en que se puede disponer la suspensión, establecidos por el Artículo 83 de la Ley Nº 9003; siendo característico de los recursos administrativos, conforme lo señala Gordillo, que por sí solos no tienen en ningún caso la virtualidad de suspender “ipso iure” la ejecución del acto impugnado; En relación a la nulidad en materia administrativa, analizando lo dispuesto por el Artículo 50 de la Ley Nº 9003, el Dr. Dalmiro Garay afirma; "En el Artículo 50 se establece que la calificación del vicio debe determinarse por la gravedad e importancia que reviste la antijuridicidad en el caso concreto, es decir, que no se determina tanto en razón del elemento que está afectado sino de la gravedad de la infracción al ordenamiento jurídico."(Dalmiro Garay Cueli, Ismael Farrando, Jorge H, Sarmiento García, Alejandro F. Jofré, Javier Urrutigoity, Mauricio Martínez Rivas Ruzo, José Luis Correa, Ernesto N. Bustelo. (2023). Ley de Procedimiento Administrativo de la Provincia de Mendoza. (1). ASC Libros Jurídicos); Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial Que la seguridad jurídica debe ser salvaguarda en el caso de marras "En efecto, la facultad de la administración de revocar sus actos ilegítimos encuentra suficiente justificativo en la necesidad de restablecer sin dilaciones el imperio de la juridicidad comprometido por la existencia de un acto afectado de nulidad, toda vez que el hecho de no hacer uso de su potestad revocatoria, acarrearía la subsistencia en el mundo jurídico de un acto viciado de nulidad. Debe tenerse presente que el dictado de todo acto ilegítimo que posee un vicio grave afecta seriamente un valor esencial de todo Estado de derecho: la seguridad jurídica. Explicaba Comadira que -tal como enseñara Vélez Sarsfield, en enseñanza válida para todo el Derecho-, el valor fundamental que inspira el régimen jurídico de las nulidades absolutas es el interés público." (Dalmiro Garay Cueli, Ismael Farrando, Sarmiento García, Javier Urrutigoity, Mauricio Martínez y ots (2023). Ley de Procedimiento Administrativo de la Provincia de Mendoza. (1). ASC Libros Jurídicos); Que analizado en detenimiento el acto administrativo en crisis, las actuaciones obrantes y el recurso del quejoso, se coincide en principio con los argumentos expuestos en la Resolución y la solución a la que arriba; Que Asesoría de Gobierno comparte los fundamentos y conclusión del dictamen del orden 11, con una salvedad; Que sin que sea conducente revocar por razones de ilegitimidad el acto impugnado resulta suficiente devolverle las actuaciones a la Caja Forense para que dicte una resolución correctiva de su motivación, que es lo único de la decisión cuestionada que se muestra ilegítimo, (Art. 185 LPA): Debiera dejarse sin efecto la distribución de los aportes correspondientes a la sucesión Genco, para conformarla a las disposiciones de orden público de la Ley 5059, conforme las consideraciones de los concordantes dictámenes del servicio jurídico de esa Caja (fs. 72/76 del expediente de origen Matrícula 1996. Nota 8-VN-2000, incorporado al orden 9) y del Ministerio de Gobierno (al orden 11); Que en efecto, no siendo contrario a derecho lo resuelto en dicha acta, al rechazar el reclamo del recurrente, solo debe enmendarse la parte final de su fundamentación, que no pudo considerar lícita, sino violatoria de la Ley Nº 5059, la distribución efectuada conforme un convenio dejado -a posteriori- sin efecto por las partes, pero que genéticamente resulta nulo, como bien demuestran los citados dictámenes previos en autos; Que consectariamente, la Caja Forense debiera proceder a retrotraer la distribución mal practicada de los aportes en cuestión, para ajustarla a derecho, en atención a los efectos retroactivos del acto nulo (Art. 75-e), Ley 9003) y el imperativo legal de volver atrás esa distribución, incorrectamente practicada, en tanto no debió hacerse en seguimiento de un convenio ilegal, por lo que debe ajustarla a los criterios legales de distribución (arg. de los Arts. 390, 391, 396 y cc. del CCCN); Por ello y de conformidad con lo dictaminado por la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial y por Asesoría de Gobierno; EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DECRETA: Artículo 1°- Admítase en lo formal y rechácese en lo sustancial el recurso de alzada impetrado por el Sr. VILA, Guillermo Juan D.N.I. N° 12.931.075, contra lo resuelto en Acta Nº 1266, de fecha 01/09/2023, emanada del Honorable Directorio de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Abogados y Procuradores de Mendoza, originaria del Expediente Nº 8-VN-2000 “VILA ALBERTO LUIS Y OTS S/CONVENIO DISTRIBUCIÓN DE APORTES", de conformidad con las consideraciones de hecho y de derecho vertidas en los considerandos del presente decreto. Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial Artículo 2°- Remítase las actuaciones a la Caja Forense a fin de enmendar la fundamentación del Acta Nº 1266 en cuanto a la nulidad del Convenio de distribución de los aportes, el cual no puede considerarse lícito, al violar normas de orden público. Artículo 3°- Notifíquese, comuníquese, publíquese, dese al Registro Oficial y archívese. LIC. ALFREDO V. CORNEJO ABG. NATALIO L. MEMA RODRIGUEZ S/Cargo 04/09/2025 (1 Pub.)