DECRETOS

Decreto Nº 1719

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN

Fecha de publicación
1 de septiembre de 2025
Fecha de la norma
12 de agosto de 2025
Referencia documental
Boletín Nº 32.424 · páginas 13–15
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Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza

Decreto N°: 1719 MENDOZA, 12 DE AGOSTO DE 2025 Visto el expediente N° EX-2025-01096714-GDEMZA-CCC, en el cual el Doctor Sergio Barochovich, en nombre y representación de SAUDA S.R.L, CUIT Nº 30-69954382-5, interpone Recurso Jerárquico en contra de la Resolución Nº 9 emitida por la Dirección de Fiscalización, Control y Tecnología Agroindustrial en fecha 09 de enero de 2025; y CONSIDERANDO: Que los requisitos formales de procedencia del Recurso interpuesto han sido debidamente observados, toda vez que ha sido interpuesto en legal tiempo y forma, todo ello a tenor de lo dispuesto por el Artículo 179 de la L.P.A Nº 9003 y de conformidad a las constancias de órdenes 37 y 38 del expediente asociado EX-2024-01192391-GDEMZA-DFYC#MEIYE; Que en orden 2 del expediente antecedente Nº EX-2024-01192391-GDEMZA-DFYC#MEIYE se incorpora el acta de infracción identificada como ACTA 0110 - SAUDA S.R.L.; Que en orden 7 del citado expediente rola descargo de la empresa y en orden 14 se exhibe dictamen que aconseja el dictado del acto administrativo que aplique la multa; Que en orden 27 rola Resolución Nº 274/24 de Dirección de Fiscalización, Control y Tecnología Agroindustrial que aplica una multa de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA MIL ($ 250.000,00) por revestir el hecho sancionado una infracción al Decreto Nº 274/19 por los motivos ampliamente desarrollados en sus considerandos; Que del análisis sustancial del Recurso surge que la recurrente en esta instancia reitera los argumentos que vertiera en oportunidad de interponer el descargo al acta de infracción; Que funda su pretensión aduciendo que existen causales de justificación que apartan a su representado de la infracción; por las características extraordinarias de volatilidad de variables económicas que son ajenas al accionar posible y previsible del administrado, configurando en el caso concreto una verdadera situación de fuerza mayor; Que reitera que el acto administrativo se encuentra aparentemente fundado sólo en apreciaciones dogmáticas e infundadas y, en consecuencia, carece de causa y motivación, por lo que resulta nulo de nulidad absoluta e insalvable, además de sostener que es arbitraria, desproporcionada y exorbitante la multa impuesta por la Administración; Que, asimismo, solicita se ordene la suspensión de los efectos de la resolución impugnada, atento la existencia de un grave daño irreparable al patrimonio de la empresa infraccionada, en caso de ejecutoriar lo ordenado en la Resolución recurrida; Que efectúa un planteo de reducción de la sanción impuesta por resultar la misma excesiva, irrazonable y desproporcionada; Que el obrar de los inspectores como el de los asesores y funcionarios intervinientes en el proceso ha sido regular y en cumplimiento riguroso de las normas estipuladas; Que la infracción no se imputa en razón de “no contar la presentante con los precios en la góndola” sino en el hecho de encontrar diferencias entre los precios exhibidos y los reflejados en caja al momento de Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial pasar el producto por el lector de código de barra; Que el inspector actuante, según acta y planillas, constata el producto con la descripción en perfil de góndola, anota el precio y luego compara con el ticket de compra. Al verificarse la diferencia se labra el acta de infracción. El procedimiento es regular y tiende a emular el accionar de un cliente para dejar así demostrada la vulneración del derecho del mismo y la violación al Decreto Nº 274/19 de Lealtad Comercial; Que todos los procedimientos de este tipo son ejecutados de la misma manera por los inspectores: toman productos al azar de la góndola, controlan el precio publicado anotándolos en una planilla y luego pasan el mismo producto seleccionado por la caja registradora a fin de realizar la comparativa de precio publicado y precio efectivamente cobrado; Que este tipo de situaciones encuadran a la perfección en lo que prevé el Decreto: “Publicidad engañosa. Artículo 11 – Queda prohibida la realización de cualquier clase de presentación, de publicidad o propaganda que mediante inexactitudes u ocultamientos pueda inducir a error, engaño o confusión respecto de las características o propiedades, naturaleza, origen, calidad, pureza, mezcla, cantidad, uso, precio, condiciones de comercialización o técnicas de producción de bienes muebles, inmuebles o servicios.”; Que el acta de infracción reúne los requisitos que exige la norma, la que al efecto refiere: “Procedimiento de oficio. Artículo 42 – Si se tratare de la comprobación de oficio de una infracción, el funcionario actuante procederá a labrar un acta donde hará constar concretamente el hecho verificado y la norma infringida. Se notificará al presunto infractor que dentro de los diez días de notificado deberá presentar su descargo y ofrecer pruebas, si las hubiere, debiéndose indicar dónde efectuar su presentación. La autoridad de aplicación pondrá a disposición del presunto infractor copia de lo actuado. La reglamentación establecerá la forma y condiciones de notificación del acta. Los hechos constatados por la autoridad de aplicación tendrán valor probatorio pleno, sin perjuicio de las pruebas que, en defensa de sus derechos o intereses, pudieran aportar los administrados. Será de aplicación el Artículo 39 del presente decreto en materia de prueba.”; Que de la interpretación realizada del artículo se desprende con claridad la legitimidad del actuar del inspector, habiendo otorgado la posibilidad de presentar a la sancionada su descargo y ofrecer toda la prueba que considera conducente a los efectos de demostrar su postura; Que la instancia adecuada para la presentación de la prueba era el descargo; Que no se visualiza en los presentes obrados (ni en los descargos que anteceden al recurso) que la recurrente haya acompañado prueba alguna de sus dichos. Solo se limita a justificar el hecho sancionable con afirmaciones vagas e imprecisas, tales como: “el descalabro vivido en el día de la inspección por razones ajenas al administrado…”, la coyuntura producida por conductas ajenas a la empresa, totalmente inevitables y por demás extraordinarias…” que de alguna manera intentan motivar la falta de precio en góndola, hecho distinto al sancionado por la Resolución que ahora se ataca; Que las actas labradas por el personal de la Dirección de Fiscalización, Control y Tecnología Agroindustrial constituyen instrumentos públicos, los cuales hacen fe de sí y se prueban por sí mismos; Que el Artículo 42 de la Carta Magna Nacional protege la provisión de bienes y servicios con base en un “trato equitativo y digno” hacia los consumidores, de manera tal que su comercialización asegure la libertad de elección y condiciones dignas de trato, fin protegido, vulnerado por la firma sumariada; Que en relación al pedido de suspensión del acto (ejecución de la multa) mientras se encuentre en tramitación el presente recurso, cabe mencionar que, no sólo no se advierten los vicios alegados en el recurso sino que, por el contrario, se advierte la legitimidad del Acta N° 0110 en tanto fue labrada con todas las formalidades de la ley, por funcionario competente y habiendo cumplido rigurosamente el Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial procedimiento legalmente determinado, respetando el derecho de defensa. Que, en consecuencia, debe mantenerse incólume la manda que establece el Artículo 83 LPA en tanto dispone que “La interposición de recursos no suspende la ejecución del acto impugnado…”; Que la tramitación administrativa cumple con los estándares constituciones referidos al derecho de defensa, la tutela y debido proceso administrativo en armonía con las garantías procesales establecidas en el Artículo 18 de la Carta Magna Nacional; Que el monto de la multa impuesto por Resolución 09/25 se encuentra dentro del rango previsto por el Artículo 57 inciso b del Decreto Nº 274/19 y se condice con los antecedentes y constancias del expediente. Teniendo en cuenta el criterio de graduación plasmado por el Artículo 58 del decreto: “La autoridad de aplicación graduará las sanciones en base a: la gravedad de la infracción; el daño causado a todas las personas afectadas por la actividad prohibida; el beneficio obtenido por todas las personas involucradas en la actividad prohibida; el efecto disuasivo; el valor de los activos involucrados al momento en que se cometió la violación; la intencionalidad; la duración; la participación del infractor en el Mercado; el tamaño del Mercado afectado; la duración de la práctica y los antecedentes del responsable . La colaboración con la autoridad de aplicación en el conocimiento o en la investigación de la conducta podrá ser considerada un atenuante en la graduación de la sanción”; Por lo expuesto y en conformidad con lo dictaminado por la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Producción y por Asesoría de Gobierno, EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA D E C R E T A: Artículo 1º - Acéptese desde el punto de vista formal y rechácese sustancialmente, por las razones expuestas en los considerandos de este decreto, el Recurso Jerárquico interpuesto por el Doctor Sergio Barochovich, en nombre y representación de SAUDA S.R.L, CUIT Nº 30-69954382-5, contra de la Resolución Nº 9 emitida por la Dirección de Fiscalización, Control y Tecnología Agroindustrial en fecha 09 de enero de 2025, por lo que la misma queda firme en todos sus términos. Artículo 2º - Comuníquese, publíquese, notifíquese, dése al Registro Oficial y archívese. LIC. ALFREDO V. CORNEJO LIC. RODOLFO VARGAS S/Cargo 01/09/2025 (1 Pub.) MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, INFANCIAS Y DIRECCIÓN GENERAL DE ESCUELAS (D.G.E.)