DECRETOS

Decreto Nº 1717

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN

Fecha de publicación
29 de agosto de 2025
Fecha de la norma
12 de agosto de 2025
Referencia documental
Boletín Nº 32.423 · páginas 14–17
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Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza

Decreto N°: 1717 MENDOZA, 12 DE AGOSTO DE 2025 Visto el expediente N° EX-2024-03305039-GDEMZA-CCC, en el cual el Doctor Sergio Barochovich, en nombre y representación de SAUDA S.R.L, CUIT Nº 30-69954382-5, interpone Recurso Jerárquico en contra de la Resolución Nº 143 emitida por la Dirección de Fiscalización, Control y Tecnología Agroindustrial, dependiente del Ministerio de Producción de la Provincia en fecha 03 de abril de 2024; y CONSIDERANDO: Que los requisitos formales de procedencia del Recurso en análisis han sido debidamente observados, Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial toda vez que ha sido impetrado en legal tiempo y forma, a tenor de lo dispuesto por el Artículo 179 de la Ley de Procedimiento Administrativo, razón por la cual resulta admisible formalmente; Que en orden 2 del expediente antecedente EX-2023-07011639-GDEMZA-DFYC#MEIYE se incorpora el acta de infracción identificada como ACTA 15609 - SAUDA S.R.L.; Que en orden 5 rola el descargo de la empresa y en orden 12 se exhibe el dictamen que aconseja el dictado del acto administrativo que aplique una multa; Que en orden 19 rola la Resolución Nº 585/23 de la ex Dirección de Fiscalización y Control, actual Dirección de Fiscalización, Control y Tecnología Agroindustrial, que aplica una multa de PESOS TRESCIENTOS MIL ($ 300.000,00) por revestir el hecho sancionado una infracción al Decreto Nº 274/19 por los motivos ampliamente desarrollados en sus considerandos; Que en orden 25 se exhibe el Recurso de Revocatoria interpuesto por la sancionada contra la Resolución Nº 585/23 de la ex Dirección de Fiscalización y Control, actual Dirección de Fiscalización, Control y Tecnología Agroindustrial por motivos de arbitrariedad en la imputación de la infracción, ausencia de motivación y desproporcionalidad en la sanción, lo que es rechazado en lo sustancial por la Resolución Nº 143/24; Que del análisis sustancial del Recurso interpuesto surge que la recurrente en esta instancia reitera los argumentos que vertiera en oportunidad de interponer el descargo al acta de infracción y el Recurso de Revocatoria; Que insiste en que el acto administrativo se encuentra aparentemente fundado sólo en apreciaciones dogmáticas e infundadas y en consecuencia carece de causa y motivación, por lo que resulta nula de nulidad absoluta e insalvable, además de sostener que es arbitraria, desproporcionada y exorbitante la multa impuesta por la Administración; Que, asimismo, solicita la recurrente que se ordene la suspensión de los efectos de la resolución impugnada, atento la existencia de un grave daño irreparable al patrimonio de la empresa en caso de ejecutoriar lo ordenado en la Resolución recurrida; Que, por último, efectúa un planteo de reducción de la sanción impuesta por resultar la misma, a su criterio, excesiva, irrazonable y desproporcionada; Que en cuanto al punto referido a la ilegitimidad del acto administrativo es dable señalar que el obrar de los inspectores y funcionarios intervinientes en el proceso, ha sido regular y en cumplimiento riguroso de las normas estipuladas; Que la infracción no se imputa en razón de “no contar la presentante con los precios en la góndola” sino en el hecho de encontrar diferencias entre los precios exhibidos y los reflejados en caja al momento de pasar el producto por el lector de código de barra; Que el inspector actuante, según acta y planillas, constata el producto con la descripción en perfil de góndola, anota el precio y luego compara con el ticket de compra. Al verificarse la diferencia, se labra el acta de infracción. El procedimiento es regular y tiende a emular el accionar de un cliente para dejar así demostrada la vulneración del derecho del mismo y la violación al Decreto Nº 274/19 de Lealtad Comercial; Que este tipo de situaciones encuadran a la perfección en lo que prevé el Decreto: “Publicidad engañosa. Artículo 11 – Queda prohibida la realización de cualquier clase de presentación, de publicidad o propaganda que mediante inexactitudes u ocultamientos pueda inducir a error, engaño o confusión respecto de las características o propiedades, naturaleza, origen, calidad, pureza, mezcla, cantidad, uso, precio, condiciones de comercialización o técnicas de producción de bienes muebles, inmuebles o Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial servicios.”; Que el acta de infracción reúne los requisitos que exige la norma, la que al efecto refiere: “Procedimiento de oficio. Artículo 42 – Si se tratare de la comprobación de oficio de una infracción, el funcionario actuante procederá a labrar un acta donde hará constar concretamente el hecho verificado y la norma infringida. Se notificará al presunto infractor que dentro de los diez días de notificado, deberá presentar su descargo y ofrecer pruebas, si las hubiere, debiéndose indicar dónde efectuar su presentación. La autoridad de aplicación pondrá a disposición del presunto infractor copia de lo actuado. La reglamentación establecerá la forma y condiciones de notificación del acta. Los hechos constatados por la autoridad de aplicación tendrán valor probatorio pleno, sin perjuicio de las pruebas que, en defensa de sus derechos o intereses, pudieran aportar los administrados. Será de aplicación el Artículo 39 del presente decreto en materia de prueba”; Que de la interpretación realizada del artículo se desprende con claridad la legitimidad del actuar del inspector, habiendo otorgado la posibilidad de presentar a la sancionada su descargo y ofrecer toda la prueba que considera conducente a los efectos de demostrar su postura; Que la instancia adecuada para la presentación de la prueba era el descargo; Que como se ha reiterado en las anteriores presentaciones y como se interpreta del artículo, las actas labradas por el personal de la Dirección de Fiscalización, Control y Tecnología Agroindustrial constituyen instrumentos públicos, los cuales hacen fe de sí y se prueban por sí mismos; Que, a su turno, el Artículo 42 de la Constitución Nacional protege la provisión de bienes y servicios con base en un “trato equitativo y digno” hacia los consumidores, de manera tal que su comercialización asegure la libertad de elección y condiciones dignas de trato, fin protegido, vulnerado por la firma sumariada; Que en relación al pedido de suspensión del acto (ejecución de la multa) mientras se encuentre en tramitación el presente recurso, cabe mencionar que no sólo no se advierten los vicios alegados en el recurso sino que, por el contrario, se advierte la legitimidad del Acta N° 15609 en tanto fue labrada con todas las formalidades de la Ley por funcionario competente y habiendo cumplido rigurosamente el procedimiento legalmente determinado, respetando el derecho de defensa en todas las etapas recursivas; Que en consecuencia, debe mantenerse incólume la manda que establece el Artículo 83 de la Ley de Procedimiento Administrativo en tanto dispone que “La interposición de recursos no suspende la ejecución del acto impugnado…”; Que la tramitación administrativa cumple con los estándares constituciones referidos al derecho de defensa, la tutela y debido proceso administrativo en armonía con las garantías procesales establecidas en el Artículo 18 de la Constitución Nacional; Que en cuanto al monto de la multa de $300.000,00 impuesto por la Resolución Nº 143/24 se encuentra dentro del rango previsto por el Artículo 57 Inciso b del Decreto Nº 274/19 y se condice con los antecedentes y constancias del expediente. Teniendo en cuenta el criterio de graduación plasmado por el Artículo 58 del decreto: “La autoridad de aplicación graduará las sanciones en base a: la gravedad de la infracción; el daño causado a todas las personas afectadas por la actividad prohibida; el beneficio obtenido por todas las personas involucradas en la actividad prohibida; el efecto disuasivo; el valor de los activos involucrados al momento en que se cometió la violación; la intencionalidad; la duración; la participación del infractor en el mercado; el tamaño del mercado afectado; la duración de la práctica y los antecedentes del responsable, así como su capacidad económica. La colaboración con la autoridad de aplicación en el conocimiento o en la investigación de la conducta podrá ser considerada un atenuante en la graduación de la sanción”; Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial Que la Resolución N° 48 de fecha 23 de enero de 2024 por medio de la cual la Secretaría de Comercio Interior (“SCI”), actualizó el valor de la unidad móvil establecida en la Ley N° 27.442 de Defensa de la Competencia (“LDC”) en AR$ 506.19 (pesos quinientos seis con diecinueve centavos). En consecuencia, la sanción de multa prevista en el inciso b) del artículo 57 del Régimen de Lealtad Comercial, que se establece entre 1 y 10.000.000 de Unidades Móviles, puede ir desde AR$ 506.19 hasta AR$ 5.061.900.000; Que la sanción parece justa en su monto en relación a la infracción concreta que se intenta sancionar con la misma, atento a que pretende disuadir las conductas infractoras; Por lo expuesto y en conformidad con lo dictaminado por la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Producción y por Asesoría de Gobierno, EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA D E C R E T A: Artículo 1º - Acéptese en lo formal y rechácese en lo sustancial, por los motivos expuestos en los considerandos de este decreto, el Recurso Jerárquico interpuesto por el Doctor Sergio Barochovich, en nombre y representación de SAUDA S.R.L, CUIT Nº 30-69954382-5, en contra de la Resolución Nº 143 emitida por la Dirección de Fiscalización, Control y Tecnología Agroindustrial, dependiente del Ministerio de Producción en fecha 03 de abril de 2024, por lo que la misma queda confirmada en todos sus términos. Artículo 2º - Comuníquese, notifíquese, publíquese, dese al Registro Oficial y archívese. LIC, ALFREDO V. CORNEJO LIC. RODOLFO VARGAS S/Cargo 29/08/2025 (1 Pub.)