DECRETOS
Decreto Nº 1718
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN
- Fecha de publicación
- 28 de agosto de 2025
- Fecha de la norma
- 12 de agosto de 2025
- Referencia documental
- Boletín Nº 32.422 · páginas 25–28
Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza
Decreto N°: 1718
MENDOZA, 12 DE AGOSTO DE 2025
Visto el expediente N° EX-2024-03294022-GDEMZA-CCC, en el cual el Doctor Sergio Barochovich, en
nombre y representación de SAUDA S.R.L, interpone Recurso Jerárquico en contra de la Resolución Nº
134/24 emitida por Dirección de Fiscalización, Control y Tecnología Agroindustrial en fecha 20 de marzo de
2024; y
CONSIDERANDO:
Que la resolución ahora recurrida rechazó el Recurso de Revocatoria interpuesto por la firma arriba
mencionada, contra la Resolución N° 543/23 de la ex Dirección de Fiscalización y Control actual Dirección
de Fiscalización, Control y Tecnología Agroindustrial;
Que los requisitos formales de procedencia del recurso han sido debidamente observados, toda vez que
ha sido interpuesto en legal tiempo y forma, a tenor de lo dispuesto por el Artículo 179 y c.c. de la Ley de
Procedimiento Administrativo N° 9003, por lo que el recurso debe ser admitido desde el punto de vista
formal;
Que de los antecedentes en el expediente asociado EX-2023-05660920-GDEMZA-DFYC#MEIYE surge
que en orden 2 se incorpora el acta de infracción identificada como ACTA 15307 - SAUDA S.R.L.;
Que en orden 5 rola descargo por parte de la empresa y en orden 15 se exhibe dictamen de la Asesoría
Letrada aconsejando el dictado del acto administrativo que aplique la multa;
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
Que en orden 24 rola la Resolución N 543/23 de la ex Dirección de Fiscalización y Control que aplica una
multa de PESOS DOSCIENTOS MIL ($ 200.000,00) por revestir el hecho sancionado una infracción al
Decreto Nº 274/19 por los motivos ampliamente desarrollados en los considerandos de la misma;
Que en orden 30 se exhibe el Recurso de Revocatoria por parte de la sancionada contra la Resolución Nº
543/23-DFYC por motivos de arbitrariedad en la imputación de la infracción, ausencia de motivación y
desproporcionalidad en la sanción, lo que es rechazado desde lo sustancial por la Resolución Nº 134/24;
Que la recurrente en esta instancia reitera en lo sustancial los argumentos que vertiera en oportunidad de
interponer el descargo al acta de infracción y el Recurso de Revocatoria. Reitera que, el acto
administrativo se encuentra aparentemente fundado sólo en apreciaciones, dogmáticas e infundadas y, en
consecuencia carece de causa y motivación, por lo que resulta nula de nulidad absoluta e insalvable,
además de sostener que es arbitraria, desproporcionada y exorbitante la multa impuesta;
Que,asimismo,solicita se ordene la suspensión de los efectos de la resolución impugnada, atento a la
existencia de un grave daño irreparable al patrimonio de la empresa en caso de ejecutoriar lo ordenado en
la Resolución recurrida;
Que, por último, efectúa un planteo de reducción de la sanción impuesta, por resultar la misma excesiva,
irrazonable y desproporcionada;
Que el obrar de los inspectores y funcionarios intervinientes en el proceso ha sido regular y en
cumplimiento riguroso de las normas estipuladas;
Que la infracción no se imputa en razón de “no contar la presentante con los precios en la góndola” sino
en el hecho de encontrar diferencias entre los precios exhibidos y los reflejados en caja al momento de
pasar el producto por el lector de código de barra;
Que el inspector actuante, según acta y planillas, constata el producto con la descripción en perfil de
góndola, anota el precio y luego compara con el ticket de compra. Al verificarse la diferencia, se labra el
acta de infracción. El procedimiento es regular y tiende a emular el accionar de un cliente para dejar así
demostrada la vulneración del derecho del mismo y la violación al Decreto Nº274/19 de Lealtad Comercial;
Que este tipo de situaciones, encuadran a la perfección en lo que prevé el decreto: “Publicidad engañosa.
Artículo 11 – Queda prohibida la realización de cualquier clase de presentación, de publicidad o
propaganda que mediante inexactitudes u ocultamientos pueda inducir a error, engaño o confusión
respecto de las características o propiedades, naturaleza, origen, calidad, pureza, mezcla, cantidad, uso,
precio, condiciones de comercialización o técnicas de producción de bienes muebles, inmuebles o
servicios.”;
Que el acta de infracción reúne los requisitos que exige la norma, la que al efecto refiere: “Procedimiento
de oficio. Artículo 42 – Si se tratare de la comprobación de oficio de una infracción, el funcionario actuante
procederá a labrar un acta donde hará constar concretamente el hecho verificado y la norma infringida. Se
notificará al presunto infractor que dentro de los diez días de notificado, deberá presentar su descargo y
ofrecer pruebas, si las hubiere, debiéndose indicar dónde efectuar su presentación. La autoridad de
aplicación pondrá a disposición del presunto infractor copia de lo actuado. La reglamentación establecerá
la forma y condiciones de notificación del acta. Los hechos constatados por la autoridad de aplicación
tendrán valor probatorio pleno, sin perjuicio de las pruebas que, en defensa de sus derechos o intereses,
pudieran aportar los administrados. Será de aplicación el Artículo 39 del presente decreto en materia de
prueba.”;
Que de la interpretación realizada del artículo se desprende con claridad, la legitimidad del actuar del
inspector, habiendo otorgado la posibilidad de presentar a la sancionada su descargo y ofrecer toda la
prueba que considera conducente a los efectos de demostrar su postura;
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
Que la instancia adecuada para la presentación de la prueba era el descargo;
Que como se ha reiterado en las anteriores presentaciones y como se interpreta del artículo, las actas
labradas por el personal de la Dirección de Fiscalización y Control constituyen instrumentos públicos, los
cuales hacen fe de sí y se prueban por sí mismos;
Que a su turno, el artículo 42 de nuestra Carta Magna Nacional protege la provisión de bienes y servicios
con base en un “trato equitativo y digno” hacia los consumidores, de manera tal que su comercialización
asegure la libertad de elección y condiciones dignas de trato, fin protegido, vulnerado en autos por la firma
sumariada;
Que en relación al pedido de suspensión del acto (ejecución de la multa) mientras se encuentre en
tramitación el presente recurso, cabe mencionar que, no sólo no se advierten los vicios alegados en el
recurso sino que, por el contrario, se advierte la legitimidad del Acta N° 15307 en tanto fue labrada con
todas las formalidades de la ley, por funcionario competente y habiendo cumplido rigurosamente el
procedimiento legalmente determinado, respetando el derecho de defensa en todas las etapas recursivas;
Que, en consecuencia, debe mantenerse incólume la manda que establece el Artículo 83 de la Ley de
Procedimiento Administrativo en tanto dispone, que “La interposición de recursos no suspende la
ejecución del acto impugnado…”;
Que la presente tramitación administrativa cumple con los estándares constituciones referidos al derecho
de defensa, la tutela y debido proceso administrativo en armonía con las garantías procesales establecidas
en el artículo 18 de la Carta Magna Nacional;
Que el monto de la multa de $ 200.000,00, impuesto por la Resolución Nº 134/24 se encuentra dentro del
rango previsto por el Artículo 57 Inciso b del Decreto Nº 274/19 y se condice con los antecedentes y
constancias del expediente. Teniendo en cuenta el criterio de graduación plasmado por el Artículo 58: “La
autoridad de aplicación graduará las sanciones en base a: la gravedad de la infracción; el daño causado a
todas las personas afectadas por la actividad prohibida; el beneficio obtenido por todas las personas
involucradas en la actividad prohibida; el efecto disuasivo; el valor de los activos involucrados al momento
en que se cometió la violación; la intencionalidad; la duración; la participación del infractor en el mercado;
el tamaño del mercado afectado; la duración de la práctica y los antecedentes del responsable, así como
su capacidad económica. La colaboración con la autoridad de aplicación en el conocimiento o en la
investigación de la conducta podrá ser considerada un atenuante en la graduación de la sanción”;
Que la Resolución N° 48 de fecha 23 de enero de 2024, por medio de la cual la Secretaría de Comercio
Interior (“SCI”) actualizó el valor de la unidad móvil establecida en la Ley N° 27.442 de Defensa de la
Competencia (“LDC”) en AR$ 506.19 (PESOS QUINIENTOS SEIS CON DIECINUEVE CENTAVOS). En
consecuencia, la sanción de multa prevista en el inciso b) del Artículo 57 del Régimen de Lealtad
Comercial, que se establece entre 1 y 10.000.000 de Unidades Móviles, puede ir desde AR$ 506.19 hasta
AR$ 5.061.900.000;
Por lo expuesto y en conformidad con lo dictaminado por la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio
de Producción y por Asesoría de Gobierno,
EL
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
D E C R E T A:
Artículo 1º - Acéptese en lo formal y rechácese en lo sustancial, por los motivos expuestos en los
considerandos de este decreto, el Recurso Jerárquico interpuesto por el Doctor Sergio Barochovich, en
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
nombre y representación de SAUDA S.R.L, contra la Resolución Nº 134/24 emitida por Dirección de
Fiscalización, Control y Tecnología Agroindustrial en fecha 20 de marzo de 2024, por lo que la misma
queda confirmada en todos sus términos.
Artículo 2º - Comuníquese, notifíquese, publíquese, dése al Registro Oficial y archívese.
LIC. ALFREDO V. CORNEJO
LIC. RODOLFO VARGAS
S/Cargo
28/08/2025 (1 Pub.)
