DECRETOS

Decreto Nº 1768

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, INFANCIAS Y DIRECCIÓN GENERAL DE ESCUELAS (D.G.E.)

Fecha de publicación
27 de agosto de 2025
Fecha de la norma
19 de agosto de 2025
Referencia documental
Boletín Nº 32.421 · páginas 15–17
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Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza

Decreto N°: 1768 MENDOZA, 19 DE AGOSTO DE 2025 VISTO el EX-2023-00255172-GDEMZA-CCC y su asociado EX-2022-08708412-GDEMZA- SEGE#MSDSYD en el cual la Licenciada Carolina Del Valle Cuesta, interpone Recurso Jerárquico en contra de la Resolución Nº 415/19 del ex Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes, actual Ministerio de Salud y Deportes; y CONSIDERANDO: Que mediante la mencionada Resolución se rechazó el reclamo interpuesto por la Lic. Carolina del Valle Cuesta, referente al pago de los Adicionales Zona Inhóspita y Zona Promoción. Que la notificación de la Resolución Nº 415/19 no cumplió con lo dispuesto en el Art. 150 de la Ley Nº 9003, el que establece: “Las notificaciones ordenadas en actuaciones administrativas deberán contener copia o transcripción íntegra de la resolución que se comunica, con la información de la carátula, numeración y oficina de radicación actual del expediente correspondiente, indicando también, en su caso, los recursos que se puedan interponer contra el acto, así como el plazo dentro del cual deben articularse los mismos. Si el acto agota la instancia administrativa deberá indicarse la acción y plazo disponible para su impugnación en sede judicial. La omisión o el error en que se pudiere incurrir al efectuar tales indicaciones no perjudicarán al afectado, ni permitirá darle por decaído su derecho, salvo lo dispuesto en materia de prescripción”. La referida exigencia determina que en la notificación expresamente deben mencionarse con precisión los recursos administrativos que el administrado puede interponer contra el acto administrativo que se notifica y el plazo para interponerlos. El último párrafo del artículo citado establece que la omisión de dichas indicaciones o su realización errónea no perjudicarán al administrado notificado ni permitirá darle por decaído su derecho, lo cual implica que no comienzan a correr los plazos para interponer los recursos administrativos ni, en su caso, para la interposición de la acción procesal administrativa. Que la recurrente solicita el pago de los Adicionales Zona Inhóspita y Zona Promoción por desarrollar tareas en la Dirección de Derecho a la Alimentación – Delegación La Paz, dependiente de la D.G.E., fundando oportunamente su reclamo en la paritaria firmada por A.M.Pro.S. con fecha 14 de febrero de 2017 respecto del acuerdo para Clases correspondiente al Régimen Salarial 27, que fuere homologado por Decreto N° 191/17. Que sostiene la recurrente que el acto impugnado carece de los requisitos necesarios y se encuentra afectado por vicios groseros que implicarían su inexistencia y/o su nulidad absoluta (basa este fundamento en el Art. 39 de la Ley Nº 9003 y Arts. 14, 14 bis, 16 y 17 de la Constitución Nacional). Que el reclamo de la recurrente resultó rechazado al merituar que la Lic. Cuesta no se encontraría, por las funciones que desarrolla, incluida en la mencionada paritaria. Que el planteo realizado por la recurrente carece de fundamentos, ya que como resultó fundado en la resolución que recurre; “el acta paritaria de fecha 14/02/2017 homologada por el Decreto N° 191/17, ratificado por la Ley Nº 8958, no se refiere al caso particular al otorgamiento del Adicional Zona de Promoción a la Dirección de Derecho a la Alimentación- Delegación La Paz, sino a los agentes del Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial Régimen 27 que presten servicios en hospitales y Áreas de salud, por lo que ahí, prima facie, las funciones otorgadas a la Lic. Carolina del Valle Cuesta, no se encontrarían incluidas en la mencionada paritaria”. Que de la simple lectura del acto administrativo impugnado se refleja que ante la situación de hecho y de derecho planteada este no posee vicios graves o groseros, no resulta absurdo; ni presenta oscuridad e imprecisión esencial mediante un razonable esfuerzo de interpretación, tampoco transgrede disposiciones jurídicas o normas constitucionales, ni resulta estar en discordancia con la situación de hecho reglada por el orden normativo, tampoco transgrede normas administrativas de carácter general. Que “Un acto es grosero cuando el vicio aparece evidente y no requiere para demostrarlo ningún tipo de investigación, por simple que éste sea. El vicio para considerarlo vicio grosero debe ser manifiesto, incuestionable”. Que al alegarse vicios de la voluntad por violación de normas elementales constitucionales que hacen al debido proceso legal, la igualdad y los derechos laborales: este planteo no resiste mayor análisis, en efecto: Los contratos pueden ser rescindidos como facultad de los contratantes, siendo ello un pleno ejercicio de los derechos devenidos de éste. Que, de la lectura de estos obrados surge que la resolución atacada se ha dictado respetando el principio de garantía de defensa, de igualdad y defensa en juicio y derechos laborales según lo imponen las normas constitucionales y la ley de Procedimiento Administrativo. “Para que el derecho de defensa se lesione se debe impedir el derecho a ser oído, el de ofrecer pruebas pertinentes y el de interponer recursos procedentes…”. Que “la motivación es la expresión o constancia de que el motivo (causa) existe y ocurre en el caso concreto; en otras palabras, la motivación del acto administrativo consiste en la exposición de las razones que indujeron a la Administración pública a la emisión del acto. Esa motivación puede resultar acreditada en cualquiera de los dos momentos que integran la “forma” del acto ya sea en el proceso de “formación” o en el de “expresión” de la voluntad de la administración. Por ello, la motivación puede ser contemporánea o anterior a la expresión, apareciendo en éste último caso en el proceso de formación de la voluntad administrativa”. Que en este sentido la Suprema Corte de Justicia ha señalado: “Corresponde desestimar la pretensión de un ex agente tendiente a ser reinstalado en el empleo público municipal que desempeñó hasta que se le notificó la fecha en que concluía su contrato a plazo fijo, si no es titular del derecho a la estabilidad en el empleo público que pretende; aun cuando la contratación fue renovada en forma continuada por más de 13 años. Ello así, porque la circunstancia de haber cumplido funciones no de carácter transitorias sino propias de la administración municipal ordinaria, no es suficiente para otorgar estabilidad a una relación de empleo que ha nacido sin el previo cumplimiento de los procedimientos que la ley dispone a fin de acreditar en forma pública la necesaria idoneidad para el cargo, exigencia prevista en el Art. 16 de la Constitución Nacional y en la primera parte del Art. 30 de la Constitución de Mendoza como garantía o resguardo del derecho a la igualdad en el acceso a la función pública.”. Que, por lo tanto el acto administrativo se encuentra suficientemente motivado, basándose en hechos ciertos, verdaderos, existentes al momento de su emisión y correspondiendo a la actividad reglada administrativa. Que asimismo, el acto administrativo fue dictado con razonabilidad, habiendo sido precedido de dictamen legal en el cual se fundamenta su procedencia. La razonabilidad se caracteriza por implicar una motivación coherente con los Principios Generales del derecho, los propios del derecho Administrativo y los fines que hubieran justificado el dictado de la normativa aplicable al caso. Los agentes públicos deben valorar razonablemente las circunstancias de hecho y el derecho aplicable y disponer medidas proporcionalmente adecuadas al fin perseguido por el Orden Jurídico. El acto administrativo es irracional (y por lo tanto arbitrario) cuando el objeto es absurdo, contradictorio o desproporcionado. Hay contradicción cuando el Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial acto explica y fundamenta una solución en los considerandos y adopta la contraria en la parte resolutiva”. Que, de lo expuesto surge que el acto administrativo impugnado no contraviene disposiciones constitucionales, ni legales; no viola el Acta Acuerdo Comisión Negociadora Ley Nº 7759 de fecha 14/02/2017, punto 5 y no carece de motivación legal. Por ello, en razón de lo solicitado y lo dictaminado por Asesoría de Gobierno en orden 36 del expediente EX-2023-00255172--GDEMZA-CCC, EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DECRETA: Artículo 1º- Acéptese formalmente y rechácese sustancialmente el Recurso Jerárquico interpuesto por la Licenciada CAROLINA DEL VALLE CUESTA, CUIL Nº 27-25628188-6, en contra de la Resolución Nº 415/19 del ex Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes, actual Ministerio de Salud y Deportes, en virtud de lo expuesto en los considerandos del presente decreto. Artículo 2º.- Notifíquese, comuníquese, publíquese, dese al Registro Oficial y archívese. LIC. ALFREDO V. CORNEJO LIC. TADEO GARCÍA ZALAZAR S/Cargo 27/08/2025 (1 Pub.)