DECRETOS
Decreto Nº 1768
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, INFANCIAS Y DIRECCIÓN GENERAL DE ESCUELAS (D.G.E.)
- Fecha de publicación
- 27 de agosto de 2025
- Fecha de la norma
- 19 de agosto de 2025
- Referencia documental
- Boletín Nº 32.421 · páginas 15–17
Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza
Decreto N°: 1768
MENDOZA, 19 DE AGOSTO DE 2025
VISTO
el
EX-2023-00255172-GDEMZA-CCC
y
su
asociado
EX-2022-08708412-GDEMZA-
SEGE#MSDSYD en el cual la Licenciada Carolina Del Valle Cuesta, interpone Recurso Jerárquico en
contra de la Resolución Nº 415/19 del ex Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes, actual
Ministerio de Salud y Deportes; y
CONSIDERANDO:
Que mediante la mencionada Resolución se rechazó el reclamo interpuesto por la Lic. Carolina del Valle
Cuesta, referente al pago de los Adicionales Zona Inhóspita y Zona Promoción.
Que la notificación de la Resolución Nº 415/19 no cumplió con lo dispuesto en el Art. 150 de la Ley Nº
9003, el que establece: “Las notificaciones ordenadas en actuaciones administrativas deberán contener
copia o transcripción íntegra de la resolución que se comunica, con la información de la carátula,
numeración y oficina de radicación actual del expediente correspondiente, indicando también, en su caso,
los recursos que se puedan interponer contra el acto, así como el plazo dentro del cual deben articularse
los mismos. Si el acto agota la instancia administrativa deberá indicarse la acción y plazo disponible para
su impugnación en sede judicial. La omisión o el error en que se pudiere incurrir al efectuar tales
indicaciones no perjudicarán al afectado, ni permitirá darle por decaído su derecho, salvo lo dispuesto en
materia de prescripción”. La referida exigencia determina que en la notificación expresamente deben
mencionarse con precisión los recursos administrativos que el administrado puede interponer contra el
acto administrativo que se notifica y el plazo para interponerlos. El último párrafo del artículo citado
establece que la omisión de dichas indicaciones o su realización errónea no perjudicarán al administrado
notificado ni permitirá darle por decaído su derecho, lo cual implica que no comienzan a correr los plazos
para interponer los recursos administrativos ni, en su caso, para la interposición de la acción procesal
administrativa.
Que la recurrente solicita el pago de los Adicionales Zona Inhóspita y Zona Promoción por desarrollar
tareas en la Dirección de Derecho a la Alimentación – Delegación La Paz, dependiente de la D.G.E.,
fundando oportunamente su reclamo en la paritaria firmada por A.M.Pro.S. con fecha 14 de febrero de
2017 respecto del acuerdo para Clases correspondiente al Régimen Salarial 27, que fuere homologado por
Decreto N° 191/17.
Que sostiene la recurrente que el acto impugnado carece de los requisitos necesarios y se encuentra
afectado por vicios groseros que implicarían su inexistencia y/o su nulidad absoluta (basa este fundamento
en el Art. 39 de la Ley Nº 9003 y Arts. 14, 14 bis, 16 y 17 de la Constitución Nacional).
Que el reclamo de la recurrente resultó rechazado al merituar que la Lic. Cuesta no se encontraría, por las
funciones que desarrolla, incluida en la mencionada paritaria.
Que el planteo realizado por la recurrente carece de fundamentos, ya que como resultó fundado en la
resolución que recurre; “el acta paritaria de fecha 14/02/2017 homologada por el Decreto N° 191/17,
ratificado por la Ley Nº 8958, no se refiere al caso particular al otorgamiento del Adicional Zona de
Promoción a la Dirección de Derecho a la Alimentación- Delegación La Paz, sino a los agentes del
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
Régimen 27 que presten servicios en hospitales y Áreas de salud, por lo que ahí, prima facie, las funciones
otorgadas a la Lic. Carolina del Valle Cuesta, no se encontrarían incluidas en la mencionada paritaria”.
Que de la simple lectura del acto administrativo impugnado se refleja que ante la situación de hecho y de
derecho planteada este no posee vicios graves o groseros, no resulta absurdo; ni presenta oscuridad e
imprecisión esencial mediante un razonable esfuerzo de interpretación, tampoco transgrede disposiciones
jurídicas o normas constitucionales, ni resulta estar en discordancia con la situación de hecho reglada por
el orden normativo, tampoco transgrede normas administrativas de carácter general.
Que “Un acto es grosero cuando el vicio aparece evidente y no requiere para demostrarlo ningún tipo de
investigación, por simple que éste sea. El vicio para considerarlo vicio grosero debe ser manifiesto,
incuestionable”.
Que al alegarse vicios de la voluntad por violación de normas elementales constitucionales que hacen al
debido proceso legal, la igualdad y los derechos laborales: este planteo no resiste mayor análisis, en
efecto: Los contratos pueden ser rescindidos como facultad de los contratantes, siendo ello un pleno
ejercicio de los derechos devenidos de éste.
Que, de la lectura de estos obrados surge que la resolución atacada se ha dictado respetando el principio
de garantía de defensa, de igualdad y defensa en juicio y derechos laborales según lo imponen las normas
constitucionales y la ley de Procedimiento Administrativo. “Para que el derecho de defensa se lesione se
debe impedir el derecho a ser oído, el de ofrecer pruebas pertinentes y el de interponer recursos
procedentes…”.
Que “la motivación es la expresión o constancia de que el motivo (causa) existe y ocurre en el caso
concreto; en otras palabras, la motivación del acto administrativo consiste en la exposición de las razones
que indujeron a la Administración pública a la emisión del acto. Esa motivación puede resultar acreditada
en cualquiera de los dos momentos que integran la “forma” del acto ya sea en el proceso de “formación”
o en el de “expresión” de la voluntad de la administración. Por ello, la motivación puede ser
contemporánea o anterior a la expresión, apareciendo en éste último caso en el proceso de formación de
la voluntad administrativa”.
Que en este sentido la Suprema Corte de Justicia ha señalado: “Corresponde desestimar la pretensión de
un ex agente tendiente a ser reinstalado en el empleo público municipal que desempeñó hasta que se le
notificó la fecha en que concluía su contrato a plazo fijo, si no es titular del derecho a la estabilidad en el
empleo público que pretende; aun cuando la contratación fue renovada en forma continuada por más de
13 años. Ello así, porque la circunstancia de haber cumplido funciones no de carácter transitorias sino
propias de la administración municipal ordinaria, no es suficiente para otorgar estabilidad a una relación de
empleo que ha nacido sin el previo cumplimiento de los procedimientos que la ley dispone a fin de
acreditar en forma pública la necesaria idoneidad para el cargo, exigencia prevista en el Art. 16 de la
Constitución Nacional y en la primera parte del Art. 30 de la Constitución de Mendoza como garantía o
resguardo del derecho a la igualdad en el acceso a la función pública.”.
Que, por lo tanto el acto administrativo se encuentra suficientemente motivado, basándose en hechos
ciertos, verdaderos, existentes al momento de su emisión y correspondiendo a la actividad reglada
administrativa.
Que asimismo, el acto administrativo fue dictado con razonabilidad, habiendo sido precedido de dictamen
legal en el cual se fundamenta su procedencia. La razonabilidad se caracteriza por implicar una motivación
coherente con los Principios Generales del derecho, los propios del derecho Administrativo y los fines que
hubieran justificado el dictado de la normativa aplicable al caso. Los agentes públicos deben valorar
razonablemente las circunstancias de hecho y el derecho aplicable y disponer medidas proporcionalmente
adecuadas al fin perseguido por el Orden Jurídico. El acto administrativo es irracional (y por lo tanto
arbitrario) cuando el objeto es absurdo, contradictorio o desproporcionado. Hay contradicción cuando el
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
acto explica y fundamenta una solución en los considerandos y adopta la contraria en la parte resolutiva”.
Que, de lo expuesto surge que el acto administrativo impugnado no contraviene disposiciones
constitucionales, ni legales; no viola el Acta Acuerdo Comisión Negociadora Ley Nº 7759 de fecha
14/02/2017, punto 5 y no carece de motivación legal.
Por ello, en razón de lo solicitado y lo dictaminado por Asesoría de Gobierno en orden 36 del expediente
EX-2023-00255172--GDEMZA-CCC,
EL
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:
Artículo 1º- Acéptese formalmente y rechácese sustancialmente el Recurso Jerárquico interpuesto por la
Licenciada CAROLINA DEL VALLE CUESTA, CUIL Nº 27-25628188-6, en contra de la Resolución Nº
415/19 del ex Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes, actual Ministerio de Salud y Deportes, en
virtud de lo expuesto en los considerandos del presente decreto.
Artículo 2º.- Notifíquese, comuníquese, publíquese, dese al Registro Oficial y archívese.
LIC. ALFREDO V. CORNEJO
LIC. TADEO GARCÍA ZALAZAR
S/Cargo
27/08/2025 (1 Pub.)
