DECRETOS

Decreto Nº 1364

MINISTERIO DE GOBIERNO, INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL

Fecha de publicación
7 de agosto de 2025
Fecha de la norma
25 de junio de 2025
Referencia documental
Boletín Nº 32.408 · páginas 4–9
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Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza

Decreto N°: 1364 MENDOZA, 25 DE JUNIO DE 2025 Visto el Expediente Nº EX-2024-02893527-GDEMZA-CCC; y CONSIDERANDO: Que en las presentes actuaciones la Empresa Distribuidora de Electricidad de Mendoza S.A., en adelante EDEMSA, interpone recurso de alzada contra lo resuelto en Acta Nº 1280, de fecha 22/03/2024, emanada del Honorable Directorio de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Abogados y Procuradores de Mendoza, originaria del Expediente Nº 53-RN-2019, caratulado ”RECAUDACIÓN INFORMA PERCEPCIÓN APORTE EN J:1218201 “EPRE C. EDEMSA P/ APREMIO” BOLETA DE DEUDA Nº V0007581 RECURSO DE ALZADA (ART. 183 LPA)", de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Abogados y Procuradores de Mendoza, en adelante Caja Forense o la Caja; Que la cuestión suscitada tiene su origen en la impugnación de las boletas de deuda originada a raíz de los autos Nº 1.218.201 “ENTE PROVINCIAL REGULADOR ELECTRICO c/ EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE MENDOZA S.A. p/ APREMIO”, originarios del Excmo. Segundo Juzgado Tributario de la Provincia de Mendoza; Que del Expediente Nº 53-RN-2019 surgen como principales antecedentes: Que a fs. 01 obra copia de escrito judicial suscripto por el Jefe de Inspectores de la Caja, Juan Hodar, y la inspectora, Dra. Lizabe, dirigido al 2º Juzgado Tributario, en el cual solicita “Se libre cheque a favor Caja Forense. Oposición entrega de fondos y/o levantamiento cautelares hasta satisfacción acreencia Caja”, ello atento a los fondos existentes en depósito judicial, a cuenta de liquidación, por el monto fijado en el auto judicial que calcula los aportes debidos en los términos de la Ley Nº 5059 al 07/02/2019 en la suma de $2.135.795,78. La oposición a entrega de fondos y/o levantamiento de cautelares se funda en lo dispuesto por el artículo 17, inc. g) de la Ley Nº 5059; Que el presidente de la Comisión informa que el expediente se origina a solicitud de la inspectora Dra. Lizabe quien verifica que en el citado expediente hay dinero que se está extrayendo sin que se haya verificado el pago de los aportes de juicio. La Dra. hace la inspección y emite la boleta de deuda. El coordinador de Recaudación, decidió no emitir la boleta de deuda, sino presentar directamente un escrito en el expediente oponiéndose a la entrega de fondos y solicitar cheque. Así las cosas, se efectiviza el cobro de $2.135.795,78. La Dra. Lizabe solicita que se le reconozca su comisión como si se hubiese emitido la boleta de deuda, lo cual tiene el visto bueno del Coordinador de Recaudación de la Caja; Que por tal motivo, a fs. 06 la Caja emite resolución en Acta Nº 1164, de fecha 30/08/2019, por la cual se resuelve reconocerle a la inspectora, Dra. Lizabe, en concepto de comisión el 2% de lo ingresado a la Caja por aportes de juicio de los autos Nº 1.218.201 caratulados “EPRE C/EDEMSA P/APREMIO”; Que a fs. 08/09 la Dra. Lizabe se alza contra dicha resolución reclamando la comisión total del 5%. Aduce a favor de ello que no solo detectó la evasión, sino que impidió que se siguieran retirando fondos del expediente a través de presentaciones que hizo en el expediente judicial, y que su actuación logró el libramiento del cheque por el importe adeudado a la Caja; Que ante el pedido del pago de comisión efectuado por la Dra. Lizabe, el Coordinador de Recaudación, a fs. 17, estima que la comisión del 2,5% solicitada no corresponde, ya que las actuaciones judiciales que Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial refiere la inspectora/recaudadora sì se subsumen en su rol de inspectora, las originaron la autorización de la ya referida comisión. No existió libramiento de boleta de deuda y por ende ninguna actividad en el rol pretendido ya que es potestad de la institución librar o no boleta de deuda. En relación a los intereses adeudados, entiende que corresponde que se abonen, pero previo a emitir boleta, solicita verificar la existencia de fondos y en su caso presentar escrito solicitando los mismos; Que a fs. 17 el contador Azuri, Jefe Recaudación de la Caja opina que el reclamo que efectúa la Dra. Elizabe al pago del 2,5% como recaudadora no le corresponde dado que no se emitió boleta de deuda, lo cual es voluntad de la Caja tal emisión. Además estima que si bien no le corresponde comisión como inspectora, dado que por eso cobra un honorario fijo mensual para detectar evasiones, dado las características propias de la empresa obligada al pago y las gestiones realizadas, se autorizó el pago de la comisión como Inspectora únicamente; Que a fs. 21/22 El Honorable Directorio de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Abogados y Procuradores de Mendoza resuelve el 30/01/2020, mediante Acta Nº 1173, hacer lugar en lo formal al recurso de revocatoria interpuesto por la Dra. Lizabe y admitirlo parcialmente en lo sustancial rechazando su petición de que se le reconozca el 5% de comisión por su actuación como inspector y recaudador. Por ende resuelve corregir la resolución de fecha 30/08/19 (Acta Nº 1164) adicionándole al 2% de comisión reconocido en la misma el 0,5% a fin de integrar el 2,5% debido por su actuación como inspector en la causa referida. Asimismo resuelve reconocer intereses legales sobre los importes adeudados desde su devengamiento hasta el efectivo pago. Dicha resolución se notifica el 03/03/2020 a la recurrente (fs. 23); Que a fs. 36 se emite boleta de deuda Nº V0007311 por un monto de PESOS SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y SEIS PESOS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS ($644.046,91.-) en fecha 09/04/2021; y a fs. 44 boleta de deuda Nº V0007581 por un monto de PESOS SETECIENTOS DOCE MIL CUARENTA Y UN PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS ($712.041,42) en fecha 29/04/2021; Que a fs. 57 atento a lo dictaminado, se corre vista a la deudora por cinco (5) días a fin de que la deudora se expida sobre las pautas liquidatorias aplicadas para la determinación de la deuda y proceda al pago voluntario de la misma; Que a fs. 60 se presenta EDEMSA y solicita que, en relación a los aportes fijados judicialmente por $2.135.795,78, el 50% de dichos aportes sea imputado a los profesionales de la parte demandada, conforme lo dispuesto en el Artículo 39 de la Ley N° 5059; y se acredite a todos los colegas firmantes en el Convenio de Distribución de aportes de abogados de EDEMSA, presentado oportunamente ante dicha Caja, en los porcentajes establecidos; Que EDEMSA al contestar la vista aduce que Caja Forense al cobrar una suma de dinero conforme a la liquidación judicial practicada ha consentido la misma, no teniendo nada más que reclamar por tal concepto, como también, que el pago sin reservas extingue la deuda; Que a fs. 65 la Caja emite resolución en Acta N° 1280, de fecha 22/03/2024, por el cual resuelve admitir en lo formal y desestimar en lo sustancial la impugnación de fs. 51/54. Que a fs. 66 obra notificación de la resolución en Acta N°1280 a EDEMSA, en fecha 26/03/2024. En contra de la Resolución, EDEMSA interpone recurso de alzada en fecha 23/04/2024; Que el presentante está canalizando su impugnación en contra de lo resuelto en Acta Nº 1205, del Honorable Directorio de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Abogados y Procuradores de Mendoza, por la vía de recurso de alzada; Que del análisis formal del recurso, es necesario puntualizar que, ante las decisiones definitivas de ciertas entidades públicas no estatales que causen estado dentro de las mismas, procede el recurso de alzada ya que, pese a no estar sujetas al poder jerárquico del Poder Ejecutivo, están sometidas al control de éste Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial último en relación a ciertos actos administrativos que efectúa; Que la doctrina afirma en tal sentido: según Gordillo, con especial referencia al acto administrativo, "Sin perjuicio de admitir que en principio la función administrativa es realizada por órganos estatales, y que en consecuencia para que exista acto administrativo debe tratarse de actividad realizada por tal tipo de órgano, creemos que ello no puede erigirse en norma absoluta y general. Por el contrario, existen en el Estado moderno numerosas entidades que han sido creadas por el legislador para ejercer cierto tipo de funciones administrativas, a las cuales se les confiere legalmente un cierto poder público para actuar, en nombre del Estado y con su potestad: en tales casos pareciera contradecirse a la realidad si se les negara a esos actos el carácter de administrativos. Así pueden considerarse administrativos los actos (…) de las corporaciones profesionales -de abogados, contadores, ingenieros, etcétera- que concretan el ejercicio de potestades públicas conferidas legalmente, ejercidas con carácter de "imperio" por tales entidades, etc."; Que el fundamento jurídico del control de legitimidad del Poder Ejecutivo respecto a sujetos de derecho público no estatales es de carácter constitucional, señalando la doctrina en tal sentido: "Cuando la función administrativa es realizada por sujetos de derecho no estatales el fundamento del control de legitimidad del Poder Ejecutivo es constitucional y radica en que el gobernador tiene "a su cargo la administración general de la provincia" y por el hecho de que "conoce y resuelve en los asuntos contencioso administrativos con arreglo a la ley" (art. 128, incisos 1º y 20º, Constitución de Mendoza)" (Sarmiento García, J., Bustelo, E., "Código Procesal Administrativo de la Provincia de Mendoza Comentado", Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2013, pág. 264); Que el otorgamiento por ley a tales entidades del ejercicio de potestades públicas, fundamenta claramente el control de legitimidad sobre sus actos administrativos; procediendo dicho contralor únicamente sobre materia regida por el derecho público local, pudiendo el Poder Ejecutivo efectuar solo una revocación por ilegitimidad -no se encuentra facultado a modificar o sustituir lo resuelto-, ello conforme lo prescripto por los Artículos 184 y 185 de la Ley Nº 9003. La falta de control equivaldría convertir al ente en independiente y permitir que quienes lo manejan lo hagan más como cosa propia que como cosa pública; Que la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Abogados y Procuradores de Mendoza, conforme lo establecido por el Artículo 1 de la Ley Nº 5059, es una entidad autárquica, con personería jurídica e individualidad financiera, independiente de la Administración Pública, con capacidad para actuar pública y privadamente, por lo que, conforme lo expresado precedentemente, tanto la doctrina como la jurisprudencia admiten la procedencia el recurso de alzada contra las decisiones definitivas de dicho ente; Que el remedio legal intentado por ante el Ejecutivo de la Provincia, en fecha 23/04/2024, contra la resolución en Acta Nº 1280 notificada al quejoso en fecha 26/03/24, corresponde afirmar que ha sido interpuesto extemporáneamente de conformidad con lo prescripto por el Artículo 184 y concordantes de la citada Ley, de aplicación en virtud de lo dispuesto por el Artículo 1 del citado cuerpo legal; Que conforme lo establecido por el Artículo 158 de la Ley Nº 9003, los plazos establecidos para interponer recursos administrativos son perentorios, por lo que una vez vencidos los mismos, decae el derecho a presentarlos; Que por aplicación de lo dispuesto por el Artículo 173 de la Ley Nº 9003, vencido el plazo establecido para interponer el recurso en cuestión –15 días en el recurso de alzada-, es considerado formalmente inadmisible dada su extemporaneidad; empero ello no es óbice para que el órgano competente para resolverlo deba calificar el recurso tardío como denuncia de ilegitimidad, siendo deber el tramitarlo y resolverlo, a menos que sea improcedente por motivos de seguridad jurídica o por encontrarse excedidas razonables pautas temporales, no encontrándose configurado ninguno de los mentados impedimentos en el presente caso. Que el recurrente ha abonado la tasa retributiva de servicios y aportes a la Caja Forense, conforme constancias obrantes en autos. En consecuencia, el recurso debe ser tramitado como denuncia de Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial ilegitimidad. Que el recurrente propicia el rechazo del acto administrativo alegando que Caja Forense años después emite boleta de deuda entendiendo que el pago no fue íntegro, pretendiendo una diferencia por accesorios que no fueron objeto de determinación por el órgano judicial competente para ello. La Caja rechaza la impugnación fundado en que “la liquidación practicada por el Tribunal carece de carácter vinculante para quien no es parte procesal y precisamente esta Caja Forense no era parte”; Que el quejoso entiende que la Caja extemporáneamente busca sustraerse de los efectos propios que produce el principio de preclusión procesal, que determina que el pago cumplido con apego a las resoluciones dictadas en el proceso fue cancelatorio y, por ello, liberatorio. Esa pretensión entonces, de reeditar la discusión a través del libramiento, años después, de una boleta de deuda que no encuentra causa en ninguna resolución judicial que habilite la pretendida diferencia, vulnera el debido proceso y el derecho de propiedad de EDEMSA; Que expresa que la Caja Forense es parte en el proceso. Poco tiene que ver, para dilucidar la cuestión objeto del presente recurso, si los aportes en juicio tienen o no naturaleza tributaria. Lo que sí importa y permite echar claridad sobre la pretensión de la Caja Forense, es que, nadie puede negarlo, los aportes en juicio integran las costas del proceso. Siendo así, entonces, quien declara la obligación, fija su procedencia y su cuantía y, finalmente determina el obligado al pago, es el órgano judicial no la Caja Forense. Quien determina la obligación, el obligado al pago es la ley sin necesidad de declaración judicial alguna, la cual solo se requiere a los fines de establecer el monto a pagar; Que solicita la suspensión de la ejecución de las boletas de deuda a tenor de lo dispuesto por el Artículo 83 de la Ley Nº 9003 y hasta tanto exista resolución firme y ejecutoria sobre el particular, con fundamento en los tres supuestos establecidos en el citado artículo; Que el Artículo 16, inciso b), apartado 1 de la Ley N° 5059 dispone: “El fondo de la Caja se formará con los siguientes recursos: (…) b) Con el aporte que deberán efectuar los patrocinados o representados por profesionales en las actuaciones judiciales ante la Justicia Provincial o Federal --esta última dentro del ámbito del territorio de la provincia de Mendoza y con arreglo a las siguientes pautas: ap. 1. Regla básica: Con el 2 % del monto o valor pecuniario del juicio o monto establecido en la demanda, rigiendo para todo supuesto, los siguientes aportes mínimos: (…)” Que así como el Artículo 16 determina el monto y porcentaje de los aportes, contemplando los distintos supuestos, el Artículo 17 establece la oportunidad de efectuar el aporte. En consecuencia, este artículo determina en qué supuestos corresponde actualización, como así también la intervención de la Caja para el cobro de los aportes impagos a fin de la prosecución de la causa según su estado; Que el Artículo 17 prescribe: “El pago del aporte deberá efectuarse en las siguientes oportunidades: a) Al iniciarse la actuación judicial y para el caso de los recursos al interponerse los mismos, debiendo ingresarse la totalidad con arreglo a lo previsto en el inc. b), aps. 1. y 2. del art. 16, no pudiendo los jueces dictar providencia alguna sin estar acreditado dicho pago. (…).”; Que la normativa transcripta se colige que la Ley N° 5059 establece un sistema de autoliquidación, siendo el propio sujeto obligado al pago quien debe determinar e ingresar el monto correspondiente al tiempo del perfeccionamiento del hecho imponible; Que en virtud de lo prescripto por el Artículo 16, inciso b), apartado 13, de la Ley N° 5059, EPRE se encuentra exento del pago de aportes, advirtiéndose que el pago de aportes solo será exigido a EDEMSA si fuere condenado en costas: “Exenciones: Están exentos del pago de aportes (…). En el caso de los juicios iniciados por el Estado nacional o Estados provinciales, como así la provincia de Mendoza o sus representantes, y los distintos organismos previsionales y reparticiones administrativas, centralizadas o descentralizadas, (…), el aporte sólo será exigido a los demandados si fueren condenados en costas.”; Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial Que si bien el monto del juicio –base sobre la cual se establece el aporte- se hallaba determinado desde el comienzo del proceso judicial, corresponde afirmar que dicho aporte en el caso de marras quedó perfeccionado al cumplirse la condición dispuesta por la normativa transcripta –condena en costas - incurriendo en mora desde aquel momento; Que a fs. 10 de los autos Nº 1.218.201 “ENTE PROVINCIAL REGULADOR ELECTRICO c/ EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE MENDOZA S.A. p/ APREMIO”, originarios del Excmo. Segundo Juzgado Tributario de la Provincia de Mendoza, en fecha 27/12/2018, se dicta sentencia monitoria, en la cual se resuelve: “1º) Ordenar seguir adelante la ejecución hasta que la parte demandada EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE MENDOZA S A haga íntegro pago a la parte actora la suma de PESOS Ciento un millones setenta y ocho mil cuarenta y nueve con veinticuatro/100 ($101078049,24), con más la suma de PESOS Cincuenta milllones quinientos treinta y nueve mil veinticuatro con sesenta y dos/100 ($50539024,62), que se presupuesta provisoriamente para responder a intereses, costas y aportes de la ley 5059, montos sujetos a liquidación definitiva.”; Que de acuerdo con la legislación aplicable surge con claridad que desde la condena la obligación contributiva se hizo exigible, incurriendo EDEMSA en mora a partir del momento de la notificación de la misma (cabe advertir que la condenada no dedujo oposición alguna); Que la Secretaria del Tribunal se practicó liquidación, la cual fue observada por EDEMSA al considerar que existió un error en el método de cálculo; aprobando por auto de fecha 09/04/2019 una nueva liquidación la que arroja un saldo insoluto de PESOS QUINCE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS CON 38/100 ($15.540.572,38); Que dicha liquidación se produjo sin que la Caja interviniera en dicho proceso; por lo que el auto aprobatorio de la liquidación mantuvo el monto del aporte original, sin consignar que el mismo debió haber sido cancelado a la fecha en que ganó firmeza la sentencia monitoria. Que tal como argumenta Caja Forense, las presentaciones que efectuó ante el Tribunal se hizo bajo reserva de que el pago del monto establecido en la liquidación seria imputado a cuenta de la deuda que resultara de la aplicación la normativa legal; Que el libramiento de orden de pago de fecha 31/05/2019 no contempló los accesorios devengados desde la fecha de exigibilidad de la contribución; por lo que subsiste el crédito por el cobro de dicha diferencia, correspondiendo la emisión de la boleta de deuda por el monto correspondiente; debiendo en consecuencia rechazarse el recurso impetrado por EDEMSA; Que en cumplimiento con lo dispuesto por el art. 150 de la Ley Nº 9.003 que dicho acto agota el control de legitimidad en instancia administrativa, la acción disponible para su impugnación en sede judicial es la acción procesal administrativa prevista en la Ley Nº 3.918 (arts. 1 y cc.) y que la misma deberá promoverse dentro del plazo de treinta (30) días corridos, el que comenzará a regir desde el día siguiente al de la notificación de dicha decisión administrativa (art. 20 de la citada Ley); Por ello y de conformidad con lo dictaminado por la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial y por Asesoría de Gobierno; EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DECRETA: Artículo 1°- Acéptese en lo formal y rechácese en lo sustancial la denuncia de ilegitimidad interpuesta por la EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE MENDOZA SOCIEDAD ANONIMA, EDEMSA, C.U.I.T. Nº 30-69954245-4 contra el Acta Nº 1280 emanada del Honorable Directorio de la Caja de Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial Jubilaciones y Pensiones de Abogados y Procuradores de Mendoza de conformidad con las consideraciones jurídicas vertidas en los considerandos del presente decreto. Artículo 2°- Comuníquese, publíquese, dese al Registro Oficial y archívese. LIC. ALFREDO V. CORNEJO ABG. NATALIO L. MEMA RODRIGUEZ S/Cargo 07/08/2025 (1 Pub.)