DECRETOS
Decreto Nº 1262
MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES
- Fecha de publicación
- 30 de julio de 2025
- Fecha de la norma
- 9 de junio de 2025
- Referencia documental
- Boletín Nº 32.402 · páginas 13–16
Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza
Decreto N°: 1262
MENDOZA, 09 DE JUNIO DE 2025
Visto el expediente EX-2023-06217479--GDEMZA-CCC en el cual la Lic. BETTY ALICIA YAPU ANZE,
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
interpone Recurso de Alzada en contra de la Resolución Nº 753/23 de la Dirección Ejecutiva del Hospital
Pediátrico “Dr. Humberto J. Notti”; y
CONSIDERANDO:
Que mediante la mencionada Resolución se rechazó el Recurso de Revocatoria interpuesto por la Lic.
Yapu Anze en contra de la Resolución Nº 529/23 dictada por el mismo ente emisor, la cual rechazó su
ajuste de clase;
Que el recurso es formalmente admisible en razón de haber sido interpuesto en legal tiempo y forma,
según lo establecido en el Art. 184 de la Ley de Procedimiento Administrativo;
Que en el reclamo inicial, la recurrente refiere que por Decreto N° 223/22 se dispuso la transformación de
su cargo de 36 hs. semanales a cargo de 44 hs. semanales, revistando al momento de dicha
transformación, diciembre de 2022, en Clase 017 desde el año 2020; alegó que en dicha transformación se
le asignó la Clase 028, equivalente a su nuevo cargo sin considerarse que en enero de 2023 hubiera
promocionado a Clase 018 de su cargo anterior, por haber transcurrido los tres (3) años reglamentarios de
antigüedad en Clase 017, por lo que considera que la clase que escalafonariamente le corresponde es la
Clase 029. Tal reclamo no fue aceptado y la decisión se mantuvo al resolver el recurso de revocatoria
dando origen al presente recurso de alzada;
Que indica la recurrente que la Resolución recurrida efectúa una errónea interpretación de la Ley Nº 7759.
Aclara que el Artículo 6 de la norma dispone que debe reconocerse el tiempo de servicio como profesional
de la salud como antigüedad al expresar “cuando cumpla con la antigüedad en la carrera profesional”,
incluso en el régimen de 44 horas, puesto que la ley debe ser interpretada en la forma más amplia y
favorable para el trabajador, invocando también el Art. 14 bis de la Constitución Nacional, que defiende el
principio de igual remuneración por igual tarea;
Que se agravia la recurrente manifestando que la Resolución recurrida ha resuelto en forma arbitraria, sin
tener en cuenta los principios que la ley dispone para que la Administración emita su voluntad, a través de
cada uno de sus órganos, por cuanto le aplican a una gravosa consecuencia, afirmando que la Resolución
recurrida, no tuvo en cuenta, cuestiones de hecho atendibles, ni principios de Derecho aplicables al
procedimiento, llegando a la afectación del derecho de la propiedad;
Que sostiene la recurrente que el acto administrativo se encuentra gravemente viciado, siendo nulo y de
nulidad absoluta, careciendo de efecto jurídico;
Que la recurrente considera que el acto carece de razonabilidad, atacando su derecho constitucional a la
estabilidad laboral y propiedad, por lo cual infiere que existe violación de lo dispuesto en el Art. 39 de la
Ley Nº 9003, que requiere que los agentes estatales antes de adoptar una decisión, deben realizar una
valoración razonable de las circunstancias de hecho, el derecho aplicable y disponer las medidas
proporcionalmente adecuadas al fin perseguido por el orden jurídico;
Que de los argumentos vertidos no surge una impugnación suficiente que invalide el acto administrativo
recurrido, redundando en críticas y alegaciones que no resultan idóneas ni suficientes para revertir la
decisión;
Que en el caso la Resolución venida en alzada tiene por objeto resolver el recurso de revocatoria que
fuera rechazado por el hospital descentralizado y lo hace cumpliendo todos los extremos requeridos para
considerar que no se encuentra viciada en tal elemento. Así, se ha resuelto en forma congruente la
situación de hecho presentada, conforme a la normativa que resulta aplicable, no siendo la decisión
imprecisa, ni oscura, ni absurda, ni imposible de hecho;
Que al respecto, es menester referir que la aplicación de los principios invocados por la recurrente no
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
modifica el texto legal, sin perjuicio de servir a los fines de la interpretación. Sin embargo, en el caso, la
recurrente pretende que la Administración se aparte de la aplicación de la norma en claro detrimento al
principio de legalidad y juridicidad;
Que por otra parte, tal como lo manifiesta la Resolución recurrida y surge de lo actuado, “convalidar la
pretensión de la recurrente implicaría una erogación por parte del erario público para reconocer un derecho
no reglado o previsto en la estructura escalafonaria y de Regímenes de Trabajo del Decreto N° 142/90,
que prevé las Clases 012 a 019 para los cargos de 36 hs. y clases de 023 a 030 para los cargos de 44 hs.
y no contempla la adecuación que pretende la recurrente”;
Que en consecuencia, con relación al objeto el acto recurrido es regular y por ende debe reputarse
legítimo;
Que a su turno según el Art. 33 de la Ley Nº 9003 establece: “Los actos administrativos deben emanar de
órgano competente según el orden normativo.” La competencia es el conjunto de funciones y atribuciones
que un órgano o ente pueden ejercer legítimamente y reviste un carácter objetivo, puesto que requiere de
norma expresa que la atribuya;
Que en tal sentido la Resolución recurrida ha sido emitida por la autoridad con competencia en razón de la
materia, el territorio, el tiempo y el grado;
Que en el caso, la Resolución impugnada ha sido dictada por el funcionario legalmente designado en
ejercicio y de acuerdo con las constancias de las actuaciones desde el reclamo originario, incluyendo
posteriormente el recurso de revocatoria, la recurrente ha tenido oportunidad de presentar su pretensión.
Con relación a la prueba, ha sido la Administración la que ha incorporado los elementos pertinentes a fin
de valorar los argumentos vertidos por la recurrente en cada instancia en cada tramo del procedimiento;
Que la Resolución recurrida ha ponderado todos los extremos conducentes a la decisión con sustento en
los hechos presentados, los informes incorporados, la normativa aplicable y los antecedentes legales que
resultan pertinentes, con lo cual no se advierte irrazonabilidad, ni desviación de poder que permita
calificarla de arbitraria. La discrecionalidad no es arbitrariedad, la Resolución recurrida cumple con los
requisitos formales exigidos, y en cuanto a la motivación, ésta luce razonable en cuanto realiza un análisis
de los antecedentes del recurso, las alegaciones del recurrente, cita el fundamento legal que sustenta la
decisión, valora los hechos e invoca las normas que otorgan la competencia para el dictado del acto
administrativo;
Por ello, en razón de lo solicitado y lo dictaminado por la Dirección General de Asuntos Jurídicos del
Ministerio de Salud y Deportes en órdenes 16 y 29 y por Asesoría de Gobierno en orden 23 del expediente
EX-2023-06217479--GDEMZA-CCC,
EL
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:
Artículo 1º- Acéptese formalmente y rechácese sustancialmente el Recurso de Alzada interpuesto por la
Lic. BETTY ALICIA YAPU ANZE, DNI Nº 18.840.323, CUIL Nº 27-18840323-4, en contra de la Resolución
Nº 753/23 de la Dirección Ejecutiva del Hospital Pediátrico “Dr. Humberto J. Notti”, en virtud de lo
expuesto en los considerandos del presente decreto.
Artículo 2º- Notifíquese, comuníquese, publíquese, dése al Registro Oficial y archívese.
LIC. ALFREDO V. CORNEJO
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
LIC. RODOLFO MONTERO
S/Cargo
30/07/2025 (1 Pub.)
