DECRETOS
Decreto Nº 527
- Fecha de publicación
- 10 de julio de 2025
- Fecha de la norma
- 17 de marzo de 2025
- Referencia documental
- Boletín Nº 32.389 · páginas 16–20
Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza
Decreto N°: 527
MENDOZA, 17 DE MARZO DE 2025
Visto el expediente EX-2023-9581458-GDEMZA-HCENTRAL#MSDSYD en el cual se tramita sumario
Administrativo ala Dra. MARIA SOL BERRA IACOBUCCI; y
CONSIDERANDO:
Que en orden 17 obra Resolución Nº 39/24emitida por el Hospital “Central”, mediante la cual se ordena
instruir sumario administrativo a la mencionada profesional por presuntamente haber transgredido con su
conducta lo establecido en el Art. 13 incs. a) y n) del Decreto Ley Nº 560/73;
Que de acuerdo a dicha Resolución se le imputa a la sumariada una falta administrativa, por no concurrir a
su lugar de trabajo, en forma injustificada, por un total de cinco guardias los días 18 y 25 de setiembre y 4,
11 y 18 de diciembre de 2023;
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
Subsecretaria Legal y Técnica
Que, en dicho acto se señala que debe tenerse presente en este aspecto que no son días comunes de
prestación de servicio, sino que son inasistencias a su jornada de día de guardia, el cual comprende
veinticuatro (24) horas, equivalente a 24 horas semanales de un régimende trabajo común;
Que además indica que Medicina Laboral informó que el certificado médico presentado por la agente en
relación con el mes de setiembre fue rechazado por la Junta Médica de la Provincia, por haber sido
presentado fuera de término y para el resto de las inasistencias no posee certificación que las justifique;
Que surge de orden 25 que la sumariada fue notificada el día 15 de enero de 2024 de la citación a prestar
declaración indagatoria para el día 25 de enero de 2024, audiencia a la cual no concurrió según
constancias de orden 28;
Que la sumariada el 26 de enero de 2024 se hizo parte con patrocinio letrado, constituyó domicilio legal y
manifestó que había presentado su renuncia al cargo a partir del 05 de enero de 2024, acompañando
copia de un telegrama y solicitando el archivo de las actuaciones, alegando que la renuncia se presentó
con anterioridad a la notificación del sumario, que no se ha ordenado la instrucción formalmente, no se ha
designado instructor sumariante, ni se ha efectuado a esa fecha imputación alguna;
Que dicha presentación da cuenta de que la profesional recepcionó la notificación puesto que
expresamente peticiona que se deje sin efecto “lo ordenado y notificado el 15/01/2023” ordenando el
archivo de las actuaciones, conforme surge de orden 27;
Que la Instrucción Sumarial merita respecto al tema de renuncia que plantea la sumariada, que se debe
atender a las disposiciones del Art. 48 de la Ley Nº 7759 aplicable a los Profesionales de la Salud de la
Provincia cuando en el apartado 2 se refiere a la renuncia, estableciendo que el profesional cesará en sus
funciones “una vez notificada su aceptación por la Autoridad Competente o transcurrido un plazode treinta
días corridos a partir del día siguiente al de su presentación, salvo que con anterioridad al vencimiento de
dicho término se hubiese dispuesto instruir sumario administrativo”;
Que con relación a la renuncia, consta en las actuaciones EX-2024-00222102--GDEMZA-
HCENTRAL#MSDSYD que el telegrama señalando “renuncio al empleo desde 5/01/24” fue recepcionado
en el Hospital Central el día 9/1/24, sin perjuicio de lo cual cualquiera de ambas fechas caen en la
hipótesis del Art. 48 inc. 2 de la Ley Nº 7759 que expresamente prevé que el cese de las funciones no se
produce si con anterioridad al vencimiento detreinta días corridos a partir del día siguiente a su
presentación se hubiese dispuesto instruir sumario administrativo;
Que en el caso, la Resolución que dispuso la instrucción del sumario, fue emitida el 10 de enero de 2024
como consecuencia de los trámites previos que determinaron la existencia prima facie de la falta
administrativa, de manera que la pretensión de la agente de considerar que al momento de notificársele la
audiencia indagatoria ya se encontraba desvinculada del Hospital resulta improcedente por aplicación de la
norma citada;
Que por los argumentos expuestos la renuncia presentada por la Dra. María Sol Berra Iacobucci, no pudo
ni puede ser aceptada por la Administración, dado el impedimento legal que expresamente regula el Art.
48 de la Ley Nº 7759;
Que atento a que la agente no presentó ningún parte médico que justificara sus inasistencias durante el
mes de diciembre de 2023 y posteriormente comunicara su renuncia a partir del 5 de enero de 2024 sin
volver a su puesto de trabajo, no se liquidaron haberes por no corresponder ante la falta de cumplimiento
del debito laboral, situación que se mantuvo en el tiempo;
Que el instructor sumariante concluye que el hecho imputado y dado a conocer a la sumariada implica la
transgresión “prima facie” de lo previsto por el Art. 13 incs. a) y n) del Decreto Ley Nº 560/73, en
concordancia con el Art. 69 inc. 1, del Convenio Colectivo para los Profesionales de la Salud homologado
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
Subsecretaria Legal y Técnica
por Decreto Nº 1630 y aprobado por Ley Nº 7759, atento a la forma irregular en la prestación de servicios
por parte de la Dra. Berra Iacobucci respecto a la no concurrencia a cumplir funciones a (5) cinco guardias
que habían sido programadas con antelación en el Servicio de Medicina de Urgencias del nosocomio;
Que la falta administrativa imputada a la sumariada ha quedado configurada y plenamente probada
mediante su ausencia a las guardias médicas de los días:18/09/2023, 25/09/2023, 04/12/2023, 11/12/2023,
18/12/2023;
Que finalmente, el Instructor Sumariante expresa, que siendo que la profesional en cuestión se encuentra
bajo un régimen de guardia médica activa, conforme lo indica el Art. 13 de la Ley Nº 7759, debiendo
cumplir 24 horas semanales, estima que la conducta encuadra en lo que la ley tipifica como abandono de
guardia en forma reiterada y consecutiva en un período de seis meses, siendo su conducta la encuadrable
en las prescripciones del inc. 4 del Art. 85 de la Ley Nº 7759 que determina para dicha transgresión la
sanción de cesantía, siendo ésta la medida sugerida a aplicar;
Que en orden 30 consta que se notificó a la sumariada en el domicilio legal constituido el plazo para
presentar alegatos el 22 de febrero de 2024 y vencido el plazo sin que constara presentación alguna se
remitieron las actuaciones a la intervención del Honorable Consejo Deontológico Médico;
Que en orden 36 el Honorable Consejo Deontológico Médico sugiere aplicar a la Dra. María Sol Berra
Iacobucci, la sanción de Cesantía compartiendo la opinión del Instructor sumariante;
Que en orden 40 se expide la Junta Provincial de Reclamos y Disciplina de los Profesionales de la Salud
sugiriendo la sanción de dos (2) días desuspensión, en forma unificada con la que ha sugerido respecto de
la misma profesional en expediente EX-2023-00118567—GDEMZA-HCENTRAL#MSDSYD por considerar
que la falta atribuible es la omisión en la presentación de los certificados médicos relativos a una misma
patología que no fue desconocida por la Junta Médica como tal;
Que cabe recordar que la potestad sancionadora de la Administración forma parte de las competencias de
gestión constitucionalmente atribuidas, con el propósito de asegurar la vigencia del orden jurídico mediante
la imposición de las sanciones correspondientes. Es decir, la particularidad del derecho administrativo
sancionador radica en el interés de índole pública, cuya gestión, se encomienda a la organización
administrativa. De tal modo que la potestad sancionadora de la Administración Pública resguarda su propia
organización administrativa a fin de satisfacer las necesidades de la comunidad con eficacia, eficiencia,
oportunidad, y con sujeción al orden jurídico;
Que en lo que se relaciona a la opinión de los órganos intervinientes en el proceso disciplinario en torno a
la sanción aplicable, tales como el Instructor Sumariante, el Consejo Deontológico pertinente y la Junta de
Disciplina interviniente según el régimen estatutario del agente, cabe señalar que, la Procuración del
Tesoro de la Nación ha dicho: “En el procedimiento Administrativo disciplinario el instructor carece de
potestad jurisdiccional limitándose sus funciones a la investigación de hechos; emite opinión sobre su
existencia y formula, en atención a los resultados de aquella tarea, sus conclusiones, solicitando la
imposición de una sanción, si es el caso, o la exención de responsabilidad; como la actividad instructoria
no es de esencia jurisdiccional, no puede afirmarse que juzga. El sumariante sólo aconseja y su opinión no
es vinculante para el órgano decisor y los dictámenes de las Juntas de Disciplina no son obligatorios para
el órgano que debe decidir, en definitiva, aun cuando constituyen un valioso elemento de juicio del cual,
por lo tanto, éste sólo puede apartarse cuando existan verdaderas razones para hacerlo y mediante
resolución fundada.”;
Que concordantemente puede citarse que conforme a jurisprudencia de nuestra Suprema Corte de Justicia
de Mendoza: “La naturaleza de la actividad desplegada en el curso del procedimiento respectivo por la
Junta de disciplina es la de dictaminar, aconsejando a la autoridad municipal que emitirá el acto definitivo
el temperamento a seguir. Es decir, no se trata de un órgano colegiado que adopte en el contexto
organizativo descripto, decisiones que puedan calificarse como actos administrativos productores de
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efectos jurídicos directos que incidan en la esfera de los empleados”;
Que asimismo, la Suprema Corte Provincial que ha dicho: “La magnitud de la sanción queda reservada al
razonable criterio de la autoridad administrativa que interviene en el procedimiento sancionatorio. Ello así
pues la potestad revisora de esta Corte comprende (en principio) el control de legitimidad de lo actuado por
los entes públicos pertinentes. En relación al alcance del control jurisdiccional sobre las facultades en
materia sancionatoria, este Tribunal tiene establecido desde larga data una precisa doctrina respecto al
alcance de las facultades del Poder Administrador en materia sancionatoria (L.S.292-1; 296-134; 298-209;
299-110; 304-66, 347-178; 379-176, entre muchos otros).”;
Que en el caso en el informe de orden 10 el Área de Medicina Laboral del efector expresa que la agente
presentó partes médicos de largotratamiento desde el 28/04/2023 hasta el 30/11/2023, detallando que el
14/09/2023 parte médico por 30 días a partir del 1° de septiembre, pero que éste es llevado a Junta
Médica Provincial para su aprobación el 26/09/2023 siendo rechazado por estar fuera de término, mientras
que en elmes de diciembre de 2023 no presentó ningún parte médico que justifique las ausencias,
presentando el altamédica a partir del día 02/01/2024;
Quede ello se infiere que en el caso de las inasistencias de los días 18/09/2023 y 25/09/2023 existió una
omisión en la presentación en tiempo y forma de los certificados que acreditaban la causa de las
inasistencias, mientras que respecto de los días 04/12/2023, 11/12/2023, 18/12/2023la profesional no
presentó certificación alguna;
Que a tenor de ello y con relación a los días 18/9/23 y 25/9/23 debe ponderarse que las inasistencias, por
omisión de la obligación de la agente de comunicar en tiempo y forma la causa de sus faltas, ocasionaron
la necesidad de reorganizar el servicio sin posibilidad de planificación previa, recargando al resto del
personal máxime tratándose de servicios de guardia;
Que tal incumplimiento tiene sustento en lo dispuesto por el punto D. 1. de la Resolución N°610/13 del
Ministerio de Salud, vigente en la época de producidos los hechos que dieron origen al presente sumario,
que determina: “El empleado debe comunicar a su repartición dentro de las 24 hs. y en las dos primeras
horas del horario habitual de trabajo al que asiste, el estado de enfermedad, según Ley Nº 5811, excepto
Art. 45 que es fuerza mayor y Decreto N° 2198/78 en su Art. 3”, complementado por el punto D.4 que
dispone “Las certificaciones médicas presentadas fuera de término, según Decreto N° 2198/78 Art. 7, no
serán aceptadas si éstas superan las 48 hs. de efectuada la comunicación a la repartición correspondiente,
debiendo la repartición comunicar a la Junta por escrito la situación que revista el agente.”;
Que por su parte, las inasistencias de los días 04/12/2023, 11/12/2023, 18/12/2023 no fueron justificadas
en modo alguno conforme a la prueba incorporada;
Que la conducta de la agente se encuadra en la infracción a los deberes previstos en el Art. 13 inc. a) del
Decreto Ley Nº 560/73 Estatuto del Empleado Público que dice: “a) Prestación personal del servicio, con
eficiencia, capacidad y diligencia, en el lugar, condiciones de tiempo y forma, que determinen las
disposiciones reglamentarias correspondientes”, análogo al dispuesto en el Convenio Colectivo ratificado
por Ley Nº 7759, en su Art. 69. que impone el deber de “Prestar el servicio personalmente, con
responsabilidad, eficacia, capacidad y diligencia, en el lugar y condiciones de tiempo y forma que
determinen las disposiciones reglamentarias correspondientes.”;
Que estas fueron las conductas imputadas oportunamente a la agente y las que han resultado probadas
conforme a lo reseñado precedentemente, puesto que la transgresión se verifica no sólo ante las
inasistencias injustificadas sino también ante la omisión de presentar en tiempo y forma las constancias
que acrediten la causa que les dieron origen, sin perjuicio del deber de anoticiar al servicio el hecho de la
no concurrencia;
Que sin embargo, se advierte que en sus conclusiones el instructor sumariante sugiere la aplicación del
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
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Art.85 inc. 4 de la Ley Nº 7759 a fin de merituar la sanción, tipificación que sólo atendería a las
inasistencias del mes de diciembre de 2023, sin perjuicio de la conceptualización que se realice respecto
de dicha causal de sanción;
Que a su turno el Art. 85 inc. 2 del mentado cuerpo legal, establece la sanción de cesantía ante el
incumplimiento grave de los deberes y obligaciones determinados en el presente convenio, graduados
conforme a la naturaleza e importancia de la falta cometida, el que resulta aplicable al caso en virtud del
análisis precedentemente efectuado;
Que valorando el incumplimiento de los deberes legalmente previstos ya mencionados, los que requieren
del empleado la mínima diligencia de anoticiar a su lugar de trabajo que no se presentará a trabajar,
sumado a la inasistencia injustificada a tres guardias durante el mes de diciembre de 2023, se considera
que la encartada ha incurrido en transgresión de sus obligaciones, en forma reiterada y con absoluta
desaprensión respecto de su responsabilidad para con el servicio, sus compañeros de trabajo y sus
superiores atento a la naturaleza de la tarea que cumplía;
Que la circunstancia de que la agente haya presentado partes médicos de largo tratamiento, no la eximía
de su obligación de acreditar en tiempo y forma la justificación de sus inasistencias, ni de su obligación de
concurrir a trabajar en caso de no contar con causales que las justificaran, puesto que su proceder
omisivo además de transgredir deberes legales inevitablemente impactaría en el servicio de guardia al que
pertenece;
Que con fundamento en las constancias de las actuaciones, se encuentra acreditado el hecho de que la
profesional incurrió en incumplimiento grave de los deberes a su cargo;
Por lo expuesto, en uso de las atribuciones del Art. 128 de la Constitución de la Provincia, Art. 13 inc. a)
del Decreto Ley Nº 560/73, Arts. 69 inc. 1) y 85 inc. 2) del Convenio Colectivo de los Profesionales de la
Salud ratificado por Ley Nº 7759,
EL
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:
Artículo 1º -Aplíquese la sanción de Cesantía a la Dra. MARIA SOLBERRA IACOBUCCI, DNI Nº
31.286.032, CUIL Nº 27-31286032-0, de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 7759 en su Art. 85, inc. 2,
por haber transgredido con su conducta lo previsto en el Art. 69 inc. 1 de la misma norma legal conforme a
las consideraciones efectuadas precedentemente.
Artículo 2º - Establézcase que el presente decreto deberá ser notificado a la Oficina de Investigaciones
Administrativas y Ética Pública de Mendoza.
Artículo 3º - Notifíquese, comuníquese, publíquese, dése al Registro Oficial y archívese.
LIC. ALFREDO V. CORNEJO
LIC. RODOLFO MONTERO
S/Cargo
10/07/2025 (1 Pub.)
