DECRETOS

Decreto Nº 527

Fecha de publicación
10 de julio de 2025
Fecha de la norma
17 de marzo de 2025
Referencia documental
Boletín Nº 32.389 · páginas 16–20
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Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza

Decreto N°: 527 MENDOZA, 17 DE MARZO DE 2025 Visto el expediente EX-2023-9581458-GDEMZA-HCENTRAL#MSDSYD en el cual se tramita sumario Administrativo ala Dra. MARIA SOL BERRA IACOBUCCI; y CONSIDERANDO: Que en orden 17 obra Resolución Nº 39/24emitida por el Hospital “Central”, mediante la cual se ordena instruir sumario administrativo a la mencionada profesional por presuntamente haber transgredido con su conducta lo establecido en el Art. 13 incs. a) y n) del Decreto Ley Nº 560/73; Que de acuerdo a dicha Resolución se le imputa a la sumariada una falta administrativa, por no concurrir a su lugar de trabajo, en forma injustificada, por un total de cinco guardias los días 18 y 25 de setiembre y 4, 11 y 18 de diciembre de 2023; Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial Subsecretaria Legal y Técnica Que, en dicho acto se señala que debe tenerse presente en este aspecto que no son días comunes de prestación de servicio, sino que son inasistencias a su jornada de día de guardia, el cual comprende veinticuatro (24) horas, equivalente a 24 horas semanales de un régimende trabajo común; Que además indica que Medicina Laboral informó que el certificado médico presentado por la agente en relación con el mes de setiembre fue rechazado por la Junta Médica de la Provincia, por haber sido presentado fuera de término y para el resto de las inasistencias no posee certificación que las justifique; Que surge de orden 25 que la sumariada fue notificada el día 15 de enero de 2024 de la citación a prestar declaración indagatoria para el día 25 de enero de 2024, audiencia a la cual no concurrió según constancias de orden 28; Que la sumariada el 26 de enero de 2024 se hizo parte con patrocinio letrado, constituyó domicilio legal y manifestó que había presentado su renuncia al cargo a partir del 05 de enero de 2024, acompañando copia de un telegrama y solicitando el archivo de las actuaciones, alegando que la renuncia se presentó con anterioridad a la notificación del sumario, que no se ha ordenado la instrucción formalmente, no se ha designado instructor sumariante, ni se ha efectuado a esa fecha imputación alguna; Que dicha presentación da cuenta de que la profesional recepcionó la notificación puesto que expresamente peticiona que se deje sin efecto “lo ordenado y notificado el 15/01/2023” ordenando el archivo de las actuaciones, conforme surge de orden 27; Que la Instrucción Sumarial merita respecto al tema de renuncia que plantea la sumariada, que se debe atender a las disposiciones del Art. 48 de la Ley Nº 7759 aplicable a los Profesionales de la Salud de la Provincia cuando en el apartado 2 se refiere a la renuncia, estableciendo que el profesional cesará en sus funciones “una vez notificada su aceptación por la Autoridad Competente o transcurrido un plazode treinta días corridos a partir del día siguiente al de su presentación, salvo que con anterioridad al vencimiento de dicho término se hubiese dispuesto instruir sumario administrativo”; Que con relación a la renuncia, consta en las actuaciones EX-2024-00222102--GDEMZA- HCENTRAL#MSDSYD que el telegrama señalando “renuncio al empleo desde 5/01/24” fue recepcionado en el Hospital Central el día 9/1/24, sin perjuicio de lo cual cualquiera de ambas fechas caen en la hipótesis del Art. 48 inc. 2 de la Ley Nº 7759 que expresamente prevé que el cese de las funciones no se produce si con anterioridad al vencimiento detreinta días corridos a partir del día siguiente a su presentación se hubiese dispuesto instruir sumario administrativo; Que en el caso, la Resolución que dispuso la instrucción del sumario, fue emitida el 10 de enero de 2024 como consecuencia de los trámites previos que determinaron la existencia prima facie de la falta administrativa, de manera que la pretensión de la agente de considerar que al momento de notificársele la audiencia indagatoria ya se encontraba desvinculada del Hospital resulta improcedente por aplicación de la norma citada; Que por los argumentos expuestos la renuncia presentada por la Dra. María Sol Berra Iacobucci, no pudo ni puede ser aceptada por la Administración, dado el impedimento legal que expresamente regula el Art. 48 de la Ley Nº 7759; Que atento a que la agente no presentó ningún parte médico que justificara sus inasistencias durante el mes de diciembre de 2023 y posteriormente comunicara su renuncia a partir del 5 de enero de 2024 sin volver a su puesto de trabajo, no se liquidaron haberes por no corresponder ante la falta de cumplimiento del debito laboral, situación que se mantuvo en el tiempo; Que el instructor sumariante concluye que el hecho imputado y dado a conocer a la sumariada implica la transgresión “prima facie” de lo previsto por el Art. 13 incs. a) y n) del Decreto Ley Nº 560/73, en concordancia con el Art. 69 inc. 1, del Convenio Colectivo para los Profesionales de la Salud homologado Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial Subsecretaria Legal y Técnica por Decreto Nº 1630 y aprobado por Ley Nº 7759, atento a la forma irregular en la prestación de servicios por parte de la Dra. Berra Iacobucci respecto a la no concurrencia a cumplir funciones a (5) cinco guardias que habían sido programadas con antelación en el Servicio de Medicina de Urgencias del nosocomio; Que la falta administrativa imputada a la sumariada ha quedado configurada y plenamente probada mediante su ausencia a las guardias médicas de los días:18/09/2023, 25/09/2023, 04/12/2023, 11/12/2023, 18/12/2023; Que finalmente, el Instructor Sumariante expresa, que siendo que la profesional en cuestión se encuentra bajo un régimen de guardia médica activa, conforme lo indica el Art. 13 de la Ley Nº 7759, debiendo cumplir 24 horas semanales, estima que la conducta encuadra en lo que la ley tipifica como abandono de guardia en forma reiterada y consecutiva en un período de seis meses, siendo su conducta la encuadrable en las prescripciones del inc. 4 del Art. 85 de la Ley Nº 7759 que determina para dicha transgresión la sanción de cesantía, siendo ésta la medida sugerida a aplicar; Que en orden 30 consta que se notificó a la sumariada en el domicilio legal constituido el plazo para presentar alegatos el 22 de febrero de 2024 y vencido el plazo sin que constara presentación alguna se remitieron las actuaciones a la intervención del Honorable Consejo Deontológico Médico; Que en orden 36 el Honorable Consejo Deontológico Médico sugiere aplicar a la Dra. María Sol Berra Iacobucci, la sanción de Cesantía compartiendo la opinión del Instructor sumariante; Que en orden 40 se expide la Junta Provincial de Reclamos y Disciplina de los Profesionales de la Salud sugiriendo la sanción de dos (2) días desuspensión, en forma unificada con la que ha sugerido respecto de la misma profesional en expediente EX-2023-00118567—GDEMZA-HCENTRAL#MSDSYD por considerar que la falta atribuible es la omisión en la presentación de los certificados médicos relativos a una misma patología que no fue desconocida por la Junta Médica como tal; Que cabe recordar que la potestad sancionadora de la Administración forma parte de las competencias de gestión constitucionalmente atribuidas, con el propósito de asegurar la vigencia del orden jurídico mediante la imposición de las sanciones correspondientes. Es decir, la particularidad del derecho administrativo sancionador radica en el interés de índole pública, cuya gestión, se encomienda a la organización administrativa. De tal modo que la potestad sancionadora de la Administración Pública resguarda su propia organización administrativa a fin de satisfacer las necesidades de la comunidad con eficacia, eficiencia, oportunidad, y con sujeción al orden jurídico; Que en lo que se relaciona a la opinión de los órganos intervinientes en el proceso disciplinario en torno a la sanción aplicable, tales como el Instructor Sumariante, el Consejo Deontológico pertinente y la Junta de Disciplina interviniente según el régimen estatutario del agente, cabe señalar que, la Procuración del Tesoro de la Nación ha dicho: “En el procedimiento Administrativo disciplinario el instructor carece de potestad jurisdiccional limitándose sus funciones a la investigación de hechos; emite opinión sobre su existencia y formula, en atención a los resultados de aquella tarea, sus conclusiones, solicitando la imposición de una sanción, si es el caso, o la exención de responsabilidad; como la actividad instructoria no es de esencia jurisdiccional, no puede afirmarse que juzga. El sumariante sólo aconseja y su opinión no es vinculante para el órgano decisor y los dictámenes de las Juntas de Disciplina no son obligatorios para el órgano que debe decidir, en definitiva, aun cuando constituyen un valioso elemento de juicio del cual, por lo tanto, éste sólo puede apartarse cuando existan verdaderas razones para hacerlo y mediante resolución fundada.”; Que concordantemente puede citarse que conforme a jurisprudencia de nuestra Suprema Corte de Justicia de Mendoza: “La naturaleza de la actividad desplegada en el curso del procedimiento respectivo por la Junta de disciplina es la de dictaminar, aconsejando a la autoridad municipal que emitirá el acto definitivo el temperamento a seguir. Es decir, no se trata de un órgano colegiado que adopte en el contexto organizativo descripto, decisiones que puedan calificarse como actos administrativos productores de Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial Subsecretaria Legal y Técnica efectos jurídicos directos que incidan en la esfera de los empleados”; Que asimismo, la Suprema Corte Provincial que ha dicho: “La magnitud de la sanción queda reservada al razonable criterio de la autoridad administrativa que interviene en el procedimiento sancionatorio. Ello así pues la potestad revisora de esta Corte comprende (en principio) el control de legitimidad de lo actuado por los entes públicos pertinentes. En relación al alcance del control jurisdiccional sobre las facultades en materia sancionatoria, este Tribunal tiene establecido desde larga data una precisa doctrina respecto al alcance de las facultades del Poder Administrador en materia sancionatoria (L.S.292-1; 296-134; 298-209; 299-110; 304-66, 347-178; 379-176, entre muchos otros).”; Que en el caso en el informe de orden 10 el Área de Medicina Laboral del efector expresa que la agente presentó partes médicos de largotratamiento desde el 28/04/2023 hasta el 30/11/2023, detallando que el 14/09/2023 parte médico por 30 días a partir del 1° de septiembre, pero que éste es llevado a Junta Médica Provincial para su aprobación el 26/09/2023 siendo rechazado por estar fuera de término, mientras que en elmes de diciembre de 2023 no presentó ningún parte médico que justifique las ausencias, presentando el altamédica a partir del día 02/01/2024; Quede ello se infiere que en el caso de las inasistencias de los días 18/09/2023 y 25/09/2023 existió una omisión en la presentación en tiempo y forma de los certificados que acreditaban la causa de las inasistencias, mientras que respecto de los días 04/12/2023, 11/12/2023, 18/12/2023la profesional no presentó certificación alguna; Que a tenor de ello y con relación a los días 18/9/23 y 25/9/23 debe ponderarse que las inasistencias, por omisión de la obligación de la agente de comunicar en tiempo y forma la causa de sus faltas, ocasionaron la necesidad de reorganizar el servicio sin posibilidad de planificación previa, recargando al resto del personal máxime tratándose de servicios de guardia; Que tal incumplimiento tiene sustento en lo dispuesto por el punto D. 1. de la Resolución N°610/13 del Ministerio de Salud, vigente en la época de producidos los hechos que dieron origen al presente sumario, que determina: “El empleado debe comunicar a su repartición dentro de las 24 hs. y en las dos primeras horas del horario habitual de trabajo al que asiste, el estado de enfermedad, según Ley Nº 5811, excepto Art. 45 que es fuerza mayor y Decreto N° 2198/78 en su Art. 3”, complementado por el punto D.4 que dispone “Las certificaciones médicas presentadas fuera de término, según Decreto N° 2198/78 Art. 7, no serán aceptadas si éstas superan las 48 hs. de efectuada la comunicación a la repartición correspondiente, debiendo la repartición comunicar a la Junta por escrito la situación que revista el agente.”; Que por su parte, las inasistencias de los días 04/12/2023, 11/12/2023, 18/12/2023 no fueron justificadas en modo alguno conforme a la prueba incorporada; Que la conducta de la agente se encuadra en la infracción a los deberes previstos en el Art. 13 inc. a) del Decreto Ley Nº 560/73 Estatuto del Empleado Público que dice: “a) Prestación personal del servicio, con eficiencia, capacidad y diligencia, en el lugar, condiciones de tiempo y forma, que determinen las disposiciones reglamentarias correspondientes”, análogo al dispuesto en el Convenio Colectivo ratificado por Ley Nº 7759, en su Art. 69. que impone el deber de “Prestar el servicio personalmente, con responsabilidad, eficacia, capacidad y diligencia, en el lugar y condiciones de tiempo y forma que determinen las disposiciones reglamentarias correspondientes.”; Que estas fueron las conductas imputadas oportunamente a la agente y las que han resultado probadas conforme a lo reseñado precedentemente, puesto que la transgresión se verifica no sólo ante las inasistencias injustificadas sino también ante la omisión de presentar en tiempo y forma las constancias que acrediten la causa que les dieron origen, sin perjuicio del deber de anoticiar al servicio el hecho de la no concurrencia; Que sin embargo, se advierte que en sus conclusiones el instructor sumariante sugiere la aplicación del Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial Subsecretaria Legal y Técnica Art.85 inc. 4 de la Ley Nº 7759 a fin de merituar la sanción, tipificación que sólo atendería a las inasistencias del mes de diciembre de 2023, sin perjuicio de la conceptualización que se realice respecto de dicha causal de sanción; Que a su turno el Art. 85 inc. 2 del mentado cuerpo legal, establece la sanción de cesantía ante el incumplimiento grave de los deberes y obligaciones determinados en el presente convenio, graduados conforme a la naturaleza e importancia de la falta cometida, el que resulta aplicable al caso en virtud del análisis precedentemente efectuado; Que valorando el incumplimiento de los deberes legalmente previstos ya mencionados, los que requieren del empleado la mínima diligencia de anoticiar a su lugar de trabajo que no se presentará a trabajar, sumado a la inasistencia injustificada a tres guardias durante el mes de diciembre de 2023, se considera que la encartada ha incurrido en transgresión de sus obligaciones, en forma reiterada y con absoluta desaprensión respecto de su responsabilidad para con el servicio, sus compañeros de trabajo y sus superiores atento a la naturaleza de la tarea que cumplía; Que la circunstancia de que la agente haya presentado partes médicos de largo tratamiento, no la eximía de su obligación de acreditar en tiempo y forma la justificación de sus inasistencias, ni de su obligación de concurrir a trabajar en caso de no contar con causales que las justificaran, puesto que su proceder omisivo además de transgredir deberes legales inevitablemente impactaría en el servicio de guardia al que pertenece; Que con fundamento en las constancias de las actuaciones, se encuentra acreditado el hecho de que la profesional incurrió en incumplimiento grave de los deberes a su cargo; Por lo expuesto, en uso de las atribuciones del Art. 128 de la Constitución de la Provincia, Art. 13 inc. a) del Decreto Ley Nº 560/73, Arts. 69 inc. 1) y 85 inc. 2) del Convenio Colectivo de los Profesionales de la Salud ratificado por Ley Nº 7759, EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DECRETA: Artículo 1º -Aplíquese la sanción de Cesantía a la Dra. MARIA SOLBERRA IACOBUCCI, DNI Nº 31.286.032, CUIL Nº 27-31286032-0, de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 7759 en su Art. 85, inc. 2, por haber transgredido con su conducta lo previsto en el Art. 69 inc. 1 de la misma norma legal conforme a las consideraciones efectuadas precedentemente. Artículo 2º - Establézcase que el presente decreto deberá ser notificado a la Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública de Mendoza. Artículo 3º - Notifíquese, comuníquese, publíquese, dése al Registro Oficial y archívese. LIC. ALFREDO V. CORNEJO LIC. RODOLFO MONTERO S/Cargo 10/07/2025 (1 Pub.)