DECRETOS

Decreto Nº 1369

MINISTERIO HACIENDA Y FINANZAS

Fecha de publicación
3 de julio de 2025
Fecha de la norma
25 de junio de 2025
Referencia documental
Boletín Nº 32.385 · páginas 13–18
Ver boletín original

Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza

Decreto N°: 1369 MENDOZA, 25 DE JUNIO DE 2025 Visto el expediente N° EX-2024-05230833-GDEMZA-CCC; y CONSIDERANDO: Que en el Orden Nº 2 del expediente de referencia, el señor SANTIAGO LAUGERO, en su carácter de representante legal de “CORPORACIÓN DEL SUR S.A. - LAUGERO CONSTRUCCIONES S.A. U.T.”, presenta Recurso Jerárquico por apelación contra la Resolución Nº 72-SF-24, conforme lo establecen los Artículos 179, 181, sgtes. y cctes. de la Ley Nº 9003. Que mediante la Resolución Nº 072-SF-24, se rechazó el Recurso de Revocatoria interpuesto contra la Resolución Nº 003-SF-24, a través de la cual se resolvió aplicar a la Contratista “CORPORACIÓN DEL SUR S.A. - LAUGERO CONSTRUCCIONES S.A. U.T.”, la multa prevista en la Cláusula 49.1. Sección VI. de las Condiciones Especiales del Contrato. Que teniendo en cuenta la documen-tación obrante en Orden Nº 79 del expediente Nº EX-2023-06221444-GDEMZA-UFI#MHYF, corresponde la admisión formal del Recurso presentado. Que el recurrente en forma genérica e imprecisa, sostiene que la mora de la administración en responder a su pedido trajo aparejada la aplicación de una multa y que ello hace que contenga vicios que provocan la nulidad del acto atacado. En particular sostiene que dicho acto adolece del vicio de falta de fundamentación ya que se encuadra la situación erróneamente, al exigir la acreditación por parte de la Contratista del “… desequilibrio en la ecuación económico - financiera” por ella invocado y que al rechazar el Recurso de Reconsideración se aplican los extremos de la Ley de Administración Financiera y su Decreto Reglamentario, siendo que a su criterio resulta de aplicación la Ley Nº 4416 de Obra Pública. Que analizado el acto administrativo atacado, se estima que el mismo se encuentra legalmente fundado y en efecto, en él se expresaron las razones que inducen a rechazar el Recurso de Revocatoria interpuesto por la Contratista, encontrándose referenciados los hechos y antecedentes que le sirven de causa; siendo ello así, no corresponde su declaración de nulidad conforme lo dispuesto por los Artículos 32, 35, 39, 45, 51, 56, 60, 63, 68, 75 y concordantes de la Ley Nº 9003, toda vez que la Resolución N° 072-SF-24, se estima que se encuentra debidamente fundada y no adolece de arbitrariedad. Que la Empresa Contratista sostiene que solicitó a la Administración en reiteradas oportunidades remover los obstáculos ajenos al riesgo normal del Contrato, por ruptura de la ecuación económico – financiera, basándose en hechos objetivos y fácilmente comprobables, pero que la misma mantuvo su política de guardar silencio, lo que no es cierto. Que el Contrato se firmó entre la Unidad de Financiamiento Internacional (U.F.I.), en calidad de Contratante; y la firma “CORPORACIÓN DEL SUR S.A. - LAUGERO CONSTRUCCIONES S.A. U.T.”, en carácter de Contratista, con fecha 13 de enero de 2022 y por un plazo de CUATROCIENTOS VEINTE (420) días computados desde la suscripción del Acta de Inicio de Obras y un monto de PESOS UN MIL TRESCIENTOS DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS ($1.316.235.456,51). Que debido a un error material en el monto del precio, mediante una enmienda de fecha 23 de junio de 2022, ratificada por Resolución Nº 070-SF de fecha 16 de septiembre de 2022, se rectificó el precio del Contrato, llevando el precio definitivo del mismo a la suma de PESOS UN MIL TRESCIENTOS DIECISÉIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTIUNO CON DIEZ CENTAVOS Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial Subsecretaria Legal y Técnica ($1.316.267.721,10). Que con fecha 28 de abril de 2023, se emitió la Resolución Nº 030-SF, ratificando una nueva adenda en la que se aprueba una variación del precio y un nuevo cronograma. Que respecto al reclamo por ruptura de la ecuación económico – financiera, la Administración trató específicamente el tema arribando a la conclusión que el precio contractual se mantuvo intangible y que, por un lado y ante el error denunciado en el Contrato, se practicó una renegociación a través de la mencionada Adenda que involucró una variación de precio del 12.14% por el cambio de traza y el consiguiente ajuste de cantidades de hormigón, donde se analizaron también los costos. Que transcurridos solo DOS (2) meses de la firma de la Adenda, las empresas “U.T.” formularon su reclamo de recomposición por ruptura de la ecuación económico – financiera, no verificándose en ese período una alteración inflacionaria abrupta o violenta, por lo que, no habiéndose acreditado su existencia, mal podría pretenderse justificar un incumplimiento a las obligaciones a su cargo; cabe aclarar que en la cláusula quinta de la Adenda contractual referida, la Contratista renuncia en forma expresa: “… a los reclamos iniciados o a interponer como consecuencia del mayor volumen de obra física derivado de la reprogramación de la obra acordada en la adenda, tanto respecto a las indemnizaciones que pudieran corresponderle a la contratista por mayores gastos generales, directos e indirectos, como aquellas derivadas de gastos improductivos con causa o título anterior a la adenda, encontrándose excluidos de dicha renuncia los derechos que le pudieran corresponder a la contratista respecto del régimen de variaciones de precios tanto provisorios como definitivos”. Que además, el Contrato prevé instrumentos para mantener el equilibrio económico - financiero y de este modo, el Pliego Licitatorio PDSASPB-14-LPN-O, estableció en la Cláusula CGC 47.1 de las Condiciones Generales del Contrato, una fórmula polinómica de ajuste, por lo que se encuentra contemplada la variación de algunos elementos que podrían afectar el mencionado equilibrio; tal mecanismo de actualización fue expresamente consentido por la Contratista al suscribir el pliego pertinente y participar de la lici-tación, por lo que no puede ahora cuestionarlo, menos en forma infundada; sin perjuicio de lo expuesto, y en relación a la invocada alteración de la ecuación económico - financiera del Contrato, es carga ineludible de quien la esgrime, comprobarla y demostrarla objetivamente. Que en la Resolución N° 072-SF-24, expresamente se invocan y transcriben fallos jurisprudenciales en los que se establece el criterio de que deben probarse: la existencia de la "ruptura de la ecuación económico – financiera" y que resulten de aplicación las figuras del "esfuerzo compartido" y de la "teoría de la imprevisión", por lo que se sostuvo en tal sentido que no basta con invocar la teoría de la imprevisión y/o quiebre de la ecuación económico - financiera, sino que se debió acompañar la estructura de costos al momento de apertura del proceso y demostrar que el costo de reposición había superado el precio cotizado, lo que imposibilita su tratamiento y consideración. Que además, acusa de falta de fundamentación al acto, porque aplica los extremos de la Ley de Administración Financiera y su Decreto Reglamentario, siendo que a su criterio resulta de aplicación la Ley Nº 4416 de Obra Pública, lo que no es así, toda vez que en las CGC Punto 3.1 de la Sección VI. Condiciones Especiales del Contrato; A. Dis-posiciones Generales, DOCUMENTO DE LICITACIÓN Contratación de Obras Menores SISTEMA INTEGRAL DE RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE EFLUENTES CLOACALES CIUDAD DE MALARGÜE – PROVINCIA DE MENDOZA, se establece que rige el Contrato toda “…ley de la República Argentina”, entre las que se encuentra la Ley de Procedimiento Administrativo de la Provincia de Mendoza Nº 9003. Por otro lado, el hecho que en dicha cláusula se exprese que entre en “…Particular la Ley de Obras Públicas de la Provincia de Mendoza N° 4416 (y normativa complementaria)…”, no excluye la de otras leyes que resulten de aplicación en todos los aspectos no previstos en el Documento de Licitación. Que no puede pretender el recurrente, que sin siquiera haber especificado los supuestos incum-plimientos de la contratante, y que, a su criterio, la cons-tituyeron en mora al no disponer las suspensiones por ella Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial Subsecretaria Legal y Técnica solicitadas, siendo que en el “Anexo 1: Reglamentación de las comunicaciones mediante Órdenes de Servicio y Notas de Pedido. 1. Reglamentación de las Órdenes de Servicio”, Punto 1.4 se establece que “El Representante Técnico podrá, al notificarse de una Orden de Servicio, asentar reservas a su cumplimiento y que en dichos supuestos, la obligatoriedad de la Orden se suspenderá por cuatro (4) días, ampliables a criterio de la Gerencia, para que el Representante fundamente adecuadamente la objeción. No obstante, si el Gerente la reitera, no regirá la suspensión y deberá cumplirse sin dilaciones, sin perjuicio del derecho del contratista a formular ulterior reclamo, que deberá efectuarse dentro de los 14 días del cumplimiento de la Orden”. Que además la citada Cláusula es-tablece que: “El incumplimiento de una Orden de Servicio hará pasible al contratista de una multa equivalente al 0,05 del Monto del Contrato por día de demora”. Que en la Orden de Servicio N° 204 de fecha 03 de Julio del 2023, obrante en el Orden Nº 43 del expediente Nº EX-2023-06221444--GDEMZA-UFI#MHYF, se expresó que se produjo un atraso de Obra al Certificado N° 16 del 15.90% del Plan de Trabajo vigente producido hasta el mes de junio de 2023 y sin embargo no ejecutaron los trabajos ni adoptaron las medidas que correspondían. Asimismo junto a ello, se encuentra acreditada la existencia del atraso de Obra N° 01/23 presentado por Agua y Saneamiento Mendoza S.A. (AySAM), en el marco del Proyecto “Sistema Integral de Recolección y Tratamiento de Efluentes Cloacales – Malargüe - Provincia de Mendoza”. Que, en concreto, la firma “CORPORACIÓN DEL SUR S.A. - LAUGERO CONSTRUCCIONES S.A. U.T.”, incurrió en un atraso en el avance de obra del 15,90%, dado que según lo previsto en el Plan de Trabajo aprobado, la obra debería contar con un avance del 29,86% (equivalente a la certificación acumulada al mes base de $440.810.211,67) y en el Certificado N° 16, período junio 2023, se registró un avance del 25,11% (certificación acumulada al mes base de ($370.659.552,17), es decir, que el atraso supera el DIEZ POR CIENTO (10%) establecido en las Condiciones Especiales del Contrato para la aplicación de la compensación por liquidación de daños y perjuicios. Que no basta con hacer referencia a situaciones que a su criterio afectarían la ejecución del Contrato, sino cumplir con el Contrato. Que los eventuales problemas en el planteo del Proyecto fueron corregidos de mutuo acuerdo arribando a un nuevo Plan de Obras, que no fue cumplido por la Contratista. Que las devaluaciones “bruscas” se produjeron con anterioridad a ello y no comprobó la recurrente la imprevisión que alega, limitándose a invocar que su incumplimiento era causado por la demora en la línea de producción de proveedores de cañerías y por la pérdida de días por factor climático. Que, asimismo, no se acompañó documen-tación que acredite que la demora respondiera a la pérdida de valor o quiebre de la ecuación económico - financiera del Contrato, tal como intenta hacer valer el reclamante en su Recurso. Que los períodos de alta inflación y/o las devaluaciones no resultan hechos imprevisibles; pero, además, en este caso no solo no se probó el deterioro de los precios, sino que actualmente el criterio que impera es el de que no puede considerase imprevisible ni autoriza el juego de la teoría de la imprevisión, por lo tanto lo cierto es que se recompuso el Contrato (sin cuestionamientos), habiéndose celebrado entre las partes una Adenda Contractual en la que se aprueba una variación de precio y un nuevo Cronograma, mediante Resolución N° 030-SF de fecha 28 de abril de 2023 y en esa instancia la Contratista no planteó el quiebre de la ecuación económico - financiera del Contrato, sino que lo hizo con posterioridad al período en que se produce la demora por la que se aplica la multa de dos meses, durante los cuales no se verificaron alteraciones inflacionarias abruptas. Que en la renegociación del Contrato se estableció una variación de precio del 12.14% por el cambio de traza y el consiguiente ajuste de cantidades de hormigón. Esto evidencia que la sola invocación de quiebre de la ecuación económico – financiera, jamás podría constituir causa de justi-ficación de la demora, encontrándose justificada la aplicación de multa. Es evidente que no basta con invocar una mayor onerosidad en la ejecución de la prestación prometida para excusarse de su cumplimiento. Lo cierto es Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial Subsecretaria Legal y Técnica que los actos emitidos se encuentran legalmente fundados sin que ello implique que deba estar de acuerdo con los mismos la Contratista. Que tampoco resulta procedente la in-competencia planteada respecto del Subsecretario de Finanzas, toda vez que la Unidad de Financiamiento Internacional (U.F.I.) se encuentra a cargo de la Subsecretaría de Finanzas del Ministerio de Hacienda y Finanzas y la misma ostenta las fun-ciones, objeto y competencias establecidas en los Decretos Nros. 2604/15, 2990/19 y 777/25, por lo cual el señor Subsecretario de Finanzas, posee competencia funcional para el dictado de la norma legal. Que la circunstancia supuesta de que la Empresa Contratista está atravesando una acuciante situación económica, con un gran desfasaje financiero insostenible, de modo alguno podría justificar su incumplimiento. Que no se advierte la existencia de mora de la Administración en responder a los planteos de la Contratista, ni que el mismo haya soportado en forma unilateral las alteraciones de la economía. La pretensión de la Con-tratista respecto a que se celebre un acuerdo para la finalización del Contrato resulta improcedente y carente de todo sustento legal y fáctico. Que tampoco es cierto que se haya dictado la Resolución recurrida en violación a la garantía de la defensa u omitiendo el cumplimiento previo de algún trámite sustancial, no solo porque se corrió expresamente vista de las actuaciones (Órdenes Nros. 17 y 20 del expediente Nº EX-2023-06221444--GDEMZA- UFI#MHYF), sino que en forma expresa, se hizo referencia a lo dispuesto en el Artículo 35 de la Ley Nº 9003, que dice: …“Antes de dictarse el acto administrativo deben cumplirse todos los trámites sustanciales previstos expresa o implícitamente por el orden normativo. Sin perjuicio de lo que otras normas establezcan al respecto, considérense trámites sustanciales: a) El debido proceso o garantía de la defensa;…” y Artículo 160 de la misma norma que agrega …“Toda vez que para un determinado trámite no exista un plazo expresamente establecido por Leyes especiales o por ésta y sus disposiciones complementarias, deberá ser producido dentro del plazo máximo que a continuación se determina: a) Para las citaciones, intimaciones y emplazamientos, diez (10) días…”. De este modo, conforme a las normas citadas, correspondía conceder un plazo perentorio de diez (10) días para tomar conocimiento del expediente Nº EX-2023–06221444--GDEMZA–UFI#MHYF, a los fines de que efectúen los descargos y/o explicaciones que estimaran pertinentes, lo que efectivamente se hizo disponiendo dar vista a la Contratista de las actuaciones para su descargo, por lo que resulta incorrecto sostener que se afectara el derecho de defensa de la recurrente. Que se equivoca además la Contratista cuando sostiene que se omitió el dictamen letrado corres- pondiente, no solo porque no indica en qué instancia, sino que de la sola compulsa de las actuaciones surgen diversas intervenciones del servicio jurídico sobre los temas y hechos planteados. Que por lo expuesto y en contraposición a lo sostenido por el recurrente, el acto atacado no se encuentra viciado en ninguno de sus elementos, toda vez que se encuentra debidamente fundamentado, no transgrede prohibición del orden jurídico alguna, no afecta el derecho de propiedad de la Contratista, se dictó por funcionario compe-tente, respetando la garantía de la defensa sin perjuicio a que la recurrente actúe conforme un criterio jurídicamente errado, cual es, el de pretender que el quiebre de la ecuación económica no debe acreditarse. Que, la Contratista, “CORPORACIÓN DEL SUR S.A. - LAUGERO CONSTRUCCIONES S.A. U.T.”, incurrió en un atraso en el avance de obra según lo previsto en el Plan de Trabajo aprobado y el atraso supera el DIEZ POR CIENTO (10%) establecido en las Condiciones Especiales del Contrato para la aplicación de la compensación por liquidación de daños y perjuicios. Que con respecto al pedido de sus-pensión de la ejecución del acto administrativo, corresponde tener presente que, como principio general, la interposición de recursos administrativos no suspende la ejecución del acto impugnado, ello en virtud de lo dispuesto en la primera parte del Artículo 83 de la Ley Nº Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial Subsecretaria Legal y Técnica 9003. Que no se configuran en el caso los supuestos previstos por la norma, rigiendo en consecuencia la regla genérica de la no suspensión de la ejecución del acto; al respecto, el Artículo 83 de la Ley de Procedimiento Administrativo dispone: …“La interposición de recursos o denuncias de ilegitimidad no suspende la ejecución del acto impugnado, pero la autoridad que lo dictó o la que debe resolver la impugnación podrá disponer, de oficio o a petición de parte, y en ambos casos mediante resolución fundada, la suspensión de la ejecución del acto, en cualquiera de los siguientes casos: Cuando la ejecución cause un daño de difícil o imposible reparación al impugnante, o un daño proporcionalmente mayor a los perjuicios que la suspensión acarrearía a la entidad pública. Cuando se alegare verosímilmente un vicio grave o grosero en el acto impugnado. Cuando la autoridad constate que no hay necesidad impostergable de ejecutarlos, sin que ello pueda acarrear iguales o mayores daños a terceros o al interés público. La ejecución del acto impugnado se entenderá suspendida a los sesenta (60) días corridos de presentada la solicitud de suspensión, si la Administración u Organismo competente para decidir sobre la misma no hubiere notificado resolución expresa al respecto. Si, excepcionalmente fuere necesario producir prueba o recabar informes para resolver, la suspensión tácita operará una vez diligenciados y desde el vencimiento del plazo previsto en el Artículo 160 para el dictado de resoluciones incidentales. El acto motivado de suspensión podrá adoptar otras medidas cautelares necesarias para asegurar la protección del interés público o de terceros y la eficacia de la resolución definitiva sobre el acto en cuestión. Cuando de la suspensión puedan derivarse perjuicios de cualquier naturaleza, aquélla sólo producirá efectos previa prestación de caución o garantía suficiente para responder por ellos, en el modo y monto que justificare la autoridad competente. El acto administrativo que adopta una medida suspensiva o dispone el rechazo del pedido cautelar es siempre provisorio, y puede ser revocado o modificado cuando cambien las circunstancias que determinaron su dictado.”. Que por las consideraciones formuladas, producto del análisis efectuado del fondo de la cuestión y de los antecedentes normativos que la motivan, corresponde el rechazo en lo sustancial del recurso interpuesto, por lo que no se advierte que el acto impugnado sea ilegítimo, inmotivado, ni que adolezca de vicios que por su gravedad determinen la inexistencia o nulidad del acto, ni la existencia de perjuicio irreparable para los peticionantes, el que por otra parte, no se acredita. Por ello, conforme lo dictaminado por la Dirección de Asuntos Legales del Ministerio de Hacienda y Finanzas en el Orden N° 17 y por Asesoría de Gobierno en el Orden N° 48, ambos del expediente N° EX-2024-05230833--GDEMZA-CCC EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA RESUELVE: ARTÍCULO 1° - Acéptese formalmente y rechácese en lo sustancial el Recurso Jerárquico interpuesto en el Orden N° 2 del expediente N° EX-2024-05230833--GDEMZA-CCC, por el señor SANTIAGO LAUGERO, D.N.I. Nº 22.049.557, en su carácter de representante legal de “CORPORACIÓN DEL SUR S.A. - LAUGERO CONSTRUCCIONES S.A. U.T.”, contra la Resolución Nº 072-SF-24, por las razones expuestas en los considerandos del presente decreto. ARTÍCULO 2° - Comuníquese, publíquese, dése al Registro Oficial y archívese. LIC. ALFREDO V. CORNEJO LIC. VICTOR FAYAD S/Cargo Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial Subsecretaria Legal y Técnica 03/07/2025 (1 Pub.) MINISTERIO DE PRODUCCIÓN