DECRETOS

Decreto Nº 1097

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN

Fecha de publicación
25 de junio de 2025
Fecha de la norma
23 de mayo de 2025
Referencia documental
Boletín Nº 32.379 · páginas 10–12
Ver boletín original

Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza

Decreto N°: 1097 MENDOZA, 23 DE MAYO DE 2025 Visto el expediente N° EX-2025-02791058-GDEMZA-CCC, en el cual la señora Elodia Valeriana Millán de Puy, en nombre y representación de MILLÁN S.A., presenta Recurso Jerárquico contra la Resolución Nº 54 emitida por el Ministerio de Producción en fecha 27 de marzo de 2025; y Considerando: Que por la citada resolución se rechazó el Recurso interpuesto por la firma contra la Resolución N° 307/24 de la Dirección de Fiscalización, Control y Tecnología Agroindustrial, dependiente del Ministerio de Producción; Que en orden 2 del expediente EX–2023-09429830-GDEMZA-DFYC#MEIYE se observa el acta de infracción identificada como ACTA 16229-MILLÁN S.A.; Que en orden 16 del expediente citado en el párrafo anterior luce la Resolución Nº 68/24 que desestima el descargo de la recurrente por no encontrar ninguna irregularidad en el acta de infracción, probado el incumplimiento a los Artículos 5 y 6 de la Resolución Nº 07/02 concordante con el Decreto Nº 274/19 y aplica una multa de PESOS TRESCIENTOS MIL ($ 300.000,00); Que en orden 25 del mismo expediente la sancionada presenta Recurso de Revocatoria la que es tratada por la Asesoría Letrada de la Dirección de Fiscalización, Control y Tecnología Agroindustrial en orden 28 y rechazada por Resolución Nº 307/24/DFYC, en orden 36; Que en cuanto a los requisitos formales de procedencia del Recurso ahora interpuesto los mismos han sido cumplimentados, toda vez que ha sido interpuesto en legal tiempo y forma, a tenor de lo dispuesto por el Artículo 179 y ss. de la Ley de Procedimiento Administrativo, por lo que debe ser admitido desde el punto de vista formal; Que del análisis sustancial surge que la recurrente en esta instancia reitera los argumentos que vertiera en oportunidad de interponer Recurso de Revocatoria y el Jerárquico; Que reitera que la Resolución dictada no logra desvirtuar el planteo nulificatorio del acta de infracción oportunamente opuesto, que se funda en argumentos arbitrarios e ilegítimos así como que la multa impuesta resulta exorbitante e irracional, siendo la misma desproporcionada con la presunta infracción imputada; Que el obrar de los inspectores como el de los asesores y funcionarios intervinientes en el proceso ha sido regular y en cumplimiento riguroso de la normativa estipulada; Que las disposiciones transgredidas rezan: Artículo de la Resolución Nº 07/2002 – “La exhibición de los precios deberá efectuarse por unidad, en forma clara, visible, horizontal y legible. Cuando se realice mediante listas, éstas deberán exponerse en los lugares de acceso a la vista del público, y en los lugares de venta o atención a disposición del mismo”; Que el Artículo 6 del mismo cuerpo normativo expresa: “En el caso de bienes muebles, la exhibición se Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial Subsecretaria Legal y Técnica hará sobre cada objeto, artículo, producto o grupo o conjunto de una misma mercadería que se encuentre expuesto a la vista del público. Cuando por la naturaleza o ubicación de los bienes no sea posible, deberá utilizarse lista de precios”; Que el hecho infraccionario descripto por la Ley no requiere para su configuración de intención alguna, tan solo de que acaezca el mismo. Tampoco requiere que se genere un daño comprobable a la confianza del consumidor, ni el ilícito puede quedar “condonado” con una actitud de predisposición a las consultas de los consumidores a los dispositivos verificadores o los empleados de caja, como sugiere en la presentación. El hecho se produjo, la sancionada lo ha reconocido y como tal se ha configurado el ilícito sancionable; Que tampoco puede esgrimirse como atenuante o eximente de responsabilidad, el volumen de artículos, la fecha comercial o las técnicas de marketing utilizadas, porque todo ello pudo y debió preverse. En una empresa de la magnitud de la recurrente se deben adaptar los mecanismos adecuados para cumplir con todas las exigencias que determina la ley, rigurosa tanto para esta como para comercios de pocos empleados (conf. Artículo 1725 del C.C. y C.); Que este tipo de infracciones no requiere que se configure la existencia de dolo o que medie un perjuicio constatable a algún consumidor determinado, pues el carácter de formal de este tipo de conductas reprochadas hacen de su solo cumplimiento, materia de sanción administrativa; Que las actas labradas por el personal de la Dirección de Fiscalización, Control y Tecnología Agroindustrial constituyen instrumentos públicos, los cuales hacen fe de sí y se prueban por sí mismos. Este criterio ha sido seguido por el Decreto Nº 274/19 en su Artículo 42, tercer párrafo: “La reglamentación establecerá la forma y condiciones de notificación del acta. Los hechos constatados por la autoridad de aplicación tendrán valor probatorio pleno, sin perjuicio de las pruebas que, en defensa de sus derechos o intereses, pudieran aportar los administrados”. La validez del acta no requiere de la intervención de testigos que certifiquen su contenido; Que el acta detalla exhaustivamente el procedimiento seguido por el inspector, las falencias detectadas, la normativa vulnerada, se identifican todos los productos observados que presentan deficiencias en la exhibición del precio y se le informa a la sancionada los plazos de presentación de descargo. Desde este Servicio Jurídico consideramos que el acta como su planilla adjunta no presentan vicios ni inconsistencias que pudieran poner en vilo la regularidad del acto; Que las actas labradas por el personal de la Dirección de Fiscalización, Control y Tecnología Agroindustrial constituyen instrumentos públicos, los cuales hacen fe de sí y se prueban por sí mismos; Que la Resolución Nacional Nº 07/2002 de la Secretaría de la Competencia, la Desregulación y la Defensa del Consumidor fija un procedimiento específico para la exhibición de precios. En los considerandos de la norma aclara específicamente que las disposiciones dictadas se enmarcan en lo que dispone el DNU 274/19 de Lealtad Comercial, reglamentando lo estipulado por el Artículo 10 incisos a) y c) de dicha normativa. Por ende la resolución tiene una exigibilidad plena y el incumplimiento de sus disposiciones hace pasible al infractor de las sanciones que establece la norma; Que el monto de la multa de PESOS TRESCIENTOS MIL ($ 300.000,00) impuesto por Resolución nº 68/24 se encuentra dentro del rango previsto por el Artículo 57 inciso b del Decreto Nº 274/19 y se condice con los antecedentes y constancias del expediente. La empresa resulta reincidente de conformidad a lo dispuesto por el Artículo 59 del mismo cuerpo legal autorizándose a duplicar los límites en su mínimo y máximo de las multas. Teniendo en cuenta el criterio de graduación plasmado por el Artículo 58 del decreto: “La autoridad de aplicación graduará las sanciones en base a: la gravedad de la infracción; el daño causado a todas las personas afectadas por la actividad prohibida; el beneficio obtenido por todas las personas involucradas en la actividad prohibida; el efecto disuasivo; el valor de los activos involucrados al momento en que se cometió la violación; la intencionalidad; la duración; la participación del infractor en el Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial Subsecretaria Legal y Técnica mercado; el tamaño del mercado afectado; la duración de la práctica y los antecedentes del responsable, así como su capacidad económica. La colaboración con la autoridad de aplicación en el conocimiento o en la investigación de la conducta podrá ser considerada un atenuante en la graduación de la sanción”; Que la Resolución N° 21 de fecha 24 de febrero de 2025, por medio de la cual la Secretaría de Comercio Interior (“SCI”) actualizó el valor de la unidad móvil establecida en la Ley N° 27.442 de Defensa de la Competencia (“LDC”) en PESOS MIL CIENTO DOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS ($ 1102,28). En consecuencia, la sanción de multa prevista en el inciso b) del artículo 57 del Régimen de Lealtad Comercial, que se establece entre 1 y 10.000.000 de Unidades Móviles, puede ir desde AR$ 1102,28 hasta AR$ 11.022.800.000; Que las razones vertidas por la recurrente en la presentación han quedado desvirtuadas, no existiendo motivos suficientes para dar curso al pedido de nulidad del procedimiento conforme se solicita a orden 2; Por lo expuesto y en conformidad con los dictámenes producidos por la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Producción y por Asesoría de Gobierno; EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA D E C R E T A: Artículo 1º - Acéptese en lo formal y rechácese en lo sustancial, por los motivos expuestos en los considerandos de este decreto, el Recurso Jerárquico interpuesto por la señora Elodia Valeriana Millán de Puy, en nombre y representación de MILLÁN S.A., CUIT Nº 33-50385092-9, contra la Resolución 54 emitida por el Ministerio de Producción en fecha 27 de marzo de 2025, por lo que la misma queda confirmada en todos sus términos. Artículo 2º - Comuníquese, publíquese, dése al Registro Oficial y archívese. LIC. ALFREDO V. CORNEJO LIC. RODOLFO VARGAS S/Cargo 25/06/2025 (1 Pub.)