DECRETOS
Decreto Nº 558
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN
- Fecha de publicación
- 17 de junio de 2025
- Fecha de la norma
- 19 de marzo de 2025
- Referencia documental
- Boletín Nº 32.374 · páginas 13–15
Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza
Decreto N°: 558
MENDOZA,19 DE MARZO DE 2025
Visto el expediente N° EX-2024-03292306-GDEMZA-CCC, en el cual el Doctor Sergio Barochovich, en
nombre y representación de SAUDA S.R.L, CUIT Nº 30-69954382-5, interpone Recurso Jerárquico en
contra de la Resolución Nº 130/24 emitida por Dirección de Fiscalización, Control y Tecnología
Agroindustrial; y
CONSIDERANDO:
Que en orden 2 del expediente en tramitación conjunta Nº EX-2023-05581268-GDEMZA-DFYC#MEIYE se
incorpora el acta de infracción identificada como ACTA 15305 - SAUDA S.R.L.;
Que en orden 5 del expediente de referencia rola descargo de la empresa y en orden 15 se exhibe
dictamen aconsejando el dictado del acto administrativo que aplique la multa;
Que en orden 24 rola la Resolución Nº 545/23 de la ex Dirección de Fiscalización y Control, actual
Dirección de Fiscalización, Control y Tecnología Agroindustrial, que aplica una multa de PESOS
DOSCIENTOS MIL ($ 200.000,00) por revestir el hecho sancionado una infracción al Decreto Nº 274/19
por los motivos ampliamente desarrollados en sus considerandos;
Que en orden 30 se exhibe Recurso de Revocatoria por parte de la sancionada contra la Resolución Nº
545/23-DFYC por motivos de arbitrariedad en la imputación de la infracción, ausencia de motivación y
desproporcionalidad en la sanción, lo que es analizado y dictaminado en orden 34 por la Dirección de
Asuntos Jurídicos de la mencionada Dirección y rechazado desde lo sustancial por la Resolución Nº
130/24;
Que del análisis sustancial del Recurso ahora interpuesto surge que la recurrente en esta instancia reitera
en lo sustancial los argumentos que vertiera en oportunidad de interponer el descargo al acta de infracción
y el Recurso de Revocatoria. Reitera que el administrativo se encuentra aparentemente fundado sólo en
apreciaciones, dogmáticas e infundadas y, en consecuencia, carece de causa y motivación, por lo que
resulta nula de nulidad absoluta e insalvable, además de sostener que es arbitraria, desproporcionada y
exorbitante la multa impuesta por la Administración;
Que, asimismo, solicita se ordene la suspensión de los efectos de la resolución impugnada, atento la
existencia de un grave daño irreparable al patrimonio de la empresa infraccionada, en caso de ejecutoriar
lo ordenado en la Resolución recurrida;
Que, por último, efectúa un planto de reducción de la sanción impuesta, por resultar la misma excesiva,
irrazonable y desproporcionada;
Que en concordancia con las posturas asentadas en los antecedentes de esta causa, el obrar de los
inspectores como el de los asesores y funcionarios intervinientes en el proceso ha sido regular y en
cumplimiento riguroso de las normas estipuladas;
Que la infracción no se imputa en razón de “no contar la presentante con los precios en la góndola” sino
en el hecho de encontrar diferencias entre los precios exhibidos y los reflejados en caja al momento de
pasar el producto por el lector de código de barra;
Que el inspector actuante, según acta y planillas, constata el producto con la descripción en perfil de
góndola, anota el precio y luego compara con el ticket de compra. Al verificarse la diferencia, se labra el
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acta de infracción. El procedimiento es regular y tiende a emular el accionar de un cliente para dejar así
demostrada la vulneración del derecho del mismo y la violación al Decreto Nº 274/19 de Lealtad Comercial;
Que este tipo de situaciones encuadran a la perfección en lo que prevé el Decreto: “Publicidad engañosa.
Artículo 11 – Queda prohibida la realización de cualquier clase de presentación, de publicidad o
propaganda que mediante inexactitudes u ocultamientos pueda inducir a error, engaño o confusión
respecto de las características o propiedades, naturaleza, origen, calidad, pureza, mezcla, cantidad, uso,
precio, condiciones de comercialización o técnicas de producción de bienes muebles, inmuebles o
servicios.”;
Que el acta de infracción reúne los requisitos que exige la norma, la que al efecto refiere: “Procedimiento
de oficio. Artículo 42 – Si se tratare de la comprobación de oficio de una infracción, el funcionario actuante
procederá a labrar un acta donde hará constar concretamente el hecho verificado y la norma infringida. Se
notificará al presunto infractor que dentro de los diez días de notificado, deberá presentar su descargo y
ofrecer pruebas, si las hubiere, debiéndose indicar dónde efectuar su presentación. La autoridad de
aplicación pondrá a disposición del presunto infractor copia de lo actuado. La reglamentación establecerá
la forma y condiciones de notificación del acta. Los hechos constatados por la autoridad de aplicación
tendrán valor probatorio pleno, sin perjuicio de las pruebas que, en defensa de sus derechos o intereses,
pudieran aportar los administrados. Será de aplicación el Artículo 39 del presente decreto en materia de
prueba.”;
Que de la interpretación realizada del artículo se desprende con claridad la legitimidad del actuar del
inspector, habiendo otorgado la posibilidad de presentar a la sancionada su descargo y ofrecer toda la
prueba que considera conducente a los efectos de demostrar su postura;
Que la instancia adecuada para la presentación de la prueba era el descargo;
Que como se ha reiterado en las anteriores presentaciones y como se interpreta del artículo, las actas
labradas por el personal de la Dirección de Fiscalización, Control y Tecnología Agroindustrial constituyen
instrumentos públicos, los cuales hacen fe de sí y se prueban por sí mismos;
Que, a su turno, el Artículo 42 de nuestra Carta Magna Nacional protege la provisión de bienes y servicios
con base en un “trato equitativo y digno” hacia los consumidores, de manera tal que su comercialización
asegure la libertad de elección y condiciones dignas de trato, fin protegido, vulnerado en autos por la firma
sumariada;
Que en relación al pedido de suspensión del acto (ejecución de la multa) mientras se encuentre en
tramitación el presente recurso, cabe mencionar que , no sólo no se advierten los vicios alegados en el
mismo sino que, por el contrario, se advierte la legitimidad del Acta N° 15305 en tanto fue labrada con
todas las formalidades de la ley, por funcionario competente y habiendo cumplido rigurosamente el
procedimiento legalmente determinado, respetando el derecho de defensa en todas las etapas recursivas;
Que, en consecuencia, debe mantenerse incólume la manda que establece el Artículo 83 de la Ley de
Procedimiento Administrativo en tanto dispone que “La interposición de recursos no suspende la ejecución
del acto impugnado…”;
Que para concluir, la presente tramitación administrativa cumple con los estándares constituciones
referidos al derecho de defensa, la tutela y debido proceso administrativo en armonía con las garantías
procesales establecidas en el Artículo 18 de la Carta Magna Nacional;
Que en cuanto a la exorbitancia referida se destaca que el monto de la multa de PESOS DOSCIENTOS
MIL ($ 200.000), impuesto por Resolución Nº 130/24 se encuentra dentro del rango previsto por el Artículo
57, inciso b del Decreto Nº 274/19 y se condice con los antecedentes y constancias del expediente;
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Que teniendo en cuenta el criterio de graduación plasmado por el Artículo 58 del Decreto: “La autoridad de
aplicación graduará las sanciones en base a: la gravedad de la infracción; el daño causado a todas las
personas afectadas por la actividad prohibida; el beneficio obtenido por todas las personas involucradas en
la actividad prohibida; el efecto disuasivo; el valor de los activos involucrados al momento en que se
cometió la violación; la intencionalidad; la duración; la participación del infractor en el mercado; el tamaño
del mercado afectado; la duración de la práctica y los antecedentes del responsable, así como su
capacidad económica. La colaboración con la autoridad de aplicación en el conocimiento o en la
investigación de la conducta podrá ser considerada un atenuante en la graduación de la sanción”;
Que la Resolución N° 48 de fecha 23 de enero de 2024, por medio de la cual la Secretaría de Comercio
Interior (“SCI”), actualizó el valor de la unidad móvil establecida en la Ley N° 27.442 de Defensa de la
Competencia (“LDC”) en AR$ 506.19 (pesos quinientos seis con diecinueve centavos). En consecuencia,
la sanción de multa prevista en el inciso b) del Artículo 57 del Régimen de Lealtad Comercial, que se
establece entre 1 y 10.000.000 de Unidades Móviles, puede ir desde AR$ 506.19 hasta AR$
5.160.000.000;
Que la sanción parece justa en su monto, en relación a la infracción concreta que se intenta sancionar con
la misma, atento a que pretende disuadir las conductas infractoras;
Por lo expuesto y en conformidad con lo dictaminado por la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio
de Producción y por Asesoría de Gobierno,
EL
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:
Artículo 1º - Acéptese en lo formal y rechácese en lo sustancial, por los motivos expuestos en los
considerandos de este decreto, el Recurso Jerárquico interpuesto por el Dr. Sergio Barochovich, en
nombre y representación de SAUDA S.R.L, CUIT Nº 30-69954382-5, contra la Resolución Nº 130/24
emitida por Dirección de Fiscalización, Control y Tecnología Agroindustrial, por lo que la misma queda
confirmada en todos sus términos.
Artículo 2º - Comuníquese, notifíquese, publíquese, dése al Registro Oficial y archívese.
LIC. ALFREDO V. CORNEJO
LIC. RODOLFO VARGAS
S/Cargo
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