DECRETOS

Decreto Nº 932

Fecha de publicación
14 de mayo de 2025
Fecha de la norma
9 de mayo de 2025
Referencia documental
Boletín Nº 32.351 · páginas 20–22
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Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza

Decreto N°: 932 MENDOZA, 09 DE MAYO DE 2025 VISTO el EX-2024-04197949-GDEMZA-CCC por el que se tramita el Recurso de Alzada interpuesto por la agente María del Carmen Sánchez; y CONSIDERANDO: Que la agente María del Carmen Sánchez, quien presta servicios para la Dirección General de Protección de Derechos, interpone recurso de alzada en contra la Resolución N° RESFC-2024-21-E-GDEMZA-DRPJ- PENALJUVENIL, de fecha 30 de abril de 2024, emitida por la Dirección General de Responsabilidad Penal Juvenil, por la que admite en lo formal y rechaza en lo sustancial un Recurso de Revocatoria interpuesto por la agente Sánchez contra la Resolución Nº RESFC-2024-10-E-GDEMZA-DRPJ#MSDSYD, se adjunta copia de ambas en orden 2 (págs. 13 a 15 y 77 a 83). Que desde el análisis formal, el recurso incoado en contra de la Resolución Nº RESFC-2024-21-E- GDEMZA-DRPJ-PENALJUVENIL, se encuentra dentro del plazo legal fijado por la Ley Nº 9003 de Procedimiento Administrativo de 15 días hábiles administrativos. Es decir que la presentación del recurso fue temporánea, ya que fue notificada el día 28 de mayo de 2024, (conforme surge de la constancia obrante en orden 17 del EX-2024-01479123- -GDEMZA-DRPJ#MSDSYD) e interpone el recurso el día 07 de junio de 2024. Que por otro lado, la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil es un organismo descentralizado (Ley Nº 8550). Y el acto administrativo objeto del recurso que nos ocupa, rechaza en lo sustancial un recurso de revocatoria previo. Es decir que no corresponde la interposición de un recurso jerárquico ante la Subsecretaría, sino un recurso de alzada ante el Gobernador (Ley Nº 9003, Art. 183. Contra las decisiones definitivas de las autoridades superiores de las entidades descentralizadas, procederá un recurso de alzada ante el Poder Ejecutivo, o autoridad superior que deba ejercer respecto a sus actos el control de tutela administrativa, cuya decisión causará estado). Si bien la quejosa ha errado el recurso interpuesto, la Ley de Procedimiento Administrativo establece, como uno de los principios generales aplicables, el de informalismo a favor del administrado. Efectivamente, el Art. 1°- II - e) de la Ley Nº 9003, expresa: “Principio del informalismo a favor del administrado. El administrado, cuente o no con asistencia técnica, está dispensado de toda exigencia formal innecesaria o subsanable por la misma administración, la que debe facilitar el goce de los derechos cuya operatividad le es exigible en virtud del carácter servicial de todo su accionar, con el único límite de no provocar daños a terceros ni a los intereses públicos que el derecho aplicable al caso también ponga a su cuidado.” Por lo expuesto, corresponde que la Administración califique el recurso jerárquico como recurso de alzada, y como tal lo admita en su aspecto formal. Que desde el análisis sustancial del recurso en tratamiento, calificado como recurso de alzada. El recurso de revocatoria fue incoado en contra de la Resolución Nº RESFC-2024-10-EGDEMZA-DRPJ#MSDSYD, por el cual la Dirección General de Responsabilidad Penal Juvenil dispone dejar sin efecto las funciones que tenía como responsable de Liquidaciones, según Resolución Nº RESFC-2022-190-DRPJ#MSDSYD y autorizar el traslado a la Dirección de Medidas Alternativas de la Privación de la Libertad, Externación e Inclusión Social para cumplir funciones administrativas. También se autorizó la baja de los adicionales correspondientes a "función jerárquica" (1510308— clase 15— jefe de departamento 2° nivel) y "mayor dedicación" (20%)”. Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial Subsecretaria Legal y Técnica Que la recurrente afirma que se encuentra comprendida entre los sujetos beneficiados por el Art. 12 Ley Nº 7.557 y el Decreto N°1585/11. Y que esta circunstancia fue reconocida expresamente por la sentencia de la SCJM recaída en autos CUIJ: 13-0412008-3 "SANCHEZ MARIA DEL CARMEN C/ Dirección NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA P/ ACCIÓN PROCESAL ADMINISTRATIVA”. Que es importante tener presente que la agente cumplía funciones en la ex Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia. Esta es una dirección descentralizada, en la que Sánchez desempeñaba tareas propias de un cargo con mayor jerarquía. Por tal motivo esa Dirección le otorgó el adicional por función jerárquica. Ahora bien, la agente, con su consentimiento, fue migrada a la Dirección General de Responsabilidad Penal Juvenil mediante Resolución N° 1560/14, de fecha 30 de diciembre de 2014, del ex Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos. El cargo que fue migrado es el cargo que ella ostentaba, régimen salarial, agrupamiento y clase que le eran propias y una vez migrada se le asignaron funciones de Jefa de Liquidaciones, a través de la Resolución N° 00031/15 de la Dirección General de Responsabilidad Penal Juvenil. Posteriormente, y en atención a las funciones de mayor jerarquía como Jefa de Liquidaciones, por Resolución N° 00035/15 del Director de la Dirección General de Responsabilidad Penal Juvenil, se le da el alta al adicional por función jerárquica. Después, por RESFC-2019-60-E-GDEMZA-DRPJ#MSDSYD se le asignan funciones como Jefa de Personal. Que la recurrente no se encuentra comprendida dentro de los supuestos de hecho del Artículo 12 de la Ley Nº 7.557 y del Decreto N° 1585/11. Lo hubiese estado de haber continuado en la ex Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia. Pero al aceptar el traslado a la Dirección General de Responsabilidad Penal Juvenil, cortó la continuidad en el cargo exigida por las normas citadas, y comenzó de cero en la recién creada Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil. Y es en esta nueva descentralizada, en la que se le asignan funciones y se le otorga el adicional por función jerárquica. Que en lo referido a la sentencia recaída en autos CUIJ: 13-0412008-3 "SANCHEZ MARIA DEL CARMEN C/ Dirección NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA P/ ACCIÓN PROCESAL ADMINISTRATIVA”, no puede ser invocada por la recurrente. Efectivamente, la sentencia en cuestión es de fecha 09/02/2021. Cuando Sánchez interpone la acción era agente de la DINAF, y la Dirección General de Responsabilidad Penal Juvenil no es la continuadora o sucesora de aquella, sino que se trata de dos Direcciones descentralizadas distintas. Se trató de un litigio en el que la Dirección General de Responsabilidad Penal Juvenil no fue parte, y la condena se limita únicamente a la demandada vencida (res inter alios acta). Que la recurrente afirma que la Resolución decide, sin fundamento alguno y omitiendo normativa, legal vigente, dejar sin efecto las funciones que ejercía como responsable de Liquidaciones de la Dirección General de Responsabilidad Penal Juvenil, ordenando asimismo la baja de los adicionales correspondientes. Concluye que se trata de un ejercicio abusivo del ius variandi y violación del principio de estabilidad del empleo público. Que el acto recurrido no incurre en ejercicio abusivo del ius variandi. La recurrente no tiene un derecho a mantener las mismas tareas, que fue únicamente lo que se le modificó, sin que se viera comprometida la estabilidad del empleo público. La Ley Nº 9003 en el Art. 45 establece que la motivación contendrá la explicación de las razones de hecho y de derecho que fundamentan el acto, con un sucinto resumen de los antecedentes relevantes del expediente, la finalidad pública que justifica su emisión, la norma concreta que habilita la competencia en ejercicio y, en su caso, la que establece las obligaciones o deberes que se impongan al administrado, individualizando su publicación. La motivación no puede consistir en la remisión genérica a propuestas, dictámenes o resoluciones previas. A mayor grado de discrecionalidad en el dictado del acto, más específica será la exigencia de motivarlo suficientemente. De allí que este requisito, por otro lado, tampoco sea exigible en todos los casos, tal como lo establecía y lo aclara aún más el artículo en trato. Que el acto administrativo recurrido se dictó en el marco del poder jerárquico propio de la organización que implica la potestad de mando, que se exterioriza mediante órdenes generales o particulares para dirigir la actividad de los inferiores (Art. 14 Ley Nº 9003). Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial Subsecretaria Legal y Técnica Por ello y en virtud del Dictamen Legal emitido por Asesoría Letrada de la Dirección General de Responsabilidad Penal Juvenil en orden 12 y de Asesoría de Gobierno en orden 19, EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DECRETA: Artículo 1º.- Acéptese en lo formal y Rechácese en lo sustancial el Recurso de Alzada interpuesto por la señora MARÍA DEL CARMEN SÁNCHEZ, CUIL Nº 27-18079892-2, contra la Resolución N° RESFC-2024-21-E-GDEMZA-DRPJ-PENALJUVENIL, de conformidad con los argumentos expuestos en los considerandos precedentes. Artículo 2º.- Notifíquese a la recurrente el presente decreto, en cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 150 de la Ley Nº 9.003, se encuentra agotada la instancia administrativa, por tanto, queda facultada para interponer Acción Procesal Administrativa en el plazo de treinta (30) días corridos, el que comenzará a regir desde el día siguiente al de la notificación de la decisión administrativa (art. 20 Ley Nº 3.918) por ante la Suprema Corte de Justicia de Mendoza (art. 1 Ley Nº 3.918). Artículo 3º.- Comuníquese, publíquese, dese al Registro Oficial y archívese. LIC. ALFREDO V. CORNEJO LIC. TADEO GARCÍA ZALAZAR S/Cargo 14/05/2025 (1 Pub.)