DECRETOS
Decreto Nº 550
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN
- Fecha de publicación
- 13 de mayo de 2025
- Fecha de la norma
- 19 de marzo de 2025
- Referencia documental
- Boletín Nº 32.350 · páginas 30–33
Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza
Decreto N°: 550
MENDOZA, 19 DE MARZO DE 2025
Visto el expediente N° EX-2024-04887334-GDEMZA-CCC, en el cual el Doctor Sergio Barochovich, en
nombre y representación de SAUDA S.R.L, CUIT Nº 30-69954382-5, interpone Recurso Jerárquico en
contra de la Resolución Nº 207 emitida por la Dirección de Fiscalización, Control y Tecnología
Agroindustrial, dependiente del Ministerio de Producción de la Provincia en fecha 15 de mayo de 2024; y
CONSIDERANDO:
Que los requisitos formales de procedencia del Recurso en análisis han sido debidamente observados,
toda vez que ha sido impetrado en legal tiempo y forma a tenor de lo dispuesto por el Artículo 179 de la
Ley de Procedimiento Administrativo, razón por la cual resulta admisible formalmente;
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
Subsecretaria Legal y Técnica
Que en orden 2 del expediente antecedente EX-2023-06336686-GDEMZA-DFYC#MEIYE se incorpora el
acta de infracción identificada como ACTA 15317 - SAUDA S.R.L.;
Que en orden 5 del expediente citado en el párrafo anterior rola descargo de la empresa y en orden 11 se
exhibe dictamen que aconseja el dictado del acto administrativo que aplique la multa correspondiente;
Que en orden 20 del mismo expediente rola la Resolución Nro. 509/23 de la ex Dirección de Fiscalización
y Control, actual Dirección de Fiscalización, Control y Tecnología Agroindustrial, dependiente del Ministerio
de Producción, que aplica una multa de PESOS CIENTO CINCUENTA MIL ($ 150.000) por revestir el
hecho sancionado una infracción al Decreto Nº 274/19 por los motivos ampliamente desarrollados en sus
considerandos;
Que en orden 23 del mismo expediente se exhibe el Recurso de Revocatoria interpuesto por la sancionada
contra la Resolución Nº 509/23-DFYC por motivos de arbitrariedad en la imputación de la infracción,
ausencia de motivación y desproporcionalidad en la sanción, lo que es rechazado por desde lo sustancial
por la resolución ahora recurrida;
Que desde el punto de vista sustancial surge que la recurrente en esta instancia reitera los argumentos
que vertiera en oportunidad de interponer el descargo al acta de infracción y el Recurso de Revocatoria.
Repite que el administrativo se encuentra aparentemente fundado sólo en apreciaciones dogmáticas e
infundadas y, en consecuencia, carece de causa y motivación por lo que resulta nula de nulidad absoluta e
insalvable, además de sostener que es arbitraria, desproporcionada y exorbitante la resolución de multa
impuesta por la Administración;
Que, asimismo, solicita se ordene la suspensión de los efectos de la resolución impugnada atento a la
existencia de un grave daño irreparable al patrimonio de la empresa infraccionada en caso de ejecutoriar lo
ordenado en la Resolución recurrida;
Que, por último, efectúa un planto de reducción de la sanción impuesta por resultar la misma excesiva,
irrazonable y desproporcionada;
Que en cuanto al planteo de ilegitimidad planteado por la recurrente surge de la compulsa de las
actuaciones que el obrar de los inspectores como el de los asesores y funcionarios intervinientes en el
proceso ha sido regular y en cumplimiento riguroso de las normas estipuladas;
Que la infracción no se imputa en razón de “no contar la presentante con los precios en la góndola” sino
en el hecho de encontrar diferencias entre los precios exhibidos y los reflejados en caja al momento de
pasar el producto por el lector de código de barra. El inspector actuante, según acta y planillas, constata el
producto con la descripción en perfil de góndola, anota el precio y luego compara con el ticket de compra.
Al verificarse la diferencia, se labra el acta de infracción. El procedimiento es regular y tiende a emular el
accionar de un cliente para dejar así demostrada la vulneración del derecho del mismo y la violación al
Decreto Nº 274/19 de Lealtad Comercial;
Que este tipo de situaciones encuadran a la perfección en lo que prevé el Decreto: “Publicidad engañosa.
Artículo 11 – Queda prohibida la realización de cualquier clase de presentación, de publicidad o
propaganda que mediante inexactitudes u ocultamientos pueda inducir a error, engaño o confusión
respecto de las características o propiedades, naturaleza, origen, calidad, pureza, mezcla, cantidad, uso,
precio, condiciones de comercialización o técnicas de producción de bienes muebles, inmuebles o
servicios.”;
Que el acta de infracción reúne los requisitos que exige la norma, la que al efecto refiere: “Procedimiento
de oficio. Artículo 42 – Si se tratare de la comprobación de oficio de una infracción, el funcionario actuante
procederá a labrar un acta donde hará constar concretamente el hecho verificado y la norma infringida. Se
notificará al presunto infractor que dentro de los diez días de notificado, deberá presentar su descargo y
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Subsecretaria Legal y Técnica
ofrecer pruebas, si las hubiere, debiéndose indicar dónde efectuar su presentación. La autoridad de
aplicación pondrá a disposición del presunto infractor copia de lo actuado. La reglamentación establecerá
la forma y condiciones de notificación del acta. Los hechos constatados por la autoridad de aplicación
tendrán valor probatorio pleno, sin perjuicio de las pruebas que, en defensa de sus derechos o intereses,
pudieran aportar los administrados. Será de aplicación el Artículo 39 del presente decreto en materia de
prueba.”;
Que de la interpretación realizada del artículo se desprende con claridad la legitimidad del actuar del
inspector, habiendo otorgado la posibilidad de presentar a la sancionada su descargo y ofrecer toda la
prueba que considera conducente a los efectos de demostrar su postura. La instancia adecuada para la
presentación de la prueba era el descargo;
Que las actas labradas por el personal de la Dirección de Fiscalización, Control y Tecnología
Agroindustrial, dependiente del Ministerio de Producción constituyen instrumentos públicos, los cuales
hacen fe de sí y se prueban por sí mismos;
Que, a su turno, el Artículo 42 de la Carta Magna Nacional protege la provisión de bienes y servicios con
base en un “trato equitativo y digno” hacia los consumidores, de manera tal que su comercialización
asegure la libertad de elección y condiciones dignas de trato, fin protegido, vulnerado en autos por la firma
sumariada;
Que con relación al pedido de suspensión del acto (ejecución de la multa) mientras se encuentre en
tramitación el presente, cabe mencionar que no sólo no se advierten los vicios alegados en el Recurso sino
que, por el contrario, se advierte la legitimidad del Acta N° 15317 en tanto fue labrada con todas las
formalidades de la Ley por funcionario competente y habiendo cumplido rigurosamente el procedimiento
legalmente determinado, respetando el derecho de defensa en todas las etapas recursivas;
Que, en consecuencia, debe mantenerse incólume la manda que establece el Artículo 83 de la Ley de
Procedimiento Administrativo en tanto dispone que “La interposición de recursos no suspende la ejecución
del acto impugnado…”;
Que, para concluir, la presente tramitación administrativa cumple con los estándares constituciones
referidos al derecho de defensa, la tutela y debido proceso administrativo en armonía con las garantías
procesales establecidas en el Artículo 18 de la Carta Magna Nacional;
Que, por último, el monto de la multa de PESOS CIENTO CINCUENTA MIL ($ 150.000,00) impuesto por
Resolución nº 207/24 se encuentra dentro del rango previsto por el Artículo 57 Inciso b del Decreto Nº
274/19 y se condice con los antecedentes y constancias del expediente. Teniendo en cuenta el criterio de
graduación plasmado por el Artículo 58 del Decreto: “La autoridad de aplicación graduará las sanciones en
base a: la gravedad de la infracción; el daño causado a todas las personas afectadas por la actividad
prohibida; el beneficio obtenido por todas las personas involucradas en la actividad prohibida; el efecto
disuasivo; el valor de los activos involucrados al momento en que se cometió la violación; la
intencionalidad; la duración; la participación del infractor en el Mercado; el tamaño del mercado afectado;
la duración de la práctica y los antecedentes del responsable, así como su capacidad económica. La
colaboración con la autoridad de aplicación en el conocimiento o en la investigación de la conducta podrá
ser considerada un atenuante en la graduación de la sanción”;
Que la Resolución N° 48 de fecha 23 de enero de 2024, por medio de la cual la Secretaría de Comercio
Interior (“SCI”), actualizó el valor de la unidad móvil establecida en la Ley N° 27.442 de Defensa de la
Competencia (“LDC”) en AR$ 506.19 (pesos quinientos seis con diecinueve centavos). En consecuencia,
la sanción de multa prevista en el inciso b) del Artículo 57 del Régimen de Lealtad Comercial, que se
establece entre 1 y 10.000.000 de Unidades Móviles, puede ir desde AR$ 506.19 hasta AR$
5.160.000.000;
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
Subsecretaria Legal y Técnica
Que la sanción parece justa en su monto en relación a la infracción concreta que se intenta sancionar con
la misma, atento a que pretende disuadir las conductas infractoras;
Por lo expuesto y en conformidad con lo dictaminado por la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio
de Producción y por Asesoría de Gobierno,
EL
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
D E C R E T A:
Artículo 1º - Acéptese en lo formal y rechácese en lo sustancial, por los motivos expuestos en los
considerandos de este decreto, el Recurso Jerárquico interpuesto por el Doctor Sergio Barochovich, en
nombre y representación de SAUDA S.R.L, CUIT Nº 30-69954382-5, en contra de la Resolución Nº 207
emitida por la Dirección de Fiscalización, Control y Tecnología Agroindustrial, dependiente del Ministerio
de Producción de la Provincia en fecha 15 de mayo de 2024, por lo que la misma queda confirmada en
todos sus términos.
Artículo 2º - Comuníquese, publíquese, dese al Registro Oficial y archívese.
LIC. ALFREDO V. CORNEJO
LIC. RODOLFO VARGAS
S/Cargo
13/05/2025 (1 Pub.)
MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES
