DECRETOS

Decreto Nº 608

MINISTERIO DE GOBIERNO, INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL

Fecha de publicación
15 de abril de 2025
Fecha de la norma
26 de marzo de 2025
Referencia documental
Boletín Nº 32.334 · páginas 4–6
Ver boletín original

Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza

Decreto N°: 608 MENDOZA, 26 DE MARZO DE 2025 VISTO el EX-2024-01416859-GDEMZA- CCC, en el cual obra el Recurso de Alzada interpuesto por el Señor JUAN RUIZ, D.N.I. Nº 22.376.717, como socio gerente de la firma Cartagena-Ruiz S.R.L., contra la Resolución Nº 52 emitida en fecha 30 de enero de 2024 por el Honorable Directorio del Instituto Provincial de la Vivienda (Resolución Nº 52-IPV-2024); y CONSIDERANDO: Que el Recurso interpuesto rola en el orden 2. Que la mencionada empresa es adjudicataria de la obra denominada: Barrio Relocalización Ruta Provincial Nº 82. Que en los órdenes 11 a 17 obran los antecedentes incorporados por el Instituto Provincial de la Vivienda relacionados con la Resolución Nº 52-IPV-2024, recurrida Que, en cuanto a los aspectos formales del Recurso, cabe aclarar que el mismo fue presentado el día 29 de febrero de 2024 y la Resolución recurrida fue notificada el 6 de febrero de 2024, por lo que el mismo debe ser admitido en este sentido en conformidad con las previsiones de la Ley Nº 9003. Que el recurrente en su presentación sostiene que la Resolución Nº 52-IPV-2024 es absurda, falaz, arbitraria, carente de razonabilidad y de tutela administrativa efectiva, lo que la vicia grave y groseramente transformándola en irregular, nula e inexistente y solicita el control de la tutela administrativa y que se la revoque por contrario imperio. Que por la Resolución Nº 52-IPV-2024 se rechazó el Recurso de Revocatoria planteado contra la Resolución Nº 559-IPV-2023. Por esta última se denegó el planteo efectuado por la empresa Cartagena- Ruiz S.R.L. mediante Nota de Pedido N° 15 de fecha 31 de marzo de 2023 (fojas 67 y 68 del orden 2), referida a obras de carpintería con perfilería de aluminio tipo rotonda 640 con vidrios DVH y revestimiento acrílico exterior con color, no consintiendo su ejecución y solicitando que los trabajos sean considerados como adicionales de obra. Dicha disposición quedó firme. Que la empresa reclama Adicionales de Obra por la ejecución de los ítems arriba citados, entendiendo que la instrucción cursada por el Instituto Provincial de la Vivienda, sobre ejecutar los ítems y adecuarlos a lo detallado en el presupuesto, resulta ser una alteración de las condiciones del contrato, de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 19 y 20 del Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares (PETP) y lo previsto en el Decreto Ley Nº 4416/80 de Obras Públicas y su Decreto Reglamentario. Dado que dichos artículos, priman sobre el presupuesto, por lo que justificaría el carácter de adicional de los trabajos en cuestión. Que, analizados los fundamentos presentados por el recurrente, surge que este se limita en su escrito a reiterar los argumentos vertidos en el Recurso de Revocatoria interpuesto contra la Resolución Nº 559-IPV-2023, los que fueron minuciosamente analizados en los considerandos de la Resolución Nº 52-IPV-2024 atacada, acto administrativo que se encuentra debidamente fundado y motivado, con una adecuada relación de los antecedentes que le sirven de causa. La parte dispositiva determina claramente el objeto y se encuentran presentes los demás elementos del acto administrativo: competencia, voluntad y forma (Ley Nº 9003, Artículo 29). Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial Subsecretaria Legal y Técnica Que el recurrente considera que hay arbitrariedad e irrazonabilidad manifiesta en la adopción de las decisiones por parte de la Administración y expresa también que se han violado derechos, principios y garantías constitucionales. Que del análisis de los antecedentes de la resolución impugnada surge que la actuación de la Administración ha sido razonable, basándose en hechos y pruebas aportadas por las partes y áreas técnicas para emitir su voluntad, fundando su decisión en las normas legales que rigen la relación entre las partes. Que se observa que la Nota Aclaratoria N° 1 se encuentra debidamente incorporada y suscripta por la firma (IF-2021-02132778-GDEMZA-IPV), y que el nuevo llamado se realiza en las mismas condiciones conforme lo establecido por el Decreto Ley de Obras Públicas, por lo que mal puede invocar la empresa que no se haya respetado el orden de primacía de los documentos del contrato. Que en los considerandos de la norma impugnada se ha dejado constancia que la Empresa debía ejecutar los ítems reclamados por la firma y los mismos no debían considerarse Adicionales de Obra por encontrarse incorporados en la Nota Aclaratoria N° 1, en el presupuesto presentado por la firma y en la contrata y por lo tanto se entiende, que no corresponde otorgarle el carácter de Adicionales de Obra a la ejecución de los ítems en cuestión. Que en consecuencia, no puede considerarse que el Instituto Provincial de la Vivienda haya actuado con arbitrariedad manifiesta y que haya violado los principios de legalidad, razonabilidad, seguridad jurídica y propiedad, puesto que se observa que la Administración actuó conforme a lo establecido en los pliegos licitatorios y el resto de la normativa legal aplicable al caso, asimismo se le otorgó al recurrente el derecho de defensa para que ejerciera sus derechos, se le requirió que cumpliera con lo convenido en legal forma, lo cual hizo, no debiendo ser considerado Alteración de Obra la ejecución de los ítems en pugna. Que, en consecuencia, se entiende que la Resolución Nº 52-IPV-2024 se ajusta a derecho en cuanto ha rechazado el recurso planteado por la contratista, ratificado los términos de la Resolución Nº 559-IPV-2023 y se corresponde con los antecedentes obrantes en el expediente, no advirtiendo ilegitimidad en sus términos. Que por lo expuesto el Recurso de Alzada debe ser admitido en lo formal y rechazado en lo sustancial por no haber elementos que evidencien ilegitimidad en los actos administrativos cuestionados. Que Asesoría de Gobierno en su dictamen del orden 30 comparte lo señalado en el orden 24 por la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Subsecretaría de Infraestructura y Desarrollo Territorial del Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial. Que dicho órgano señala que la conducta que observa el recurrente, reclamando por una exigencia que voluntariamente consintió en oportunidad de realizar su Oferta, resulta contradictoria con sus propios actos anteriores y reñida con la buena fe que debe presidir la conducta de los contratantes. Que la regla dice: “A nadie es lícito hacer valer un derecho en contradicción con su anterior conducta, cuando esta conducta, interpretada objetivamente según la ley, las buenas costumbres o la buena fe, justifica la conclusión de que no se hará valer el derecho o cuando el ejercicio posterior choca contra la ley, las buenas costumbres o la buena fe”. Que esta doctrina permite rechazar pretensiones contradictorias con la conducta pasada de una de las partes, cuando ellas contrarían la buena fe o vulneran la confianza que terceros depositaron sobre dicha conducta previa. Al proteger de ese modo a la contraparte ante tales cambios de actitud, se ampara la buena fe y la regularidad y confiabilidad del tráfico jurídico. Que por lo tanto y resultando que la conducta observada por el Instituto Provincial de la Vivienda se ajusta Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial Subsecretaria Legal y Técnica a la documentación que rigió la contratación, y por ende, es conforme a derecho, Asesoría de Gobierno considera que corresponde admitir formalmente y rechazar en lo sustancial la impugnación efectuada, confirmando las decisiones adoptadas por el citado ente a través de la Resolución Nº 52-IPV-2024 y su antecedente, Resolución Nº 559-IPV-2023. Por lo expuesto y teniendo en cuenta los dictámenes emitidos por la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Subsecretaría de Infraestructura y Desarrollo Territorial del Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial y por Asesoría de Gobierno, EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DECRETA: Artículo 1º - Acéptese en lo formal y rechácese sustancialmente, conforme los argumentos expuestos en los considerandos de este decreto, el Recurso de Alzada, obrante en el orden 2 del EX–2024-01416859-GDEMZA-CCC, interpuesto por Señor JUAN RUIZ, D.N.I. Nº 22.376.717, como socio gerente de la firma Cartagena-Ruiz S.R.L., contra la Resolución Nº 52 emitida en fecha 30 de enero de 2024 por el Honorable Directorio del Instituto Provincial de la Vivienda (Resolución Nº 52-IPV-2024), la que queda confirmada. Artículo 2º - Comuníquese, publíquese, dese al Registro Oficial y archívese. LIC. ALFREDO V. CORNEJO ABG. NATALIO L. MEMA RODRIGUEZ S/Cargo 15/04/2025 (1 Pub.) MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA