DECRETOS
Decreto Nº 608
MINISTERIO DE GOBIERNO, INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL
- Fecha de publicación
- 15 de abril de 2025
- Fecha de la norma
- 26 de marzo de 2025
- Referencia documental
- Boletín Nº 32.334 · páginas 4–6
Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza
Decreto N°: 608
MENDOZA, 26 DE MARZO DE 2025
VISTO el EX-2024-01416859-GDEMZA- CCC, en el cual obra el Recurso de Alzada interpuesto por el
Señor JUAN RUIZ, D.N.I. Nº 22.376.717, como socio gerente de la firma Cartagena-Ruiz S.R.L., contra la
Resolución Nº 52 emitida en fecha 30 de enero de 2024 por el Honorable Directorio del Instituto Provincial
de la Vivienda (Resolución Nº 52-IPV-2024); y
CONSIDERANDO:
Que el Recurso interpuesto rola en el orden 2.
Que la mencionada empresa es adjudicataria de la obra denominada: Barrio Relocalización Ruta
Provincial Nº 82.
Que en los órdenes 11 a 17 obran los antecedentes incorporados por el Instituto Provincial de la Vivienda
relacionados con la Resolución Nº 52-IPV-2024, recurrida
Que, en cuanto a los aspectos formales del Recurso, cabe aclarar que el mismo fue presentado el día 29
de febrero de 2024 y la Resolución recurrida fue notificada el 6 de febrero de 2024, por lo que el mismo
debe ser admitido en este sentido en conformidad con las previsiones de la Ley Nº 9003.
Que el recurrente en su presentación sostiene que la Resolución Nº 52-IPV-2024 es absurda, falaz,
arbitraria, carente de razonabilidad y de tutela administrativa efectiva, lo que la vicia grave y groseramente
transformándola en irregular, nula e inexistente y solicita el control de la tutela administrativa y que se la
revoque por contrario imperio.
Que por la Resolución Nº 52-IPV-2024 se rechazó el Recurso de Revocatoria planteado contra la
Resolución Nº 559-IPV-2023. Por esta última se denegó el planteo efectuado por la empresa Cartagena-
Ruiz S.R.L. mediante Nota de Pedido N° 15 de fecha 31 de marzo de 2023 (fojas 67 y 68 del orden 2),
referida a obras de carpintería con perfilería de aluminio tipo rotonda 640 con vidrios DVH y revestimiento
acrílico exterior con color, no consintiendo su ejecución y solicitando que los trabajos sean considerados
como adicionales de obra. Dicha disposición quedó firme.
Que la empresa reclama Adicionales de Obra por la ejecución de los ítems arriba citados, entendiendo que
la instrucción cursada por el Instituto Provincial de la Vivienda, sobre ejecutar los ítems y adecuarlos a lo
detallado en el presupuesto, resulta ser una alteración de las condiciones del contrato, de conformidad con
lo dispuesto en los Artículos 19 y 20 del Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares (PETP) y lo
previsto en el Decreto Ley Nº 4416/80 de Obras Públicas y su Decreto Reglamentario. Dado que dichos
artículos, priman sobre el presupuesto, por lo que justificaría el carácter de adicional de los trabajos en
cuestión.
Que, analizados los fundamentos presentados por el recurrente, surge que este se limita en su escrito a
reiterar los argumentos vertidos en el Recurso de Revocatoria interpuesto contra la Resolución Nº
559-IPV-2023, los que fueron minuciosamente analizados en los considerandos de la Resolución Nº
52-IPV-2024 atacada, acto administrativo que se encuentra debidamente fundado y motivado, con una
adecuada relación de los antecedentes que le sirven de causa. La parte dispositiva determina claramente
el objeto y se encuentran presentes los demás elementos del acto administrativo: competencia, voluntad y
forma (Ley Nº 9003, Artículo 29).
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
Subsecretaria Legal y Técnica
Que el recurrente considera que hay arbitrariedad e irrazonabilidad manifiesta en la adopción de las
decisiones por parte de la Administración y expresa también que se han violado derechos, principios y
garantías constitucionales.
Que del análisis de los antecedentes de la resolución impugnada surge que la actuación de la
Administración ha sido razonable, basándose en hechos y pruebas aportadas por las partes y áreas
técnicas para emitir su voluntad, fundando su decisión en las normas legales que rigen la relación entre las
partes.
Que se observa que la Nota Aclaratoria N° 1 se encuentra debidamente incorporada y suscripta por la
firma (IF-2021-02132778-GDEMZA-IPV), y que el nuevo llamado se realiza en las mismas condiciones
conforme lo establecido por el Decreto Ley de Obras Públicas, por lo que mal puede invocar la empresa
que no se haya respetado el orden de primacía de los documentos del contrato.
Que en los considerandos de la norma impugnada se ha dejado constancia que la Empresa debía ejecutar
los ítems reclamados por la firma y los mismos no debían considerarse Adicionales de Obra por
encontrarse incorporados en la Nota Aclaratoria N° 1, en el presupuesto presentado por la firma y en la
contrata y por lo tanto se entiende, que no corresponde otorgarle el carácter de Adicionales de Obra a la
ejecución de los ítems en cuestión.
Que en consecuencia, no puede considerarse que el Instituto Provincial de la Vivienda haya actuado con
arbitrariedad manifiesta y que haya violado los principios de legalidad, razonabilidad, seguridad jurídica y
propiedad, puesto que se observa que la Administración actuó conforme a lo establecido en los pliegos
licitatorios y el resto de la normativa legal aplicable al caso, asimismo se le otorgó al recurrente el derecho
de defensa para que ejerciera sus derechos, se le requirió que cumpliera con lo convenido en legal forma,
lo cual hizo, no debiendo ser considerado Alteración de Obra la ejecución de los ítems en pugna.
Que, en consecuencia, se entiende que la Resolución Nº 52-IPV-2024 se ajusta a derecho en cuanto ha
rechazado el recurso planteado por la contratista, ratificado los términos de la Resolución Nº 559-IPV-2023
y se corresponde con los antecedentes obrantes en el expediente, no advirtiendo ilegitimidad en sus
términos.
Que por lo expuesto el Recurso de Alzada debe ser admitido en lo formal y rechazado en lo sustancial por
no haber elementos que evidencien ilegitimidad en los actos administrativos cuestionados.
Que Asesoría de Gobierno en su dictamen del orden 30 comparte lo señalado en el orden 24 por la
Dirección de Asuntos Jurídicos de la Subsecretaría de Infraestructura y Desarrollo Territorial del Ministerio
de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial.
Que dicho órgano señala que la conducta que observa el recurrente, reclamando por una exigencia que
voluntariamente consintió en oportunidad de realizar su Oferta, resulta contradictoria con sus propios actos
anteriores y reñida con la buena fe que debe presidir la conducta de los contratantes.
Que la regla dice: “A nadie es lícito hacer valer un derecho en contradicción con su anterior conducta,
cuando esta conducta, interpretada objetivamente según la ley, las buenas costumbres o la buena fe,
justifica la conclusión de que no se hará valer el derecho o cuando el ejercicio posterior choca contra la ley,
las buenas costumbres o la buena fe”.
Que esta doctrina permite rechazar pretensiones contradictorias con la conducta pasada de una de las
partes, cuando ellas contrarían la buena fe o vulneran la confianza que terceros depositaron sobre dicha
conducta previa. Al proteger de ese modo a la contraparte ante tales cambios de actitud, se ampara la
buena fe y la regularidad y confiabilidad del tráfico jurídico.
Que por lo tanto y resultando que la conducta observada por el Instituto Provincial de la Vivienda se ajusta
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
Subsecretaria Legal y Técnica
a la documentación que rigió la contratación, y por ende, es conforme a derecho, Asesoría de Gobierno
considera que corresponde admitir formalmente y rechazar en lo sustancial la impugnación efectuada,
confirmando las decisiones adoptadas por el citado ente a través de la Resolución Nº 52-IPV-2024 y su
antecedente, Resolución Nº 559-IPV-2023.
Por lo expuesto y teniendo en cuenta los dictámenes emitidos por la Dirección de Asuntos Jurídicos de la
Subsecretaría de Infraestructura y Desarrollo Territorial del Ministerio de Gobierno, Infraestructura y
Desarrollo Territorial y por Asesoría de Gobierno,
EL
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:
Artículo 1º - Acéptese en lo formal y rechácese sustancialmente, conforme los argumentos expuestos en
los considerandos de este decreto, el Recurso de Alzada, obrante en el orden 2 del
EX–2024-01416859-GDEMZA-CCC, interpuesto por Señor JUAN RUIZ, D.N.I. Nº 22.376.717, como socio
gerente de la firma Cartagena-Ruiz S.R.L., contra la Resolución Nº 52 emitida en fecha 30 de enero de
2024 por el Honorable Directorio del Instituto Provincial de la Vivienda (Resolución Nº 52-IPV-2024), la que
queda confirmada.
Artículo 2º - Comuníquese, publíquese, dese al Registro Oficial y archívese.
LIC. ALFREDO V. CORNEJO
ABG. NATALIO L. MEMA RODRIGUEZ
S/Cargo
15/04/2025 (1 Pub.)
MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA
