DECRETOS

Decreto Nº 294

MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES

Fecha de publicación
27 de marzo de 2025
Fecha de la norma
18 de febrero de 2025
Referencia documental
Boletín Nº 32.322 · páginas 18–21
Ver boletín original

Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza

Decreto N°: 294 MENDOZA, 18 DE FEBRERO DE 2025 Visto el expediente EX-2021-04311878--GDEMZA-CCC y su fusionado expediente EX-2021-02458132—GDEMZA-OSEP#MSDSYD en el cual la Contadora MIRIAM BEATRIZ ANDINO, interpone Recurso de Alzada en contra de la Resolución Nº HD-2021-978-GDEMZA-OSEP#MSDSYD emitida por la Obra Social de Empleados Públicos; y CONSIDERANDO: Que mediante la mencionada Resolución se rechazó el Recurso de Revocatoria interpuesto por la Contadora Miriam Beatriz Andino en contra de las Resoluciones Nros. HD-2021-453--GDEMZA- OSEP#MSDSYD y HD-2021-539--GDEMZA-OSEP#MSDSYD, emitidas por la Obra Social de Empleados Públicos, mediante las cuales se dieron por finalizadas las funciones de Subdirectora de Contabilidad de la Dirección General de la Obra Social de Empleados Públicos y se dispuso su traslado, para cumplir funciones administrativas en el Hospital El Carmen; Que el recurso es formalmente admisible en razón de haber sido interpuesto en legal tiempo y forma según lo establecido en el Art. 183 de la Ley de Procedimiento Administrativo; Que la recurrente solicita que se dejen sin efecto los actos administrativos mencionados, por entender que existen vicios graves e incluso groseros en cuanto al objeto, competencia, de la voluntad, previo a la emisión del acto administrativo, afectando derechos constitucionales (estabilidad del empleo públicos, derecho a trabajar, derecho a una carrera administrativa, derecho a la igualdad, derecho de propiedad, debido proceso y derecho de defensa e incurriendo en desviación de poder y discriminación; Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial Subsecretaria Legal y Técnica Que la recurrente ataca el acto recurrido haciendo referencia a la competencia, no asistiéndole razón a la misma ya que el Art. 40 del Decreto Ley Nº 4373/63 establece: “Los deberes y facultades del Directorio serán las siguientes: …c) Nombrar, ascender, sancionar y remover al personal, de acuerdo a las disposiciones de esta ley, y sus reglamentaciones… y resolver sobre la organización de la repartición”.; Que la Ley de Creación de la Obra Social de Empleados Públicos Nº 4373/63 le otorga las facultades al Director General en su Art. 43 –en lo referente al tema analizado- de “…ejercer la administración directa de la repartición (Inc. a) y la de “Ejercer la Jefatura del Personal, proponiendo al Directorio su nombramiento, ascenso o remoción”.- El Director General, toma conocimiento en los actos atacado en forma previa otorgando el visto bueno a la decisión y fundamentada en la necesidad de reestructurar y reorganizar distintas áreas que forman parte de la obra social; Que no existe el vicio de incompetencia denunciado en forma genérica, ya que el órgano que aduce la recurrente es el competente; Que con relación a lo aducido de vicio de la voluntad (también expresado en forma genérica y sin especificación) en la emisión del acto, también sería infundada, ya que, como se viene analizando, los actos atacados, fueron tomados por el Honorable Directorio de la Obra Social de Empleados Públicos, cumpliendo todas y cada una de las formalidades de ley, lo que implica la legitimidad del acto; Que afirma la recurrente en forma genérica que existe una afectación del derecho a la carrera; Que el derecho a la carrera regulado constitucionalmente por el Art. 30 y concretado con el dictado de la norma legal que regula el empleo público y en el contenido en el Art. 4 del Decreto Ley Nº 560/73 y en el caso de los integrantes de la planta permanente del empleo público, “está dado por el progreso del mismo dentro de los niveles escalafonarios; Que la estabilidad en el empleo está dado para los agentes de planta permanente y que tiene dos componentes, cuales son la idoneidad para el ingreso al cargo público y el avance razonable y progresivo de los cargos escalafonarios; Que es decir, no existe vulneración a su derecho a la carrera en forma alguna; Que la recurrente manifiesta que se ha violado un trámite sustancial al no requerirse previo a la emisión del acto el dictamen jurídico, con cita del Art. 35 de la Ley Nº 9003, que lo requiere en el inc. b) que lo establece como obligatorio cuando el acto pudiere afectar derechos o intereses jurídicamente protegidos; Que la ausencia del dictamen no determina necesariamente la nulidad del acto, ya que si el derecho positivo ha sido aplicado correctamente, no cabe declararse la nulidad por la nulidad misma (SCJM, L.S.219-079); Que el acto atacado al no involucrar derechos o intereses de los administrados, sino tan solo una reorganización de las áreas de la Obra Social y dar por finalizada una función, respetando el cargo y nivel alcanzado, está dentro del manejo de la administración y el control de la misma, no afectando derecho alguno de la recurrente; Que la Obra Social de Empleados Públicos emitió un acto ajustado a derecho y dentro de las facultades que le otorga la misma ley de creación del ente, con total respeto a los derechos de la recurrente dándole el debido encuadre legal y no siendo necesario el dictamen legal previo (Art. 110 Ley Nº 9003); Que por los motivos indicados, no corresponden los agravios sobre supuesta ilegalidad denunciada en dicho sentido por la recurrente, habiendo la autoridad actuado conforme a derecho y sin vicio alguno en el elemento del acto denunciado; Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial Subsecretaria Legal y Técnica Que aduce el recurrente que existe violación de la estabilidad del empleo público, derecho al trabajo y despido arbitrario Art. 14 bis de la Constitución Nacional; Que la estabilidad en el empleo no ha sido vulnerado se le ha respetado su cargo, su carga horaria y los adicionales; Que se encuentra acreditado en autos que la recurrente, ha hecho su carrera administrativa con el debido progreso en la misma, que en el escalafón de aplicación se progresa por el transcurso del tiempo en cuanto a las Clases, estableciéndose el tiempo de duración o antigüedad para el ascenso a una clase posterior; la misma se encuentra encasillada en un cargo de subdirección, con Clase 17. Ese es su cargo de revista y el encasillamiento que le corresponde por su escalafón Ley Nº 5465; Que no se ha vulnerado su derecho a la carrera en forma alguna o a la estabilidad, mucho menos a trabajar; Que la agente tiene el mismo cargo antes y después de las resoluciones atacadas, no así las funciones que pueden o no mantenerse según los criterios discrecionales de la administración debidamente fundados o motivados (como es el caso de autos) en la reestructuración del recurso humano; Que a consecuencia de todo lo expresado, los actos atacados son legítimos y razonables y emitidos sin afectación de derecho alguno y menos es arbitrario y discriminatorio; Que si bien interpone el recurso también contra la disposición del traslado ordenado, en forma genérica y sin especificar como se afectan sus derechos, el principal fundamento y o motivación del acto atacado sosteniendo la administración para esa decisión que fue con la necesidad de incorporar personal idóneo y jerárquico con experiencia y capacidad técnico administrativa en los distintos procesos de gestión asistencial que son propios del sector de salud. Por lo que entiendo que no existiría tal vicio; Que la Obra Social de Empleados Públicos mediante un acto Resolución del DG y ratificada por el H. Directorio de OSEP, puede disponer el traslado de un agente, siempre que esté debidamente fundamentado por razones de servicios y se respeten los requisitos establecidos por las normas, ya que se trata de un aspecto de distribución de la planta de personal, que es una facultad discrecional del ente autárquico OSEP en su carácter de empleador, que fue ejercida razonablemente; Que la Constitución Nacional, si bien asegura la “estabilidad” del empleado público (Art. 14 bis), no menciona la “inamovilidad”, más si la misma está resguardada en una fundamentación de necesidad de los servicios y en las mismas condiciones en que la recurrente se encontraba cumpliendo; Que el traslado se produjo en las mismas condiciones que ostentaba la agente, por lo que no se ha modificado sustancialmente su situación de revista; Que todo esto lleva a que deba rechazarse el recurso de alzada en su aspecto sustancial. En especial por aplicación de toda la normativa de emergencia por el Covid-19 Decreto Nº 1116/21, Decreto Nº 1116/21, Decreto Nº 847/20, Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/20 se estableció una medida de aislamiento social, preventivo y obligatorio, que fue prorrogada sucesivamente por los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 325/20, 355/20, 408/20, 459/20 y 493/20, hasta el 7 de junio de 2020, inclusive; Que asimismo, en concordancia con las medidas adoptadas a nivel nacional, la Provincia de Mendoza ha dictado diversas normas con idénticos fines, cuya vigencia temporal se dispuso originalmente hasta el 31 de marzo de 2020, siendo prorrogadas sucesivamente hasta el 12 de julio por Decretos Acuerdo Nº 472/20, Nº 512/20, Nº 563/20, Nº 612/20, Nº 635/20, Nº 657/20, 698/20, 700/2020 y 815/20; Por ello, en razón de lo dictaminado por la Subdirección de Asesoría Letrada del Ministerio de Salud y Deportes, en orden y por Asesoría de Gobierno en orden del expediente Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial Subsecretaria Legal y Técnica EX-2021-04311878--GDEMZA-CCC, EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DECRETA: Artículo 1º- Acéptese formalmente y rechácese sustancialmente el Recurso de Alzada interpuesto por Contadora MIRIAM BEATRIZ ANDINO, DNI Nº 16.011.566, CUIL Nº 27-16011566-7, en contra de la Resolución Nº HD-2021-978-GDEMZA-OSEP#MSDSYD emitida por la Obra Social de Empleados Públicos, en virtud de lo expuesto en los considerandos del presente decreto. Artículo 2º- Notifíquese, comuníquese, publíquese, dése al Registro Oficial y archívese. LIC. ALFREDO V. CORNEJO LIC. RODOLFO MONTERO S/Cargo 27/03/2025 (1 Pub.)