DECRETOS
Decreto Nº 468
- Fecha de publicación
- 21 de marzo de 2025
- Fecha de la norma
- 11 de marzo de 2025
- Referencia documental
- Boletín Nº 32.319 · páginas 16–22
Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza
Decreto N°: 468
MENDOZA, 11 DE MARZO DE 2025
Visto el expediente Nº EX-2024-06464784-GDEMZA-CCC; y
CONSIDERANDO:
Que en el Orden Nº 2 del expediente de referencia, el señor SANTIAGO LAUGERO, en su carácter de
representante de la empresa CORPORACIÓN DEL SUR S.A. Y LAUGERO CONSTRUCCIONES S.A.
U.T., contratista de la Obra Pública "SISTEMA INTEGRAL DE RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
Subsecretaria Legal y Técnica
EFLUENTES CLOACALES CIUDAD DE MALARGÜE PROVINCIA DE MENDOZA"; presenta Recurso
Jerárquico contra la Resolución N° 074-SF de fecha 26 de junio de 2024, obrante en Orden N° 49 del
expediente Nº EX-2023-05278992--GDEMZA-UFI#MHYF.
Que el citado Recurso debe ser admitido desde el aspecto formal, por haber sido presentado en el plazo
que a tal efecto establecen los Artículos 179, 181 ss. y cc. de la Ley N° 9003.
Que mediante Resolución N° 074-SF-24, se rechazó el Reclamo interpuesto por el señor SANTIAGO
LAUGERO, en representación de la empresa CORPORACIÓN DEL SUR S.A. Y LAUGERO
CONSTRUCCIONES S.A. U.T.
Que el recurrente alega que los planteos realizados por la empresa han sido resueltos en forma
extemporánea y con fundamentos erróneos.
Que, asimismo, se agravia por la real falta de fundamentación del acto administrativo en tanto sostiene que
el desequilibrio en la ecuación económico-financiera invocado por la contratista, no habría sido probado
por la misma y que, al momento de resolver dicho reclamo, la empresa ha soportado en forma unilateral y
exclusiva las alteraciones de la economía y de las contingencias climáticas y que fue multada por un
supuesto atraso; el que ha sido producto de la falta de respuesta concreta y oportuna de la Administración.
Que el recurrente critica la Resolución N° 074-SF-24, porque trata las teorías de la imprevisión, el hecho
del príncipe y desvía el tema a la “inflación”, invocando su previsibilidad en la Argentina y que para que
proceda una redeterminación del “precio” del contrato, debería haberse dado una situación “abrupta o
violenta”.
Que también sostiene que la Resolución recurrida no planteó específicamente la estructura de la ecuación
económico-financiera y respecto de la imprevisión hicieron alusión a dos hechos del “príncipe”, como las
devaluaciones del peso efectuadas en un día.
Que, por otra parte, la Resolución atacada alega que la contratista, al firmar la Adenda (ratificada por
Resolución Nº 084-SF-23) acepta una diferencia del 12,14%, en virtud de la nueva traza y el mayor costo
del cemento, sin haber hecho referencia a un ajuste por la ruptura de la ecuación económico-financiera, lo
que hizo recién dos (2) meses después y pese a que en la Cláusula Quinta de la citada Adenda había
renunciado a los reclamos iniciados o a interponer, como consecuencia del mayor volumen de la obra
física.
Que el recurrente manifiesta que eso no corresponde, porque la renuncia solo se refiere a los reclamos
que tienen que ver con la nueva traza, lo que no impide realizar un reclamo respecto al desfasaje
económico del contrato producto de los índices aplicados, las devaluaciones del peso o las consecuencias
de las contingencias climáticas, las que califica de situaciones excepcionales, objetivas e imprevisibles.
Que acusa de mala fe a la Administración, ya que cuando se firmó la Adenda por el ajuste de la nueva
traza, se manifestó que primero iban a solucionar el tema de costos y variaciones de precio que derivaban
de la nueva traza, y que luego se negociarían las situaciones excepcionales, lo que no ocurrió.
Que refuta la afirmación de que el empresario deba asumir los riesgos de los costos ineficientes, el riesgo
empresario, etc.; lo que considera absurdo y distante de la petición de la contratista, respecto de la que
afirma haberla basado en prueba y cálculos reales que la Administración no ha querido considerar.
Que, asimismo, el reclamante, manifiesta también que la Resolución atacada solo se basa en un análisis
sobre diferentes teorías y sus requisitos de procedencia según la doctrina o la interpretación de la
Dirección General de Contrataciones Públicas y Gestión de Bienes (que opina de manera no vinculante y
sobre la aplicación de la Ley Nº 8706, que nada tiene que ver en la obra pública), lo que es de gravedad tal
que admite la nulidad total de la Resolución atacada.
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Que acota haber argumentado a lo largo de la instancia administrativa, que han existido problemas en el
planteo del proyecto que llevaron a un nuevo plan de obras (producto de un error de proyecto atribuible a
la Administración), devaluaciones bruscas y reiteradas (hechos del príncipe), falta de entrega de materiales
y hasta problemas climáticos, no obstante lo cual, no fue tratado.
Que el recurrente expresa que con anterioridad solicitaron la mediación de un Conciliador Técnico, prevista
en el Pliego General de Condiciones (Artículos 23 y 24 C.G.C) así como una reunión formal a los efectos
de verificar la factibilidad contractual o la confección conjunta de una Ingeniería de Valor (40.6 del C.G.C),
lo que no habría sido analizado ni respondido por la Administración, la cual solo se limitó a aplicar una
multa.
Que, en base a ello, concluye que el acto atacado estaría viciado en su objeto, en los términos del Artículo
54 de la Ley Nº 9003, provocado por la falta de tratamiento de todos los puntos solicitados por la
contratista, lo que no solo perjudica a la economía de la empresa y a la propia Administración ante un
posible reclamo por los daños y perjuicios causados, sino principalmente por la inejecución por la pérdida
del financiamiento internacional.
Que plantea también, que la Resolución Nº 074-SF-24, adolece de falta de fundamentación por aplicación
del Artículo 69 de la Ley de Procedimiento Administrativo, ya que la motivación es genérica y vaga, sin
tratar los puntos solicitados.
Que por último el recurrente solicita la nulidad de la Resolución impugnada por adolecer, en toda su
estructura a de vicios que la hacen írrita al derecho administrativo y a las leyes que lo regulan.
Que, en particular alega que el acto adolece del vicio de falta de fundamentación ya que la situación se
encuadra erróneamente, al exigir la acreditación por parte de la contratista del “…desequilibrio en la
ecuación económico-financiera…” por ella invocado; y que al rechazar el Recurso de Reconsideración se
aplican los extremos de la Ley de Administración Financiera y su Decreto Reglamentario, siendo que a su
criterio resulta de aplicación la Ley Nº 4416 de Obra Pública.
Que en el acto administrativo atacado se expresaron las razones que inducen a rechazar el Recurso
interpuesto por la contratista, encontrándose referenciados los hechos y antecedentes que le sirven de
causa; por lo que no corresponde su declaración de nulidad conforme lo dispuesto por los Artículos 50, 54,
69 y concordantes de la Ley Nº 9003, toda vez que la Resolución N° 074-SF-24 se encuentra
debidamente fundada y no adolece de arbitrariedad.
Que con fecha 28 de abril de 2023, por Resolución N° 030-SF-23, se aprobó la modificación de obra, la
variación en el precio y la nueva fecha de Terminación del Contrato.
Que mediante Resolución Nº 084-SF-23, se ratificó la Adenda que contempló una variación de precio del
12,14% por el cambio de traza y el consiguiente ajuste de cantidades de hormigón, donde se analizaron
también los costos.
Que transcurridos solo dos (2) meses de la firma de la Adenda, el recurrente formuló su reclamo de
recomposición por ruptura de la ecuación económico – financiera, no verificándose en ese período una
alteración inflacionaria abrupta o violenta, por lo que, no habiéndose acreditado su existencia, mal podría
pretenderse justificar un incumplimiento a las obligaciones a su cargo.
Que en la Cláusula Quinta de la Adenda contractual referida, la contratista renuncia en forma expresa: a
los reclamos iniciados o a interponer como consecuencia del mayor volumen de obra física derivado de la
reprogramación de la Obra acordada en la misma, tanto respecto a las indemnizaciones que pudieran
corresponderle por mayores gastos generales, directos e indirectos, como aquellas derivadas de gastos
improductivos con causa o título anterior a la suscripción de la Adenda, encontrándose excluidos de dicha
renuncia los derechos que le pudieran corresponder a la contratista respecto del régimen de Variaciones
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de Precios, tanto provisorios como definitivos.
Que, además, el contrato prevé instrumentos para mantener el equilibrio económico financiero; de este
modo, el Pliego licitatorio PDSASPB-14-LPN-O, estableció en la Cláusula CGC 47.1 de las Condiciones
Generales del Contrato, una fórmula polinómica de ajuste, por lo que se encuentra contemplada la
variación de algunos elementos que podrían afectar el equilibrio de la ecuación económico - financiera. Tal
mecanismo de actualización fue expresamente consentido por la contratista al suscribir el pliego pertinente
y participar de la licitación, por lo que no puede ahora cuestionarlo, menos en forma infundada.
Que en la Resolución N° 074-SF-24, expresamente se trató el Reclamo de Recomposición de la ecuación
económica y la supuesta deuda que pretende cobrar el recurrente a la Unidad de Financiamiento
Internacional (U.F.I.), arribando a la conclusión de que entre las partes se pactó contractualmente un
sistema de redeterminación de precios que mantiene la ecuación económico-financiera del contrato, por lo
que no se presentaría en el caso el presupuesto necesario para la aplicación del instituto de la "teoría de la
imprevisión".
Que en la citada norma legal se definió conceptualmente a la ecuación económico-financiera como la
“…relación establecida por las partes contratantes en el momento de celebrar el contrato (…), entre un
conjunto de derechos del contratante y un conjunto de obligaciones de éste, considerados equivalentes: de
ahí el nombre de ecuación (equivalencia, igualdad); esta última no puede ser alterada”. (Marienhoff, 1998,
pág. 452, obra citada) y al decir de Cassagne como "…la relación de igualdad y equivalencia, entre las
obligaciones que el contratado tomará a su cargo como consecuencia del contrato y la compensación
económica que en razón de aquéllos le corresponderá” (2012, pág. 129). Se explica además que la
ecuación económico-financiera expresa el equilibrio económico- financiero inicial del contrato, una
prestación común que obliga y beneficia por igual a ambas partes contratantes que debe mantenerse
intangible.
Que el Pliego licitatorio PDSASPB-14-LPN-O, estableció en la Cláusula CGC 47.1 de las Condiciones
Generales del Contrato, una fórmula polinómica de ajuste, por lo que se encuentra contemplada la
variación de algunos elementos que podrían afectar el equilibrio de la ecuación económico financiera. Éste
mecanismo de actualización fue expresamente consentido por la contratista, que de lo contrario se violaría
el criterio de la igualdad proporcional y comparativa establecida en el acto de la adjudicación. Los
elementos esenciales del contrato se encuentran relacionados no pudiéndose modificar sin causa
justificada.
Que se sostiene, asimismo, como otro de los fundamentos del acto, el hecho de que el solo deterioro de
los precios no puede considerarse imprevisible ni autoriza el juego de la teoría de la imprevisión.
Que el recurrente no acredita la mala fe que invoca y contrariamente a ello, en la Resolución atacada se
consideró como contradictorio con el objeto del reclamo el hecho de que en todo el procedimiento de
negociación de la Adenda del contrato que implicó una variación de precio del 12,14% por el cambio de
traza y el consiguiente ajuste de cantidades de hormigón, la contratista no haya advertido la pérdida o
quiebre de la ecuación económica y financiera y que ello lo haya hecho tan solo dos meses después de su
firma.
Que, en la Cláusula Cuarta de la Adenda, el recurrente ratifica su plena conformidad al precio unitario de
cada uno de los ítems que forman parte de la obra objeto del contrato, el que, si bien podría interpretarse
referido a la modificación, implícitamente conlleva -con mayor razón- la conformidad respecto de los
precios correspondientes a las obras que no se modificaron. Si pese a las alteraciones de la traza, etc., se
consideró justo un aumento del 12,14 %, obvio es concluir que los demás precios correspondientes a
obras que se mantienen inalterables mantienen su función remuneratoria.
Que, además, durante los dos meses transcurridos desde la firma de la Adenda, no hubo una alteración
inflacionaria abrupta o violenta que permita considerar quebrada la ecuación económica del contrato. La
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sola mayor onerosidad en la ejecución de la prestación prometida, no basta para excusarse de su
cumplimiento (Dictamen ONC N° IF-2017-00656026-APN-ONC#MM), por el contrario, debe acreditarse el
acaecimiento de circunstancias imprevisibles y sobrevinientes a la celebración del acuerdo que
imposibiliten el cumplimiento de las obligaciones asumidas. Es relevante acotar que en el caso no sólo no
fueron invocados al momento de adendar el contrato (pese a que se toma desde junio 2021), sino que
tampoco fueron acreditados mediante prueba fehaciente al formular el reclamo, de modo de demostrar la
insuficiencia de la herramienta de redeterminación de precios pactada.
Que también resulta importante considerar que en la Cláusula Quinta de la Adenda contractual, la
contratista renunció en forma expresa y en los términos de los Artículos 944, 945 y 949 del CCyCN a los
reclamos iniciados o a interponer como consecuencia del mayor volumen de obra física derivado de la
reprogramación de la obra acordada en la Adenda, tanto a la contratista por mayores gastos generales,
directos e indirectos, como aquellas derivadas de gastos improductivos con causa o título anterior a la
Adenda, encontrándose comprendidos los reclamos correspondientes a "MAYOR GASTO DE LOGÍSTICA"
y "MAYORES GASTOS GENERALES". Entender lo contrario con tan solo sostener que la renuncia se
refería solo a la nueva traza, resulta insostenible e inadmisible en atención a la relevancia económica del
contrato.
Que el mecanismo de ajuste financiero establecido en el contrato a través de la fórmula polinómica, se
encuentra aprobado por el Organismo Multilateral de Crédito Banco Interamericano de Desarrollo (B.I.D.).
Conforme lo establecido en el pliego licitatorio PDSASPB-14-LPN-O, en su cláusula CGC 47.1 de las
Condiciones Generales del Contrato, las partes establecieron el único y automático procedimiento a utilizar
para mantener el equilibrio de la ecuación económico-financiera y así mitigar los efectos económicos de
cualquier variación que se produzca a fin de mantener la intangibilidad del precio.
Que cabe recordar que nos encontramos frente a un contrato de obra pública en el que se encomendó al
recurrente ejecutar una obra a cambio del pago de un precio cierto en dinero, encontrándose las
prestaciones de ambas partes determinadas.
Que, por aplicación del principio de formalidad e igualdad de los otros oferentes, así debe desarrollarse el
contrato debiendo cumplirse las obligaciones recíprocas pactadas.
Que no puede pretender el recurrente mejorar unilateralmente su posición en relación con la
administración con tan solo invocar cuestiones externas al contrato, las que, si bien se encuentran fuera
del dominio de las partes, resultaban perfectamente previsibles.
Que, si bien es cierto que el equilibrio obligacional es la esencia del contrato, las alteraciones económicas
en general que pudieron ser previstas, no influyen en el mismo.
Que como se dijo, el recurrente no probó que la distorsión por él denunciada haya sido consecuencia de
hechos imprevisibles al momento de celebrarse el contrato, razón por la cual no fue receptado su reclamo.
Que sabemos que la licitación es el procedimiento por el cual se selecciona al contratista de la obra y que
finaliza en la fase integrativa en donde se da a lugar a la voluntad y su exteriorización en un contrato,
regido por los principios o caracteres de concurrencia, publicidad, competencia e igualdad.
Que este último principio tiene un interés particular al relacionarse con los elementos del contrato y el
tratamiento del mismo, en la ejecución, demanda entre otras cosas la inalterabilidad de la esencia de los
pliegos de condiciones que deben establecer reglas generales e impersonales. La ejecución del contrato
debe hacerse sobre la base de la licitación.
Que cabe acotar que el precio es la principal obligación de la Administración y que el mismo fue
determinado en base a criterios objetivos preestablecidos, siendo el beneficio de cada una de las partes
evaluado y determinado en el momento de su celebración.
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Que las únicas variaciones posibles son las previstas contractualmente y excepcional y restrictivamente,
cuando por el hecho del príncipe o por aplicación de la teoría de la imprevisión, se altere el equilibrio
económico financiero originario, esto por aplicación del principio de la justicia conmutativa.
Que las causas que invoca el reclamante no son otras que las previsibles a la realidad económica y
jurídica vigentes al momento de la contratación y que no superan el límite del riesgo y de responsabilidad
del mismo; asimismo la prestación a cargo de la UT no se tornó excesivamente onerosa y menos por una
alteración extraordinaria de las circunstancias existentes al tiempo de su celebración.
Que la autoridad competente entendió que se está dentro del riesgo asumido y que no se dieron en el caso
circunstancias extraordinarias o anormales e imprevisibles, con posteridad a la celebración del contrato
administrativo que hayan alterado su ecuación económico financiera en perjuicio de la contratista,
debiendo la misma continuar cumpliendo con sus prestaciones en beneficio del interés público o general.
Que idéntica solución merece el reclamo sobre mayores costos, no siendo posible aceptar la revisión del
contrato administrativo en marcha, ya que la necesidad de mano de obra calificada era previsible y está
dentro de las limitaciones expresamente pactadas por las partes. Por otro lado, si la necesidad derivase de
la nueva traza, quedaría comprendida en la renuncia formulada en la Adenda.
Que al respecto, la opinión técnica de la Inspección de AYSAM (nota 2-000184-24) manifestó (INFORME
11/24) luego de realizar una descripción de obra sobre el hecho, que el reclamante agregó índices de
SIRTEC, evolución de precios de insumos, análisis de intereses etc., que los avances "…NO COINCIDEN
EXACTAMENTE CON LOS INDICADOS EN LA ADENDA DE MAYO DE 2023, PERO NO
REPRESENTAN DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS CON LOS MISMOS…" y que "…LOS COSTOS
LOGÍSTICOS Y EL NIVEL DE ESPECIALIZACIÓN DE LA MANO DE OBRA LOCAL, CONSTITUYEN
PARTE DE LOS ELEMENTOS QUE UN OFERENTE DE OBRA PÚBLICA DEBE CONOCER PARA
REALIZAR SU OFERTA. DADO QUE LA ADENDA DE MAYO DE 2023, NO CAMBIÓ LA SITUACIÓN
GEOGRÁFICA DE LA OBRA, QUE FUE LICITADA Y CONTRATADA, PARA SER EJECUTADA EN LA
CIUDAD DE MALARGÜE, LA CONTRATISTA NO PUEDE ALEGAR DESCONOCIMIENTO DE ESAS
CONDICIONES…". Y además sobre el reclamo (nota de pedido n° 204) formulado a la U.F.I. respecto de la
ruptura de la ecuación económico-financiera, AYSAM concluye que: “…ESTA INSPECCIÓN CONSIDERA
QUE LOS RECLAMOS DE LA EMPRESA CONTRATISTA, EN EXPTE POR CAMBIOS DE ÍNDICES DE
REFERENCIA NO SON VIABLES EN EL CONTEXTO DEL CONTRATO, puesto que: 1.- Los reclamos por
mayores costos logísticos no deben ser considerados, debido a que la adenda de mayo de 2023, no
cambió la situación geográfica de la obra. 2.- Los mayores volúmenes de la obra, surgidos de la adenda de
mayo de 2023, no han implicado mayores gastos generales. 3.- que la empresa no solicitó el anticipo
financiero (de hasta el 15%) lo cual hubiera mitigado el descalce financiero. 4. - La oferta de la contratista
estuvo un 11% por encima del presupuesto oficial; "La inspección conoce la existencia del reclamo de la
contratista desde mediados del año 2023, no obstantes las fundamentaciones vertidas por la contratista no
han resultado completas y siempre han estado relacionadas con el cambio de índices de INDEC a los de la
DEIE de la Provincia de Mendoza. Sin embargo, era conocido por la contratista que la redeterminación se
debe realizar por los índices del INDEC definidos en el pliego, lo que relativiza cualquier reclamo en esos
términos…".
Que el acto impugnado se encuentra debidamente fundado por lo que resulta improcedente la pretensión
anulatoria, ya que no se probó la acusación de mora de la Administración en resolver los planteos
realizados por la empresa y sus consecuencias y no se rebatieron los supuestos “fundamentos erróneos”
que sostiene el impugnante que existen en la resolución.
Que no cabe duda de que el acto se encuentra suficientemente fundamentado al sostener que el desfasaje
no se produjo por los índices aplicados y que las devaluaciones del peso y las consecuencias de las
contingencias climáticas no constituyen situaciones excepcionales, objetivas e imprevisibles.
Que, además, no se acreditó la existencia de mala fe de parte de la Administración y mucho menos se ha
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acreditado que al momento de firmar la Adenda se haya manifestado que luego se negociarían las
situaciones excepcionales. Tal pretendido compromiso invocado por el recurrente, no ha sido acreditado.
Que además tampoco se explica ni fundamenta el rechazo genérico expuesto por el recurrente respecto a
que el empresario deba asumir los riesgos de los costos ineficientes, el riesgo empresario, etc.; como así
las afirmaciones de suficiencia de prueba con los cálculos aportados conjuntamente con el reclamo y de
falta de consideración por parte de la Administración de la realidad económica planteada por la empresa.
No es correcto sostener que la Resolución atacada solo se basa en un análisis sobre diferentes teorías y
sus requisitos de procedencia, ni que el desfasaje fuera producto de un replanteo del proyecto que llevaron
a un nuevo plan de obras por error de proyecto atribuible a la Administración, máxime cuando ello fue
motivo de reconsideración en la Adenda suscripta por las partes.
Que por lo expuesto, el acto atacado no se encuentra viciado en ninguno de sus elementos toda vez que
se encuentra debidamente fundamentado y no transgrede prohibición del orden jurídico, en consecuencia,
desde el punto de vista sustancial corresponde rechazar el Recurso Jerárquico interpuesto por el señor
SANTIAGO LAUGERO en representación de la empresa CORPORACIÓN DEL SUR S.A. Y LAUGERO
CONSTRUCCIONES S.A. U.T.; debiendo confirmarse la Resolución Nº 074-SF-24.
Por ello, conforme lo dictaminado por la Dirección de Asuntos Legales del Ministerio de Hacienda y
Finanzas en el Orden N° 8 y por Asesoría de Gobierno en el Orden N° 14, ambos del expediente N°
EX-2024-06464784--GDEMZA-CCC,
EL
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA
ARTÍCULO 1° - Acéptese formalmente y rechácese en lo sustancial el Recurso Jerárquico interpuesto en
el Orden N° 2 del expediente N° EX-2024-06464784--GDEMZA-CCC, por el señor SANTIAGO LAUGERO
D.N.I. Nº 22.049.557, en representación de la empresa CORPORACIÓN DEL SUR S.A. Y LAUGERO
CONSTRUCCIONES S.A. U.T., contra la Resolución Nº 074 de fecha 26 de junio de 2024, emitida por el
señor Subsecretario de Finanzas el Ministerio de Hacienda y Finanzas, cuya copia obra en el Orden N° 49
del expediente Nº EX-2023-05278992--GDEMZA-UFI#MHYF; por las razones expuestas en los
considerandos del presente decreto.
ARTÍCULO 2° - Comuníquese, publíquese, dese al Registro Oficial y archívese.
LIC. ALFREDO V. CORNEJO
LIC. VICTOR FAYAD
S/Cargo
21/03/2025 (1 Pub.)
