DECRETOS
Decreto Nº 50
- Fecha de publicación
- 28 de febrero de 2025
- Fecha de la norma
- 17 de enero de 2025
- Referencia documental
- Boletín Nº 32.306 · páginas 34–37
Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza
Decreto N°: 50
MENDOZA, 17 DE ENERO DE 2025
Visto el Expediente Electrónico N° EX-2023-08979047-GDEMZA-IGS#MSEG y su tramitación conjunta N°
EX-2024-02595156-GDEMZA-CCC; y
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
Subsecretaria Legal y Técnica
CONSIDERANDO:
Que en las citadas actuaciones el Oficial Alcaide Mayor S.C.P. y A. DE ROSAS VIDELA, CARLOS
FACUNDO, a través de su abogado defensor, interpone Recurso de Alzada contra la Resolución N°
222/2024 emitida por el Directorio de la Inspección General de Seguridad que resolvió rechazar el Recurso
de Revocatoria contra la Resolución N° 63/2024 emitida por el citado organismo, que a su vez rechazó los
planteos de nulidad articulados contra la imputación y contra el listado incorporado como prueba de orden
24;
Que en orden 63 Asesoría de Gobierno efectúa un análisis formal del recurso en trato y dictamina “…Que
habiendo sido notificado el acto el 21/03/24 (v. orden 50) y presentado el recurso en fecha 11/4/24 (según
la fecha de creación del ticket de orden 3 del EX-2024-0255156- -GDEMZA-CCC), esta Asesoría entiende
que debe admitírselo por haberse dado cumplimiento al término previsto por el Art. 184 y siguientes de la
Ley N° 9003…”;
Que, asimismo Asesoría de Gobierno efectúa un análisis sustancial del recurso incoado, dictamina y
concluye: “…Que atendiendo los agravios que resultan conducentes al control de legitimidad (Art. 184
último párrafo Ley 9003), postula el impugnante que en el procedimiento disciplinario no se precisan los
hechos, y se modifican las conductas investigadas y las normas que fundamentan la apertura del sumario.
Afirma que no existió ninguna violación por su parte a las funciones como defensor del personal
penitenciario, ni tampoco ninguna incompatibilidad de dicha función con el ejercicio privado de su profesión
de abogado, y dentro de este ejercicio tener como clientes a personal penitenciario. Por otro lado, sostiene
que no se le ha permitido defenderse de los cargos efectuados y, por último, postula la nulidad de la
prueba de más de dos (2) años. En primer lugar, advertimos que contrariamente a lo afirmado por el
recurrente, tanto en la Resolución N° 910/2023 que dispuso la apertura del Sumario administrativo (orden
15), como en el acta de indagatoria (orden 26) mediante la cual se lo puso en conocimiento de la
imputación formulada en su contra, los hechos constitutivos de la acusación están suficientemente
delimitados. En cuanto al encuadre legal de dicha plataforma fáctica, ha sido calificada como infracción a
las previsiones contenidas en los arts. 8 incisos a) y b) de la Ley N° 7493 en función del Art. 4 de la
Resolución N° 143-T/15 en función con la Ley de Colegiatura de Abogados conf. Ley N° 4976 Art. 26
incisos 2) y 13). Más allá de ello, coincidimos plenamente con la Resolución N° 222/24 en que en materia
disciplinaria administrativa existen deberes que surgen de la naturaleza misma del cargo desempeñado.
En tal orden, rige el principio de tipicidad abierta al que se refiere elocuentemente nuestra Suprema Corte
de Justicia en diversos precedentes; a modo de ejemplo, autos 96715 “OSM c/ EPAS s/ APA” (30/9/2015),
CUIJ 13-02845009-9, Sala II: “Si bien algunos principios del derecho penal son rectores en materia
administrativa, es cierto también que tienen un contenido menos restrictivo. Por ello se aplican contenidos
de responsabilidad objetiva y pueden sancionarse comportamientos aunque no se haya acreditado un
daño actual a un bien jurídico sino potencial (así lo entiende la Corte Suprema de Justicia de la Nación en
autos 65812/98, V.796. XLII. “Volcoff, Miguel Jorge y otros c/ BCRA”. Resolución N° 14/04. En ese
sentido, el principio de tipicidad es menos riguroso en materia administrativa. Los comportamientos
pasibles de ser sancionados, en sede administrativa, son descriptos genéricamente y contienen una
profusión de conductas a mero título enunciativo, cuyo encuadre fáctico queda en manos del agente de
control”. En similares términos se expidió nuestra SCJ en el fallo citado por la Res. 222/24, autos
13-04060449-3 “SAVARD DANIEL HORACIO C/GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE MENDOZA S/
A.P.A.”, Sala I, 27/11/2018: “Tal como destacara este Tribunal en el precedente “Pastrana” (Cuij
N°13-03618579-6, sent. 02-03-16), nos ilustra Fiorini diciendo que puede considerarse “la existencia de
una deontología del agente estatal y su cumplimiento será más exigente cuando mayor responsabilidad
funcional éste tenga”; y agrega que “no se trata de una deontología para un grupo técnico o un sector de
profesionales sino para todos los agentes en razón de formar parte de la administración, agentes
comunes, jerarquizados, técnicos, etc…” (Bartolomé A. Fiorini, “Derecho Administrativo”, Tomo I, Abeledo
Perrot, Buenos Aires, 1995, p. 826,). Esa deontología, o lógica del deber, del agente estatal permite
exigirle el cumplimiento de determinadas conductas aunque no estén expresamente detalladas en los
estatutos específicos. Este Tribunal ya ha receptado esta premisa al calificar como cláusulas abiertas a
aquellas disposiciones genéricas referidas a las obligaciones del agente público, las que si bien expresan
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conceptos jurídicos indeterminados responden al contenido que tienen las actividades administrativas y al
comportamiento exigible al agente en función de esa actividad (LS 296-162; 304-66), lo que permite
sostener que el hecho de que no se establezca la tipificación de una conducta en forma detallada no
interesa, pues están implícitas en la conducta de todo y cualquier agente público (L.S. 394-049, entre
otras). Asimismo, ha propiciado una interpretación armónica y lógica de las conductas que es dable exigir
de los funcionarios, resaltándose, con remisión al Estatuto del Empleado Público, la existencia de deberes
que surgen de la naturaleza misma del cargo que se desempeña y la viabilidad aún en inexistencia de una
norma que determinara un específico deber (L.S. 398-219), destacándose también que tanto la
administración como el empleado o funcionario público, más aún los que se desempeñan en cargos
jerárquicos, están obligados activa y pasivamente, a cumplir con comportamientos que sean consecuencia
de la índole de la vinculación, de los acuerdos que se celebren colectivamente y de los deberes públicos,
apreciados con criterio de colaboración, solidaridad social y mejoramiento del servicio a la comunidad (L.S.
296-162; 304-66) … Además de lo expuesto sobre los deberes que están implícitos en la conducta de todo
y cualquier agente público (L.S. 394-049, entre otras), tiene dicho la doctrina que en “el derecho
disciplinario no es factible postular una tipicidad absoluta. Por el contrario en el derecho disciplinario existe
una mayor flexibilidad de este principio que se ve reflejada en la razonable discrecionalidad que la
Administración ejerce al aplicar una sanción, atento el carácter abierto de los tipos legales que describen
las conductas ilícitas (Miriam M. Ivanega “Cuestiones de potestad disciplinaria y derecho de defensa”
Segunda Edición Actualizada y ampliada. La Ley, Buenos Aires 2015, pág. 151/152). Asimismo,
verificamos que la Resolución N° 63/2024 que rechazó la nulidad planteada no modificó los extremos
fácticos constitutivos de la imputación desarrollada en la Resolución N° 910/2023, que fuera luego
debidamente puesta en conocimiento del agente en su indagatoria. Y precisamente, en materia
sancionatoria lo relevante es que la plataforma fáctica endilgada y anoticiada oportunamente al sumariado
sea la misma que aquélla que fundamente finalmente la sanción impuesta, habiendo posibilitado de tal
modo la defensa respecto a esos hechos circunscriptos. Esta correlación constituye el denominado
principio de congruencia, elaboración del derecho procesal penal respecto al cual hay consenso doctrinario
en cuanto a que, como derivación necesaria de la garantía constitucional de inviolabilidad de la defensa, se
refiere a hechos y no a calificaciones jurídicas: “…globalmente considerado, se expresa como la necesaria
identidad entre el hecho delictivo sobre el que se dicta la sentencia, el contenido en la acusación (tanto en
la originaria, como en su eventual ampliación), el intimado al imputado al recibírsele declaración, y el
expresado en la requisitoria fiscal de instrucción (si existiere). Entre ellos debe existir una correlación
fáctica esencial, en resguardo del derecho de defensa. El aludido principio impedirá dar por válidamente
incorporada en la acusación un hecho que no estaba comprendido ni descrito en ella. Su manifestación
final supone que el factum contenido en el documento acusatorio sea trasladado, sin alteración de sus
aspectos esenciales, a la sentencia…”. En relación con las alegaciones del impugnante relativas a la
inexistencia de falta administrativa, resulta notoriamente improcedente canalizarlas como agravio contra la
apertura del sumario, pretendiendo su revocación. Tal como ha sostenido esta Asesoría reiteradamente
(Dictámenes Nº 319/2010, 397/15, 316/2017, 404/19, entre otros) la apertura del sumario en sí misma no
es un acto recurrible, en tanto no genera agravios. Por el contrario, el procedimiento sumarial es una
conquista del sistema republicano que limita la facultad disciplinaria estatal y la ciñe a la observancia de
reglas y formas que garantizan el derecho de defensa, es decir, la inviolable potestad del agente a ser
oído, ofrecer prueba y obtener una resolución fundada. Por ello, es precisamente en el marco del sumario
y con las garantías que le son inherentes donde corresponde que de Rosas despliegue su actividad
defensiva contra la imputación formulada, los cuestionamientos a la motivación del procedimiento
disciplinario, y la argumentación fáctica, probatoria y jurídica que haga a su derecho. En estrecha
vinculación con lo expuesto debemos resaltar que en el sumario en análisis se ha dado estricto
cumplimiento a todas las garantías emergentes del debido proceso y la inviolabilidad de la defensa, por lo
cual el mero enunciado del recurrente de que no se le ha permitido defenderse resulta, a nuestro criterio,
infundado y carente de todo respaldo. Por último, en referencia a la pretendida nulidad de la prueba
incorporada en el orden 24, también resulta acertada la Res. 222/24 en cuanto considera que el recurrente
parece confundir el concepto de nulidad, con los de pertinencia y/o utilidad. El informe en cuestión ha sido
requerido, producido e incorporado en forma absolutamente legítima y por ende no es dable pregonar su
invalidez. Ahora bien, la pertinencia y utilidad de dicho elemento probatorio para acreditar las
circunstancias de tiempo, lugar y modo de la imputación, es una condición que deberá verificar -y
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fundamentar, en su caso- la Instrucción en oportunidad de elaborar sus conclusiones de Clausura. Y
obviamente, el alegato será la instancia en la cual el agente podrá contradecir la virtualidad probatoria de
lo informado, entre otras razones y tal como anticipa, si considera que excede el lapso temporal de los
hechos investigados. En consecuencia, no habiendo ilegitimidad alguna en la resolución cuestionada, a
criterio de esta Asesoría de Gobierno el recurso interpuesto debe ser rechazado sustancialmente,
confirmándose en consecuencia el acto impugnado…”;
Por ello y de conformidad a lo dictaminado por Asesoría de Gobierno en orden 63 de la pieza principal;
EL
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:
Artículo 1º - Acéptese desde el aspecto formal y rechácese desde el aspecto sustancial el Recurso de
Alzada interpuesto por el Oficial Alcaide Mayor S.C.P. y A. DE ROSAS VIDELA, CARLOS FACUNDO,
D.N.I. N° 24.530.992, a través de su abogado defensor, contra la Resolución N° 222/2024 emitida por el
Directorio de la Inspección General de Seguridad que resolvió rechazar el Recurso de Revocatoria contra
la Resolución N° 63/2024 emitida por el citado organismo, que a su vez rechazó los planteos de nulidad
articulados contra la imputación y contra el listado incorporado como prueba de orden 24, por los motivos
expuestos en los considerandos precedentes.
Artículo 2º - A fin de dar cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 150 de la Ley Nº 9003, se le debe
hacer saber al recurrente que la decisión recaída en el presente recurso causa estado, cerrándose la
instancia administrativa, pudiendo promover acción procesal administrativa ante la Suprema Corte de
Justicia de la Provincia de Mendoza (Arts. 01 y 05 de la Ley N° 3918), dentro del plazo de treinta (30) días
corridos desde el día siguiente al de la notificación de la decisión administrativa (Art. 20 Ley N° 3918).
Asimismo, téngase presente que en caso de errores materiales, omisiones o conceptos oscuros, podrá
interponer en el plazo de 15 días hábiles a partir de la fecha de la notificación un recurso de aclaratoria
(Art. 176 de la Ley N° 9003).
Artículo 3º - Comuníquese, publíquese, dese al Registro Oficial y archívese.
LIC. ALFREDO V. CORNEJO
MGTR. MARÍA MERCEDES RUS
S/Cargo
28/02/2025 (1 Pub.)
