DECRETOS

Decreto Nº 122

Fecha de publicación
26 de febrero de 2025
Fecha de la norma
29 de enero de 2025
Referencia documental
Boletín Nº 32.304 · páginas 6–7
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Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza

Decreto N°: 122 MENDOZA, 29 DE ENERO DE 2025 VISTO el EX-2023-07434299-GDEMZA-IPV en el cual obra el Recurso de Alzada interpuesto por la señora NORHA ARROYO ALCOCER, en representación legal de su hijo GILBERTO RAUL TERRAZAS, en su carácter de curadora, en contra de la Resolución Nº 1135 emitida por el Honorable Directorio del Instituto Provincial de la Vivienda, en fecha 17 de agosto de 2023 (Resolución N° 1135-IPV-2023); y CONSIDERANDO: Que el Recurso de que se trata rola en el orden 2. Que por la mencionada norma legal se rechazó en el aspecto formal y sustancial los recursos de revocatoria interpuestos por la señora ALCOCER contra la Resolución del Honorable Directorio N° 653/2017. Que la mencionada Resolución N° 653/2017 se desadjudicó la vivienda del B° Lihue lote 27, manzana 24, Sector 4, Guaymallén, Mendoza, al Señor GILBERTO RAUL TERRAZAS, DNI N° 18.521.136, por transgresión a lo dispuesto por los Artículos 26, 37 y concordantes del Decreto N° 868/77. Asimismo se adjudicó la vivienda a la Señora ALANOCA PUITA, ANA DNI N° 94.085.880. Que en el orden 19 rola dictamen de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio. Que Asesoría de Gobierno, en el orden 24 expresa que, en la instancia previa recursiva se rechazó en lo formal y en lo sustancial el recurso de revocatoria intentado. Así también, rechazó la subsidiaria denuncia de ilegitimidad, por considerar el Instituto Provincial de la Vivienda que la referida impugnación extraordinaria tipificaba en la causal de inadmisión formal del Artículo 173-II, letra b) (encontrarse excedidas razonables pautas temporales y presumirse el abandono voluntario del derecho invocado por el denunciante). Y esto, en atención a que la disconforme con tal decisión no prueba que fuera irrazonable, siendo su crítica, más bien, un mero disenso con la apuntada denegatoria del Directorio del citado Organismo, sin probar la imposibilidad de cuestionarla antes, ni cuando tomó conocimiento efectivo de la nueva situación jurídica operada desde hacía más de cinco años, en que fuera desadjudicada la vivienda familiar al señor Terrazas y adjudicada a su ex conviviente, señora Alanoca Puita, la que, junto a sus hijos, vive allí. Que si bien el Artículo 173-II, último párrafo declara irrecurrible en sede administrativa el rechazo “en cuanto al fondo de la denuncia de ilegitimidad”, en otra oportunidad (Rev. Der. Adm. RDA Mendoza, Nº 1, año2022, ASC, pp. 28/29) dicha Asesoría ha indicado que esa solución es válida tanto para el rechazo formal como el sustancial, salvo que la desestimación sea arbitraria o manifiestamente ilegítima. Que la ley, sólo veda el agotamiento de la vía recursiva para el caso de decisión fundada, más allá de su acierto o error, siempre que no resulte arbitrario ese rechazo, sea formal o sustancial de la denuncia de ilegitimidad. Por ejemplo, la desestimación sería arbitraria si la administración incumple su deber de resolver, produciéndose una denegatoria tácita de la denuncia, como surge de su inclusión en el Artículo 162, letra c), de la misma ley. Que la razonabilidad de esta solución legal es clara: la vía recursiva en cuanto a la revisión de la cuestión planteada tardíamente se encuentra clausurada a consecuencia del efecto preclusivo o fatal del plazo para recurrir (Artículo 158), por lo que se vaciaría de sentido todo ese sistema recursivo si los actos no impugnados en tiempo y forma no adquirieran firmeza, en principio, tal como lo señalara la Corte en el citado caso Gorordo, tanto en sede administrativa como judicial (mismo criterio de la PTN, como bien apunta Martínez Rivas, op. cit., p. 1186, nota 45). Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial Subsecretaria Legal y Técnica Que Asesoría de Gobierno en el orden 24 señala que, la Ley Nº 9003 armoniza el vigente sistema de plazos preclusivos para los recursos administrativos y acciones procesales con la denuncia de ilegitimidad. Vía impugnatoria extraordinaria, que no debe asimilarse, en cuanto a sus efectos, a las normales u ordinarias. Debiendo ambas mantenerse en sus justos y razonables carriles. Máxime, verificándose, además del supuesto de la letra b), también la causal de inadmisibilidad formal de la letra a) del art. 173-II: motivos de seguridad jurídica tornan prudente mantenerla situación jurídica (en este caso del estado de ocupación del inmueble, tras su adjudicación a la exconviviente e hijos del recurrente) devenida firme desde hace tantos años, lo que podría provocar graves daños a los derechos reconocidos a esos terceros (art. 19 CN; arts. 1710 y ss. CCCN). Que por todo lo señalado dicha Asesoría sugiere el rechazo en lo formal de la alzada del orden 2, por no ser el acto impugnado pasible de recurso por esta vía recursiva. Ello, sin perjuicio de aclarar que el error del Instituto Provincial de la Vivienda en la indicación de los recursos disponibles no debiera implicar la pérdida del plazo de caducidad del Artículo 20 de la Ley Nº 3918, en virtud del efecto interruptivo del Artículo 186 de la Ley Nº 9003 (Dictamen 540/2024). Por todo lo expuesto y teniendo en cuenta los dictámenes emitidos por la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Subsecretaría de Infraestructura y Desarrollo Territorial del Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial y por Asesoría de Gobierno, EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DECRETA: Artículo 1°–Rechácese en lo formal, por los motivos expuestos en los considerandos de este decreto, el Recurso de Alzada interpuesto por la señora NORHA ARROYO ALCOCER, D.N.I. Nº 93.704.775, en representación legal de su hijo GILBERTO RAUL TERRAZAS, D.N.I. Nº 18.521.136, en su carácter de curadora, obrante en el orden 2 del EX-2023-07434299-GDEMZA-IPV, en contra de la Resolución Nº 1135 emitida por el Honorable Directorio del Instituto Provincial de la Vivienda, en fecha 17 de agosto de 2023. (Resolución N° 1135-IPV-2023). Artículo 2º - Comuníquese, publíquese, dese al Registro Oficial y archívese. LIC. ALFREDO V. CORNEJO ABG. NATALIO L. MEMA RODRIGUEZ S/Cargo 26/02/2025 (1 Pub.) MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA