RESOLUCIONES
Resolución Nº 79
- Fecha de publicación
- 24 de febrero de 2025
- Fecha de la norma
- 21 de febrero de 2025
- Referencia documental
- Boletín Nº 32.302 · páginas 15–23
Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza
Resolución N°: 79
MENDOZA, 21 DE FEBRERO DE 2025
VISTO el EX-2024-09595104-GDEMZA-INFRAESTRUCTURA en el cual se gestiona la aprobación del
CONVENIO DE RECONOCIMIENTO, celebrado entre el Gobierno de la Provincia de Mendoza y la
empresa STORNINI S.A., contratista de la obra: ECOPARQUE DE LA CIUDAD DE MENDOZA; y
CONSIDERANDO:
Que dicha obra forma parte del Programa de Fortalecimiento de la Gestión Provincial, a través de un
préstamo otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo a la Nación Argentina- PRESTAMO
BID/Nación (22/02/2017) EX-2017-01102800-APN-MF.
Que el 22 de febrero de 2017 la Nación Argentina suscribió un contrato del préstamo con el Banco
Interamericano de Desarrollo identificado con el N° 3835/OC para el financiamiento parcial del
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE GESTIÓN PROVINCIAL y su modelo de contrato de préstamo
fue aprobado por el Decreto Nº 115/17.
Que el Organismo Ejecutor es la Secretaría de Provincias – Ministerio del Interior, Obras Públicas y
Vivienda.
Que el Estado Nacional le asigna a la Provincia de Mendoza, U$S 33.000.000,00 provenientes del
Contrato de Préstamo. Dicho financiamiento tiene carácter de No reintegrable.
Que el 3 de mayo del año 2017 se suscribió un “CONVENIO MARCO DE ADHESIÓN” entre la ex
Secretaría de Provincias del Ministerio del Interior Obras Públicas y Viviendas y la Provincia de Mendoza,
por el cual se acordaron líneas de acción para financiar un plan de fortalecimiento fiscal y obras.
Que, en el marco del “PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN PROVINCIAL, la
Subsecretaría de Políticas para el Desarrollo con Equidad Regional - Secretaría de Provincias – Ministerio
del Interior, en el marco del Préstamo BID Nº 3835/OC-AR, tramitó la Licitación Pública Nacional N°
PFGP-253-LPN-O y sus Adendas y posteriormente se suscribió el contrato de obra identificada como
“Ecoparque en la Ciudad de Mendoza - Provincia de Mendoza” con la empresa STORNINI S.A con una
duración de 14 meses dando inicio en Enero de 2023.
Que, como resultado del proceso de selección respectivo, en fecha 15 de marzo de 2023, se firmó el
Contrato de Obra registrado como CONVE-2023-29592120-APN-SSPDER#MI entre la SUBSECRETARÍA
DE POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO CON EQUIDAD REGIONAL del MINISTERIO DE INTERIOR y la
empresa STORNINI S.A.
Que en el orden 2 obra el reclamo administrativo de la empresa STORNINI S.A. mediante el cual solicita a
la Provincia de Mendoza, que ésta asuma íntegramente los montos por las multas aplicadas, debido a que
las mismas obedecen al incumplimiento del Plan de Trabajo dado por la no liberación de la traza en tiempo
y forma.
Que el monto total de las multas aplicadas asciende a la suma a mes de certificación de $ 258.062.428,28.
Que en el orden 15 rolan los certificados con la multa aplicada.
Que en el orden 38 la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Subsecretaría de Infraestructura y Desarrollo
Territorial expresa que, una primera aproximación al reclamo indica que, la tarea de liberación de la traza
(espacios) en el predio donde se construye la obra es del OSE (órgano subejecutor), es decir de la
Provincia de Mendoza, ello atento a los acuerdos firmados por ésta y que se detallan a continuación:
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
Subsecretaria Legal y Técnica
-El Convenio Marco de Adhesión, suscripto por la Provincia de Mendoza con el Estado Nacional, dispone
en la cláusula tercera el marco normativo del convenio, que se encuentra integrado por el “Reglamento
Operativo del Programa” y en la cláusula novena la obligación de verificar la disponibilidad legal y efectiva
de los inmuebles donde se construirá la respectiva obra.
El Reglamento prevé: 5.15 Las Provincias, a través de los OSE, deberán asegurar y documentar, y el OE
verificar, antes de la adjudicación del contrato correspondiente a cada una de las obras del Programa, la
disponibilidad legal y efectiva de los inmuebles donde se construirá la respectiva obra y la factibilidad para
su construcción y utilización otorgada por la autoridad competente. Para los derechos sobre las aguas que
se requieran para la obra de que se trate, el OSE presentará evidencia del inicio de las gestiones
correspondientes.
Con relación a las consecuencias por este supuesto, acorde a los documentos que rigen la licitación, en
particular el Artículo 44, regula los “Eventos Compensables” en la cláusula 44.1 de esta manera “Se
considerarán eventos compensables los siguientes: (a) El Contratante no permite acceso a una parte del
Sitio de las Obras en la Fecha de Posesión del Sitio de las Obras de acuerdo con la Subcláusula 21.1 de
las CGC. 44.2 Si un evento compensable ocasiona costos adicionales o impide que los trabajos se
terminen con anterioridad a la Fecha Prevista de Terminación, se deberá aumentar el Precio del Contrato
y/o se deberá prorrogar la Fecha Prevista de Terminación. El Gerente de Obras decidirá si el Precio del
Contrato deberá incrementarse y el monto del incremento, y si la Fecha Prevista de Terminación deberá
prorrogarse y en qué medida”.
Que según informe elaborado por el Director de Ecoparque y por la Inspección de Obra, si bien, antes del
inicio de la obra, operaba la disponibilidad legal y efectiva del predio, una vez iniciada la misma, por
causas ajenas a ambas partes, fue imposible liberar ciertos espacios del lugar (presencia de animales en
el lugar de las obras), sin perjuicio de ello se debe tener presente que la administración del predio se
encuentra bajo la órbita provincial.
Que la falta de liberación de los espacios comprometidos, acorde al reglamento operativo del programa, el
Convenio Marco de Adhesión y la documentación que rige el llamado a licitación, constituye un “evento
compensable” y han generado “costos adicionales” a la contratista y han impedido que los trabajos se
realicen en el plazo pautado, por lo que la Provincia, en aras al cumplimiento del objeto del contrato y
teniendo en cuenta los pactos suscriptos oportunamente debería realizar todo aquello que esté a su
alcance para compensar este rubro reclamado.
Que encuentra fundamento el reclamo de la empresa contratista reclamante en el marco normativo que
rige la contratación y en el Artículo 17 de la Constitución Nacional que dispone: “La propiedad es
inviolable, y ningún habitante de la Nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada
en ley. La expropiación por causa de utilidad pública, debe ser calificada por ley y previamente
indemnizada”.
Que la mencionada área legal en el orden 38 señala que, habiendo aclarado que la responsabilidad de
despejar el sitio en donde debían hacerse los trabajos, es de la Provincia de Mendoza y que esta situación
generó la imposibilidad de cumplir en tiempo y forma con el Plan de Trabajo por parte de la empresa
contratista, generando costos adicionales y la imposición de multas por parte del órgano ejecutor, debe
respecto a este punto concluir que: La falta de cumplimiento del plan de trabajo, se debió a un hecho
compensable, cual es la falta de disponibilidad de la traza.
Que, al aplicar multas, por un hecho compensable, se está afectando la estructura económica del contrato,
creando cargas en cabeza del contratista que éste no tiene el deber de soportar.
Que, asimismo, la no liberación de la traza, tiene una íntima relación con la estructura económica
financiera del contrato, debido a que afecta la materialidad de la ejecución de los trabajos y esto a su vez
implica la disminución del ritmo de los trabajos afectando la remuneración pretendida por la empresa.
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
Subsecretaria Legal y Técnica
Que, por todo ello, se considera que la Provincia de Mendoza podría compensar a la contratista STORNINI
S.A. reconociendo parte del monto de las multas detalladas en su reclamo, acorde al análisis realizado por
la Inspección de obra.
Que teniendo en cuenta la intención de las partes de, continuar con la relación contractual, habiendo
quedado plasmado en el mismo escrito de reclamo de la empresa y en la Addenda al Contrato de Obra
firmada el 05/12/2024 por el que se modifica el alcance del Proyecto Ejecutivo del Contrato y se aprueba el
Plan de Trabajo Actualizado, comprensivo de una extensión de plazo; se modifica el monto básico del
contrato de obra.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos indica que, existe falta de Pago de los Certificados de Obra desde
noviembre de 2023 (Nov. 23; dic.23; ene. 24; feb. 24 y mar. 24): debido a que los certificados no contaban
con el informe Ambiental y Social y el informe de Higiene y Seguridad previsto en la Cláusula Cuarta del
Convenio de Inspección. Por dicha disposición el Gobierno de Mendoza debía elevar los informes
necesarios para la emisión de los certificados de obra correspondientes a los períodos de noviembre de
2023; diciembre de 2023 y enero, febrero, marzo de 2024.
Que específicamente el Convenio de Inspección en la Cláusula Cuarta dispone que el OSE (Órgano
Subejecutor) tendrá a su cargo la inspección de la obra, disponiendo que, a tales fines y previa
conformidad de la Subsecretaria, designará un inspector/técnico ambiental; social; y de Higiene y
Seguridad que ejecutarán la inspección de la obra.
Que por la Addenda al contrato de Obra Pública de fecha 05 de diciembre de 2024, Clausula TERCERA la
COMITENTE (Vice jefatura del Gabinete de Ministros) se compromete y obliga a cancelar los certificados
de Obra básicos y redeterminaciones correspondientes a los meses de noviembre de 2023 a marzo de
2024.
Que la opinión de la doctrina imperante en el país respecto a las consecuencias de la mora de la
Administración comitente en el procedimiento de certificación y pago, provoca importantes alteraciones en
la estructura económica del contrato, creando cargas en cabeza del contratista que éste no tiene el deber
de soportar.
Que ésta situación de mora, en especial cuando es prolongada y generalizada, afectando a un número
importante de certificados, altera la ecuación económica-financiera del contrato.
Que, estando a cargo de la Provincia, la gestión de preparación de los certificados, junto a los informes de
inspección ambiental, social e higiene y seguridad; y que, por circunstancias imperantes en el país en el
período de certificación, no pudieron cumplirse en tiempo y forma; corresponde reconocer los intereses por
la demora en el pago de los certificados adeudados, que no sean reconocidos por la Comitente.
Que además, la empresa STORNINI S.A. solicita el pago de Gastos Improductivos derivados de la
custodia del predio y demás costos indirectos no remunerados, producto del natural e inevitable deterioro
de la obra por el paso del tiempo, en un escenario de total y absoluta incertidumbre respecto a la
continuidad de las obras públicas financiadas por el Gobierno Nacional.
Que la reclamante solicita se reconozcan y cancelen los costos improductivos y de desmovilización,
actualizados a la fecha, consistente en personal que debió disponerse en obra, tal como consta en Acta de
Paralización.
Que en este sentido la Procuración del Tesoro de la Nación, PTN- ha expresado que “Los gastos
improductivos constituyen costos directos devengados durante los ejercicios de paralización o
semiparalización de la obra y señala que “Los gastos improductivos constituyen un mayor costo de la obra
pública originarios con motivo de las perturbaciones, demoras o paralizaciones en la ejecución de los
trabajos que afectan el desarrollo de la obra y que generan, lógicamente, el desequilibrio contractual. Es
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decir, que son gastos que se siguen produciendo, aunque la obra no se realice (por ejemplo, el
mantenimiento de los equipos y planteles, los gastos de administración, la conservación del obrador,
limpieza de la obra, etc.) asemejándose a los gastos fijos de un emprendimiento. Por tal razón, producida
la paralización total o parcial, la obra continúa acarreando al contratista gastos financieros y de
mantenimiento que deben ser reconocidos y abonados, en tanto se encuentren acabadamente
demostrados”.
Que en relación a los gastos improductivos abarcativos de los Gastos Directos e Indirectos ha dicho: “Los
gastos de una obra se clasifican en directos e indirectos. Los primeros son los que tienen una directa
incidencia con la ejecución de la obra, en proporción también directa en relación al avance de la ejecución
de los trabajos. En cambio, los gastos indirectos son aquellos que no guardan relación directa con la
ejecución y el avance de la obra, debiendo soportarlos el contratista, aunque la obra no se ejecute o lo
haga de modo más lento. Los gastos indirectos se clasifican en gastos indirectos generales de empresa. El
concepto de gastos improductivos comprende tanto los gastos directos, como los indirectos”. “Los gastos
improductivos constituyen un mayor costo de la obra pública originados con motivo de las perturbaciones,
demoras o paralizaciones en la ejecución de los trabajos que afectan el desarrollo de la obra y, generan,
lógicamente, el desequilibrio contractual. Es decir, que son gastos que se siguen produciendo, aunque la
obra no se realice (por ejemplo, el mantenimiento de los equipos y planteles, los gastos de administración,
la conservación del obrador, limpieza de la obra, etc.), asemejándose a los gastos fijos de un
emprendimiento. Por tal razón producida la paralización, total o parcial, la obra continúa acarreando al
contratista gastos financieros y de mantenimiento que deben ser reconocidos y abonados, en tanto se
encuentren acabadamente demostrados”.
Que en este caso en particular, se solicita el reconocimiento de gastos derivados de la neutralización del
plazo de la obra de referencia; así del Acta de Neutralización firmada el 07/06/2024 surge de lo dispuesto
en su Artículo 1º, se neutraliza el plazo de obra desde el 07 de junio de 2024, hasta diez (10) días hábiles
posteriores a la obtención por parte del Banco Interamericano de Desarrollo de la NO OBJECION a la
Addenda del Contrato PFGP-253-LPN-O “Ecoparque en la Ciudad de Mendoza- Provincia de Mendoza” y
la documentación técnica correspondiente, o hasta el día 30 de octubre de 2024, lo que suceda primero.
Que del informe de inspección, se advierte que, el reconocimiento de los gastos improductivos sería por el
período en que efectivamente la obra permaneció neutralizada; a saber:
- La obra se paralizó el 7 de junio del 2024 por lo que los gastos previos a esa fecha no se consideran
como improductivos
-La obra si bien se encuentra paralizada, la empresa acompaña comprobante por los gastos posteriores a
la orden de paralización.
Que a su vez el Artículo 3º del mencionado convenio dispone que, la Contratista se compromete a cuidar
la obra por el período estipulado en el Artículo 1º, dejando dos serenos y dos operarios para el
mantenimiento y el Jefe de Obra.
Que además, asume el compromiso de mantener al día los seguros pertinentes.
Que se advierte que, en el mismo acto de neutralización se preveían gastos a realizar por la empresa, no
contemplados en el presupuesto de obra.
Que el Artículo 4º del Convenio; ya el mismo contiene una renuncia del Contratista ante el Comitente
(Órgano Ejecutor de Nación) a iniciar cualquier reclamo con motivo de la neutralización y/o ampliación de
plazo por gastos improductivos y/o por indemnizaciones.
Que la renuncia a reclamar gastos improductivos, es al Órgano Comitente; pero no al Órgano Subejecutor
(Provincia de Mendoza). Por tanto, la Provincia de Mendoza está legitimada para recibir, analizar y dar
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solución al reclamo de gastos improductivos efectuada por la empresa contratista STORNINI S.A., más
aún si se realiza nuevamente un repaso por las obligaciones asumidas por la Provincia de Mendoza
plasmadas en el Convenio Marco de Adhesión; en el Acta de Inspección, de donde surgen las
responsabilidades de la Provincia de Mendoza de liberar las trazas para ejecutar la obra.
Que, iniciada la obra la Provincia tuvo dificultades para despejar espacios, por la presencia de animales.
Esto ocasionó demoras en el inicio de los trabajos, lo que repercutió en el cumplimiento del plan de trabajo
por parte de la empresa; acarreando la aplicación por parte de la comitente de multas a la contratista;
además de las dificultades para emitir los certificados por el cambio de gestión, generando de esta forma
el incremento del plazo y de los gastos relativos al mantenimiento de la obra.
Que en ese contexto fáctico, se concluye que este punto del reclamo pretende reconocer los gastos que se
habrían generado por la paralización y removilización de la obra y que resultaron necesarios para poner en
funcionamiento nuevamente la misma, encontrándose detallados en el pedido efectuado por la empresa y
controlados por los distintos organismos técnicos del Ministerio.
Que por todo lo anteriormente expuesto, la Dirección de Asuntos Jurídicos en el orden 38 señala que,
realizado un análisis fáctico y jurídico del reclamo instado por la empresa, de los informes incorporados en
autos y sus conclusiones, se desprende que es factible hacer lugar parcialmente al reclamo, en la medida
y montos que figuran en los informes técnicos incorporados en las presentes actuaciones.
Que, se llega a esa conclusión considerando los términos plasmados en los convenios suscriptos por la
provincia que establecen sus obligaciones como “Organismo Beneficiario y Subejecutor” de la obra,
teniendo también presente lo manifestado por la contratista y los informes técnicos incorporados, donde
surge claramente que la provincia cumplió parcialmente con las obligaciones asumidas, siendo por ello en
parte responsable de las demoras en el plan de trabajo a cargo de la contratista y por ende de las
consecuencias que ello trajo aparejado.
Que en el orden 51 rola informe donde consta la liberación de la traza para la ejecución del proyecto de
alcance reducido.
Que en el orden 55 rola la intervención de la Subdirección de Control y Gestión Administrativa informando
que la suma a reconocer asciende a $ 407.216.764,04.
Que en los órdenes 56/57 rolan planilla y anexo de cálculos.
Que en el orden 59 rola el volante de imputación preventiva del gasto, intervenido por Contaduría General
de la Provincia en el orden 62.
Que en el orden 71 rola detalle de las Notas de Pedidos Nros. 37 (Solicitud planificación liberación
espacios de obra), 80 (REF: RTA 69- Informe de retrasos), 87 (REF: RTA OS 87- Frente de obra
habilitados), 107 (Plan de trabajo y liberación de sectores), 116 (Paralización de obra. Reserva de gastos y
perjuicios), 119 (Paralización de obra. Reserva de gastos y perjuicios), 129 (Disponibilidad de sitios y
reprogramación), 138 (RTA OS 119- Relevamiento y reprogramación), 142 (Emisión certificado n7.
Reserva de derechos), 145 (Reducción drástica ritmo de obra), 148 (Amplia razones motivos y causas que
han afectado el cumplimiento del plan de trabajo, 163 (Reducción sustancial de Tareas) y 173 (Deuda de
intereses - Liquidación con reservas).
Que en el orden 72 rola el detalle de las Ordenes de Servicios Nros. 55 (Solicitud Plan de Trabajo
actualizado), 64 (Ajuste nuevo plan de trabajo), 69 (requerimiento de gerencia informe de retraso respecto
a P.T vigente), 85 (Reiteración informe de retrasos), 91 (Reiteración OS 69-Retrasos), 106 (Solicitud plan
de trabajo ajustado), 112 (Respuesta Paralización (NP N° 116), 113 (Respuesta NP N° 116/119.
Paralización), 114 (Disponibilidad de predios), 119 (RTA NP N° 131 Relevamiento disponibilidad de sitios
y reprogramación), 127 (Detalle multa aplicada cert. noviembre 2023), 128 (RTA NP N° 138- Relevamiento
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y reprogramación), 131 (Respuesta NP N° 148. Razones motivos y causas. atraso PT), 136 (Rta NP N°
146 - Designación Conciliador), 137 (Rta NP N° 142/145/146/148 y 149), 140 (Rta NP N° 148 - Amplia
Razones, motivos y causas), 141 (Rta. NP N° 158 - Nuevo PT con ampliación de plazo), 148 (Respuesta
Gerencia a NP N° 169- Reclamo intereses por mora) y 149 (Respuesta Gerencia a NP N° 169-Reclamo
intereses por mora).
Que en el orden 84 obra dictamen de Asesoría de Gobierno del cual se desprende que, el trámite de las
actuaciones ha atravesado por múltiples y diversas instancias, con numerosas observaciones y
ampliaciones de informes siendo que la causa que dio origen al reclamo de la empresa contratista resulta
absolutamente excepcional, tratándose de acontecimientos inusitados no propios de las habituales
contrataciones de obra pública, ya que el avance de las obras se vio afectado por hechos y consecuencias
propias de la naturaleza animal.
Que las circunstancias fácticas que dan origen al reclamo, derivadas de los eventos extraordinarios, han
escapado a las previsiones legales, resultando que la normativa establecida para casos similares es
insuficiente para encuadrar los sucesos en el marco normativo.
Que sin embargo existe consenso en las autoridades administrativas directamente vinculadas con los
hechos que dan origen al reclamo, que los gastos reclamados por la empresa contratista como también el
reconocimiento de obligaciones a cargo de la administración se condicen, “prima facie”, con los
efectivamente realizados por la Contratista y con la realidad existente en ocasión de su realización que
ameritan que al menos exista una justa composición de las obligaciones a cargo de cada una de las
partes.
Que al resolverse la adjudicación y firmarse el contrato de obra pública, el contratante debe garantizar su
cumplimiento. Producido un incumplimiento, la Administración, puede disponer la aplicación de las
sanciones que le puedan caber al contratista según el régimen sancionador previsto en la propia
documentación licitatoria, sanciones que nunca podrán afectar derechos constitucionales, tales como
propiedad, igualdad y debido proceso.
Que la empresa STORNINI S.A. alega que los incumplimientos producidos en el desarrollo del Plan de
Trabajo y que constituyen la fuente de la aplicación de las sanciones cuestionadas, no pueden ser
imputables a ella, en razón de que las mismas encuentran su fundamento en la no liberación en tiempo y
forma de los predios donde debían efectuarse los trabajos.
Que la Suprema Corte de Justicia de Mendoza ha sostenido que, la contratista previo al acaecimiento de
sus incumplimientos podrá justificarlos, siempre que sean fundados en el caso fortuito o la fuerza mayor, o
bien, en la excesiva onerosidad sobreviniente que dé lugar a la aplicación de la teoría de la imprevisión
(Fallo: CUIJ: 13-02122978-9((012174-10882501)) GALENO A.R.T. S.A. C/ MUNICIPALIDAD DE
GUAYMALLEN P/ ACCIÓN PROCESAL ADMINISTRATIVA - SCJ - Sala Primera).
Que dicha Asesoría señala que, nos encontramos con la aplicación de multas dispuesta por la Comitente a
la empresa contratista fundada en la falta de cumplimiento del Plan de Trabajo, siendo que la obligación de
liberación de los predios fue asumida por la Provincia de Mendoza, en su carácter de organismo
subejectuor, y ello a pesar de los pedidos efectuados en ese sentido por la contratista, y de los cuales se
da cuenta en el informe obrante IF-2025-00939553-GDEMZA-DPYC#INFRAESTRUCTURA, con especial
referencia a la Nota de Pedido "nro. 145 de fecha 02/01/2024 en la cual la empresa STORNINI S.A.
expresa que la obra, desde el inicio se vio “plagada de inconvenientes no imputables a la Contratista”, que
hicieron muy dificultoso poder cumplir con el plan de trabajo inicialmente presentado; también menciona
falta de entrega de los sitios y presencia de animales en la zona".
Que los atrasos en la liberación de los predios, debido a las dificultades en el traslado de los animales
hacia otros espacios por razones de la propia naturaleza animal, fueron las causas de la imposibilidad de
cumplir con las obligaciones contractuales por parte de la contratista, en consecuencia, se encontraría
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configurada la causal de fuerza mayor respecto de la contratista, y por ende no sería pasible de sanción, o
al menos, las mismas deberían guardar proporcionalidad adecuada respecto a la incidencia que este
hecho tuvo en la inejecución total del contrato de obra.
Que todo lo anterior, conduce a concluir para este caso, y teniendo en cuenta las particularidades del tipo
de obra a ejecutarse, el lugar de su desarrollo y los tiempos impuestos por la propia naturaleza, que la
"Provincia de Mendoza podría compensar a la contratista STORNINI S.A. reconociendo parte del monto de
las multas detalladas en su reclamo, acorde al análisis realizado por la Inspección de Obra" tal como se
sostiene en dictamen legal producido por la Asesoría Letrada del Ministerio.
Que Asesoría de Gobierno indica que el segundo tópico sobre el cual versa el reclamo de la
empresa contratista es sobre el reconocimiento y cancelación de los intereses por pago fuera de plazo de
los certificados adeudados.
Que reconocida la mora en el pago de los certificados por la propia Administración y siendo la misma ajena
a la voluntad y accionar de la contratista, corresponde reconocer el pago de los intereses moratorios los
que deberán ser calculados conforme el procedimiento estipulado en la documentación licitatoria.
Que en principio los gastos que hacen a la obra pública se dividen en gastos directos e indirectos; los
primeros son aquellos que tienen una incidencia directa en la ejecución de la obra (mano de obra,
materiales, combustible); los segundos no están relacionados en forma estrecha al avance de la obra y las
empresas los soportan aun cuando la obra no se ejecute e incluso cuando se hace a un ritmo más lento
del previsto.
Que la determinación de los gastos directos no acarrea mayores problemas, puesto que basta con
constatar in situ cuales son aquellos costos que se mantienen, a pesar de la paralización dispuesta, los
cuales se deben certificar y pagar; el problema se presenta con los gastos indirectos, porque se trata de
costos que están incluidos dentro del giro habitual de la empresa por lo que previamente se debe
demostrar cuál es la incidencia que la ejecución de la obra (hoy paralizada) tiene sobre esos gastos para
recién con posterioridad proceder a su pago.
Que por todo lo anterior Asesoría de Gobierno en el orden 84 expresa que, en el caso se peticiona el
reconocimiento de los gastos derivados de la neutralización del plazo de obra acaecida el día 07 de junio
de 2024 hasta la obtención de la no objeción por parte del BID, y teniendo presente lo expuesto
precedentemente, el informe técnico obrante en orden 48 que fuera realizado de conformidad a las
previsiones señaladas por la Contaduría General de Provincia, se podrá efectuar el reconocimiento de los
gastos improductivos generados por la paralización de la obra y su removilización atento a que la
paralización de los efectos del contrato de Obra Pública fueron por causas no imputables al contratista.
Que Fiscalía de Estado en el orden 90 señala que la Provincia desempeña un papel decisivo en el
proyecto como Organismo Subejecutor (OSE), asumiendo obligaciones de gran relevancia para la
ejecución de la obra, conforme al plexo normativo contractual. Si bien no fue parte del contrato original, su
rol en el proyecto ha implicado una participación directa, materializada en la suscripción del Acta de
Neutralización de la Obra y de la Segunda Adenda al Contrato (de las cuales si asumió la calidad de
“parte”).
Que estos instrumentos, junto con el convenio tramitado en estas actuaciones, tienen como finalidad dar
solución a la controversia suscitada en orden a garantizar la conservación y continuidad del contrato — lo
que se ajusta a los principios y demás previsiones establecidas en los Artículos 112 ap. V) inc. 1, 112 bis
incs. 2 a) y 5, y 112 ter inc. 4 de la Ley Nº 9.003, y en el Artículo 1066 del CCyCN—, atendiendo igualmente
al contexto particular en el que se desarrolla la obra, a la intención común de las partes, a la naturaleza y
finalidad del contrato, así como a los principios de equidad y buena fe contractual — conforme Artículos
1061, 1064, 1065 y cc. del CCyCN— que resultan de aplicación a la relación jurídica de todas las partes
intervinientes en el proyecto.
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Que asimismo, se advierte que el interés de la Provincia y el patrimonio fiscal se encuentran debidamente
protegidos, toda vez que la suma objeto de reconocimiento es sensiblemente inferior a la originalmente
reclamada por el peticionante y está acompañada por la renuncia expresa de este último de efectuar
cualquier otro reclamo contra la Provincia, conforme a lo estipulado en el convenio propuesto (Artículo 177
de la Constitución Provincial, Ley Nº 728 y normas complementarias que resultan de aplicación).
Que por todo lo expuesto, Fiscalía de Estado considera que existen fundamentos suficientes que
respaldan la postura de la Provincia enderezada a asumir las consecuencias derivadas de su accionar a
través de la celebración del convenio de reconocimiento proyectado, posición ésta que encuentra respaldo
en la valoración jurídica detallada realizada por la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Subsecretaría de
Infraestructura y Desarrollo Territorial, la Asesoría de Gobierno y dicha Fiscalía, todo ello sustentado
asimismo en el análisis y cálculos elaborados por los organismos técnicos ministeriales competentes, los
cuales, cabe resaltar, han sido objeto de revisión por parte de la Contaduría General de la Provincia,
otorgando su correspondiente conformidad.
Que en el orden 98 se encuentra informe del Director de Obras Públicas donde indica que la empresa
contratista no ha recibido pagos por parte del Estado Nacional por los rubros objeto de reconocimiento
considerados en el presente convenio.
Que en el orden 101 rola el convenio de que se trata firmado por las partes.
Que la presente resolución se dicta en ejercicio de las facultades delegadas por el Decreto Acuerdo Nº
1825/24.
Por ello, teniendo en cuenta lo dispuesto por el Contrato de Préstamos del BID suscripto entre la Nación
Argentina y el BID, ratificado por el Decreto Nacional 115/17, el Convenio Marco De Adhesión Entre
Nación y Provincia y sus adendas ratificadas por los Decretos Nros. 1577/2017 y 23/24, el Reglamento
Operativo del Programa, las normas y políticas del BID, el Artículo 128 de la Constitución Provincial, el
Convenio de inspección de la Obra, las Adendas del Contrato de Obra y lo dictaminado por la Dirección de
Asuntos Jurídicos de la Subsecretaría de Infraestructura y Desarrollo Territorial del Ministerio de Gobierno,
Infraestructura y Desarrollo Territorial, Asesoría de Gobierno y por Fiscalía de Estado,
EL
MINISTRO DE GOBIERNO, INFRAESTRUCTURA
Y DESARROLLO TERRITORIAL
EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL
DECRETO – ACUERDO 1825/24
RESUELVE:
Artículo 1º - Apruébese el CONVENIO DE RECONOCIMIENTO, agregado en el orden 101 del
EX-2024-09595104-GDEMZA-INFRAESTRUCTURA, celebrado en fecha 20 de febrero de 2025, entre el
Gobierno de la Provincia de Mendoza, Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial,
representado en este acto por la Subsecretaria de Infraestructura y Desarrollo Territorial, Licenciada
MARIA TERESA BADUI y la firma STORNINI S.A., representada por su Presidente, Ingeniero FERNANDO
ARIEL STORNINI, contratista de la obra: ECOPARQUE DE LA CIUDAD DE MENDOZA.
El referido instrumento integra como Anexo la presente norma legal constante de SEIS (6) fojas.
Artículo 2º - El gasto emergente del Convenio que se aprueba por el artículo anterior que asciende a la
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
Subsecretaria Legal y Técnica
suma de CUATROCIENTOS SIETE MILLONES DOSCIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS
SESENTA Y CUATRO PESOS CON CUATRO CENTAVOS ($ 407.216.764,04), será atendido por
intermedio de la Tesorería General de la Provincia, con cargo al Presupuesto de Erogaciones vigente –
Ejercicio 2025, Unidad de Gestión de Crédito: IDT994-512-01-000, Unidad de Gestión de Consumo:
IDT994, de acuerdo al siguiente detalle:
RECONOCIMIENTO DE GASTOS………………………………. $ 190.798.697,85
GASTOS IMPRODUCTIVOS ……………………………………. $ 50.079.753,19
INTERESES Y ACTUALIZACIONES …………………….$ 166.338.313,00
TOTAL …………………………………………………………………………$ 407.216.764,04
Artículo 3º - Comuníquese a quienes corresponda, publíquese y archívese.
ABG. NATALIO L. MEMA RODRIGUEZ
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este Aviso Oficial se publican en el siguiente link: Anexo
o podrán ser consultados en la edición web del Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza
www.boletinoficial.mendoza.gov.ar
S/Cargo
24/02/2025 (1 Pub.)
I.S.C.A.M.E.N
