DECRETOS
Decreto Nº 19
- Fecha de publicación
- 28 de enero de 2025
- Fecha de la norma
- 8 de enero de 2025
- Referencia documental
- Boletín Nº 32.283 · páginas 9–13
Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza
Decreto N°: 19
MENDOZA, 08 DE ENERO DE 2025
Visto el Expediente Nº EX-2023-07233551-GDEMZA-CCC, caratulado “MGTYJ. Recurso de alzada
c/Resolución del Directorio de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Abogados y Procuradores de
Mendoza dictada mediante Acta N° 1266 del 1/09/2023 ADRIANA BARRANCOS D.N.I. 12.584.366”; y
CONSIDERANDO:
Que en las presentes actuaciones la Sra. Adriana María Barrancos, D.N.I. N° 12.584.366, Abogada,
interpone recurso de alzada contra lo resuelto en Acta Nº 1266, de fecha 01/09/2023, emanada del
Honorable Directorio de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Abogados y Procuradores de Mendoza, en
adelante Caja Forense, originaria del Expediente Nº 55/B/2020;
Que la cuestión suscitada tiene su origen en la emisión de la Resolución en Acta Nº 1199, de fecha
13/11/2020, por la cual la Caja Forense otorga a la recurrente a su solicitud, el beneficio especial que
autoriza el Artículo 59 de Ley N° 5059, con una asignación mensual correspondiente a la Escala “D” del
Artículo 35 del mismo cuerpo legal, desde el día 07/10/2020, conservando abierta su cuenta individual a
los fines previstos por los Artículos 38 y 39 de la Ley citada;
Que en el artículo sexto de la citada Resolución se dispone: “En el acto de la notificación de la presente
Resolución, deberá informarse a la Dra. ADRIANA BARRANCOS que Caja Forense le realizará en forma
mensual el descuento de OSEP, haciéndole saber así también que deberá continuar abonando los aportes
de Ley previstos en los dos apartados del art. 16, inc. “a”, de Ley 5059, hasta que acceda a la jubilación
ordinaria.”;
Que ante ello, la quejosa dos años después formula reclamo a Caja Forense, en fecha 23/11/2022,
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requiriendo se disponga el cese de los descuentos de aportes a la Obra Social de Empleados Públicos
–OSEP-, y los que eventualmente se pretendan aplicar en oportunidad de acceder a la jubilación ordinaria.
Funda su reclamo en que la imposición referida configura superposición de aportes;
Que dicho reclamo es desestimado en lo formal y en lo sustancial por Caja Forense, mediante Resolución
en Acta Nº 1266, de fecha 11/09/2023;
Que en contra de lo resuelto se alza la recurrente interponiendo recurso de alzada, ofreciendo a los fines
probatorios prueba instrumental, argumentando lo siguiente:
- Admite que la resolución en Acta Nº 1199, por la cual se dispone el descuento con destino a OSEP, no
fue impugnada, siendo un acto administrativo consentido, por lo que rige el principio de estabilidad del acto
administrativo, pero ello no es obstáculo para solicitar la revisión de la misma por los vicios que padece;
- Que como empleada pública y afiliada a la Caja y beneficiaria del Artículo 59 de la Ley Nº 5059 se le
practican descuentos de aportes a OSEP lo cual implicaría una superposición de aportes, violatorio del
Artículo 14bis de la Constitución Nacional;
- Arguye la inconstitucionalidad de la Resolución en Acta Nº 1202: Señala que establece la obligatoriedad
de la afiliación a OSEP de los beneficiarios del beneficio extraordinario del art. 59. La situación fáctica que
origina la superposición, y que lleva a impugnar por inconstitucional la Resolución N° 1202 respecto a los
beneficiarios de la Caja, que además son agentes estatales de planta permanente, se configura por la
doble afiliación a la OSEP, y por tanto la superposición de aportes a la misma obra social. Por ende se le
impone la afiliación obligatoria por la resolución ya citada y se realizan descuentos por OSEP, tanto por
parte de la Caja, como de la Administración (doble afiliación por la superposición de aportes a cargo de un
mismo aportante, y por tal ha de entenderse no la misma persona física sino la misma calidad o carácter
en virtud de los cuales debe aportar);
- Vicio de incompetencia: La resolución en Acta Nº 1202 tiene la naturaleza jurídica de un reclamo, la cual
se funda en los incs. b) y j), aludiendo a las potestades reglamentarias. Tales incisos refieren a facultades
genéricas para el mejor desempeño de las funciones de la Caja, pero no a la facultad para determinar la
obligatoriedad de afiliación de los profesionales beneficiarios del haber previsional en cualquier de sus
formas. Por ello el H. Directorio de la Caja carece de las facultades para determinar la afiliación obligatoria.
Que en cuanto al aspecto formal del recurso, puede advertirse que la presentante está canalizando su
impugnación en contra de lo resuelto en Acta Nº 1266, del Honorable Directorio de la Caja de Jubilaciones
y Pensiones de Abogados y Procuradores de Mendoza, por la vía de recurso de alzada;
Que del análisis formal del presente recurso, es necesario puntualizar que, ante las decisiones definitivas
de ciertas entidades públicas no estatales que causen estado dentro de las mismas, procede el recurso de
alzada ya que, pese a no estar sujetas al poder jerárquico del Poder Ejecutivo, sometidas al control de éste
último en relación a ciertos actos administrativos que efectúa.
Que la doctrina afirma en tal sentido: "Según Gordillo, con especial referencia al acto administrativo, "Sin
perjuicio de admitir que en principio la función administrativa es realizada por órganos estatales, y que en
consecuencia para que exista acto administrativo debe tratarse de actividad realizada por tal tipo de
órgano, creemos que ello no puede erigirse en norma absoluta y general. Por el contrario, existen en el
Estado moderno numerosas entidades que han sido creadas por el legislador para ejercer cierto tipo de
funciones administrativas, a las cuales se les confiere legalmente un cierto poder público para actuar, en
nombre del Estado y con su potestad: en tales casos pareciera contradecirse a la realidad si se les negara
a esos actos el carácter de administrativos". Así pueden considerarse administrativos los actos (…) de las
corporaciones profesionales -de abogados, contadores, ingenieros, etcétera- que concretan el ejercicio de
potestades públicas conferidas legalmente, ejercidas con carácter de "imperio" por tales entidades, etc.";
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Que el fundamento jurídico del control de legitimidad del Poder Ejecutivo respecto a sujetos de derecho
público no estatales es de carácter constitucional, señalando la doctrina en tal sentido: "Cuando la función
administrativa es realizada por sujetos de derecho no estatales el fundamento del control de legitimidad del
Poder Ejecutivo es constitucional y radica en que el gobernador tiene "a su cargo la administración general
de la provincia" y por el hecho de que "conoce y resuelve en los asuntos contencioso administrativos con
arreglo a la ley" (Art. 128, incis. 1º y 20º, Constitución de Mendoza)";
Que en efecto, el otorgamiento por ley a tales entidades del ejercicio de potestades públicas, fundamenta
claramente el control de legitimidad sobre sus actos administrativos; procediendo dicho contralor
únicamente sobre materia regida por el derecho público local, pudiendo el Poder Ejecutivo efectuar solo
una revocación por ilegitimidad -no se encuentra facultado a modificar o sustituir lo resuelto-, ello conforme
lo prescripto por los Artículos 184 y 185 de la Ley Nº 9003. La falta de control equivaldría convertir al ente
en independiente y permitir que quienes lo manejan lo hagan más como cosa propia que como cosa
pública;
Que la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Abogados y Procuradores de Mendoza, conforme lo
establecido por el Artículo 1 de la Ley Nº 5059, es una entidad autárquica, con personería jurídica e
individualidad financiera, independiente de la Administración Pública, con capacidad para actuar pública y
privadamente, por lo que, conforme lo expresado precedentemente, tanto la doctrina como la
jurisprudencia admiten la procedencia del recurso de alzada contra las decisiones definitivas de dicho ente;
Que respecto al análisis formal del remedio legal intentado por ante el Señor Gobernador de la Provincia,
preliminarmente es preciso examinar la Resolución en Acta Nº 1266, de fecha 01/09/2023, y efectuar
algunas consideraciones a los fines de deslindar la naturaleza del reclamo de la administrada:
a)- En primer lugar la Dra. Barrancos efectúa un reclamo a Caja Forense requiriendo el cese de
descuentos sobre su haber con destino a OSEP.
El mencionado descuento es la ejecución de lo dispuesto expresamente por Resolución en Acta Nº 1199,
de fecha 13/11/2020, la cual ordena: “(…) ARTÍCULO SEXTO: En el acto de la notificación de la presente
Resolución, deberá informarse a la Dra. ADRIANA BARRANCOS que Caja Forense le realizará en forma
mensual el descuento de OSEP, haciéndole saber así también que deberá continuar abonando los aportes
de Ley previstos en los dos apartados del art. 16, inc. “a”, de Ley 5059, hasta que acceda a la jubilación
ordinaria. (…)”.
De la lectura de la aludida Resolución, es de evidencia palmaria que la Dra. Barrancos pretende impugnar
el Acta Nº 1199, dado que en ésta última se ordena el mentado descuento.
b)- El reclamo administrativo: “Podemos definirlo como una petición que se efectúa a la Administración, a
fin de obtener la revisión de un reglamento, o para reclamar por un hecho o una omisión.”
Es pertinente señalar la distinción efectuada por la doctrina en cuanto a las vías de impugnación de los
reglamentos: “a) directamente a través de un reclamo administrativo, es decir que una vez que ha entrado
en vigencia y aun sin que exista un acto de aplicación particular, el afectado puede deducir un reclamo
impugnándolo directamente y solicitando derogación total o parcial, o su inaplicabilidad al caso concreto; b)
a través de una impugnación indirecta que se da cuando el afectado deduce un recurso administrativo en
contra del acto de aplicación particular, supuesto en el que el planteo impugnatorio si bien se dirige en
forma directa contra dicho acto, ello es así sólo en tanto es el medio para atacar indirectamente el
reglamento en que aquél se funda.”. En el caso de marras el reclamo de la administrada fue posterior a la
emisión del acto administrativo que le impuso el descuento.
c)- No corresponde entender la solicitud de cese de descuento como reclamo administrativo contra la
reglamentación efectuada bajo resolución en Acta N° 1202 establecida por Caja Forense, ya que
anteriormente se dictó un acto administrativo aplicando a la Dra. Barrancos tal reglamento, siendo este
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último el que incuestionablemente debe ser impugnado, de lo contrario implicaría un consentimiento del
mismo por parte de la administrada lo que resulta a todas luces ilógico.
Que existe un acto administrativo previo–Acta Nº 1199- que ordenó expresamente el descuento en los
haberes de la Dra. Barrancos destinado a OSEP, el cual nunca fue impugnado por la quejosa, siendo en
consecuencia un acto administrativo consentido, materialmente operativo dada su ejecutividad, es decir,
obliga a su cumplimiento, el cual se viene ejecutando desde la notificación a la administrada de tal
resolución en fecha 18/11/2020 es decir, desde hace mas de dos años. Tal afirmación no se encuentra
controvertida por la quejosa;
Que tal como lo preceptúan los Artículos 79 y 80 de la Ley de Procedimiento Administrativo, el acto
administrativo regular se presume legítimo, es exigible y por lo tanto debe cumplirse; todo ello desde su
notificación y mientras que el mismo no sea revocado;
Que de lo expuesto se concluye que su impugnación a través de la vía recursiva resulta ineludible, no
pudiendo ir por la vía del reclamo administrativo. Ello dado que, si bien la recurrente pide el cese de una
conducta de la Administración, dicha conducta es precisamente el cumplimiento de un acto administrativo
(resolución en Acta Nº 1199), por lo que la impugnación de dicho acto administrativo es insoslayable si el
propósito es perseguir el cese del referido descuento;
Que de ello resulta que la Resolución en Acta Nº 1266, al calificar la solicitud de la quejosa en reclamo,
incurre en un error;
Que por consiguiente, si el reclamo de la quejosa se recalifica correctamente como un recurso de
revocatoria, se debe precisar que su interposición es por demás extemporánea, ya que conforme lo
establecido por el Artículo 158 de la Ley Nº 9003, los plazos establecidos para interponer recursos
administrativos son perentorios, por lo que una vez vencidos los mismos, decae el derecho a presentarlos;
Que en el caso de marras no hubo una simple omisión de deducir el recurso en término, sino que
transcurrieron más de dos años, por lo que corresponde afirmar la improcedencia de calificar el recurso
tardío como denuncia de ilegitimidad, dándose por configurado el supuesto establecido en el inciso b) del
Artículo 173 in fine de la Ley Nº 9003;
Que la Corte advierte: “(…) a través de la denuncia de ilegitimidad no se puede “destruir” el sistema
recursivo de la Ley: “La denuncia por ilegitimidad debe ser planteada dentro de plazos razonables, que no
permitan destruir los mecanismos impugnatorios de impugnación contenidos en la ley específica”;
Que en consecuencia, el recurso debe ser formalmente rechazado, no correspondiendo en consecuencia
efectuar análisis sustancial del mismo;
Por ello, de conformidad con lo dictaminado en orden 11 por la Dirección de Asuntos Jurídicos del
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial y por Asesoría de Gobierno en orden 48,
EL
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:
Artículo 1°- Rechácese en lo formal el Recurso de Alzada impetrado por la Sra. ADRIANA MARIA
BARRANCOS, D.N.I. Nº 12.584.366, contra lo resuelto en Acta Nº 1266, de fecha 01/09/2023, emanada
del Honorable Directorio de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Abogados y Procuradores de
Mendoza, de conformidad con lo expresado en los considerandos del presente decreto.
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
Subsecretaria Legal y Técnica
Artículo 2°- Comuníquese, publíquese, dese al Registro Oficial y archívese.
LIC. ALFREDO V. CORNEJO
ABG. NATALIO L. MEMA RODRIGUEZ
S/Cargo
28/01/2025 (1 Pub.)
