DECRETOS
Decreto Nº 2979
- Fecha de publicación
- 22 de enero de 2025
- Fecha de la norma
- 31 de diciembre de 2024
- Referencia documental
- Boletín Nº 32.279 · páginas 15–18
Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza
Decreto N°: 2979
MENDOZA, 31 DE DICIEMBRE DE 2024
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
Subsecretaria Legal y Técnica
Visto el Expediente Electrónico N° EX-2024-04441389-GDEMZA-CCC; y
CONSIDERANDO:
Que en las citadas actuaciones el Auxiliar –Personal Policial– BISMACH ABACA, ROLANDO JAVIER,
interpone Recurso de Alzada contra la Resolución N° 406/2024 emitida por el Directorio de la Inspección
General de Seguridad, la cual rechazó sustancialmente el Recurso de Revocatoria contra la Resolución N°
46/2024, la cual rechazó el planteo de nulidad incoado por el recurrente;
Que en orden 15 Asesoría de Gobierno efectúa un análisis formal del recurso en trato y dictamina:
“…siendo que la impugnación se articula contra lo resuelto por una entidad descentralizada, debe
encausarse su tratamiento en la regulación legal del recurso de Alzada (Arts. 183 y siguientes de la Ley de
Procedimiento Administrativo). Sentado ello, habiendo sido notificado el acto el 27/5/24 (v. cédula orden
100 EX-2022-07763909-GDEMZA-IGS#MSEG) y presentado el recurso en fecha 17/6/24 según la fecha
de creación del ticket de orden 03, esta Asesoría entiende que debe admitírselo formalmente por haberse
dado cumplimiento al término previsto por el Art. 184 de la Ley N° 9003…”;
Que Asesoría de Gobierno efectúa un análisis sustancial del recurso incoado, dictamina y concluye:
“…atendiendo los agravios que resultan conducentes al control de legitimidad (Art. 184 último párrafo Ley
N° 9003), postula el impugnante que el instructor sumariante sugiere aplicar una sanción con fundamento
exclusivo en las declaraciones testimoniales incorporadas. Sostiene asimismo que dichas declaraciones no
tuvieron el debido control por parte de su defensa, que no fue notificada antes de la celebración de las
respectivas audiencias. Aduce que los autos N° P-132.750/22(…) se encuentran sin sentencia, por lo que
prima su presunción de inocencia. Por último, invoca que el Directorio se apartó de lo sugerido por el
instructor sumariante y por el dictamen de la asesoría letrada, sin fundamentación fáctica y/o normativa.
Desde ya adelantamos que a nuestro criterio el reclamo resulta insostenible. En el orden 46 del expediente
administrativo EX-2022-07763909- -GDEMZA-IGS#MSEG obra la Resolución N° 323/2023 del Directorio
de la I.G.S., por la cual se ordenó instruir formal sumario administrativo al agente Bismach en razón de la
denuncia recepcionada en sede de la I.G.S, Zona Este. La Resolución N° 323/2023 calificó legalmente
(Art. 1°) a tales hechos como posible comisión de la falta prevista por el Art. 100 inc. 1), en función con los
Arts. 8, 43 incisos 1), 3), 4), 7) y agravado por el Art. 88 incisos 3), 11) y 12), sin perjuicio de lo que
oportunamente resulte de la aplicación de lo previsto en el Art. 99 de la Ley N° 6722/99 y sus
modificatorias. En el orden 62 obra la conclusión del sumario, en la cual la Instrucción sugirió la sanción de
40 días de Suspensión laboral, mientras que en el orden 72 glosa la Resolución N° 965/23 del Directorio
de la IGS que por su Art. 1º resolvió "APARTARSE de lo solicitado por el Instructor Sumariante en su
informe sumarial y solicitar a la Honorable Junta de Disciplina se aplique la sanción de CESANTIA…”. Así
las cosas, corresponde en primer término rechazar el agravio relativo a la supuesta escasez de sustento
probatorio de las conclusiones del instructor sumariante, precisamente por cuanto dichas conclusiones no
son sino un dictamen, producido dentro de un proceso disciplinario que aún no culmina, en el que por ende
aún no se ha resuelto la aplicación de sanción alguna. De hecho, el Art. 2º de la Res. 965/23 -cuya
impugnación da inicio al presente derrotero recursivo- dispuso: "Póngase los autos para alegar por el
término de cinco (5) días (artículo 138º de la Ley N° 6.722/99)". Es oportuno recordar que en el ámbito
local la Ley N° 9003 en sus Arts. 72 y siguientes limita expresamente los planteos de nulidad al caso de
vicios -Arts. 49 y siguientes de dicha norma- que afecten actos administrativos. Estos últimos, son los
definidos por el Art. 28 de la precitada LPA como “toda declaración unilateral efectuada en ejercicio de la
función administrativa, que produce efectos jurídicos individuales en forma directa. No lo son los meros
pronunciamientos administrativos, los cuales no gozan de los caracteres de los actos administrativos; no
hay en relación a los mismos carga impugnatoria, ni alteran las competencias judiciales correspondientes
para accionar…”.Luego del eventual dictado del acto administrativo sancionatorio será el momento en que
el sumariado podrá cuestionar el mérito de convicción de las probanzas en las que se sustenta. Con
respecto a que las testimoniales no fueron notificadas a la defensa y por ello no tuvieron su debido control,
debe advertirse que dichas declaraciones fueron recepcionados en la etapa de Información Sumaria, en la
cual aún no hay imputados y la instrucción recaba elementos probatorias tendientes a verificar la
existencia de mérito para instruir formal sumario administrativo. En segundo lugar y tal como lo valoró la
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
Subsecretaria Legal y Técnica
Resolución N° 46/2024, las testimoniales son pruebas esencialmente reproducibles, y en consecuencia le
hubiera bastado al recurrente ofrecer la declaración de los testigos en cuestión en el sumario para poder
confrontarlos. Contrariamente a ello, el sumariado no las ofreció ni al tiempo de prestar declaración
indagatoria (orden 57 EX-2022- 0776390- -GDEMZA-IGS#MSEG) ni en el descargo escrito que
posteriormente presentó (orden 58). En relación a que todavía no hay pronunciamiento judicial en autos N°
P-132.750/22 (…)es preciso recordar que el sumario administrativo no tiene por objeto verificar la eventual
autoría de un delito, sino la posible infracción al régimen disciplinario respectivo (en el caso, el previsto por
Ley N° 6722). Y el procedimiento predispuesto a tal efecto es independiente de las actuaciones judiciales
labradas para determinar si el accionar de Bismach constituye asimismo el ilícito por el que ha sido
imputado en el expediente penal N° P-132.750/22. En tal sentido, la independencia de la responsabilidad
administrativa con las de otra naturaleza es reconocida por uniforme jurisprudencia de la SCJM, en
reiterados fallos de los cuales nos permitimos citar: “…las investigaciones administrativas y judiciales
pueden y suelen tomar caminos independientes, sin perjuicio de su misma interrelación. Las finalidades
son distintas y los propósitos también, ya que lo disciplinario sólo tiene que ver con la continuidad del
empleo público y no significa la pérdida de la libertad. También es más amplio el principio de
responsabilidad frente a lo funcional y a las obligaciones éticas que demanda el cargo o la función. Este
principio requiere una percepción más amplia en cuanto a juzgar el cumplimiento o no de los deberes
asignados” (LS312-Fs.219). Tal independencia tiene, en el caso del régimen policial, consagración
legislativa expresa en el Art. 141 de la Ley N° 6722. Por último, respecto a la queja relativa a que el
Directorio se apartó de lo sugerido por el instructor sumariante así como también del dictamen emitido por
asesoría letrada, cabe aclarar en primer término tanto el dictamen de la asesoría legal como el informe de
clausura del instructor, no son de ningún modo vinculantes. Establece el Art. 136 de la Ley N° 6722:
“Dentro de los cinco (5) días siguientes de producidas las pruebas, el sumariante clausurará el sumario y
deberá elevarlo a la Inspección General de Seguridad, con un informe en el que aconsejará la resolución a
adoptar”. Claramente, su naturaleza jurídica es netamente consultiva, es decir actividad administrativa
dirigida a ilustrar con sus pareceres, opiniones e interpretaciones a los órganos activos sobre actos que
deben dictar en ejercicio de sus funciones. Los dictámenes jurídicos no son actos administrativos, sino
actos internos de la Administración, en la medida que no producen efectos jurídicos directos a los
particulares, siendo opiniones no vinculantes que colaboran para que el funcionario pertinente decida
conforme a derecho. Pero además de ello, en el presente caso el Directorio de la IGS no ha propuesto una
acusación diferente a la formulada por el Instructor en sus conclusiones, ni siquiera postula una calificación
legal distinta a la sugerida en la clausura del sumario. Únicamente se ha limitado a disentir respecto al
quantum de la sanción, sugiriendo la Cesantía, con fundamento en la gravedad de los hechos
reprochados. En síntesis, no habiendo ilegitimidad alguna en la resolución cuestionada, a criterio de esta
Asesoría de Gobierno la impugnación interpuesta debe ser rechazada sustancialmente…”;
Por ello y de conformidad a lo dictaminado por Asesoría de Gobierno en orden 15;
EL PRESIDENTE DE LA H. CAMARA DE DIPUTADOS
EN EJERCICIO DEL PODER EJECUTIVO
DECRETA:
Artículo 1º - Acéptese desde el aspecto formal y rechácese desde el aspecto sustancial el Recurso de
Alzada interpuesto por el Auxiliar –Personal Policial–BISMACH ABACA, ROLANDO JAVIER, D.N.I. N°
27.774.187, contra la Resolución N° 406/2024, emitida por el Directorio de la Inspección General de
Seguridad, por los motivos expuestos en los considerandos precedentes.
Artículo 2º - Hágase saber al administrado que una vez dictado por el Sr. Gobernador el acto administrativo
que resuelva el Recurso de Alzada, deberá ser notificado al recurrente conforme a los recaudos previstos
por el Art. 150 de la Ley N° 9003, y particularmente en relación a las vías de impugnación del mismo
deberá informarse que resulta pertinente la acción procesal administrativa, a interponerse en el plazo de
treinta (30) días corridos desde el día siguiente al de la notificación de la decisión administrativa (Art. 20 de
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
Subsecretaria Legal y Técnica
la Ley N° 3918).
Artículo 3º - Comuníquese, publíquese, dese al Registro Oficial y archívese.
LIC. PABLO ANDRÉS LOMBARDI
MGTR. MARÍA MERCEDES RUS
S/Cargo
22/01/2025 (1 Pub.)
