DECRETOS

Decreto Nº 2957

Fecha de publicación
21 de enero de 2025
Fecha de la norma
31 de diciembre de 2024
Referencia documental
Boletín Nº 32.278 · páginas 14–16
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Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza

Decreto N°: 2957 MENDOZA, 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Visto el Expediente Electrónico N° EX-2022-01246851-GDEMZA-CCC y su tramitación conjunta N° EX-2024-05767721- -GDEMZA-CCC; y CONSIDERANDO: Que en las citadas actuaciones el Sr. FRANCISCO L. VERNA, en su calidad de gerente de la empresa de seguridad privada LA BASTILLA EMPRENDIMIENTO S.A.S., interpone Recurso de Alzada contra la Resolución N° 2048-SyJ de fecha 01 de julio de 2024, emitida por el Ministerio de Seguridad y Justicia, mediante la cual se admitió en lo formal y se rechazó en lo sustancial el Recurso Jerárquico presentado contra la Resolución Nº 146/2022, emitida por la Dirección del Repar-Repriv, que aplicó la sanción de multa, por infracción al Art. 30 y Art. 34 apartado II inciso c) de la Ley N° 6441; Que en orden 36 Asesoría de Gobierno efectúa un análisis formal del recurso y dictamina: “…En cuanto al aspecto formal, esta Asesoría no comparte el criterio establecido por Asesoría Letrada del Ministerio de Seguridad y Justicia, entendiendo que es correcto que los requisitos formales de procedencia del recurso en análisis no han sido debidamente observados ya que no fue interpuesto en legal tiempo y forma, a tenor de lo dispuesto por el Art. 179 y siguientes de la Ley N° 9003 de Procedimiento Administrativo, pero el mismo debe ser aceptado como denuncia de ilegitimidad, por las razones que paso a exponer. En el caso de marras, la notificación de la resolución recurrida se cumplió el día 02 de julio de 2024 según se visualiza en orden 25 y la presentación del recurso se realizó el día 26 de julio de 2024, como se observa en el ticket de ingreso en orden 2 del expediente antecedente EX-2024-05767721- -GDEMZA-CCC. de la L.P.A., podría dársele el trámite de denuncia de ilegitimidad, para lo cual es preciso analizar si no se opera en el caso alguna de las causales que obstan a su admisión, enunciadas en los incisos a) y b) del Art. 173 II) mencionado. En primer lugar, y en relación con la oportunidad temporal de la presentación, corresponde recordar que el Art. 158 de la Ley N° 9003 dispone: "Los plazos establecidos para interponer recursos administrativos, son perentorios, por lo que una vez vencidos los mismos, decae el derecho a presentarlos. No obstante, vencidos los mismos, el acto en cuestión puede igualmente ser materia de revisión por denuncia de ilegitimidad, con los efectos y en las condiciones de la misma"; mientras que el Art. 173 punto II de la LPA establece: "Denuncia de ilegitimidad: Vencidos los plazos establecidos para interponer recursos administrativos, los interpuestos extemporáneamente serán declarados formalmente inadmisibles.”. Ello no obstará a que el órgano competente para su resolución deba calificar al recurso tardío como denuncia de ilegitimidad, siendo su deber tramitarla y resolverla, a menos que la denuncia sea improcedente… Son impedimentos al progreso de la denuncia de ilegitimidad:… b) Encontrarse excedidas razonables pautas temporales, que permitan presumir el abandono voluntario del derecho invocado por el denunciante…". Para evaluar si en este caso se han excedido razonables pautas temporales, conviene recordar cuales han sido los criterios de la Corte mendocina respecto a lo que puede considerarse plazo razonable. Así ha decidido; que cincuenta días es un lapso excesivo, mientras que en otros casos se consideró excesivo un plazo de veinticinco (25) días. En “CACERES” la Corte ha dicho que haberse superado en más del doble del plazo fijado para la interposición del recurso, da fundamento a la desestimación formal y por lo tanto el rechazo formal resulta razonable, siendo en todo caso discrecional para la administración el reingreso a la cuestión sustancial. En el presente caso se advierte que la denuncia de ilegitimidad debe admitirse formalmente, por cuanto no se advierten motivos de seguridad jurídica ni intereses públicos que obsten a su procedencia formal, tampoco se han excedido razonables Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial Subsecretaria Legal y Técnica pautas temporales que permitan presumir que ha existido abandono voluntario del derecho.”; Que asimismo Asesoría de Gobierno efectúa un análisis sustancial del recurso incoado, dictamina y concluye: “…Se agravia al recurrente al considerar que la autoridad administrativa no ha valorado el descargo oportunamente formulado, relacionado con que “como consecuencia a la irrupción de la nueva variante del SARS-CoV-2 (OMICRON) altamente contagiosa, que provocó un crecimiento de contagios exponencial en el país, registrándose más de 112.000 nuevos infectados en ese período, situación que no fue ajena a nuestro personal, registrándose a la fecha 07 (siete) contagios, provocando la necesidad de proceder al relevo urgente de estos, llevando a cabo la contratación inmediata de personal en condiciones de ejercer la función a fin de seguir garantizando la seguridad del objetivo”. Que, independientemente de lo ut supra mencionado no existe normativa por la cual se hubiese dispuesto la suspensión de la vigencia de la Ley N° 6441 que exige Credencial Habilitante vigente para desempeñarse como vigilador, la que debe exhibirse ante requerimiento del personal de la Dirección REPAR/REPRIV, ya que constituye requisito sine qua non a los fines de prestar servicios de seguridad privada en la Provincia de Mendoza. Que, tampoco se acredita autorización expresa de la Dirección REPAR-REPRIV a tal efecto, habiendo sido una decisión dispuesta únicamente por la Empresa de Seguridad contratante en infracción de los requisitos legalmente exigidos. El recurrente esgrime los mismos argumentos vertidos en sus recursos previos, sin aportar elementos que permitan variar la plataforma fáctica y jurídica analizada.”Cabe aclarar que las actas revisten el carácter de instrumento público y que el reclamante no ha logrado desvirtuar con pruebas en contrario la contundencia probatoria de lo allí determinado. Por lo expuesto, esta Asesoría considera que el sancionado con sus dichos no lograría modificar la plataforma fáctica y jurídica de la sanción impuesta oportunamente, toda vez que ha quedado probado su infracción a la normativa vigente. Asimismo, de la compulsa de las actuaciones traídas a revisión, surge que habiendo sido constatados los incumplimientos a la Ley N° 6441, la sanción de multa resulta ajustada a derecho, siendo improcedente el recurso deducido. Por lo expuesto anteriormente, se aconseja aceptar en lo formal y rechazar sustancialmente la denuncia de ilegitimidad mediante el dictado del correspondiente acto administrativo.”. Por ello y de conformidad a lo dictaminado por Asesoría de Gobierno en orden 36, EL PRESIDENTE DE LA H. CAMARA DE DIPUTADOS EN EJERCICIO DEL PODER EJECUTIVO DECRETA: Artículo 1º - Acéptese desde el aspecto formal y rechácese desde el aspecto sustancial la Denuncia de Ilegitimidad interpuesta por el Sr. FRANCISCO L. VERNA, D.N.I. N° 17.831.224, en su calidad de gerente de la empresa de seguridad privada LA BASTILLA EMPRENDIMIENTO S.A.S., C.U.I.T. N° 30-71674081-8, contra la Resolución N° 2048-SyJ de fecha 01 de julio de 2024, emitida por el Ministerio de Seguridad y Justicia, por los motivos expuestos en los considerandos precedentes. Artículo 2º -A fin de dar cumplimiento con el Art. 150 de la Ley N° 9003, en razón de que el acto administrativo que resuelve este acto agota la instancia administrativa, deberá notificarse al recurrente que cuenta para su impugnación, con la acción procesal administrativa prevista en la Ley N° 3918, en el plazo de treinta (30) días corridos, a contar desde la notificación del decreto que resuelve el presente recurso. Artículo 3º - Comuníquese, publíquese, dese al Registro Oficial y archívese. LIC. PABLO ANDRÉS LOMBARDI MGTR. MARÍA MERCEDES RUS S/Cargo 21/01/2025 (1 Pub.) Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial Subsecretaria Legal y Técnica MINISTERIO HACIENDA Y FINANZAS