DECRETOS
Decreto Nº 2288
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN
- Fecha de publicación
- 27 de diciembre de 2024
- Fecha de la norma
- 8 de noviembre de 2024
- Referencia documental
- Boletín Nº 32.262 · páginas 9–11
Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza
Decreto N°: 2288
MENDOZA, 08 DE NOVIEMBRE DE 2024
Visto el expediente N° EX-2023-06364251- -GDEMZA-CCC, en el cual la señora ELODIA VALERIANA
MILLÁN, en representación de la firma “MILLÁN SOCIEDAD ANÓNIMA”, CUIT Nº 33-50385092-9,
interpone Recurso Jerárquico en contra de la Resolución Nº 1027/23 emitida por el ex Ministerio de
Economía y Energía, actual Ministerio de Producción; y
Considerando:
Que del análisis formal del Recurso interpuesto surge que los requisitos formales de procedencia del
mismo han sido debidamente observados, toda vez que ha sido impetrado en legal tiempo y forma, a tenor
de lo dispuesto por el Artículo 179 de la Ley de Procedimiento Administrativo, razón por la cual resulta
admisible en ese sentido;
Que en orden 2 del expediente antecedente EX-2022-01806515- -GDEMZA-DFYC#MEIYE, se incorpora el
acta de infracción identificada como ACTA 10373 - MILLÁN S.A.;
Que en orden 7 rola descargo de la empresa y en orden 13 se exhibe dictamen aconsejando el dictado del
acto administrativo que aplique la multa;
Que en orden 19 rola Resolución Nro. 374/22 de la ex Dirección de Fiscalización y Control que aplica una
multa de PESOS CINCUENTA MIL ($50.000) por revestir el hecho sancionado una infracción al Decreto Nº
274/19;
Que en orden 27 se exhibe Recurso de Revocatoria por parte de la sancionada contra la Resolución Nº
374/22 de la ex Dirección de Fiscalización y Control por motivos de atipicidad de la infracción y ausencia
de motivación en la sanción, lo que es analizado y dictaminado en orden 30 por la Asesoría Letrada de la
ex Dirección de Fiscalización y Control y rechazado desde lo sustancial por la Resolución Nº 197/23 en
orden 38;
Que en orden 42 obra Recurso Jerárquico contra la Resolución supra mencionada, lo que es aceptado en
lo formal pero rechazado en lo sustancial por la Resolución Nº 1027/23 emitida por el ex Ministerio de
Economía y Energía;
Que del análisis sustancial del Recurso planteado surge que la recurrente en esta instancia reitera en lo
sustancial los argumentos que vertiera en oportunidad de interponer Recurso de Revocatoria y Jerárquico.
Reitera que la resolución dictada no logra desvirtuar el planteo nulificatorio del acta de infracción
oportunamente opuesto, que se funda en argumentos arbitrarios e ilegítimos, como así también que la
multa impuesta resulta exorbitante e irracional, siendo la misma desproporcionada con la presunta
infracción imputada;
Que el obrar de los inspectores como el de los asesores y funcionarios intervinientes en el proceso ha sido
regular y en cumplimiento riguroso de las normas estipuladas;
Que los requerimientos de la presentante sobre la identificación de los productos en infracción no se
fundan en derecho ni son exigibles por reglamentación alguna. El inspector actuante, según acta y
planillas, constata el producto con la descripción en perfil de góndola, anota el precio y luego compara con
el ticket de compra. Al verificarse la diferencia, se labra el acta de infracción. El procedimiento es regular y
tiende a emular el accionar de un cliente para dejar así demostrada la vulneración del derecho del mismo y
la violación al Decreto Nº 274/19 de Lealtad Comercial;
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
Subsecretaria Legal y Técnica
Que este tipo de situaciones, ya habituales en Millán S.A., encuadran a la perfección en lo que prevé el
decreto mencionado: “Publicidad engañosa. Artículo 11 – Queda prohibida la realización de cualquier
clase de presentación, de publicidad o propaganda que mediante inexactitudes u ocultamientos pueda
inducir a error, engaño o confusión respecto de las características o propiedades, naturaleza, origen,
calidad, pureza, mezcla, cantidad, uso, precio, condiciones de comercialización o técnicas de producción
de bienes muebles, inmuebles o servicios.”;
Que el acta de infracción reúne los requisitos que exige la norma, la que al efecto refiere: “Procedimiento
de oficio. Artículo 42 – Si se tratare de la comprobación de oficio de una infracción, el funcionario actuante
procederá a labrar un acta donde hará constar concretamente el hecho verificado y la norma infringida. Se
notificará al presunto infractor que dentro de los diez días de notificado, deberá presentar su descargo y
ofrecer pruebas, si las hubiere, debiéndose indicar dónde efectuar su presentación. La autoridad de
aplicación pondrá a disposición del presunto infractor copia de lo actuado. La reglamentación establecerá
la forma y condiciones de notificación del acta. Los hechos constatados por la autoridad de aplicación
tendrán valor probatorio pleno, sin perjuicio de las pruebas que, en defensa de sus derechos o intereses,
pudieran aportar los administrados. Será de aplicación el Artículo 39 del presente decreto en materia de
prueba.”;
Que de la interpretación realizada del artículo se desprende con claridad, la legitimidad del actuar del
inspector, habiendo otorgado la posibilidad de presentar a la sancionada su descargo y ofrecer toda la
prueba que considera conducente a los efectos de demostrar su postura. La instancia adecuada para la
presentación de la prueba era el descargo;
Que las actas labradas por el personal de la Dirección de Fiscalización, Control Y Tecnología
Agroindustrial constituyen instrumentos públicos, los cuales hacen fe de sí y se prueban por sí mismos;
Que, por último, el monto de la multa de $ 50.000,00 impuesto por Resolución Nº 376/22 se encuentra
dentro del rango previsto por el Artículo 57 Inciso b del Decreto Nº 274/19 y se condice con los
antecedentes y constancias del expediente. La empresa resulta reincidente de conformidad a lo dispuesto
por el Artículo 59 del mismo cuerpo legal autorizándose a duplicar los límites en su mínimo y máximo de
las multas. Teniendo en cuenta el criterio de graduación plasmado por el artículo 58 del Decreto: “La
autoridad de aplicación graduará las sanciones en base a: la gravedad de la infracción; el daño causado a
todas las personas afectadas por la actividad prohibida; el beneficio obtenido por todas las personas
involucradas en la actividad prohibida; el efecto disuasivo; el valor de los activos involucrados al momento
en que se cometió la violación; la intencionalidad; la duración; la participación del infractor en el mercado;
el tamaño del mercado afectado; la duración de la práctica y los antecedentes del responsable, así como
su capacidad económica. La colaboración con la autoridad de aplicación en el conocimiento o en la
investigación de la conducta podrá ser considerada un atenuante en la graduación de la sanción”;
Que la Resolución N° 35, de fecha 2 de febrero de 2022, por medio de la cual la Secretaría de Comercio
Interior (“SCI”), actualizó el valor de la unidad móvil establecida en la Ley N° 27.442 de Defensa de la
Competencia (“LDC”) en AR$ 83,45 (pesos ochenta y tres con cuarenta y cinco centavos). En
consecuencia, la sanción de multa prevista en el inciso b) del artículo 57 del Régimen de Lealtad
Comercial, que se establece entre 1 y 10.000.000 de Unidades Móviles, puede ir desde AR$ 83,45 hasta
AR$ 834.500.000;
Que, por lo tanto, la sanción parece justa en su monto, en relación a la infracción concreta que se intenta
sancionar con la misma, atento a que pretende disuadir las conductas infractora;
Por todo lo expuesto y conforme con lo dictaminado por la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de
Producción y por Asesoría de Gobierno y lo establecido por el Artículo 45 de la Ley Nº 9003,
EL
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
Subsecretaria Legal y Técnica
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
D E C R E T A:
Artículo 1° - Acéptese en lo formal y rechácese en lo sustancial, por los motivos expuestos en los
considerandos precedentes, el Recurso Jerárquico interpuesto por la señora ELODIA VALERIANA
MILLÁN, en representación de la firma “MILLÁN SOCIEDAD ANÓNIMA”, CUIT Nº 33-50385092-9, contra
la Resolución Nº 1027/23 emitida por el ex Ministerio de Economía y Energía, actual Ministerio de
Producción, por lo que la misma queda firme en todos sus términos.
Artículo 2° - Comuníquese, publíquese, dése al Registro Oficial y archívese.
LIC. ALFREDO V. CORNEJO
LIC. RODOLFO VARGAS
S/Cargo
27/12/2024 (1 Pub.)
