DECRETOS

Decreto Nº 2436

Fecha de publicación
27 de diciembre de 2024
Fecha de la norma
25 de noviembre de 2024
Referencia documental
Boletín Nº 32.262 · páginas 23–33
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Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza

Decreto N°: 2436 MENDOZA, 25 DE NOVIEMBRE DE 2024 Visto el expediente EX-2023-05374368- -GDEMZA-DHIDRO#MEIYE en el cual se tramita el Recurso de Revocatoria, presentado por el apoderado de Petrolera Aconcagua Energía S.A., contra el Decreto Nº 2464 de fecha 26 de diciembre de 2022; y CONSIDERANDO: Que analizado por el Departamento Legal de la Dirección de Hidrocarburos, en orden 4, el escrito ha sido suscripto por apoderado debidamente acreditado, ha constituido domicilio legal (Artículo 125, Ley N° 3909) y ha sido presentado en fecha 31/01/2023, concluyéndose que el mismo ha sido interpuesto en tiempo y forma de ley. Que analizada la situación de litisconsorcio que se da entre las cotitulares, en cuanto el Decreto de Prórroga Nº 2464/2022, tiene efectos frente a todas las cotitulares del área Confluencia Sur y no obstante, ha sido recurrido por una sola de las cotitulares -Petrolera Aconcagua Energía S.A.- y consentido por la otra, YPF S.A., el recurso de reconsideración en análisis, modifica el decreto de prórroga para todas las cotitulares. Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial Subsecretaria Legal y Técnica Que el cuestionado Decreto N° 2464/2022 otorga una prórroga de la Concesión de Explotación de Hidrocarburos sobre el Área Confluencia Sur, a favor de las concesionarias, PETROLERA ACONCAGUA S.A. e YPF S.A. por el término de 10 años, con el objeto de realizar trabajos de explotación y desarrollo de hidrocarburos bajo el régimen previsto en el Decreto de Prórroga; Leyes Nros. 17319 y 26197; Ley Provincial N° 7526, sus normas reglamentarias y complementarias. Aclara la recurrente, que en ese punto no existe controversia y que consiente su vigencia; habiendo, al momento de esta presentación, efectuado el pago de la primera cuota del Bono de Prórroga establecido en el Artículo 2. Razona que habría sido la oferta ofrecida por los concesionarios la determinante a la hora de tomar la decisión de otorgar la prórroga solicitada. Sin embargo, el decreto se extralimitaría, poniendo, en cabeza de los concesionarios, obligaciones que van más allá de lo propuesto y lo dispuesto por la normativa aplicable para la materia. Que la recurrente ataca el Artículo 8° del Decreto que dispone: “Obligaciones con los superficiarios. El concesionario deberá indemnizar a los propietarios superficiarios por los perjuicios que les causare con sus actividades, en los términos y procedimientos establecidos en el Artículo 24 de la Ley Provincial N° 7526 y supletoriamente por lo establecido en los Artículos 66 y 100 de la Ley N° 17319. Deberá pagar, como mínimo el importe que fijan las resoluciones conjuntas que dictan la actual Secretaría de Energía de la Nación y la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, o los organismos que los sustituyan, informando al superficiario, previo a la realización de los trabajos, la individualización de todas las instalaciones y superficie afectada por la actividad que se desarrollará en el área de la concesión. En caso de incumplimiento de la obligación de indemnizar y de constatarse conductas que obstaculicen los derechos de superficiarios, la Autoridad de Aplicación podrá sancionar al Concesionario, conforme al régimen sancionatorio previsto en Artículo 28, Ley N° 7526.”. Luego de citar el Artículo 24 de Ley N° 7526, entiende que del mismo se desprendería que, sin perjuicio de que el Poder Ejecutivo pueda fijar los parámetros para determinar el canon de servidumbre aplicable, las partes podrían negociar libremente el mismo, y en caso de que no haya acuerdo entre ellas podrán someter judicialmente la controversia a fin de que el Poder Judicial determine el importe definitivo. Que afirma que el Artículo 8° del Decreto no solo contrariaría a la legislación provincial y nacional, sino que sería contrario a lo estipulado en la primera parte del artículo en cuanto a que este refiere que se debe indemnizar a los superficiarios de conformidad a lo dispuesto por la ley local y de forma supletoria, por la ley nacional, siendo que la normativa en cuestión (tanto provincial, como nacional) en ningún momento establece mínimos que deba seguir el Concesionario a fin de determinar el canon de servidumbre, sino que, por el contrario, disponen que cualquiera de las partes puede oponerse a los importes que fije el Poder Ejecutivo y en dicho caso podrán negociar libremente el canon, o en su defecto someter judicialmente la controversia para la determinación definitiva del mismo. Que, de esta manera, entiende que la Provincia se arrogaría facultades para definir los requisitos para la prórroga de concesiones en base a la interpretación que realiza del Artículo 12 de la Ley Provincial de Hidrocarburos, que reproduce lo establecido originalmente por el Artículo 35 de la Ley N° 17319, sin advertir que a partir de 2014 este último artículo fue modificado por Ley N° 27007 y que en su actual redacción, establece el régimen nacional y uniforme que se aplica en relación a la prórroga de concesiones (junto con los Artículo 58 bis y 59). Por lo que el Artículo 12 de la Ley Provincial (al igual que el Artículo 35 de la Ley N° 17319, en su redacción original) ya no tendrían vigencia. En consecuencia no es posible la determinación de un piso mínimo a fin de indemnizar a los superficiarios por lo que la no observancia de ello, bajo ningún punto de vista puede ser sancionada por la Autoridad de Aplicación, pues la propia normativa de forma expresa señala que cualquiera de las partes puede oponerse a los importes que fije el Poder Ejecutivo. Que en definitiva, entiende la recurrente, que la normativa permitiría a las partes negociar libremente el canon de servidumbre, y en caso de que ello no sea posible, se debe acudir a la justicia para que esta efectúe la fijación definitiva. Afirma que el Artículo 8° contrariaría todo ello, imponiéndole a los Concesionarios obligaciones superiores a las exigidas por la legislación aplicable en la materia. Solicita la revocación del mismo en los términos desarrollados. Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial Subsecretaria Legal y Técnica Que no asiste razón a la recurrente y que se considera corresponde confirmar en todos sus términos el Artículo 8° en crisis, por los argumentos que se consideran a continuación. Que considerado el marco legal: Ley N° 17319: Artículos 66; 98 inc. h. (Primer párrafo sustituido por Artículo 108 de la Ley N° 27444 B.O. 18/6/2018) y 100, en primer lugar, el Artículo 66 reconoce a las petroleras el derecho a la ocupación de la propiedad superficial sobre sus áreas concesionadas, remitiendo al marco legal de nuestro Código de Minería, para regular la relación entre superficiarios y petroleras. El citado Código, después de declarar la actividad extractiva de utilidad pública (Artículo 13) reconoce a los superficiarios el derecho a la indemnización previa, por el uso del suelo, que hará la petrolera, reglamentando algunos aspecto de esa relación, entre ellos, la posibilidad que tendrá la petrolera de obtener de parte del Estado, una servidumbre administrativa, para el caso de oposición del propietario al uso de su suelo. Es decir, nuestro régimen hidrocarburífero, establece un desmembramiento del derecho de la propiedad superficial, limitando los derechos de la propiedad superficial, desde el mismo momento en que el Estado, en el ejercicio de su poder concedente, ha adjudicado un área, y consecuentemente, la superficie que ella abarca, a la actividad hidrocarburífera. Que en segundo lugar, el Artículo 100 de la Ley N° 17319, establece la obligación de las petroleras de indemnizar a propietarios superficiarios, por el uso de esta propiedad superficial, lo que es una lógica consecuencia del derecho de propiedad (Artículo 19 CN). Luego enumera los derechos de los propietarios superficiarios: demandar judicialmente la fijación de los importes o aceptar los que determina el Poder Ejecutivo. Aclara el artículo, que la opción del propietario superficiario es optativa y excluyente. Que ha de advertirse que la ley, otorga al superficiario el derecho de aceptar. Y, para que haya una aceptación, debe necesariamente haber una oferta, que la ley impone en forma tácita a la petrolera. En efecto, el término usado por el legislador, no permitiría otra interpretación. No obstante, seguiremos analizando el marco legal, para mayor claridad. Que el Artículo 98 inc. h, faculta al Poder Ejecutivo a Fijar las compensaciones reconocidas a los propietarios superficiarios. Si esas indemnizaciones son reconocidas a los propietarios superficiarios, no puede depender de la voluntad de la petrolera ofrecerlas o no, sino que es facultad del superficiario aceptarlas o no por cuanto la ley, ya las ha reconocido a favor del superficiario. Que en otro orden, la Ley N° 27444 limitó las facultades del Poder Ejecutivo Nacional al ámbito de su competencia. Y la Provincia de Mendoza, en el ejercicio de las facultades reconocidas por Ley N° 26197, las definió igualmente en los montos que fije el Poder Ejecutivo Nacional. Que el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 6803/1968, reglamentario también del citado Artículo 98, establece: “VISTO la necesidad de reglamentar la Ley 17.319 en lo referente a las indemnizaciones exigibles a permisionarios y concesionarios por perjuicios ocasionados en los fundos superficiarios (artículo 100); y… Artículo 1º — La determinación administrativa —con carácter zonal o general— de los importes correspondientes a perjuicios indemnizables causados a fundos superficiales por permisionarios y concesionarios, será efectuada de conformidad con lo que establecen los artículos 98, Inc. h) y 100 de la Ley 17.319 y la presente reglamentación. Art. 2º — Los importes que se determinen de conformidad a lo establecido en el Artículo 1º serán elaborados cada DOS (2) años de acuerdo a la variación de los costos de producción considerados para su determinación, que elaborará a tal efecto el Servicio Nacional de Economía y Sociología Rural, dependiente de la SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA. Los valores que surjan de la determinación bianual se actualizarán mensualmente, con fechas del 1º de cada mes, en base a los índices de variación de precios de los productos que en cada caso corresponda. (Artículo sustituido por art. 1º del Decreto Nº 2117/1990 - B.O. 18/10/1990.) Art. 3º — La autoridad de aplicación de la Ley 17.319 tendrá a su cargo —cuando las partes de común acuerdo lo soliciten— la fijación del valor de los perjuicios cuyo importe no se hubiere establecido anticipadamente.” Que en consonancia con ello, el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 861/1996, también reglamentario, determina los valores indemnizatorios en las tierras de secano de las zonas cuyana y Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial Subsecretaria Legal y Técnica neuquina, y dispone: “Art. 37. -Las indemnizaciones establecidas en el presente Decreto en concepto de gastos de control y vigilancia serán devengadas desde el día que se ingrese a la UNIDAD DE SUPERFICIE para el comienzo de los trabajos. Hasta el levantamiento de las instalaciones. Las indemnizaciones establecidas en el presente Decreto en concepto de lucro cesante y daños emergentes inherentes a las actividades descriptas en el Artículo 1° del presente Decreto, serán devengadas desde el día en que se ingrese a la UNIDAD DE SUPERFICIE para el comienzo de los trabajos. Hasta CINCO (5) años después de levantadas las instalaciones, salvo para las previstas en el Artículo 19 del presente Decreto para el relevamiento sismográfico, que se pagará por una sola vez: y mientras duren los trabajos. Art. 38.-Los pagos que deban realizarse como consecuencia de la aplicación del presente Decreto para TIERRAS DE SECANO deberán hacerse efectivos, por esta única vez, dentro de los QUINCE (15) días contados a partir de la fecha de vigencia del mismo. En lo sucesivo se efectuarán dentro de los CINCO (5) días hábiles siguientes al último día del mes que corresponda la indemnización, salvo convención en contrario, devengándose en caso de mora un interés equivalente al que aplique el BANCO DE LA NACION ARGENTINA en sus operaciones de descuento. Art. 39. Cuando la ocupación de un predio cause perjuicios no previstos en el presente Decreto, se deberán abonar las indemnizaciones establecidas precedentemente, sin que ello obste a que los afectados reclamen independientemente el resarcimiento adicional correspondiente pudiendo optar, a este último efecto, por el procedimiento estipulado en el Artículo 3° del Decreto N° 6803 del 28 de octubre de 1968.” Que del mismo decreto reglamentario, surge la exigibilidad de esos importes, fijados o determinados por el Poder Ejecutivo, dejando librado, al común acuerdo, la fijación del valor de los perjuicios, cuyo importe no se hubiere establecido anticipadamente o cuando el superficiario no estuviere de acuerdo. El Decreto N° 861/1996, establece y determina las indemnizaciones, las clasifica y define, según la actividad que se desarrolle y el tipo de zona donde se encuentre el predio, dejando a los afectados el derecho de reclamar un resarcimiento adicional, por los perjuicios no previstos en el decreto. Que la Ley Provincial de Hidrocarburos N° 7526, dispuso en el Artículo 24: “Los permisionarios y concesionarios instituidos en virtud de lo dispuesto por esta Ley, a los efectos del ejercicio de sus atribuciones, tendrán los derechos acordados por el Código de Minería en los artículos 42, 48, siguientes y concordantes de ambos, respecto de los inmuebles de propiedad fiscal o particular ubicados dentro o fuera de los límites del área afectada por sus trabajos. Las pertinentes tramitaciones se realizarán por intermedio de la Autoridad de Aplicación debiendo comunicarse a las autoridades mineras jurisdiccionales, en cuanto corresponda, las resoluciones que se adopten. Los permisionarios y concesionarios deberán contar, para desarrollar cualquier actividad, con la expresa autorización del propietario del terreno y responder por cualquier daño que ocasionen. Deberán indemnizar integralmente a los propietarios superficiarios, sean privados o fiscales, por la utilización y por los perjuicios que se causen a los inmuebles afectados por las actividades de aquéllos, y abonar la servidumbre que se constituya en los mismos. La oposición del propietario a la ocupación misma, o su falta de acuerdo con las indemnizaciones fijadas, en ningún caso será causa suficiente para suspender o impedir trabajos autorizados por la Autoridad de Aplicación, siempre que los permisionarios o concesionarios afiancen satisfactoriamente los eventuales perjuicios, o que hayan violado procedimientos legales. Los plazos, montos y zonificaciones para realizar el cálculo de los pagos indemnizatorios o servidumbres serán fijados por el Poder Ejecutivo a través de la reglamentación pertinente. Si alguna de las partes no los aceptara, podrán fijar de mutuo acuerdo otros valores o acudir a una instancia de negociación convocada por la Autoridad de Aplicación, conforme lo establezca la reglamentación. En caso de no alcanzarse un acuerdo, cualquiera de las partes podrá demandar judicialmente la fijación de los importes, debiéndose pagar el importe establecido por el Poder Ejecutivo, hasta tanto se fije judicialmente el nuevo monto correspondiente.” Que a su vez, el Decreto Provincial N° 1864/2011 dispuso: “Artículo 1º - Dispóngase que los plazos, montos, zonificaciones para realizar el cálculo de los pagos indemnizatorios y/o servidumbres a que refiere el Artículo 24 de la Ley Provincial Nº 7526, serán calculados a partir de lo establecido por el Decreto 861/96 del Poder Ejecutivo Nacional, sus complementarios y/o modificatorios.” Que en igual sentido, el Artículo 24 de la Ley Provincial N° 7526 impone al permisionario o concesionario Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial Subsecretaria Legal y Técnica una obligación de pago del canon indemnizatorio por servidumbres; en caso de no alcanzar un acuerdo cualquiera de las partes podrá demandar judicialmente la fijación del importe, siendo su obligación intertanto el pago del importe fijado por el Poder Ejecutivo. Y el Artículo 31º establece que compete al Poder Ejecutivo, en forma privativa, la decisión, entre otras cuestiones, de fijar las compensaciones reconocidas a los propietarios superficiarios. Que así, hasta tanto se fije judicialmente un nuevo monto se debe pagar el fijado por el Poder Ejecutivo, que en este caso es el que establece el Decreto N° 1864/2011 el cual dispone que los plazos, montos, y zonificaciones para realizar el cálculo de los pagos indemnizatorios y/o servidumbres a que refiere el Artículo 24 de la Ley Provincial Nº 7526, serán calculados a partir de lo establecido por el Decreto N° 861/1996 del Poder Ejecutivo Nacional, sus complementarios y/o modificatorios. Que además, la misma reglamentación expresa que estas indemnizaciones son “fijadas” y se devengan desde el ingreso de la petrolera. Por ende, el superficiario, siempre tendrá derecho a recibir, como mínimo los montos establecidos en esta reglamentación. Que la Ley N° 7526 no modifica los derechos y deberes que la Ley Nacional Nº 17139 y su reglamentación establecen en cabeza de superficiarios y concesionarios y corresponde a la Autoridad de Aplicación hacer observar las disposiciones legales relativas a todo el marco legal de la concesión, incluido el deber de permisionarios y concesionarios de indemnizar a los superficiarios. Que en conclusión, el Artículo 8° del decreto de prórroga, hace una aplicación del marco legal, que la Autoridad de Aplicación, en el ejercicio del poder concedente, no puede dejar de observar. Se rechazan los argumentos de la recurrente y se confirman los términos del Artículo 8° del Decreto. Que la recurrente ataca también el Artículo 9° del Decreto que dispone: “PROTECCIÓN MEDIO AMBIENTE. Auditoría Ambiental. Plan de Saneamiento. El concesionario deberá presentar a la Autoridad de Aplicación Ambiental, dentro de los cuatro (4) meses posteriores a la publicación del Decreto de Prórroga, una Auditoría Ambiental, en los términos establecidos por la Ley Provincial N° 5961, sus decretos reglamentarios N° 437/93 y 170/08 y la Resolución N° 25/04 de la ex Secretaría de energía de la Nación, haciéndose cargo de sus costos y gastos en los términos de este artículo. El mismo consistirá en la recolección de datos primarios, muestreo e identificación de pasivos bajo el punto de vista ambiental, y su respectivo plan de trabajo y cronograma de tareas de saneamiento de los pasivos ambientales existentes. Dicha labor ambiental será a costa del concesionario el cual deberá incluir las técnicas, los plazos, el responsable, los profesionales intervinientes, los recursos económicos y los indicadores ambientales estandarizados para el monitoreo de los recursos a sanear. El plazo de duración de dicha labor ambiental deberá ser presentado por el concesionario a la Autoridad de Aplicación Ambiental y aprobado por esta, a efectos de colocar el pasivo ambiental existente dentro de los niveles de concentración permisibles establecidos por la normativa municipal, provincial o nacional vigente, adoptando la más rigurosa entre ellas, o lo que correspondiera por aplicación de análisis de riesgo fundamentado en guías están-dares y procedimientos de reconocimiento internacional y adecua-dos para el escenario en cuestión (Standard Guide for Risk Based Corrective Action - RBCA- EPA(ASTM) para sitios contaminados con hidrocarburos y sus derivados) , salvo que existan impedimentos debidamente comprobados lo cual deberá ser informado a la Autoridad de Aplicación Ambiental para considerar su prórroga. Una vez finalizado dicho plazo deberá presentar a la Autoridad de Aplicación Ambiental, dentro de los (45) días corridos contados a partir de la fecha de finalización del saneamiento de los pasivos ambientales, un Informe Ambiental que releve el correcto saneamiento de los pasivos ambientales. El concesionario deberá llevar un registro actualizado del saneamiento de sus pasivos ambientales y su correspondiente remediación, el cual deberá estar disponible ante el requerimiento de la Autoridad de Aplicación Ambiental y cumplimentar los requerimientos del Departamento General de Irrigación. Se consideran pasivos ambientales: todas las afectaciones al ambiente que resulten de hechos o acciones vinculados a la actividad hidrocarburífera que se haya desarrollado en el área de la concesión y la que desarrolle el concesionario por sí o por terceros, que importen derrames y/o cualquier otro impacto que afecte al recurso agua, suelo, subsuelo, aire, flora, fauna y paisaje, generados en el área de la concesión, Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial Subsecretaria Legal y Técnica independientemente de cuándo se conozcan. En el caso que el concesionario no realice las tareas de saneamiento y las remediaciones que correspondan en cumplimiento del cronograma presentado, conforme lo establecido en el presente decreto, la Autoridad de Aplicación podrá proceder a la clausura preventiva de la instalación y estará facultada a requerir en forma directa y sin trámite previo alguno la realización, con cargo al concesionario, de todos los trabajos contemplados en el cronograma y el afianzamiento de los mismos. Ello sin perjuicio de las acciones judiciales que correspondan, y la aplicación de sanciones, que no eximirá al concesionario de la obligación de remediar los daños ambientales ocasionados en el sitio. Seguro Ambiental. El concesionario deberá contratar un seguro ambiental conforme al Artículo 22 de la Ley General del Ambiente Nº 25.675 y resoluciones reglamentarias de la autoridad competente en la materia, con una empresa de primera línea, aprobado por la Superintendencia de Seguros de la Nación” Que la recurrente razona que las obligaciones que se ponen en cabeza de los concesionarios a través de este artículo excederían sustancialmente a las disposiciones contenidas por la normativa aplicable en la materia, motivo por el cual no corresponda que se exijan las mismas. Entiende que la auditoría ambiental, el plan de saneamiento y el seguro ambiental que exige el Artículo 9 resulta incompatible con el régimen establecido por el Decreto N° 170/2008 al que hace referencia el propio artículo en cuestión, el cual únicamente exige un informe inicial e informes de situación. Solicita se revoque lo dispuesto por el Artículo 10° del Decreto y se readecúe el mismo en consistencia con el régimen ambiental aplicable para la materia. Que asiste razón a la recurrente y no resulta congruente el citado artículo con lo dispuesto en Decreto N° 170/2008. Se revoca el Artículo 9° y se reemplaza por el siguiente texto: El CONCESIONARIO deberá dar cumplimiento a los términos establecidos por la Ley General del Ambiente, Ley Provincial Nº 5961, sus decretos reglamentarios Nros. 437/1993 y 170/2008 y demás normativa ambiental que los modifiquen o complementen. Que se levanta también contra lo impuesto en el Artículo 10° del Decreto que dispone: “El Concesionario, tendrá a su cargo el pago del Aporte Obligatorio, a partir de los dos meses siguientes a la vigencia del presente decreto, que consiste en la provisión a la Dirección de Hidrocarburos de un vehículo tipo Ford Ranger 2.2 – Cabina Doble – Tracción 4x4, alquilado y reemplazado cada dos (2) años o cada cien mil kilómetros (100.000 km), que será afectado a las actividades de control, que la AUTORIDAD DE APLICACIÓN considere, relacionadas con la actividad hidrocarburífera dentro de la Provincia de Mendoza”. Que la recurrente argumenta que los concesionarios, en su oferta, formularon su propuesta de Canon de Extensión y de Regalías aplicables para el nuevo plazo en caso de que la prórroga fuese concedida. Por el primer concepto, se propuso la suma de US$ 1.177.580,00 a ser abonados en cuotas mensuales, iguales y consecutivas desde la fecha del decreto hasta el mes de diciembre de 2023. Por su parte en concepto de Regalías se propuso incrementar la alícuota de las mismas en un punto adicional al valor del periodo original de la concesión del Área, motivo por el cual se ofreció en tal concepto el 13%. Considera que la obligación impuesta a los Concesionarios por el Decreto en su Artículo 10 no correspondería toda vez que en la oferta definitiva no se habría contemplado dicha propuesta. Reconoce que esta posibilidad fue motivo de intercambio de opiniones, que al momento de su concreción, no se habría incluido. Agrega que el borrador de decreto elaborado inicialmente y como parte del dictamen legal del 23/08/22 no se incluía dicho aporte, es decir ya se consideraba procedente el pedido de prórroga con los elementos ya incorporados al expediente y a partir de la petición de los Concesionarios. En otras palabras, alega que el decreto estipula obligaciones en cabeza de los Concesionarios que se extralimitarían a lo ofrecido por ellos al momento de solicitar la prórroga de la concesión del Área. Entiende que no existiría normativa alguna que faculte a la Provincia a disponer discrecionalmente en cabeza de los Concesionarios la obligación del cumplimiento del pago del Aporte Obligatorio establecido en el decreto. Y solicita que se resuelva dejar sin efecto y/o derogar al Artículo 10° del decreto. Que conforme surge de los considerandos del Decreto en crisis, el Aporte Obligatorio responde al Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial Subsecretaria Legal y Técnica “fortalecimiento institucional de la Autoridad de Aplicación, que ejerce la actividad de control de la actividad que despliega el Concesionario, para avanzar en la ampliación de la capacidad de las instituciones públicas para resolver y gestionar eficazmente los conflictos asociados al desarrollo de los sectores extractivos, tal como lo propone la CEPAL y como herramienta para alcanzar las metas descritas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS 16) de la Agenda 2030, de los estados miembros de Naciones Unidas”. Que se entiende que; en primer lugar, la obligación no debe necesariamente nacer de una oferta de las concesionarias que solicitaron la prórroga. Que además, yerra la recurrente cuando razona que ya se consideraba procedente el pedido de prórroga con los elementos ya incorporados al expediente en el borrador del decreto elaborado inicialmente y como parte del dictamen legal del 23/8/22. En efecto, el análisis de la asesoría letrada, es un análisis parcial y aún la petición de prórroga no había sido considerada, formalmente, por el Sr. Director de Hidrocarburos, quien realiza un análisis de oportunidad, mérito y conveniencia. Que podemos advertir que en las actuaciones donde tramitó la prórroga, cuando las actuaciones se pasan a consideración del Sr. Director de Hidrocarburos, éste, solicita se incorpore al decreto proyectado, el Aporte Obligatorio que habían ofrecido los representantes legales de PETROLERA ACONCAGUA ENERGIA S.A., en sus correos remitidos en fecha 22/10/2022 y 10/11/2021, al Sr. Director, el que consistía en la provisión a la Dirección de Hidrocarburos de un vehículo tipo Ford Ranger 2.2 – Cabina Doble – Tracción 4x4, alquilado y reemplazado cada 2 años o 100 mil km, con el objetivo de contar con el vehículo para inspección del área a lo largo de la concesión, por la Autoridad de Aplicación. Que la misma Asesoría tuvo oportunidad de expedirse analizando la propuesta de prórroga, suscripta por las concesionarias PETROLERA ACONCAGUA ENERGIA S.A. e YPF S.A., NO-2022-01669843-GDEMZA- DHIDRO#MEIYE, incorporada en el Orden 2, en dictamen que se encuentra incorporado en el Orden 17, IF-2022-05860705-GDEMZA-DHIDRO#MEIYE y volvió a considerar lo solicitado por el Sr. Director en el dictamen obrante en el Orden 23, ACTO-2022-06482216-GDEMZA-DHIDRO#MEIYE. En ese dictamen, se explicó que se incorporaron al decreto de prórroga proyectado, determinadas cláusulas que se consideró conveniente prever en el decreto de otorgamiento de la prórroga, cláusulas que se entendieron convenientes para dar claridad al marco normativo de la prórroga otorgada, considerando que la concesión que se busca prorrogar, se originó en una concesión anterior al dictado de las Leyes Nros. 26197, 27007, 7526 e incluso anterior al dictado de la Reforma Constitucional de 1994. Que se fundamentó la incorporación de las cláusulas proyectadas en la potestad de otorgar las prórrogas de la Provincia de Mendoza en el ejercicio del poder concedente, atribuido a tenor del Artículo 124 CN y Ley N° 26197, que podrá disponerla cuando constate el cumplimiento de las condiciones establecidas en la ley Nacional de Hidrocarburos y además, valore, en ejercicio de sus potestades discrecionales, que se conforma al interés público otorgarlas. Entre tales facultades discrecionales, se han considerado condición necesaria del otorgamiento de la prórroga, la imposición del Aporte Obligatorio analizado. Que se analizó la solicitud del Director de Hidrocarburos, que pedía incorporar al decreto de prórroga, la propuesta de la concesionaria PETROLERA ACONCAGUA ENERGIA S.A., remitida en dos ocasiones, en un correo del día 22/10/2021, en un documento caratulado PROPUESTA DE EXTENSIÓN DE CONCESIÓN CONFLUENCIA SUR PETROLERA ACONCAGUA ENERGIA S.A, en el cual en un subtítulo, Propuesta Fortalecimiento Institucional, ofrecía comprometer un aporte para el fortalecimiento institucional de la Dirección de Hidrocarburos: la provisión de un vehículo tipo Ford Ranger 2.2 – Cabina Doble – Tracción 4x4, y en una segunda presentación, en fecha 10/11/2021, en un documento caratulado Respuesta a Consultas - Propuesta de Extensión Confluencia Sur Concesión: Confluencia Sur, aceptaba que el vehículo ofrecido sea alquilado y reemplazado cada 2 años o 100 mil km, con el objetivo de contar con el vehículo para inspección del área a lo largo de la concesión. Que se dijo que “dicha propuesta, si bien fue ofrecida por una de las concesionarias cotitulares, en esta Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial Subsecretaria Legal y Técnica etapa precontractual de negociación de la prórroga, fue considerada también conveniente y necesaria para el otorgamiento de la prórroga, resultando el mencionado aporte una herramienta de fortalecimiento institucional de la Autoridad de Aplicación de la Ley N° 17319, en la Provincia de Mendoza, como es la Dirección de Hidrocarburos. “ Se dijo también que era oportuno considerar que la Provincia de Mendoza, en el ejercicio de su poder concedente, tenía derecho a imponer determinadas condiciones, dentro de un juicio de razonabilidad y conveniencia. Así, podía determinar la liquidación de algún concepto para fortalecimiento institucional, para responsabilidad social empresaria, para fortalecimiento de las economías locales, a los términos del Artículo 99 de la Ley N° 17319, tratándose de pagos o contribuciones vinculados a la obtención de permisos y concesiones, en el ejercicio de su poder concedente. Que el citado Artículo 99 dispone: “Los fondos que la autoridad de aplicación recaude por aplicación de esta ley en concepto de regalías, cánones, sumas comprometidas y no invertidas, multas y otros pagos o contribuciones vinculados con la obtención de permisos y concesiones, serán destinados por dicha autoridad en forma directa a solventar los gastos derivados del ejercicio de las funciones que se le atribuyen y a la promoción de actividades mineras, incluidas las vinculadas con hidrocarburos, sin perjuicio de los recursos que presupuestariamente se le asignen.” Es decir, la misma Ley Nacional de Hidrocarburos, permite a la Autoridad Concedente, en el ejercicio de su poder concedente, que no es sino el ejercicio de su derecho a decidir si convoca a un llamado a licitación sus áreas libres o si prorroga una concesión de explotación a favor de las concesionarias que lo soliciten, exigir pagos o contribuciones, vinculados a ese momento del otorgamiento de permisos, concesiones y necesariamente de prórrogas. E incluso, la ley dispone el destino que se dará a esos fondos obtenidos, cual es solventar los gastos derivados de las funciones que se le atribuyen. Que en otro orden, el Artículo 12 de nuestra Ley N° 7526, expresamente dispone: “Las concesiones de explotación tendrán una vigencia de veinticinco (25) …el poder ejecutivo podrá prorrogarlas por hasta diez (10) años, en las condiciones que se establezcan, al otorgarse la prorroga…” Dicho artículo, que podría verse en contradicción normativa en cuanto a los plazos que fija, por la modificación del artículo 35 de la Ley N° 17319 (Ley N° 27007) que incorporó plazos especiales para concesiones no convencionales y off shore, no afecta ni modifica sin embargo, la facultad provincial, derivada de su poder concedente, de establecer condiciones para el otorgamiento de la prórroga, conforme lo autoriza el mismo Artículo 99, Ley N° 17319. Que así, el Aporte Obligatorio exigido en el decreto de prórroga, se impuso como una condición necesaria y conveniente, considerando a la buena gobernanza destinada a convertirse en el principal instrumento, frente a la necesidad de fortalecer la capacidad de las instituciones públicas para resolver y gestionar eficazmente la competencia por recursos escasos en zonas específicas del territorio nacional, cautelando los derechos entre distintos actores, y el cumplimiento de las salvaguardas legales vigentes. Que se justificó también, la necesidad del aporte, (la prestación de un vehículo 4x4) para desarrollar las actividades de seguimiento y control de la actividad hidrocarburífera en la provincia. Es decir, también se cumple con el destino que exige la Ley Nacional de Hidrocarburos, en cuanto se tratan de contribuciones para solventar los gastos derivados de las funciones que se le atribuyen a la Autoridad de Aplicación. Que se explicó que además del recurso humano, se requiere de bienes, instalaciones, y entre ellos, los vehículos de movilidad para que los inspectores puedan realizar la tarea de control que le encomendaba en la entonces vigente Ley Ministerial N° 9206, Artículo 15, en las zonas de los yacimientos. En la citada ley, ahora reemplazada por Ley N° 9501 se dispone que le corresponde ejercer el control técnico, operativo y económico de la producción de petróleo y gas en las áreas concesionadas, permisionadas, a permisionarse y/o concederse y desarrollar las tareas de control de cantidad, calidad, y ubicación de las fuentes respectivas de la producción de hidrocarburos, entre otras actividades. Que se consideró que existen múltiples razones que fundamentan la imposición de este Aporte Obligatorio, además de la circunstancia de que fue ofrecido por una de las cotitulares, en la etapa de negociación de la prórroga, resulta un modo concreto y significativo de compeler a las concesionarias, de aportar al Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial Subsecretaria Legal y Técnica fortalecimiento de la Autoridad de Aplicación y en consecuencia al interés público de la Provincia, independientemente del valor económico del aporte, que se entiende no puede ser significativo como para perjudicar el dinamismo de la inversión, pero sí colabora con el fortalecimiento de la autoridad, lo que le permite pasar el juicio de razonabilidad y conveniencia. Que la apelante argumenta que finalmente, el aporte obligatorio no fue parte de la oferta de prórroga, la cual habría sido considerada conveniente igualmente. Al respecto, la Provincia, puede imponer estas condiciones, conforme al Artículo 99 de la Ley N° 17319 y además, la conveniencia es analizada por todos los organismos del estado y los dictámenes e informes son preparatorios de la voluntad del estado, ya que el acto administrativo resulta un acto complejo, en cuanto la voluntad administrativa se conforma con la intervención de distintos organismos del estado y en el caso, fue la misma Dirección de Hidrocarburos, quien analizó y observó el primer proyecto, que no consideraba el aporte en cuestión. Por ende, en atención a lo expuesto, se rechaza el recurso en este aspecto y se confirma el aporte obligatorio impuesto en el Artículo 10 del Decreto Nº 2464/2022. Que la recurrente ataca también el Artículo 12° del decreto en crisis, el cual dispone: “Respecto de todos los pozos perforados en el área de la concesión, con anterioridad o durante la concesión o su prórroga, independientemente de la persona que los haya perforado, previo a la reversión del área, deberán encontrarse en estado de abandono definitivo conforme la reglamentación vigente. El tratamiento que dará la Autoridad de Aplicación es el previsto en la Resolución de la entonces Secretaría de Energía de la Nación N° 5/96 o la que en el futuro la reemplace. El plan de saneamiento de pasivos ambientales, es independiente de la obligación de abandono de los pozos.” Que la recurrente afirma que el Artículo 12°, en la redacción propuesta en el Decreto, se apartaría sustancialmente de lo dispuesto por las normas y procedimientos para el abandono de pozos de hidrocarburos establecido a través de la Resolución 5/1996 de la ex Secretaría de Energía, Transporte y Comunicaciones de la Nación. Argumenta que el decreto resuelve que se deberá proceder al abandono definitivo de todos los pozos existentes en el Área previo a la reversión de la misma. Sin embargo, el procedimiento específico en la materia previsto a través de la resolución difiere notoriamente de lo exigido por el artículo aquí recurrido. Pone de resalto que, a diferencia del decreto, los procedimientos dispuestos por la resolución no estipularían la obligatoriedad de que se realice el abandono de todos los pozos de forma automática al momento de la finalización del plazo de la concesión. Cita el Capítulo I “Disposiciones Generales” del Anexo de la Resolución N° 5/1996, de la entonces Secretaría de Energía de la Nación. Entiende que se desprendería de lo expuesto, que el abandono definitivo total o parcial de los pozos, sólo debería llevarse adelante en los casos en los cuales la Autoridad de Aplicación objete el informe técnico- económico al que se hace referencia. Solicita la readecuación del Artículo 12° en línea con lo establecido por los procedimientos estipulados por la resolución. Que la Resolución SEN N° 5/1996, en sus Disposiciones Generales (Capítulo I) dice: 6 — A partir del dictado de la presente Resolución, todo pozo que se perfore, en áreas de exploración o de explotación, deberá ser categorizado de conformidad con lo establecido en el Capítulo II, y si correspondiere, abandonado en forma Temporaria o Definitiva inmediatamente. Y en el CAPITULO II establece las CATEGORIAS DE POZOS: EN FUNCION DE SU UBICACIÓN; EN FUNCION DE SU ESTADO; Pozos Activos. B. 2 — Pozos Inactivos Pozos Abandonados y C) EN FUNCION DE SU NIVEL DE PRIORIDAD: Prioridad 1; Prioridad 2; Prioridad 3; Prioridad 4. Y en el CAPITULO III, se reglamentan los PLAZOS PARA EL ABANDONO DE LOS POZOS que permanezcan calificados como "A Abandonar" o inactivos en condiciones de ser abandonados, de acuerdo a lo establecido en el Capítulo I. Los plazos van desde (5) años. ( pozos de la Categoría A.1 Y pozos prioridad 1), 10 años, pozos de Categoría A.2 y los pozos calificados como de prioridad 2 y 3) y 15 años pozos de Categoría A.3 y los pozos calificados como de Prioridad 4. Que además, en el CAPITULO I, caratulado: DISPOSICIONES GENERALES, establece: 1 — Se establecen DOS (2) tipos de abandono de pozos, de hidrocarburos..: El TEMPORARIO y el DEFINITIVO, correspondiendo al concesionario de explotación y/o permisionario de exploración, en base a razones Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial Subsecretaria Legal y Técnica técnicas, comerciales y/u operativas, determinar el tipo de abandono a efectuar. 2 — Un pozo podrá ser abandonado en forma Temporaria, cuando a juicio del concesionario de explotación o permisionario de exploración, existan razones fundamentadas, que hagan previsible su reutilización en el tiempo. 3 — El abandono de pozos en ejidos urbanos, será siempre de carácter Definitivo. 4 — CUATRO (4) años antes de expirar una concesión de explotación, o al momento de producirse la reversión total o parcial de un área de exploración, el concesionario o permisionario presentará a la Autoridad de Aplicación, un estudio técnico- económico donde fundamente las razones por las cuales no resulta conveniente el abandono definitivo o temporario, de cada uno de los pozos inactivos existentes en el área a entregar. En caso de existir objeciones de la Autoridad de Aplicación al estudio técnico-económico presentado, sobre alguno o sobre todos los pozos, el concesionario o permisionario realizará el abandono temporario o definitivo de todos los pozos objetados antes de la devolución del área. Que de la lectura de la norma puede entenderse como principio general, que todo pozo debe ser abandonado en forma Temporaria o Definitiva inmediatamente, si correspondiere; que un pozo inactivo, no podrá mantenerse más de 5, 10 o 15 años, sin abandonar, según la categoría del pozo y que 4 años antes de expirar una concesión de explotación, o al momento de producirse la reversión total o parcial de un área, de un permiso de exploración, el concesionario o permisionario deberá abandonar todo pozo inactivo. También que la excepción a esta norma general es que el concesionario o permisionario justifique frente a la Autoridad de Aplicación, mediante un estudio técnico-económico, las razones por las cuales no resulta conveniente el abandono definitivo ni temporario y que la Autoridad de Aplicación, no tenga objeciones, al estudio técnico económico presentado. Si está objetado, el concesionario o permisionario deberá abandonar, según considere la Autoridad de Aplicación. Que el artículo en crisis (Artículo 12°) ha buscado, sintetizar y plasmar todos estos principios individualizados de la Resolución SE 5/1996. La expresión, “… previo a la reversión del área, deberán encontrarse en estado de abandono definitivo conforme la reglamentación vigente.”, puede resultar confusa, ya que no corresponde, en ese momento, el abandono de pozos activos en producción y además, la reglamentación permite una excepción: que la petrolera presente un estudio técnico económico que justifique la conveniencia de no abandonarlo, siempre que la Autoridad de Aplicación no tenga objeciones a ese estudio presentado. Que, por ende, se considera procedente el recurso en este aspecto y corresponde modificar el primer párrafo del artículo 12°, en los siguientes términos: “Todos los pozos perforados en el área de la concesión, previo a la reversión del área, deberán encontrarse categorizados, y presentar su estado, conforme a la reglamentación vigente. El tratamiento que dará la Autoridad de Aplicación es el previsto en la Resolución de la entonces Secretaría de Energía, Transporte y Comunicaciones de la Nación N° 5/96 o la que en el futuro la reemplace. El plan de saneamiento de pasivos ambientales, es independiente de la obligación de abandono de los pozos.” Que por todo lo expuesto puede concluirse que, corresponde: acoger en lo formal y acoger parcialmente, en lo sustancial, el Recurso de Revocatoria presentado por PETROLERA ACONCAGUA ENERGIA S.A., según el siguiente detalle: confirmar los términos de los Artículos 8° y 10° del Decreto; modificar el Artículo 9° y 12° en los términos expuestos. Que han tomado la debida intervención, la Asesoría Letrada de la Dirección de Hidrocarburos, la Dirección de Asuntos Jurídicos del entonces Ministerio de Economía y Energía hoy Ministerio de Energía y Ambiente, la Asesoría de Gobierno y Fiscalía de Estado. Que el presente acto se dicta de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 124 de la Constitución Nacional, Artículos 1º de la Constitución Provincial, la Ley Nacional Nº 17319 y modificatorias y Nº 26197, Leyes Provinciales Nros. 7526, 9003 y 9501. Por todo lo expuesto, Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial Subsecretaria Legal y Técnica EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DECRETA: Artículo 1º - Acéptese en lo formal el Recurso de Revocatoria presentado por Petrolera Aconcagua Energía S.A., contra el Decreto Nº 2464/2022 y acójase parcialmente, en lo sustancial, según lo dispuesto en los apartados siguientes. Artículo 2º - Revóquese el Artículo 9° del Decreto N° 2464/2022 y modifíquese por los siguientes términos: “El CONCESIONARIO deberá dar cumplimiento a los términos establecidos por la Ley General del Ambiente, Ley Provincial Nº 5961, sus Decretos Reglamentarios Nros. 437/1993 y 170/2008 y demás normativa ambiental que los modifiquen o complementen.” Artículo 3° - Revóquese el Artículo 12° del Decreto N° 2464/2022 y modifíquese por los siguientes términos: “Todos los pozos perforados en el área de la concesión, previo a la reversión del área, deberán encontrarse categorizados, y presentar su estado, conforme a la reglamentación vigente. El tratamiento que dará la Autoridad de Aplicación es el previsto en la Resolución de la entonces Secretaría de Energía, Transporte y Comunicaciones de la Nación N° 5/1996 o la que en el futuro la reemplace. El plan de saneamiento de pasivos ambientales, es independiente de la obligación de abandono de los pozos.” Artículo 4º - Comuníquese, publíquese, dése al Registro Oficial y Archívese. LIC. ALFREDO V. CORNEJO ABG. JIMENA LATORRE S/Cargo 27/12/2024 (1 Pub.)