DECRETOS
Decreto Nº 2331
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN
- Fecha de publicación
- 23 de diciembre de 2024
- Fecha de la norma
- 13 de noviembre de 2024
- Referencia documental
- Boletín Nº 32.259 · páginas 11–13
Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza
Decreto N°: 2331
MENDOZA, 13 DE NOVIEMBRE DE 2024
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
Subsecretaria Legal y Técnica
Visto el expediente N° EX-2024-01116406-GDEMZA-CCC, en el cual la señora Elodia Valeriana Millán de
Puy, en nombre y representación de MILLÁN S.A., CUIT Nº 33-50385092-9, interpone Recurso Jerárquico
contra la Resolución Nº 63 emitida por el Señor Ministro de Producción en fecha 25 de enero de 2024; y
Considerando:
Que por la citada resolución se aceptó en lo formal y se rechazó en lo sustancial el Recurso
Jerárquico interpuesto por la apoderada de la firma MILLÁN S. A. contra la Resolución N° 624 dictada por
la ex Dirección de Fiscalización y Control, actual Dirección de Fiscalización, Control y Tecnología
Agroindustrial, en fecha 27 de diciembre de 2023;
Que el Recurso Jerárquico ha sido presentado en tiempo y forma por lo que cabe su admisión desde
el punto de vista formal a tenor de lo dispuesto por los Artículos 179 y 180 de la Ley de Procedimiento
Administrativo N° 9003;
Que la recurrente está legitimada para ser parte en el presente procedimiento en virtud de las constancias
de autos y de lo dispuesto en el Artículo 117 segundo párrafo, 119 y 120 de la Ley Nº 9003 que determina
que será parte interesada en el procedimiento administrativo cualquier persona física o jurídica, pública o
privada que invoque un interés jurídicamente protegido, debiendo los representantes acreditar personería
desde la primera intervención que hagan a nombre de sus mandantes;
Que del análisis sustancial del Recurso interpuesto surge que, en términos generales, la recurrente reitera
diversos argumentos que han sido esgrimidos en etapas precedentes y han tenido suficiente y extenso
tratamiento;
Que la presentante aduce confusión sobre la interpretación de la norma o falta de análisis de la misma, no
despejando argumentos;
Que para rebatir estos argumentos esgrimidos basta con analizar las constancias de las actuaciones,
especialmente los dictámenes y los considerandos de las normas atacadas;
Que insiste la administrada en la irregularidad del procedimiento. Este aspecto fue evacuado a lo largo de
todo el procedimiento y rebatido en los dictámenes de las actuaciones asociadas;
Que en presentaciones posteriores la quejosa insiste en la misma argumentación, sin aclarar en qué
situación se habría producido la irregularidad en el procedimiento. Por lo que no se advierte que se hayan
violado o incumplido etapas o requisitos del mismo;
Que la recurrente aduce una pretendida violación de garantías constitucionales. En tal sentido, ha ejercido
el derecho de defensa en reiteradas ocasiones, en forma oportuna y suficiente, tal como puede
comprobarse en las actuaciones (dictámenes y resoluciones de expedientes asociados);
Que los argumentos referidos a la presunta violación del derecho de defensa no pueden prosperar en tanto
el acta ha sido labrada de acuerdo al ordenamiento jurídico vigente y aplicable y se ha notificado en debida
forma, habiendo el infractor tenido plena, adecuada, oportuna y suficiente participación en el procedimiento
administrativo, observándose así que fue debidamente imputada y notificada del acta que le da origen a las
mismas: presentó escrito de descargo contra el Acta N°13425; contra la Resolución N° 279-DFYC-2023
que impone la multa, presentó Recurso de Revocatoria contra la Resolución N° 624-DFYC-2024 que
rechaza dicho recurso, presentó Recurso Jerárquico, verificándose garantizado el debido proceso adjetivo
previsto en el Artículo 1, II, c) y cctes. de la Ley N° 9003, respondiendo por las infracciones formales
constatadas;
Que en términos generales, la recurrente reitera diversos argumentos que han sido esgrimidos en etapas
precedentes y han tenido suficiente y extenso tratamiento. En efecto, reitera argumentos relativos a la
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
Subsecretaria Legal y Técnica
violación de garantías constitucionales del debido proceso y del derecho de defensa y que, además, la
repartición no se pronuncia sobre estos hechos invocados;
Que tal como se manifestara en párrafos precedentes, todos estos aspectos han sido debidamente
tratados en las etapas previas y pertinentes por el servicio jurídico interviniente de la repartición de origen y
forman parte de la motivación de los actos administrativos emitidos (tanto al aplicar la sanción
correspondiente como al rechazar el Recurso de Revocatoria previamente deducido), siendo relevante
recordar que en estos supuestos la misma (motivación) es obligatoria en el caso concreto y resulta
suficiente (Artículos 38, 39 y 45 incisos a), b) y d) segunda parte de la Ley N°9003);
Que carecen de sustento las afirmaciones relativas a la presunta inexistencia o insuficiencia de motivación
de las decisiones administrativas recurridas, en tanto todas ellas han fundado en derecho el accionar
estatal, describiendo las circunstancias fácticas detectadas en forma precisa y aplicando el derecho que se
ha considerado pertinente;
Que así las cosas, se ha entendido que la infracción comprobada por Acta N° 13425 constituye una
violación de la disposición de los Artículos 5 y 6 de la Resolución Nacional N° 07/02 y Decreto N° 274/19
y por ello corresponde la aplicación de la sanción prevista al efecto en el Artículo 57 inciso b) del mismo
instrumento legal, resultando ello en una adecuada motivación conforme las previsiones del Artículo 45
Incisos a), b) y d) segundo párrafo de la Ley N°9003;
Que en cuanto al monto de la multa impuesta, la firma presentante aduce que la Administración no justifica
el cálculo de la misma y que la aplicación del monto es aleatorio. Cabe señalar que la imposición de la
multa es efectuada por la autoridad administrativa en el marco de los Artículos 38 y 39 de la Ley N° 9003 y
es una facultad de ejercicio discrecional (lo que induce a la necesidad de debida motivación, Artículo 45
Inciso d) última parte de la Ley N° 9003) en tanto se efectivice entre los límites mínimos y máximos
establecidos legalmente, debiendo en consecuencia ser razonablemente merituada (Considerandos 11 a
13 de la Resolución atacada);
Que en cuanto a la necesidad esgrimida por la recurrente de presentar testigos o fotos por parte del
agente actuante, este argumento ha sido tratado y rebatido en dictámenes y resoluciones atacadas;
Por lo expuesto y en conformidad con lo dictaminado por la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio
de Producción y por Asesoría de Gobierno,
EL
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
D E C R E T A:
Artículo 1° - Acéptese en lo formal y rechácese en lo sustancial el Recurso Jerárquico interpuesto por la
señora Elodia Valeriana Millán de Puy, en nombre y representación de MILLÁN S.A., CUIT Nº
33-50385092-9, contra la Resolución Nº 63 emitida por el Señor Ministro de Producción en fecha 25 de
enero de 2024, por lo que la misma queda firme en todos sus términos.
Artículo 2° - Comuníquese, publíquese, dese al Registro Oficial y archívese.
LIC. ALFREDO V. CORNEJO
LIC. RODOLFO VARGAS
S/Cargo
23/12/2024 (1 Pub.)
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
Subsecretaria Legal y Técnica
