DECRETOS

Decreto Nº 2331

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN

Fecha de publicación
23 de diciembre de 2024
Fecha de la norma
13 de noviembre de 2024
Referencia documental
Boletín Nº 32.259 · páginas 11–13
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Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza

Decreto N°: 2331 MENDOZA, 13 DE NOVIEMBRE DE 2024 Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial Subsecretaria Legal y Técnica Visto el expediente N° EX-2024-01116406-GDEMZA-CCC, en el cual la señora Elodia Valeriana Millán de Puy, en nombre y representación de MILLÁN S.A., CUIT Nº 33-50385092-9, interpone Recurso Jerárquico contra la Resolución Nº 63 emitida por el Señor Ministro de Producción en fecha 25 de enero de 2024; y Considerando: Que por la citada resolución se aceptó en lo formal y se rechazó en lo sustancial el Recurso Jerárquico interpuesto por la apoderada de la firma MILLÁN S. A. contra la Resolución N° 624 dictada por la ex Dirección de Fiscalización y Control, actual Dirección de Fiscalización, Control y Tecnología Agroindustrial, en fecha 27 de diciembre de 2023; Que el Recurso Jerárquico ha sido presentado en tiempo y forma por lo que cabe su admisión desde el punto de vista formal a tenor de lo dispuesto por los Artículos 179 y 180 de la Ley de Procedimiento Administrativo N° 9003; Que la recurrente está legitimada para ser parte en el presente procedimiento en virtud de las constancias de autos y de lo dispuesto en el Artículo 117 segundo párrafo, 119 y 120 de la Ley Nº 9003 que determina que será parte interesada en el procedimiento administrativo cualquier persona física o jurídica, pública o privada que invoque un interés jurídicamente protegido, debiendo los representantes acreditar personería desde la primera intervención que hagan a nombre de sus mandantes; Que del análisis sustancial del Recurso interpuesto surge que, en términos generales, la recurrente reitera diversos argumentos que han sido esgrimidos en etapas precedentes y han tenido suficiente y extenso tratamiento; Que la presentante aduce confusión sobre la interpretación de la norma o falta de análisis de la misma, no despejando argumentos; Que para rebatir estos argumentos esgrimidos basta con analizar las constancias de las actuaciones, especialmente los dictámenes y los considerandos de las normas atacadas; Que insiste la administrada en la irregularidad del procedimiento. Este aspecto fue evacuado a lo largo de todo el procedimiento y rebatido en los dictámenes de las actuaciones asociadas; Que en presentaciones posteriores la quejosa insiste en la misma argumentación, sin aclarar en qué situación se habría producido la irregularidad en el procedimiento. Por lo que no se advierte que se hayan violado o incumplido etapas o requisitos del mismo; Que la recurrente aduce una pretendida violación de garantías constitucionales. En tal sentido, ha ejercido el derecho de defensa en reiteradas ocasiones, en forma oportuna y suficiente, tal como puede comprobarse en las actuaciones (dictámenes y resoluciones de expedientes asociados); Que los argumentos referidos a la presunta violación del derecho de defensa no pueden prosperar en tanto el acta ha sido labrada de acuerdo al ordenamiento jurídico vigente y aplicable y se ha notificado en debida forma, habiendo el infractor tenido plena, adecuada, oportuna y suficiente participación en el procedimiento administrativo, observándose así que fue debidamente imputada y notificada del acta que le da origen a las mismas: presentó escrito de descargo contra el Acta N°13425; contra la Resolución N° 279-DFYC-2023 que impone la multa, presentó Recurso de Revocatoria contra la Resolución N° 624-DFYC-2024 que rechaza dicho recurso, presentó Recurso Jerárquico, verificándose garantizado el debido proceso adjetivo previsto en el Artículo 1, II, c) y cctes. de la Ley N° 9003, respondiendo por las infracciones formales constatadas; Que en términos generales, la recurrente reitera diversos argumentos que han sido esgrimidos en etapas precedentes y han tenido suficiente y extenso tratamiento. En efecto, reitera argumentos relativos a la Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial Subsecretaria Legal y Técnica violación de garantías constitucionales del debido proceso y del derecho de defensa y que, además, la repartición no se pronuncia sobre estos hechos invocados; Que tal como se manifestara en párrafos precedentes, todos estos aspectos han sido debidamente tratados en las etapas previas y pertinentes por el servicio jurídico interviniente de la repartición de origen y forman parte de la motivación de los actos administrativos emitidos (tanto al aplicar la sanción correspondiente como al rechazar el Recurso de Revocatoria previamente deducido), siendo relevante recordar que en estos supuestos la misma (motivación) es obligatoria en el caso concreto y resulta suficiente (Artículos 38, 39 y 45 incisos a), b) y d) segunda parte de la Ley N°9003); Que carecen de sustento las afirmaciones relativas a la presunta inexistencia o insuficiencia de motivación de las decisiones administrativas recurridas, en tanto todas ellas han fundado en derecho el accionar estatal, describiendo las circunstancias fácticas detectadas en forma precisa y aplicando el derecho que se ha considerado pertinente; Que así las cosas, se ha entendido que la infracción comprobada por Acta N° 13425 constituye una violación de la disposición de los Artículos 5 y 6 de la Resolución Nacional N° 07/02 y Decreto N° 274/19 y por ello corresponde la aplicación de la sanción prevista al efecto en el Artículo 57 inciso b) del mismo instrumento legal, resultando ello en una adecuada motivación conforme las previsiones del Artículo 45 Incisos a), b) y d) segundo párrafo de la Ley N°9003; Que en cuanto al monto de la multa impuesta, la firma presentante aduce que la Administración no justifica el cálculo de la misma y que la aplicación del monto es aleatorio. Cabe señalar que la imposición de la multa es efectuada por la autoridad administrativa en el marco de los Artículos 38 y 39 de la Ley N° 9003 y es una facultad de ejercicio discrecional (lo que induce a la necesidad de debida motivación, Artículo 45 Inciso d) última parte de la Ley N° 9003) en tanto se efectivice entre los límites mínimos y máximos establecidos legalmente, debiendo en consecuencia ser razonablemente merituada (Considerandos 11 a 13 de la Resolución atacada); Que en cuanto a la necesidad esgrimida por la recurrente de presentar testigos o fotos por parte del agente actuante, este argumento ha sido tratado y rebatido en dictámenes y resoluciones atacadas; Por lo expuesto y en conformidad con lo dictaminado por la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Producción y por Asesoría de Gobierno, EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA D E C R E T A: Artículo 1° - Acéptese en lo formal y rechácese en lo sustancial el Recurso Jerárquico interpuesto por la señora Elodia Valeriana Millán de Puy, en nombre y representación de MILLÁN S.A., CUIT Nº 33-50385092-9, contra la Resolución Nº 63 emitida por el Señor Ministro de Producción en fecha 25 de enero de 2024, por lo que la misma queda firme en todos sus términos. Artículo 2° - Comuníquese, publíquese, dese al Registro Oficial y archívese. LIC. ALFREDO V. CORNEJO LIC. RODOLFO VARGAS S/Cargo 23/12/2024 (1 Pub.) Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial Subsecretaria Legal y Técnica