DECRETOS

Decreto Nº 2380

Fecha de publicación
4 de diciembre de 2024
Fecha de la norma
19 de noviembre de 2024
Referencia documental
Boletín Nº 32.246 · páginas 7–10
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Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza

Decreto N°: 2380 MENDOZA, 19 DE NOVIEMBRE DE 2024 Visto el Expediente Electrónico N° EX-2023-08979370-GDEMZA-IGS#MSEG; y CONSIDERANDO: Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial Subsecretaria Legal y Técnica Que en las citadas actuaciones el Oficial Adjutor Principal S.C.P. y A. CRISTIAN GUSTAVO, MOYANO CARUSO, interpone Recurso de Alzada contra la Resolución N° 92/2024 emitida por el Directorio de la Inspección General de Seguridad que rechazó el Recurso de Revocatoria contra la Resolución N° 983/2023 emitida por el citado organismo, que rechaza el planteo de nulidad articulado por dicho agente; Que en orden 55 Asesoría de Gobierno efectúa un análisis formal del recurso en trato y dictamina: “…Que el acto fue notificado el 27/12/23 (v. orden 43). Aun cuando no se ha podido constatar la fecha de presentación del recurso, conforme a la constancia que obra en el orden 45 la Instrucción ya se expidió al respecto, resolviendo: “…1) Téngase por presentado en tiempo y forma el recurso administrativo…"; por lo que se impone admitirlo formalmente…”; Que Asesoría de Gobierno efectúa un análisis sustancial del recurso incoado y dictamina: “…Que teniendo en cuenta los agravios que resultan conducentes al control de legitimidad (Art. 184 último párrafo Ley N° 9003), postula el impugnante que la Inspección General de Seguridad resulta incompetente para la investigación de incumplimientos al Art. 26 incisos 2 y 13 de la Ley 4976, correspondiendo ello al Colegio de Abogados. En segundo término, invoca una violación al derecho de defensa porque al ser contestado su planteo de incompetencia se agregó el Art. 123 de la Resolución N° 143-T/15 y el Art. 8 inciso I), normativa respecto a la cual no se ha defendido. Por último, plantea que el sumariante en sus considerandos preopina, incurriendo en un adelanto de pronunciamiento. En este orden, se coincide plenamente con el servicio jurídico de la IGS (orden 49) en que en el presente procedimiento sumarial se investiga una posible infracción al régimen disciplinario penitenciario por violación a la normativa constitutiva de dicho régimen. Concretamente, la actuación como abogado particular patrocinante de personal penitenciario, reclamando por siniestros laborales a la empresa contratada por el Estado Provincial conforme Ley N° 24557, no obstante desempeñarse como abogado funcionario del servicio penitenciario. Lógicamente, esta circunstancia se vincula con la Ley N° 4976 de Ejercicio Profesional de Abogados y Procuradores, pero ello no implica que en estas actuaciones se analice la faz de la eventual responsabilidad ética profesional (materia propia del Colegio de Abogados de la Primera Circunscripción Judicial de Mendoza, al cual se le remitió la debida compulsa), sino la posible responsabilidad disciplinaria administrativa inherente al ejercicio funcional de los empleados públicos. En cuanto al segundo agravio, preliminarmente advertimos que tanto en la Resolución N° 910/2023 que dispuso la apertura del Sumario administrativo (orden 15), como en el acta de indagatoria (orden 24) mediante la cual se puso en conocimiento del recurrente la imputación formulada en su contra, los hechos constitutivos de la acusación están suficientemente delimitados. Así, el encuadre legal de dicha plataforma fáctica, ha sido calificado como infracción a las previsiones contenidas en los Arts. 8 incisos a) y b) de la Ley 7493 en función del Art. 4 de la Resolución 143-T/15 en función con la Ley de Colegiatura de Abogados conf. Ley 4976 Art. 26 incisos 2 y 13. Más allá de ello, en materia disciplinaria administrativa existen deberes que surgen de la naturaleza misma del cargo desempeñado. En tal orden, rige el principio de tipicidad abierta al que se refiere nuestra Suprema Corte de Justicia en diversos precedentes; a modo de ejemplo, autos 96715 “OSM c/ EPAS s/ APA” (30/9/2015), CUIJ 13- 02845009-9, Sala II: “Si bien algunos principios del derecho penal son rectores en materia administrativa, es cierto también que tienen un contenido menos restrictivo. Por ello se aplican contenidos de responsabilidad objetiva y pueden sancionarse comportamientos aunque no se haya acreditado un daño actual a un bien jurídico sino potencial (así lo entiende la Corte Suprema de Justicia de la Nación en autos 65812/98, V.796. XLII. “Volcoff, Miguel Jorge y otros c/ BCRA”. Resol 14/04). En ese sentido, el principio de tipicidad es menos riguroso en materia administrativa. Los comportamientos pasibles de ser sancionados, en sede administrativa, son descriptos genéricamente y contienen una profusión de conductas a mero título enunciativo, cuyo encuadre fáctico queda en manos del agente de control”. En similares términos se expidió nuestra SCJ en autos 13-04060449-3 “SAVARD DANIEL HORACIO C/GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE MENDOZA S/ A.P.A.”, Sala I, 27/11/2018:“Tal como destacara este Tribunal en el precedente “Pastrana” (Cuij N°13-03618579-6, sent. 02-03-16), nos ilustra Fiorini diciendo que puede considerarse “la existencia de una deontología del agente estatal y su cumplimiento será más exigente cuando mayor responsabilidad funcional éste tenga”; y agrega que “no se trata de una deontología para un grupo técnico o un sector de profesionales sino para todos los agentes en razón de formar parte de la administración, agentes comunes, jerarquizados, técnicos, etc…” (Bartolomé A. Fiorini, “Derecho Administrativo”, Tomo I, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1995, p. 826,). Esa deontología, Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial Subsecretaria Legal y Técnica o lógica del deber, del agente estatal permite exigirle el cumplimiento de determinadas conductas aunque no estén expresamente detalladas en los estatutos específicos. Este Tribunal ya ha receptado esta premisa al calificar como cláusulas abiertas a aquellas disposiciones genéricas referidas a las obligaciones del agente público, las que si bien expresan conceptos jurídicos indeterminados responden al contenido que tienen las actividades administrativas y al comportamiento exigible al agente en función de esa actividad (LS 296-162; 304-66), lo que permite sostener que el hecho de que no se establezca la tipificación de una conducta en forma detallada no interesa, pues están implícitas en la conducta de todo y cualquier agente público (L.S. 394-049, entre otras). Asimismo, ha propiciado una interpretación armónica y lógica de las conductas que es dable exigir de los funcionarios, resaltándose, con remisión al Estatuto del Empleado Público, la existencia de deberes que surgen de la naturaleza misma del cargo que se desempeña y la viabilidad aún en inexistencia de una norma que determinara un específico deber (L.S. 398-219), destacándose también que tanto la administración como el empleado o funcionario público, más aun los que se desempeñan en cargos jerárquicos, están obligados activa y pasivamente, a cumplir con comportamientos que sean consecuencia de la índole de la vinculación, de los acuerdos que se celebren colectivamente y de los deberes públicos, apreciados con criterio de colaboración, solidaridad social y mejoramiento del servicio a la comunidad (L.S. 296-162; 304-66)…. Además de lo expuesto sobre los deberes que están implícitos en la conducta de todo y cualquier agente público (L.S. 394-049, entre otras), tiene dicho la doctrina que en “el derecho disciplinario no es factible postular una tipicidad absoluta. Por el contrario en el derecho disciplinario existe una mayor flexibilidad de este principio que se ve reflejada en la razonable discrecionalidad que la Administración ejerce al aplicar una sanción, atento el carácter abierto de los tipos legales que describen las conductas ilícitas (Miriam M. Ivanega “Cuestiones de potestad disciplinaria y derecho de defensa” Segunda Edición Actualizada y ampliada. La Ley, Buenos Aires 2015, pág. 151/152)”. Asimismo y contrariamente a lo afirmado por el recurrente, se verifica en la Resolución N° 983/2023 que rechazó su planteo no modificó los extremos fácticos constitutivos de la imputación desarrollada en la Resolución N° 910/2023, que fuera luego debidamente puesta en conocimiento del agente en su indagatoria. Y precisamente, en materia sancionatoria lo relevante es que la plataforma fáctica endilgada y anoticiada oportunamente al sumariado sea la misma que aquélla que fundamente finalmente la sanción impuesta, habiendo posibilitado de tal modo la defensa respecto a esos hechos circunscriptos. Esta correlación constituye el denominado principio de congruencia, elaboración del derecho procesal penal respecto al cual hay consenso doctrinario en cuanto a que, como derivación necesaria de la garantía constitucional de inviolabilidad de la defensa, se refiere a hechos y no a calificaciones jurídicas: “…globalmente considerado, se expresa como la necesaria identidad entre el hecho delictivo sobre el que se dicta la sentencia, el contenido en la acusación (tanto en la originaria, como en su eventual ampliación), el intimado al imputado al recibírsele declaración, y el expresado en la requisitoria fiscal de instrucción (si existiere). Entre ellos debe existir una correlación fáctica esencial, en resguardo del derecho de defensa. El aludido principio impedirá dar por válidamente incorporada en la acusación un hecho que no estaba comprendido ni descrito en ella. Su manifestación final supone que el factum contenido en el documento acusatorio sea trasladado, sin alteración de sus aspectos esenciales, a la sentencia…”. Finalmente, en referencia a la supuesta preopinión, señala el recurrente que al considerar “constancias de autos definidos y circunscriptos con claridad meridiana los hechos y el derecho que sustentan la existencia prima facie de una incompatibilidad del incoado en autos en su carácter de funcionario penitenciario para el ejercicio –patrocinio- de personal penitenciario en cualquier causa o procedimiento administrativo, extrajudicial y/o judicial…”, el sumariante incurre en un adelanto de pronunciamiento. La expresión transcripta -de la Res. 983/2023, de ningún modo constituye un adelanto de pronunciamiento. Afirmar “la existencia prima facie” de una irregularidad es una manifestación netamente potencial y no asertiva, que resulta inevitable en los albores de todo proceso sancionatorio a los fines de precisar, a modo de hipótesis en dicha instancia inicial, la plataforma fáctica endilgada, para posibilitar el ejercicio del derecho de defensa que le corresponde a todo imputado en relación a una acusación que, aunque provisoria, resulte circunstanciada. La cual finalmente podrá ser sostenida o no por la Instrucción al tiempo de clausurar el sumario luego de merituar toda la prueba producida. En consecuencia, no habiendo ilegitimidad alguna en la resolución cuestionada, el recurso interpuesto debe ser rechazado sustancialmente, confirmándose en consecuencia el acto impugnado.”; Por ello y de conformidad a lo dictaminado por Asesoría de Gobierno en orden 55; Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial Subsecretaria Legal y Técnica EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DECRETA: Artículo 1º - Acéptese desde el aspecto formal y rechácese desde el aspecto sustancial el Recurso de Alzada interpuesto por el Oficial Adjutor Principal S.C.P. y A. CRISTIAN GUSTAVO, MOYANO CARUSO, D.N.I. N° 24.207.107, contra la Resolución N° 92/2024 emitida por el Directorio de la Inspección General de Seguridad que rechazó el Recurso de Revocatoria contra la Resolución N° 983/2023 emitida por el citado organismo, que rechaza el planteo de nulidad articulado por dicho agente, por los motivos expuestos en los considerandos precedentes. Artículo 2º - A fin de dar cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 150 de la Ley Nº 9003, se le debe hacer saber al recurrente que la decisión recaída en el presente recurso causa estado, cerrándose la instancia administrativa, pudiendo promover acción procesal administrativa ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza (Arts. 01 y 05 de la Ley N° 3918), dentro del plazo de treinta (30) días corridos desde el día siguiente al de la notificación de la decisión administrativa (Art. 20 Ley N° 3918). Asimismo, téngase presente que en caso de errores materiales, omisiones o conceptos oscuros, podrá interponer en el plazo de 15 días hábiles a partir de la fecha de la notificación un recurso de aclaratoria (Art. 176 de la Ley N° 9003). Artículo 3º - Comuníquese, publíquese, dese al Registro Oficial y archívese. LIC. ALFREDO V. CORNEJO MGTR. MARÍA MERCEDES RUS S/Cargo 04/12/2024 (1 Pub.) MINISTERIO DE PRODUCCIÓN