DECRETOS
Decreto Nº 2356
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN
- Fecha de publicación
- 29 de noviembre de 2024
- Fecha de la norma
- 15 de noviembre de 2024
- Referencia documental
- Boletín Nº 32.243 · páginas 12–15
Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza
Decreto N°: 2356
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
Subsecretaria Legal y Técnica
MENDOZA, 15 DE NOVIEMBRE DE 2024
Visto el expediente N° EX-2024-03302749-GDEMZA-CCC, en el cual el Doctor Sergio Barochovich, en
nombre y representación de SAUDA S.R.L, CUIT Nº 30-69954382-5, interpone Recurso Jerárquico de
Apelación en contra de la Resolución Nº 63 emitida por la Dirección de Fiscalización, Control y Tecnología
Agroindustrial, dependiente del Ministerio de Producción de la Provincia en fecha 07 de febrero de 2024; y
CONSIDERANDO:
Que los requisitos formales de procedencia del Recurso en análisis han sido debidamente observados,
toda vez que ha sido impetrado en legal tiempo y forma, a tenor de lo dispuesto por el Artículo 179 de la
Ley de Procedimiento Administrativo, razón por la cual resulta admisible formalmente;
Que en orden 2 del expediente antecedente Nº EX-2023-03661513-GDEMZA-DFYC#MEIYE se incorpora
el acta de infracción identificada como ACTA 14415 - SAUDA S.R.L.;
Que en orden 5 rola descargo de la empresa y en orden 11 se exhibe dictamen aconsejando el dictado del
acto administrativo que aplique una multa;
Que en orden 18 rola Resolución Nº 411/23 de la ex Dirección de Fiscalización y Control, actual Dirección
de Fiscalización, Control y Tecnología Agroindustrial, que aplica una multa de PESOS CIENTO
CINCUENTA MIL ($ 150.000,00) por revestir el hecho sancionado una infracción al Decreto Nº 274/19 por
los motivos ampliamente desarrollados en sus considerandos;
Que en orden 24 se exhibe Recurso de Revocatoria por parte de la sancionada contra la Resolución Nº
411/23-DFYC antes citada, por motivos de arbitrariedad en la imputación de la infracción, ausencia de
motivación y desproporcionalidad en la sanción, lo que es analizado y dictaminado en orden 27 y
rechazado desde lo sustancial por la Resol Nº 63/24;
Que del análisis sustancial del Recurso interpuesto surge que la recurrente en esta instancia reitera los
argumentos que vertiera en oportunidad de interponer el descargo al acta de infracción y el Recurso de
Revocatoria;
Que insiste en que el administrativo se encuentra aparentemente fundado sólo en apreciaciones,
dogmáticas e infundadas y en consecuencia carece de causa y motivación, por lo que resulta nula de
nulidad absoluta e insalvable, además de sostener que es arbitraria, desproporcionada y exorbitante la
multa impuesta por la Administración;
Que, asimismo, solicita se ordene la suspensión de los efectos de la resolución impugnada, atento a la
existencia de un grave daño irreparable al patrimonio de la empresa infraccionada, en caso de ejecutoriar
lo ordenado en la resolución recurrida;
Que efectúa un planto de reducción de la sanción impuesta, por resultar la misma excesiva, irrazonable y
desproporcionada;
Que con relación a la legitimidad de la resolución recurrida es destacable que el obrar de los inspectores
como el de los asesores y funcionarios intervinientes en el proceso ha sido regular y en cumplimiento
riguroso de las normas estipuladas;
Que la infracción no se imputa en razón de “no contar la presentante con los precios en la góndola”, sino
en el hecho de encontrar diferencias entre los precios exhibidos y los reflejados en caja al momento de
pasar el producto por el lector de código de barra;
Que el inspector actuante, según acta y planillas, constata el producto con la descripción en perfil de
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góndola, anota el precio y luego compara con el ticket de compra. Al verificarse la diferencia, se labra el
acta de infracción. El procedimiento es regular y tiende a emular el accionar de un cliente para dejar así
demostrada la vulneración del derecho del mismo y la violación al Decreto Nº 274/19 de Lealtad Comercial;
Que este tipo de situaciones encuadran a la perfección en lo que prevé el Decreto Nº 274/19: “Publicidad
engañosa. Artículo 11 – Queda prohibida la realización de cualquier clase de presentación, de publicidad o
propaganda que mediante inexactitudes u ocultamientos pueda inducir a error, engaño o confusión
respecto de las características o propiedades, naturaleza, origen, calidad, pureza, mezcla, cantidad, uso,
precio, condiciones de comercialización o técnicas de producción de bienes muebles, inmuebles o
servicios.”;
Que el acta de infracción reúne los requisitos que exige la norma, la que al efecto refiere: “Procedimiento
de oficio. Artículo 42 – Si se tratare de la comprobación de oficio de una infracción, el funcionario actuante
procederá a labrar un acta donde hará constar concretamente el hecho verificado y la norma infringida. Se
notificará al presunto infractor que dentro de los diez días de notificado deberá presentar su descargo y
ofrecer pruebas, si las hubiere, debiéndose indicar dónde efectuar su presentación. La autoridad de
aplicación pondrá a disposición del presunto infractor copia de lo actuado. La reglamentación establecerá
la forma y condiciones de notificación del acta. Los hechos constatados por la autoridad de aplicación
tendrán valor probatorio pleno, sin perjuicio de las pruebas que, en defensa de sus derechos o intereses,
pudieran aportar los administrados. Será de aplicación el Artículo 39 del presente decreto en materia de
prueba.”;
Que de la interpretación realizada del artículo señalado se desprende con claridad la legitimidad del actuar
del inspector, habiendo otorgado la posibilidad de presentar a la sancionada su descargo y ofrecer toda la
prueba que considerara conducente a los efectos de demostrar su postura;
Que la instancia adecuada para la presentación de la prueba era el descargo;
Que las actas labradas por el personal de la Dirección de Fiscalización, Control y Tecnología Agroindustrial
constituyen instrumentos públicos, los cuales hacen fe de sí y se prueban por sí mismos;
Que, a su turno, el Artículo 42 de la Carta Magna Nacional protege la provisión de bienes y servicios con
base en un “trato equitativo y digno” hacia los consumidores, de manera tal que su comercialización
asegure la libertad de elección y condiciones dignas de trato, fin vulnerado en autos por la firma
sumariada;
Que con relación al pedido de suspensión del acto (ejecución de la multa) mientras se encuentre en
tramitación el presente Recurso, cabe mencionar que no sólo no se advierten los vicios alegados sino que,
por el contrario, se advierte la legitimidad del Acta N° 14415 en tanto fue labrada con todas las
formalidades de la Ley por funcionario competente y habiendo cumplido rigurosamente el procedimiento
legalmente determinado, respetando el derecho de defensa en todas las etapas recursivas;
Que, en consecuencia, debe mantenerse incólume la manda que establece el Artículo 83 de la Ley de
Procedimiento Administrativo en tanto dispone que “La interposición de recursos no suspende la ejecución
del acto impugnado…”;
Que la tramitación administrativa cumple con los estándares constitucionales referidos al derecho de
defensa, la tutela y debido proceso administrativo en armonía con las garantías procesales establecidas en
el Artículo 18 de la Constitución Nacional;
Que en cuanto al monto de la multa impuesto por la Resolución Nº 63/24 se encuentra dentro del rango
previsto por el Artículo 57 Inciso b del Decreto Nº 274/19 y se condice con los antecedentes y constancias
del expediente. Teniendo en cuenta el criterio de graduación plasmado por el Artículo 58 del Decreto: “La
autoridad de aplicación graduará las sanciones en base a: la gravedad de la infracción; el daño causado a
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todas las personas afectadas por la actividad prohibida; el beneficio obtenido por todas las personas
involucradas en la actividad prohibida; el efecto disuasivo; el valor de los activos involucrados al momento
en que se cometió la violación; la intencionalidad; la duración; la participación del infractor en el Mercado;
el tamaño del mercado afectado; la duración de la práctica y los antecedentes del responsable, así como
su capacidad económica. La colaboración con la autoridad de aplicación en el conocimiento o en la
investigación de la conducta podrá ser considerada un atenuante en la graduación de la sanción”;
Que la Resolución N° 48, de fecha 23 de enero de 2024, por medio de la cual la Secretaría de Comercio
Interior (“SCI”), actualizó el valor de la unidad móvil establecida en la Ley N° 27.442 de Defensa de la
Competencia (“LDC”) en AR$ 506.19 (pesos quinientos seis con diecinueve centavos). En consecuencia,
la sanción de multa prevista en el inciso b) del artículo 57 del Régimen de Lealtad Comercial, que se
establece entre 1 y 10.000.000 de Unidades Móviles, puede ir desde AR$ 506.19 hasta AR$
5.160.000.000;
Que la sanción parece justa en su monto, en relación a la infracción concreta que se intenta sancionar con
la misma, atento a que pretende disuadir las conductas infractoras;
Por lo expuesto y en conformidad con lo dictaminado por la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio
de Producción y por Asesoría de Gobierno,
EL
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
D E C R E T A:
Artículo 1º - Acéptese en lo formal y rechácese en lo sustancial, por los motivos expuestos en los
considerandos de este decreto, el Recurso Jerárquico de Apelación interpuesto por el Doctor Sergio
Barochovich, en nombre y representación de SAUDA S.R.L, CUIT Nº 30-69954382-5, en contra de la
Resolución Nº 63 emitida por la Dirección de Fiscalización, Control y Tecnología Agroindustrial,
dependiente del Ministerio de Producción de la Provincia en fecha 07 de febrero de 2024, por lo que la
misma queda confirmada en todos sus términos.
Artículo 2º - Comuníquese, publíquese, dese al Registro Oficial y archívese.
LIC. ALFREDO V. CORNEJO
LIC. RODOLFO VARGAS
S/Cargo
29/11/2024 (1 Pub.)
MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES
